El Comercio
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Fecha: mayo 15, 2017
INJUSTA DISCRIMINACIÓN
Juan Neira 15-05-2017 | 9:33 | 0

Susana López Ares (PP) ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para flexibilizar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, al permitirles usar el superávit de un ejercicio en los dos siguientes años con el objeto de no seguir como hasta ahora, en que sólo se podía reinvertir ese dinero en el ejercicio posterior al que se había registrado superávit. Es una mejora, una pequeña ayuda, pero tan pequeña que no va a lograr reconfortar a los alcaldes. En Asturias hay más de 400 millones de euros inmovilizados en las arcas municipales por los superávit alcanzados, cantidad que se eleva hasta los 30.000 millones si el campo de observación se extiende a los más de los 8.000 ayuntamientos que hay en España. Reducir la disponibilidad del superávit a un ejercicio es un obstáculo para su gestión, pero peor es el reducidísimo abanico de fines contemplado para ese dinero. Solo deja Cristóbal Montoro hacer dos cosas con el superávit: amortizar deuda o destinarlo a inversiones sostenibles, un término, este último, de muy difícil conceptualización, ya que tiene más que ver con la interpretación del gobernante que con el destino dado al superávit. Se pueden asociar las inversiones sostenibles a las que no originan gastos de mantenimiento, aunque todo esto es muy relativo.

Los alcaldes no pueden ser tratados como si fuesen niños pequeños, irresponsables, caprichosos y llorones. Las pautas normativas para lograr la estabilidad presupuestaria deben regir por igual para las tres administraciones territoriales (Administración central, comunidad autónoma y municipios). No hay ninguna razón para que un presidente autonómico tenga más disponibilidad que un alcalde para invertir el dinero que le sobra. No es justo ni oportuno.

Los ayuntamientos son la administración que más cumple con el objetivo de reducir el déficit público. No se entiende que al mejor alumno de la clase se le dé un trato propio de un compañero díscolo y rebelde, cuando es el más aplicado. Si España terminó 2016 cumpliendo los deberes marcados por la UE, es debido al comportamiento económico de los ayuntamientos que arrojaron superávit para poder compensar el déficit del Estado y de las regiones. En vez de premiar su conducta reciben el castigo de ver restringida su libertad para invertir, mientras que los gobiernos autonómicos más manirrotos reciben ingentes cantidades de dinero, a interés cero, del Fondo de Liquidez Autonómica.

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