El Comercio
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Fecha: noviembre 20, 2017
LA DEFENSA DEL ESTADO
Juan Neira 20-11-2017 | 11:56 | 0

La muerte de José Manuel Maza obliga al Gobierno de España a elegir con mucho tino a su sucesor. No es una decisión rutinaria ya que el fiscal general del Estado fue una figura singular en la ofensiva del Gobierno contra el independentismo catalán. Hay que recordar que tras el referéndum del 1-0, el Gobierno de la Generalitat había logrado un éxito de imagen al asociar su causa con el pacifismo, mientras que el Estado democrático aparecía identificado con la violencia por las escenas vividas en los colegios electorales, cuando la Policía y la Guardia Civil tuvieron que improvisar una respuesta ante la indiferencia de los Mossos d’Esquadra que habían hecho caso omiso de las órdenes judiciales. El discurso del Rey fue el primer paso para recuperar el terreno perdido en la aciaga jornada del referéndum cuando el ministro del Interior y su equipo decidieron dar un voto de confianza a la Policía Autonómica dirigida por José Luis Trapero; tras las palabras del Monarca pidiendo a los poderes del Estado restablecer la legalidad democrática en Cataluña, vino la fuga de Cataluña de bancos y empresas; ahora bien, el estado mayor del independentismo (presidente y consejeros del ‘Govern’, diputados, líderes de los movimientos sociales nacionalistas) solo empezó a retroceder al ver que los máximos dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) fueron encarcelados. La petición de exigentes medidas cautelares para los dos detenidos fue una decisión de José Manuel Maza. Había una gran expectación ante la suerte judicial que iban a correr los dirigentes sociales, pero al fiscal general del Estado no le tembló el pulso y pidió prisión sin fianza. Allí siguen.

Los nacionalistas de todo pelaje y un sector importante de la oposición en las Cortes Generales enarbolaron un discurso que dejaba al Estado sin poder de coerción ante el movimiento independentista que había demostrado su voluntad de saltarse la legalidad cuantas veces fuera necesario para llevar adelante su plan. Primero fue la impugnación de la Policía y después vino el intento de quitar legitimidad a jueces y fiscales porque estábamos en presencia de un problema político. Claro que es político, pero cuando se viola la legalidad, los fiscales deben actuar.

Cualquier observador que conserve un mínimo de objetividad sabe que sin la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la actuación de José Manuel Maza la situación sería distinta.

 

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