El Comercio
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Fecha: diciembre 28, 2017
SÍNDICOS E INTERVENTORES
Juan Neira 28-12-2017 | 7:22 | 0

El informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de los recursos públicos del Principado en 2016, que ayer conocíamos en estas mismas páginas, estuvo precedido de unas alegaciones del Principado en las que descalificaba las valoraciones de la Sindicatura por cometer errores de bulto, tales como computar dos veces los mismos créditos; o por referirse a los avales de la Zalia y Sogepsa, como si fuesen dos sociedades de futuro incierto, cuando los avales correspondían a ejercicios lejanos (2007, 2009 y 2010) en los que la ZALIA y Sogepsa no soportaban pesadas deudas; o por hablar de opacidad de la deuda por no tener asignados los gastos concretos que cubría, cuando la deuda se aprueba de forma genérica sin tener carácter finalista. En resumen, la Sindicatura y el Principado tienen criterios diametralmente opuestos sobre la legalidad o ilegalidad de la gestión regional, porque tal parece que están hablando bajo el amparo de distintos ordenamientos jurídicos.

Ante nosotros una discusión apasionante entre síndicos (técnicos de la Sindicatura) e interventores, que es tanto como decir dos castas funcionariales, que tienen sus piques profesionales, su forma de interpretar las leyes y su manera de servir a sus señores. Un debate ajeno a la opinión pública que conoce los políticos que elige para gobernar las instituciones, pero ignora todo lo que tiene que ver con el alto funcionariado que permanece trienio tras trienio santificando o demonizando la gestión de los gobiernos.

Ayer leíamos perplejos los datos de la asilvestrada gestión presupuestaria del Principado y hoy, con no menos asombro, vemos cómo la Administración autonómica pone a la altura del betún la forma de trabajar de la Sindicatura. No pasa nada. Ningún responsable del Gobierno socialista se siente concernido: son cosas de técnicos; se trata de disquisiciones teóricas. Si lo que dice la Sindicatura no tiene ninguna trascendencia y puede quedar desactivado por el interventor de turno, entonces hay que cerrar el negocio. Para analizar las cuentas ya está el Tribunal de Cuentas, que no le tiene miedo al Principado ni le debe ningún nombramiento. No tiene sentido pagar suculentos sueldos a decenas de personas para que hagan un trabajo sin consecuencias prácticas. Uno de los males de nuestra democracia está en la debilidad de los organismos de control y regulación. El Principado puede hacer lo que no se le permite al Ayuntamiento de Yernes y Tameza.

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