El pasado viernes, cuando el drama de Esther Díaz se encaminaba hacia el desenlace, la Consejería de Educación aprobó la resolución para rescindir el contrato de suministro de comida escolar que tiene la empresa Cook, propiedad de José Antonio Martínez, diputado de Foro. El pasado lunes, a la misma hora que Esther Díaz anunciaba su dimisión en la Junta General el Principado, la rescisión del contrato se hacía constar en el registro de salida del Gobierno asturiano. Para Ana González, titular de Educación, no hay ninguna relación entre uno y otro hecho, pero Foro, IU y UPyD piensan justo lo contrario. El PP no ve, no oye, no habla.

José Antonio Martínez presentó la pertinente declaración de intereses al iniciar el mandato y el Parlamento no encontró nada objetable. Un año antes, su compañero de grupo, Pelayo Roces, planteó la cuestión de la compatibilidad a los servicios jurídicos de la Cámara y el letrado mayor firmó un informe donde no se aprecia incompatibilidad entre ser diputado autonómico y trabajar de contratista del sector público estatal, regional o local. Por su parte, Ana González inició el procedimiento para romper el contrato de suministro basándose en resoluciones de órganos administrativos del Ministerio de Hacienda.

Expuestas las apoyaturas jurídicas, quedan por puntualizar dos cosas. La concesión del servicio fue una decisión de Ana González, así que si la decisión fue errónea debe apuntarse la irregularidad en su debe. La consejera se disculpó diciendo que no relacionó la petición de la empresa Cook con la persona de José Antonio Martínez. Ni los niños de Primaria dicen una machada mayor. Antes no tenía ninguna cuenta pendiente, pero ahora necesitaba vengarse del patinazo de Esther Díaz, y no se le ocurrió (en realidad, la idea fue de su jefe) otra iniciativa mejor que rescindir el contrato de José Antonio Martínez. Dejo para el final la sustancia política del asunto. Hay una diferencia cualitativa entre el caso de Esther Díaz y el de José Antonio Martínez. La consejera gobernaba y tenía en su mano 400 millones de euros sobre los que decidía. Un diputado no gestiona ni un euro. Los poderes económicos presionan a los parlamentarios sobre la elaboración de leyes que les afectan, pero cuando se trata de firmar contratos sólo se dirigen a los gobiernos. El refranero enseña que la venganza es un plato que se sirve frío, pero la consejera prefiere intentarlo en caliente.