Como colofón del debate sobre el estado de la región salieron aprobadas resoluciones relacionadas con la corrupción. Los partidos han aprobado la constitución de una comisión para investigar la relación entre los fondos mineros y José Ángel Fernández Villa. Una labor muy amplia y densa que si se quiere hacer con un mínimo de rigor debería empezar por el encargo de una auditoría. No creo que sea el caso, aquí actuarán como auditores los propios diputados y, me imagino, que se realizará previamente un borrador con los previsibles políticos a censurar: no hay mucho tiempo, así que se van a dar prisa.

Sobre la corrupción también se consensuó una respuesta común: destituir a los políticos de sus cargos públicos en cuanto se abra un juicio oral en el que les toque estar sentados en el banquillo. Esta norma ya se sigue en el PSOE y ahora la apoyan los demás partidos. El criterio aprobado tiene la ventaja de ser objetivo, lo que permite actuar automáticamente. Cuando parecía todo en orden llega el PP, por boca de Emma Ramos, y dice que la norma no se aplicará en el caso de Jaime Reinarse porque no hay una condena firme. Diálogo de besugos: “¿tienes hora?”, “manzanas traigo”. Si se queda en destituir a los políticos cuando llegan como acusados a un juicio oral, qué sentido tiene pretextar que no tiene sentencia firme Reinares. Si no hace falta esperar ninguna sentencia, sea provisional o definitiva, basta con que se encaminen al banquillo de los acusados para ser desposeídos de su rol institucional. Ese era el compromiso de las fuerzas parlamentarias. Tampoco Ángel González (IU) tiene sentencia firme por el caso de los monolitos, y perdió el escaño. Cada partido es muy libre de seguir una u otra pauta, pero si se adopta un criterio no se pueden inventar excepciones a los cinco minutos de alcanzar el pacto.

El aparato del PP hace una excepción con Reinares porque sabe muchas cosas que pasaron en su partido en los últimos 25 años. No quiere dejar la poltrona y el alcalde de Oviedo dice que no tiene medios para obligarle, cuando está en su mano expulsarle del grupo. Pierde el PP toda fuerza moral para criticar las prácticas corruptas de otros grupos, cuando está dispuesto a regirse por la norma de la sentencia firme. Un criterio absurdo, porque si se espera a ese momento no hace falta que el PP adopte una u otra postura, ya que el juez le da el trabajo hecho: el delincuente será automáticamente expulsado del cargo.