El Comercio
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Fecha: septiembre 13, 2017
EL TELÉFONO DE RIOPEDRE Y OTERO
Juan Neira 13-09-2017 | 11:48 | 0

En la serie por capítulos de la sentencia del ‘caso Renedo’ tocó conocer, ayer, un extracto de los hechos probados; en la próxima entrega nos contarán la argumentación jurídica. La principal conclusión es que las tesis de la Fiscalía fueron validadas por el tribunal. No hizo falta recurrir a razonamientos complejos, ya que el ministerio fiscal se limitó a aplicar el Código Penal al cuantioso material grabado a los principales imputados. Se da por cierto y comprobado que José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero actuaban juntos, si bien la concreción de las operaciones corría a cargo de la directora general. Trabajaban con las dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que les adjudicaban los contratos a cambio de sustanciosos regalos o beneficios. De esta manera, María Jesús Otero se fue haciendo con un apreciable patrimonio inmobiliario. A la cartera de Iglesias Riopedre no retornó ni un euro, pero la empresa de su hijo era subcontratada por otra empresa controlada por el dueño de Igrafo.

Marta Renedo iba por su cuenta. Estoy seguro de que está sinceramente arrepentida de sus años de consumismo compulsivo, con un comportamiento más propio de una ‘chica Almodóvar’ que de una funcionaria responsable como había sido hasta entonces.

Iglesias Riopedre está dispuesto a llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender su inocencia. El exconsejero ya convenció a mucha gente, empezando por la peña de amigos que le pagó la fianza para salir de la cárcel y siguiendo por la plana mayor del Principado. Cuando fue detenido nadie del Gobierno regional le consideró culpable. Nadie. Desde la cúpula de la Administración autonómica se declaraba con rotundidad que era inocente y en la propia Consejería de Educación todos cerraron filas con el ex consejero. Ni las fuerzas sindicales se atrevieron a hacer leña del árbol caído. Las dos empresas de marras vendieron material a todas las consejerías del Principado, sin excepción. Ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares pidieron ver esos expedientes. En las cintas aparecen conversaciones de los empresarios con concejales de grandes ayuntamientos. Ya se sabe que eran intranscendentes. También consta que una de las empresas pagó una factura de publicidad electoral de un alcalde o alcaldesa. Carece de interés. Lo que está claro es que José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero serían muy felices si no hubiesen hablado tanto por teléfono.

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