El Comercio
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Fecha: diciembre 29, 2017
DOS CARAS DE LA PRÓRROGA
Juan Neira 29-12-2017 | 7:15 | 0

El Principado valora en 267 millones de euros el impacto negativo de la prórroga presupuestaria. Ese sería el dinero que se pierde. No siempre ha sido así, porque según la Sindicatura de Cuentas, en el año 2016, otro ejercicio con presupuestos prorrogados, la cuantía de la prórroga excedió en 22 millones al propio presupuesto. Un asunto realmente extraño, aunque la política asturiana es fecunda en excentricidades. Lo que no negó la Sindicatura de Cuentas es que las prórrogas conllevan un retraso en los proyectos a realizar. Todo se hace más lento, algo particularmente grave al estar hablando de una región, como la nuestra, donde se firmaron expropiaciones de fincas para construir la variante de Pajares allá por el año 1980 o 1981, y 37 años más tarde, tras invertir más de 3.000 millones de euros en horadar la montaña, todavía no pasó ningún tren por los túneles.

Dolores Carcedo, consejera de Hacienda y Sector Público, anunció que el Gobierno va a pedir créditos por valor de 90 millones de euros. No sabemos su destino concreto, aunque a lo largo del año se asignará una cantidad de millones igual o mayor para pagar las facturas del gasto sanitario. Como la oposición va a aprobar esos créditos extraordinarios, el impacto negativo de la deuda se reducirá notablemente o desaparecerá. El verdadero daño de la prórroga es de carácter político, siendo muy relativas las consecuencias económicas. El rechazo de las cuentas implica desconfianza hacia el Gobierno y muestra palpablemente que el Ejecutivo está en minoría en la Cámara.

En la prórroga aprobada va incluida la partida de la deuda. Cristina Coto afirmó que si el Gobierno se endeuda sin autorización parlamentaria, Foro ejercerá acciones penales contra el Gobierno. Sobre este asunto, la Sindicatura de Cuentas ha reiterado que es preciso solicitar el plácet de la Junta General del Principado. También señaló que las peticiones de deuda deben llevar especificado el gasto o la inversión que financian. En resumen, hay materia para litigios legales y para debates parlamentarios. Cualquier alternativa es mejor que dar la espalda a las recomendaciones de la Sindicatura, porque para actuar así es mejor cerrarla y nos ahorramos unos cuantos millones de euros que nos cuesta cada año el control del sector público. La oposición tiene mucho que decir sobre todo esto.

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