Parecía que la ley de endeudamiento y los dos créditos extraordinarios, aprobados por la Junta General del Principado, estaban ya en fase de digestión por los grupos políticos y los ciudadanos, cuando el control de legalidad de todo texto normativo hizo saltar las alarmas. El letrado mayor de la Cámara puso reparos a la utilización de los 323 millones de euros. Para los socialistas se trata de una simple “cuestión técnica” y para Foro, IU y UPyD, de una flagrante ilegalidad. Los servicios jurídicos del Parlamento pusieron objeciones a los tres proyectos, siendo la crítica al uso de los 157,8 millones, lo más controvertido. Se califica de “imprecisa e impropia” la petición de financiación para los déficit acumulados de anteriores ejercicios y para reducir el tiempo de pago a los proveedores. La oposición entiende que no se puede endeudar para pagar a proveedores, una tesis que viene corroborada porque en la redacción final no se alude a esa finalidad, sino que se habla de mantener este año el nivel de endeudamiento del ejercicio de 2013.

El abordaje de estas cuestiones debe hacerse desde otras coordenadas por ciudadanos y políticos. El control de legalidad es rigurosamente técnico (en eso tienen razón los socialistas), pero las consecuencias son nítidamente políticas (ahí llevan razón los grupos de oposición). ¿Cómo puede el Gobierno remitir un proyecto a la Junta General del Principado con tantos gazapos jurídicos? El Ejecutivo tiene toda una administración detrás, así que se supone que algún alto funcionario le tenía que haber alertado. A partir de aquí empiezan las dudas. ¿Quiso la consejera de Hacienda seguir para adelante a pesar de las advertencias? No parece que haya que hilar muy fino, jurídicamente, para saber que los pagos a proveedores no se podían saldar con la ley de endeudamiento tal como venía presentada. Que los tres proyectos lleguen al Parlamento con vicios resulta muy chocante. El destino habitual de los créditos extraordinarios, en ejercicios marcados por la prórroga presupuestaria, suele ser el aumento de recursos para inversión y servicios públicos, y en este caso se buscó cubrir otras lagunas, y de ahí las imprecisiones y los gazapos.

No es una buena práctica de buen gobierno que tengan que ser los servicios jurídicos de la Cámara los que se vean obligados a dar solidez legal a las decisiones del Ejecutivo. Este asunto traerá cola.