Carme Forcadell salió en su coche oficial de la cárcel de Alcalá Meco rumbo a la frustrada república catalana. Entró a la noche en prisión, en un modesto coche policial, y salió a lomos de una soberbia berlina alemana catorce horas más tarde. Dicen que pagó la fianza impuesta por el juez del Tribunal Supremo, pero en realidad ella no pagó nada: su abogado se limitó a recibir los 150.000 euros transferidos por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los depositó en el juzgado. El resto de diputados del PDeCAT, afectados por la querella del fiscal general del Estado, también van a recibir el dinero de ANC para depositar las correspondientes fianzas.
Artur Mas recibió por la misma vía 2,2 millones de euros para hacer frente a la factura que le giró el Tribunal Cuentas por haber gastado ese dinero en la preparación de la consulta popular del 9 de noviembre de 2014. El dinero se malversó sobre todo en ordenadores portátiles. Al modo de la gran Lola Flores, pide que todos los que participaron en aquella consulta (más de 2,3 millones de personas) le den unas monedas para zanjar definitivamente la reclamación. Es una deuda solidaria con otros nueve exaltos dirigentes de la Generalitat, de la que queda por abonar 2,8 millones. Si cada votante pone un euro, Mas y sus correligionarios aflojarán el resto. La media docena de ex miembros del Govern que están en las cárceles madrileñas pretenden que se traslade su querella de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para obtener el mismo trato del juez instructor que Forcadell y el resto de diputados. Ninguno de ellos tendrá problemas para depositar el aval que le pidan.
La cuestión del dinero no es menor. El movimiento independentista está financiado por Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, y estas dos organizaciones recibieron como compensación formar parte del grupo estratégico que toma las decisiones políticas. Los dos ‘jorges’ (Sánchez y Cuixart) tienen más peso que muchos consejeros del Govern. Forcadell, Puigdemont, Oriol Junqueras y compañía actuaron hasta ahora como si el procés fuera gratis, porque las dos organizaciones pagaban los gastos y aportaban los actores secundarios para las demostraciones de masas, como la que está convocada hoy en Barcelona: hay ya 500 autobuses gratis. Con las manifestaciones en la calle amenazaban a la oposición y se erigían como única autoridad en Cataluña. Encarcelados, huidos o sin pasaporte están tan desorientados como arrepentidos.