La aplicación del artículo 155 de la Constitución llega precedida del consenso de los partidos constitucionalistas (PP, PSOE, Ciudadanos). Hay acuerdo sobre el tipo de intervención en Cataluña y sobre un hecho fundamental: el adelanto de las elecciones autonómicas que tendrá lugar el mes de enero del próximo año. Mariano Rajoy quería preservar ese dato, pero la exministra socialista Carmen Calvo fue quien lo comunicó. Se impone la tesis de socialistas y Ciudadanos; los primeros temían los efectos sobre la población catalana que pudiera causa la activación del artículo 155 por el Gobierno del Partido Popular, y los segundos entendían el recurso al precepto constitucional únicamente como la forma de terminar con el mandato de Carles Puigdemont y dar la voz a los ciudadanos.

Tiempo habrá de comprobar los efectos de la intervención del Gobierno en la comunidad autónoma catalana, pero creo que las visiones de PSOE y Ciudadanos son profundamente equivocadas. Restaurar la primacía del Derecho en Cataluña no es una simple formalidad que se solventa en dos días. Para que las elecciones se den en un clima de respeto y libertad de expresión se requiere un periodo de tiempo más largo que dos o tres meses. En la estrategia del PSOE se juntan dos elementos: la necesidad de Pedro Sánchez de limitar al máximo el apoyo que presta al Gobierno del PP y la visión acomplejada ante un mecanismo constitucional que es visto por el ‘sanchismo’ como si fuese la Inquisición. Con estrategias personales y reflejos de ‘progre’ trasnochado no se puede hacer frente de forma cabal a un desafío de la entidad del que está puesto sobre la mesa por el independentismo catalán.