La Ley de Reforma Local entró en vigor al empezar el año y las traumáticas mutaciones que se pronosticaban para los ayuntamientos no se han producido. Los alcaldes sólo se quejan de que no tienen dinero, del mismo modo que lo hacían antes de publicarse la norma. Los presidentes de las comunidades autónomas, el otro actor implicado en el proceso, tampoco critican la ley, aunque aprovechan la primera ocasión que se les presenta para decir que necesitan otro modelo de financiación autonómica. Cuando les hablan de la reforma fiscal también sacan a colación la financiación autonómica. Alcaldes y presidentes siguen atados a sus demonios familiares, con reforma local y sin ella.
Hace un año la oposición criticaba con dureza la inminente privatización de las empresas municipales, el vaciamiento de los servicios y el atentado a la autonomía local. Una catarata de males que no se ve reflejada en los consistorios. De la previsible tempestad se ha pasado a la mar en calma, por dos razones. La oposición de los alcaldes del PP ha hecho que el proyecto de reforma del Gobierno de Rajoy haya quedado desnaturalizado, hasta convertirse en un texto inodoro, incoloro e insípido. La segunda razón tiene que ver con el calendario de la reforma al quedar aplazados algunos cambios importantes para 2015.
En Asturias, la falta de trascendencia de la reforma local resulta mucho más acusada porque el Principado hizo un decreto que deja todo tal como estaba. Ningún cambio, ni para bien ni para mal. Si los ayuntamientos dicen que tienen dinero para prestar los servicios, y no existe duplicación con los que presta el Principado, se quedan con ellos. Los alcaldes no quieren perder poder y el Principado no quiere asumir cargas, así que el reparto de competencias sigue igual de enmarañado o clarificado. Creo que la reforma de Rajoy no soluciona los problemas del minifundismo municipal (hace tres años había 8.111 ayuntamientos en España y ahora vamos ya por los 8.117), pero en Asturias no hay ninguna intención de abordarlos, porque alcaldes, concejales, diputados y presidente prefieren mantener el reparto actual. Un rasgo característico del sistema asturiano, quejarse de lo que hay y oponerse a cualquier cambio. Como con los horarios libres para el comercio, a los que se oponen los políticos y benefician a los consumidores. Nuestro problema no es el envejecimiento ni el pavoroso paro juvenil, sino el inmovilismo.