El Comercio
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LA INDIGNIDAD DEL PRESIDENTE
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Juan Neira | 11-09-2017 | 17:16

Carles Puigdemont afirma que los tribunales españoles no pueden ordenar su inhabilitación, una potestad que solo concede al Parlamento de Cataluña. El presidente de la Generalitat trata de reafirmarse tras una semana en la que lideró la más absoluta falta de respeto hacia los procedimientos democráticos: aprobando leyes sin dejar presentar enmiendas a la totalidad, obligando a la oposición a improvisar enmiendas parciales, reduciendo el debate a algo más de una hora de intervenciones y negándose a pedir un dictamen a los órganos de consulta pese a solicitarlo los diputados de la oposición. Una sola de esas actuaciones irregulares sería suficiente para invalidad la aprobación de la Ley de Referéndum o de la Ley de Transitoriedad, pero la alianza de fuerzas independentistas (ERC, PDeCAT y CUP) que tiene mayoría en la Cámara ha decidido romper con la legalidad constitucional que rige la política española desde hace cuarenta años y crear una nueva realidad política con el solo recurso del autoritarismo. Puigdemont, Junqueras y Forcadell van a organizar un referéndum de autodeterminación (así lo denominó Marta Rovira, presidenta del grupo parlamentario de Juntos Por el Sí, cuando se refirió a la consulta del primero de octubre) sin importarles lo que esté escrito en las leyes, sin hacer caso de los argumentos de la oposición y sin dar ninguna importancia a las decisiones de los jueces. Carlos Puigdemont solo acepta el veredicto del Parlamento. Fue investido presidente por la voluntad de la Cámara y también puede el Parlamento retirarle del cargo a través una moción de censura, pero tanto él, como los consejeros de gobierno y los diputados, son apartados del poder ejecutivo o legislativo si cometen ilegalidades. Quién decide cuando un acto es legal o delictivo son los tribunales de Justicia. La Fiscalía le va a imputar por tres delitos, prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. Una triple transgresión de la legalidad que lleva acarreada pena de cárcel. Por lógica, cuando lo llame el tribunal correspondiente tendrá dos opciones, acudir voluntariamente o esperar a que lo vaya a buscar la Policía. El resultado será el mismo.

La quiebra de la legalidad, el corte de mangas a los procedimientos por los que se rigen las instituciones catalanas, constituye un oprobio de tal magnitud ante la opinión pública que el president tiene los días contados. La indignidad lo hace incompatible con el cargo.

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