El Comercio
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Fecha: agosto 30, 2017
PALABRAS Y ACTOS
Juan Neira 30-08-2017 | 10:45 | 0

Las palabras y las actuaciones de la Generalitat no concuerdan. Puigdemont asegura que el Estado no podrá impedir el referéndum porque habrá urnas y papeletas en los colegios electorales y la gente irá a votar. El consejero de Presidencia, Jordi Turull, asegura que el Ejecutivo catalán será leal al mandato del “Parlament”; con estas palabras quiere decir que si el poder legislativo aprueba la Ley de Referéndum, el Gobierno de la Generalitat convocará la consulta. Las afirmaciones de ambos parecen claras y concluyentes. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno catalán ni del grupo parlamentario de Juntos Por el Sí ha aclarado cómo y cuándo se va a aprobar la Ley del Referéndum. Los dirigentes de la CUP han insistido en que la llamada, “ley suprema” (Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República), y la Ley del Referéndum, se deben aprobar en el pleno de la Cámara a celebrar la semana que viene, pero la Generalitat calla.

Hay muchas dudas de carácter político y jurídico, así como temor ante la dimensión penal que puede conllevar tomar decisiones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).  Han aumentado los detractores ante la opción de la tramitación exprés (lectura única), tras haberla rechazado el TC. Más allá de finos argumentos jurídicos, entre las filas del independentismo cunde el temor ante la imagen que proyectaría el “Parlament” sacando normas a base de utilizar mecanismos espurios que no se utilizan en ninguna Cámara de la UE. La tramitación exprés no convence ni tampoco la súbita modificación del orden del día al empezar el pleno parlamentario para tratar y aprobar la Ley de Referéndum. Que en la misma mañana la Mesa del Parlamento admita la tramitación de una ley y el pleno la apruebe es una burla.

Hay una forma de ser operativos sin retorcer los usos parlamentarios que consiste en la utilización del decreto ley por parte del Gobierno de Puigdemont. Los decretos ley son un instrumento creado en la primera Guerra Mundial para sacar adelante normas puenteando al Parlamento. Por esa puerta nunca se hizo pasar una mercancía tan transcendente como la independencia de un territorio, aunque Puigdemont se puede arriesgar. El “Estatut” niega esa posibilidad, pero hace mucho tiempo que la Generalitat solo asume los artículos que le favorecen de las leyes. Queda un mes, y Puigdemont es capaz de aprobar dos normas por decreto (transitoriedad y referéndum) y la convocatoria de la consulta.

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LA GAMBERRADA CATALANA
Juan Neira 30-08-2017 | 12:34 | 1

Los tres partidos independentistas que tienen mayoría en el “Parlament” -Esquerra, la CUP y el PDeCAT (el nuevo nombre que recibe el viejo partido de Jordi Pujol, Artur Mas, Lluís Prenafeta, Maciá Alavedra y Félix Millet)- han presentado en la Cámara la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Es la principal norma del grupo de leyes que tienen como denominador común realizar la desconexión de Cataluña con el sistema jurídico y político español. Los promotores del invento la denominan “ley suprema” porque la sitúan por encima del “Estatut” y de las normas españoles; la Constitución de 1978 carecerá de valor ante la Ley de Transitoriedad. El núcleo duro del “procés”, formado por ERC y la CUP, han vencido las resistencias del PDeCAT para aprobar la ley suprema antes de que se celebre el referéndum. Tienen un mes para hacerlo, aunque se ignora cómo será la tramitación.

En el articulado de la ley no se dice nada de las fronteras que tendrá la nueva República ni de la cuestión de los pasaportes. Contempla la doble nacionalidad (española y catalana) y da por supuesto que será miembro de la UE desde el momento en que se constituya como Estado. Sobre la deuda de Cataluña no aporta detalles. Deben más de 75.000 millones y atienden el vencimiento de los pagos gracias a las transferencias que realiza Cristóbal Montoro. ¿Todo lo que deben reembolsar después del 1º de octubre, en caso de que les vaya bien en el referéndum y entre en vigor la ley suprema,  también se lo va a cubrir el Ministerio de Hacienda de España? ¿Piensan los dirigentes de la naciente República que todos los vecinos son lerdos? ¿La nueva República va a estar conectada al Reino España para cobrar y desconectada para pagar? Viendo el engendro pergeñado por Puigdemont, Junqueras y la CUP empiezo a entender el culebrón de Neymar.

Los presidentes de gobierno, ministros, consejeros o diputados están en un lugar preeminente en el que los ciudadanos los han colocado a través de los votos. Las instituciones transmiten un halo de respetabilidad a los personajes que las representan por formar parte de ellas. La experiencia nos enseña que ese manto protector es, con frecuencia, inmerecido. Un ejemplo lo tenemos en la falta de sentido común (el famoso “seny”), cordura y raciocinio de la que hacen gala los gerifaltes de Cataluña. La desconexión, ese intento de fundir los plomos de España, es una gamberrada que generará la obligación de pagar los desperfectos.

 

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