El Comercio
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Fecha: abril 23, 2017
ABUSOS Y DESPROPÓSITOS
Juan Neira 23-04-2017 | 5:36 | 0

En la mañana de ayer, 6.500 personas se manifestaron por la calle Uría de Oviedo pidiendo la supresión del Impuesto de Sucesiones. No había detrás ningún aparato de partido o sindicato convocando la marcha, nada de autobuses gratis ni pincho ni bocadillo; las ganas de acabar con un tributo abusivo, popularmente conocido como “el impuesto de los muertos”, bastó para que la gente se tirara a la calle y caminara codo con codo hasta la Junta General del Principado, donde reside la competencia para suprimir el impuesto.
Fue clave en el éxito de la movilización la intervención de Dolores Carcedo en el Parlamento, el pasado jueves. El diputado de Foro, Pedro Leal, tachó de abusivo y confiscatorio el tributo, poniendo a la consejera de Hacienda ante la realidad: hay un 16% de renuncias a herencias en Asturias, el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas. El pasado año más de 1.600 personas se vieron obligadas a renunciar al legado de sus padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, etcétera.
La consejera de Hacienda, dispuesta a negar la realidad más evidente, dijo que no se sostenía la acusación del diputado, porque según ella ningún dato lo avalaba. No le parece que hay una relación causal entre tener la mayor carga fiscal por herencia y poseer el récord de renuncias.
Dispuesta a rizar el rizo, llegó a aventurar que había herederos que recibían como legado viviendas con una fuerte carga hipotecaria. De esa forma nos enteramos que las personas que fallecen, la inmensa mayoría en la tercera edad, siguen pagando los plazos de la hipoteca desde la sepultura.
Me gustaría que Dolores Carcedo se atreviera a mostrar en público el número de septuagenarios, octogenarios o nonagenarios que están todavía pagando al banco el piso que compraron hace un porrón de años. Cuando se carece de razón, cualquier anécdota se eleva a categoría de tesis.
El apaño realizado, durante la negociación presupuestaria, entre Dolores Carcedo y Mercedes Fernández, elevando el mínimo exento hasta los 300.000 euros, no convence a nadie. La plataforma que exige la supresión ya ha reunido 150.000 firmas.
Aunque el PSOE y el PP no se lo crean, estamos en una sociedad de propietarios que ve con irritación cómo obligan a pagar por un bien por el que ya tributaron suficientemente los antepasados.
La semana política asturiana estuvo marcada por los impuestos y tasas. Veamos.
AGUA
En el paraninfo de la Universidad de Oviedo se firmó el consenso del agua. Una serie de señores, en representación del Principado y empresas, coincidieron en proponer una fuerte subida del precio del agua. Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, se atrevió a poner una cifra: el 50% más cara.
La razón del incremento reside, según ellos, en que las tarifas actuales no cubren los costes del servicio, y hay inversiones pendientes de realizar. El director general de Calidad Ambiental del Principado afirmó que hay que poner “un impuesto del agua que desincentive su derroche. Habrá una tarifa progresiva, con un mayor control de los consumos, con lo que si se pasa de unos niveles lógicos, aumentará la tarifa”.
Como el escenario exigía rigor académico eché de menos que ninguno de los participantes en la mesa redonda señalara que las conducciones de agua presentan múltiples fugas. A las administraciones les toca velar porque las tuberías no estén agujereadas, porque a día de hoy, derrocha más el Principado y los ayuntamientos que los ciudadanos.
El problema no está en el hilillo de agua que deja la anciana colgando del grifo del lavabo, sino en la fuga de la cañería que los ayuntamientos, o las empresas que gestionan los servicios del agua privatizados, no reparan. Dicho esto vamos ya con el argumento principal.
¿De qué nos hablan estos señores, cuando en Asturias el 90% del consumo de agua es debido a las empresas? ¿Va a decirle el Principado a ArcelorMittal cuál es el “nivel lógico” de consumo que debe observar? Seamos serios.
Hace diez años, el Partido Socialista hacía campaña por la construcción del embalse de Caleao para incrementar fuertemente la capacidad de suministro de agua para toda la región. Fracasada la tentativa, piensa que la alternativa debe pasar por un impuesto. Allá donde hay un problema planteado, la solución viene envuelta en papel de Hacienda. Alguien ya echó la cuenta: lo que se va a perder por el lado del Impuesto de Sucesiones se puede recuperar penalizando los consumos ilógicos de agua.
UNIVERSIDAD
Tasas. En la Universidad de Oviedo, el Consejo de Estudiantes tiene un plan elaborado para reducir un 43% las tasas de matrícula en cuatro años. El rector ha dado su apoyo.
Las tasas llevan seis años congeladas. No sirven para financiar ni el 20% del coste de las enseñanzas que reciben los alumnos. Y ahora le van a decir al Principado que las reduzca a la mitad y que los ciudadanos con sus impuestos paguen más del 90% del gasto universitario.
Las subvenciones públicas son flujos de dinero de unos grupos sociales a otros. Los lobbys presionan y la sociedad desorganizada paga la factura. Pero como le parece bien al señor rector, yo me callo.

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