El Ejecutivo de Javier Fernández ataca de nuevo con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, tras el rotundo fracaso cosechado al final del anterior mandato. La elaboración de la norma está ya muy avanzada. Se supone que la someterán a un programa de edición para evitar faltas ortográficas, disfunciones de género y número, incoherencias sintácticas y paradójicas jurídicas tan llamativas como poner el listón de exigencia por debajo de la norma estatal. Al parecer van a dificultar la práctica de las puertas giratorias (Trinidad Jiménez, en Telefónica, y Elena Salgado, en Nueva Pescanova, son los dos últimos ejemplos socialistas de pasar de defender los intereses generales a proteger poderosos intereses particulares. El caso de la ex vicepresidenta económica de Zapatero es muy notable, porque saltó del coche oficial a una filial de Endesa, y aún tuvo tiempo para enrolarse en Albertis. En el consejo de administración de Nueva Pescanova la sentó la banca que controla el 80% de la empresa. A vivir que son dos días).
El Principado quiere endurecer el sistema de incompatibilidades y prohibir que los cargos públicos cobren dietas por asistir a reuniones de los consejos de administración. También se planea abrir una oficina para la lucha contra la corrupción independiente del Gobierno (¿De quién va a depender esa oficina?). Se prevé que en las primeras semanas de la primavera llegue el proyecto a la Junta General del Principado.
Buena parte del contenido expuesto está incluido en el programa de Podemos. No digo que el partido de Pablo Iglesias tenga derechos de autoría, pero políticamente está ligado al discurso de ese partido. Pudo el PSOE legislar en el anterior mandato sobre esta materia, pero perdió la ocasión con una actuación chapucera y desnortada. Se puede dificultar el paso a la gran empresa privada, que actualmente se encuentra en dos años, pero no sería de recibo crear una incompatibilidad de por vida. Hay casos y casos: la incompatibilidad debe ser muy clara para evitar que un ex ministro se siente el consejo de administración de una empresa eléctrica, y puede ser mucho más laxa si se trata de gestionar intereses económicos fuera de España. La prohibición de cobrar dietas por asistencia a consejos de administración debe elevarse a la categoría de mandamiento: no cobrar dos veces la hora de trabajo. Es preciso acabar con el desmadre, pero sin incurrir en fundamentalismos de nuevo cuño.