El Comercio
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DRAMA Y COMEDIA
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Juan Neira | 10-10-2017 | 19:32

La víspera del día escogido para la proclamación de la República catalana estuvo cargada de señales inquietantes. Las empresas huyen en masa de la región que las vio nacer. Hay miedo a quedarse fuera del paraguas del euro y pavor a los posibles planes del independentismo radical que no oculta su objetivo de crear un fuerte sector público, con tentáculos en las finanzas y en las empresas. Gestores y accionistas temen las modificaciones legislativas, fiscales y laborales, que haría un tripartito nacionalista liberado del corsé del Estado. Grandes empresas, como Abertis, Inmobiliaria Colonial, Cellnex, Adeslas, Cervezas San Miguel o Torraspapel han puesto su domicilio social en distintos puntos de España. Les vale cualquier región, menos Cataluña. Este era el paraíso de paz y unidad que predicaba el otro día Carlos Puigdemont cuando intervino en televisión para replicarle al Rey. Una sarta de disparates que no sé si atribuir a la capacidad que tienen los nacionalistas para mentir o a la inopia en que viven los miembros del “Govern”. O a las dos cosas: mienten y están en la inopia.

Más preocupante si cabe son las informaciones que se desprenden de un informe presentado por la Guardia Civil a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que investiga por presunta sedición al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Con pruebas de todo tipo –vídeo, grabaciones de conversaciones telefónicas- se muestra que los responsables de la Policía Autonómica optaron deliberadamente por mostrarse inactivos el día del referéndum. No sólo eso, sino que recibían órdenes de un comité estratégico dirigido por Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras. La Guardia Civil, cuando registró el departamento de Economía de la Generalitat, encontró entre los papeles de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras, un plan para para lograr la independencia que pasaba por provocar una crisis política y social que permitiera imponer un referéndum forzado. En el calendario de los sediciosos, estaba formar un gobierno de transición en 2018 y declarar la República en 2022. Se ve que les entraron las prisas y van a declarar hoy la República con casi cinco años de antelación. Estamos viviendo un drama que tiene ribetes de comedia. Si la España democrática y moderna, resultado de cinco siglos de esfuerzo colectivo, no logra desbaratar los planes de los desleales, poniendo a sus cabecillas  en manos de la Justicia, es que hay que cambiar de gobierno.

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