Una moción de Cuervas-Mons sobre el sector público, apoyada por Foro y UPyD, ha sido aprobada en la Cámara. En la misma se insta al Gobierno de Javier Fernández a presentar un plan de auténtica reestructuración del sector, detallando el ahorro que comporta. El diputado del PP ha criticado las mínimas reformas aprobadas hasta ahora, a las que calificó de “maquillaje”. Cuervas Mons mostró un informe del Ministerio de Hacienda donde se especifica que Asturias fue la región que hizo un menor recorte del sector.

En este asunto, toda crítica al Principado se queda corta. Al empezar la legislatura, la consejera de Hacienda anunció tres leyes para reordenar la amplia panoplia de organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones, etc., que están bajo su férula. En la primera ley, el asunto principal era la venta de la empresa Sedes; en los libros de la contabilidad de la empresa constaba un valor de 27 millones de euros, y el Gobierno regional intentó venderla por 5 millones sin lograrlo. La segunda ley se dedicaba a la RTPA, que quedó igual a como estaba, reduciendo la envoltura societaria y quitando sillones en el consejo de administración. La tercera ley está por aprobar, pero es de carácter instrumental, ni aumenta ni reduce ni estira ni encoge el famoso sector público que cuelga de las arcas del Principado. El Gobierno regional anunció a bombo y platillo la racionalización del sector y la va a cerrar sin ahorrar un euro. Una comedia que contó, curiosamente, con el apoyo del PP, aunque ahora Cuervas-Mons haga una propuesta sensata. De los grupos de la oposición, el único que tuvo una postura coherente fue Foro, que denunció el paripé y votó en contra de las leyes de reestructuración.

En el debate intervino Marina Pineda, diputada socialista, sector UGT. Estuvo enorme. Empezó por afirmar que el problema no estaba en el tamaño. Tiene razón, si no se quiere ahorrar el tamaño resulta indiferente. Luego rindió culto a los tópicos, “eficacia y eficiencia”, cuando estamos hablando de Sedes o de la RTPA que nunca fueron ni una cosa ni la otra. Y terminó con un duro ataque al PP, diciendo que el objetivo de ese partido es dejar el sector público asturiano reducido a los servicios de beneficencia. Es de sobra conocido que en La Rioja, Castilla-León, Galicia o Aragón, los servicios sociales se reducen a un gran departamento de limosnas que reparten con tanta lentitud como Javier Fernández el salario social.