La comparecencia de Esther Díaz para explicar su participación en empresas que sacan beneficio de su implicación en las grandes obras públicas de la región ha levantado una gran expectación. Foro, IU y UPyD consideran que no se puede prolongar más el actual impasse, con un Gobierno que no dice nada, jugando a meter la cabeza debajo del ala como si el asunto no fuera con él. Aurelio Martin (IU) tiene las cosas muy claras: la consejera debe dimitir, siendo ya irrelevante las explicaciones que aporte, porque los hechos son ya de por sí muy contundentes. FORO y UPyD, sin ser más benévolos al enjuiciar el comportamiento de la consejera, quieren esperar a oír su testimonio para sacar las conclusiones definitivas.

Los tres grupos opositores coinciden en juzgar de inaceptable el proceder del presidente del Principado, por su pasividad ante el problema presentado. Consideran inadmisible que se dedique a dar clase de ética a diario y tenga la casa sin barrer. Para la oposición no estamos ante una cuestión de legalidad sino ante un problema político. Una valoración correcta. La crítica ante el modo de proceder de Esther Díaz no se puede basar en que tenga el 10% o el 20% de las acciones en las empresas que fundó con su marido y trabajan como subcontratas o proveedores de servicios en obras adjudicadas por el Principado. El porcentaje es un asunto menor. La clave está en que bajo ningún concepto pueden tener relación directa o indirecta con la Administración mientras ella sea consejera la misma. O vende las acciones o dimite del cargo. ¿Qué garantía objetiva tienen los competidores de Davelco de que sus empresas van a ser tratadas en pie de igualdad cuando concurren a dar un servicio a una empresa adjudicataria de una obra del Principado? ¿Tiene sentido prolongar esta farsa?

El otro gran filón de la crítica es el dontancredismo de Javier Fernández. ¡Qué fácil es para un gobernante dar lecciones de ética y transparencia, mientras no se vea obligado a mostrar ante el público las propias miserias! Desde Presidencia se conocía a la perfección la trayectoria de Davelco, de Aldacao 2002, etcétera, pero nadie ponía la menor objeción. Todo hubiera pasado desapercibido si EL COMERCIO no hubiera empezado a contar los avatares de las adjudicaciones de la consejera y las subcontrataciones de sus empresas por parte de los ganadores de los concursos. Un problema que no se resuelve con cambios de porcentaje.