Los cinco partidos parlamentarios asturianos están dispuestos a unirse en el debate sobre financiación autonómica. Todos consideran que los saldos de las balanzas fiscales, publicados por el Ministerio de Hacienda, no pueden ser el punto de partida de la negociación. Aurelio Martín (IU) propone que la consejera de Hacienda exponga la situación en el Parlamento para que los cuarenta y cinco diputados adopten una misma posición. Prendes (UPyD) se congratula que la publicación de las balanzas haya servido para demostrar que el saldo negativo de Cataluña es mínimo, así que no hay razones para el agravio. En el PP están seguros que el Gobierno de Rajoy no aprobará ningún nuevo modelo de financiación que perjudique a Asturias. En Foro creen que Rajoy y Javier Fernández no quieren revisar el actual modelo y exigen conocer el coste de la cartera de servicios.

Como se puede ver, la cuestión de la financiación autonómica se rige por una ley singular: los partidos dejan el protagonismo a los territorios. No hay una postura válida del PSOE o del PP para toda España, sino que depende de los intereses de cada región. Los partidos se fragmentan y sus portavoces se mimetizan con los intereses de cada región. No hay otro asunto en la agenda política que permita coincidir a los cinco grupos asturianos. Lo mismo ocurre en el resto de comunidades autónomas. La enorme dificultad para pactar un sistema de financiación reside en esa particularidad, de forma que no hay que poner de acuerdo a seis o siete partidos, sino a diecisiete territorios que tienen, muchas veces, intereses encontrados.

Las declaraciones de los representantes asturianos no sorprenden a nadie. La relativización de los saldos de las balanzas fiscales proviene de ser una región beneficiada por el saldo positivo (recibe más de lo que paga). La noticia estaría en que pensaran lo contrario. No obstante la posición de Foro requiere de alguna puntualización. Que Rajoy y Javier Fernández no quieran revisar el modelo actual de financiación beneficia a Asturias, ya que el replanteamiento del sistema conllevará fatalmente la pérdida de recursos, dada la correlación de fuerzas entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la demanda del conocimiento del coste de la cartera de servicios es lo más sensato que se puede pedir. Sobra demagogia sobre saldos fiscales y es preciso saber cuánto cuesta la sanidad o la educación por habitante en cada sitio.