La dimisión de Esther Díaz, ante los diputados, no permitió discutir sobre el asunto que deja sobre la mesa: la relación de un gobernante con empresas participadas por familiares o por él. ¿Puede contratar la Administración, sin ninguna cautela, con la empresa de un hermano, cuñado, padre o hijo de un consejero? ¿Cómo debe ser la separación entre la gestión política de un gobernante y eventuales empresas de las que es copropietario? ¿Hay que exigir unos requisitos distintos a una empresa adjudicataria que a otra que opera como subcontrata? Estas cuestiones están contempladas en las leyes y en el Parlamento se tramita, en la actualidad, la Ley de Buen Gobierno e Incompatibilidades de Altos Cargos, pero no hay nada mejor que discutir en caliente sobre un hecho problemático, como la relación de la ya ex consejera de Bienestar Social y Vivienda con Davelco, Aldaco y demás sociedades de El Grupo Avance, para llegar a conclusiones distintas de las que se derivan de las rutinarias discusiones parlamentarias.
La mayor parte de la culpa sobre la imposibilidad de debatir el verdadero tema que subyace en la dimisión se debe a la propia consejera que obvió el debate vistiéndose de víctima (“se estaba esperando el momento oportuno para disparar sobre mí”, “a la vista del escarnio público al que tanto yo como mi familia nos hemos visto sometidos esta semana”). Sólo se adentró en la discusión jurídica a la que acompañó con afirmaciones que no aportan nada, como decir que nunca intercedió por sus empresas o que no formó parte de ninguna mesa de contratación. ¿Y qué?
CONTROLES Y PRENSA
La cuestión no es lo que una consejera o consejero haga o deje de hacer, sino la aceptación o impugnación de un modo de funcionamiento que permitió hasta ahora que un gobernante adjudique la realización de una infraestructura y, a través de un intermediario llamado adjudicatario, puedan involucrarse en la obra empresas en las que participa el titular de la consejería. No se puede despachar el asunto diciendo que el monto del dinero es poco, porque recuerda el manido chiste (“estoy un poco embarazada”), ni cabe solventarlo rebajando el grado de participación del político en la empresa, del 20% al 10%. El problema subsiste.
Basta con que un periódico lleve a titulares situaciones simples y fáciles de constatar, para que lo abandonado por la rutina diaria se convierta en un asunto controvertido. La primera queja de Esther Díaz sobre la noticia de EL COMERCIO tuvo que ver con haber informado en la primera página del periódico sobre datos de su patrimonio que ella ya había hecho públicos. Protestó por ver publicados datos ciertos. Sencillamente formidable.
Exponer los datos en los registros de la Administración está bien, pero no es suficiente. Hay que establecer formas de control mucho más efectivas. El ejemplo lo tenemos con el caso de la consejera de Bienestar Social que había informado sobre su patrimonio pero ningún diputado opositor había levantado las cejas. A falta de mejorar los mecanismos de control, el papel de los medios de comunicación es esencial, aunque toda muestra de independencia lleva aparejado un coste. El panegírico se cobra, la crítica se paga. En la Venezuela de Chávez y Pablo Iglesias, y en la Asturias de Javier Fernández.
Frustrado el debate sobre los controles que hay que introducir para que no dependa de la bondad o maldad de un consejero sacar o no provecho espurio de su doble condición de cargo público y copropietario de empresa, queda por dilucidar la razón por la que dimitió Esther Díaz. ¿Abandonó el cargo por proteger a la familia? ¿Deja veinte años de participación en la política institucional por el 19,8% de Davelco? No lo creo.
TIRAR LA TOALLA
En este caso, el comportamiento anómalo no fue el de Esther Díaz que se desenvolvió con la seguridad que aporta llevar veinte años actuando de la misma manera sin que nadie le haga la menor objeción. Tampoco veo nada extraño la actuación de la oposición, más ágil en el caso de IU, pero también bastante correcta la del resto de grupos.
Lo que empuja al adiós “con frustración y con dolor”, en palabras de Esther Díaz, es el vacío hecho por sus compañeros de Gobierno y grupo parlamentario. No vi otro caso semejante. Ocho días de mirar para el cielo sin decir ni pío. Muchas veces los políticos cuestionados son respaldados por compañeros y superiores; en otros casos se les piden explicaciones y según las respuestas el pulgar del jefe apunta al techo o al suelo. Hay una tercera posibilidad que consiste en la crítica y demanda de dimisión, cuando no el cese por la vía rápida. Pero callar y esperar a que el interesado o interesada sienta el vacío y se vaya, no es una pauta conocida. Ni uno sólo de los miembros del grupo parlamentario dijo nada. Ningún consejero salió en público a decir que “Davelco somos todos”.
En ese silencio el papel estelar le corresponde al presidente que recibió la dimisión de Esther Díaz con aparente indiferencia, como si se fuera para casa el consejero de Turismo de Murcia.
Al final, Guillermo Martínez se vio forzado a decir algo y declaró que “Esther Díaz deja muy alto el listón de la responsabilidad política”. Mejor nos dice a cuántos centímetros del suelo lo coloca Javier Fernández.