El Comercio
img
Fecha: enero 9, 2018
EMPOBRECIMIENTO AUTONÓMICO
Juan Neira 09-01-2018 | 10:21 | 0

La duda sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2018 plantea problemas a las comunidades autónomas. El 75% de los ingresos de éstas provienen de su participación en los tributos del Estado. El sistema autonómico se basa en una amplísima descentralización del gasto público y una menor autonomía fiscal. La pasada semana supimos que el Ministerio de Hacienda retenía la transferencia de recursos que iba a hacer a las regiones, tal como está previsto en el actual modelo de financiación autonómica, por el temor a verse obligado a prorrogar las cuentas de 2017. Los gobiernos autonómicos pusieron el grito en el cielo, pero la actuación de Cristóbal Montoro no pasó de ser una sensata cautela ante la eventualidad de ver rechazado el proyecto presupuestario. No puede comprometerse a adelantar un dinero que, tal vez, no pueda contar con él.

Algo parecido ocurre con el Impuesto sobre Patrimonio. José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó en 2008, justo cuando empezaba la crisis económica; el entonces presidente socialista actuó con desparpajo porque pensaba que el frenazo de la economía era un fenómeno pasajero. Zapatero fue el presidente más optimista de todos los habidos en nuestra democracia. Rajoy lo recuperó por el procedimiento de prórrogas anuales. Formalmente está derogado, pero el Gobierno lo activa por un periodo de doce meses. El pasado año, la recaudación del tributo aportó 1.257millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas. Si no se aprueba el presupuesto para 2018, resultará imposible prorrogarlo. Asturias perdería 20 millones.

Solucionar el problema del empobrecimiento autonómico está en manos de los partidos estatales. Si el PSOE y Ciudadanos consensuan las cuentas con el ministro de Hacienda, la recaudación no sufrirá ninguna merma. Parece que Ciudadanos está por la labor, pero Pedro Sánchez no está dispuesto a ceder. Recuerden, «no es no». Los presidentes socialistas podrían presionar a la dirección del partido y al grupo parlamentario, aunque no creo que ni siquiera lo intenten. La política española se permite extravagancias tan notables como que las cuentas del Estado pasen por la decisión de los partidos nacionalistas (vascos y catalanes). Como los autonomistas catalanes se han convertido al independentismo, el presupuesto del Estado queda en manos del PNV, un partido que gobierna en el País Vasco con el modelo de soberanía fiscal: competencia sobre el 100% de los impuestos. De locos.

Ver Post >
DE DOGMAS Y OPINIONES
Juan Neira 09-01-2018 | 12:02 | 0

La oposición del centro-derecha quiere iniciar el año tomando la iniciativa parlamentaria. El asunto elegido es la gestión de la prórroga presupuestaria tras el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la prórroga de 2016. La disección que realiza la Sindicatura sobre la forma de administrar la prórroga deja una sensación de extrañeza que da paso al desasosiego, porque si las reglas básicas no se respetan o si el Gobierno socialista puede imponer una interpretación libre de la normativa, entonces huelga establecer controles. Cada uno hace lo que quiere, o lo que puede, y a otra cosa, mariposa.

El primer asunto a aclarar es la ya debatida cuestión de pedir o no autorización a la Junta General del Principado para prorrogar la deuda. El Ejecutivo tiene un indisimulado interés en obviar ese trámite. También es preciso dilucidar qué pasa con las facturas que están guardadas en los cajones. Hay una parte del gasto a realizar que se encuentra en el limbo, porque permanece oculto y sin contabilizar. Es un problema que está generalizado en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y tiene una gran entidad al falsear el estado real de las cuentas.

El programa de pago a proveedores, instaurado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía como objetivo acabar con la doble contabilidad entre las facturas reconocidas y las que dormían el sueño de los justos en los cajones de las administraciones autonómicas.

Por último está la cuestión de los avales, dados a Sogepsa y la Zalia, y las subvenciones que se conceden directamente sin pasar por ningún procedimiento de concurso. Es llamativo que sociedades tan discutibles como Sogepsa o la Zalia acumulen un nivel de deuda tan alto. Tal parece que no tienen ninguna capacidad para cumplir sus fines sin el rescate del erario público.

La concesión directa de subvenciones es nociva; cuando esa forma de distribuir el dinero se realiza a gran escala es muy difícil rechazar la idea de que hay una estructura clientelar amamantada por el poder.

Es preciso un debate parlamentario en profundidad que desemboque en unas conclusiones sencillas, precisas y vinculantes. Cualquier otra opción lleva a la frustración colectiva. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, no puede permitirse la frivolidad de relativizar los informes de la Sindicatura basándose en que el síndico mayor ya ha declarado que no son dogma. ¿Qué la parecen las sentencias del Tribunal Supremo? ¿También son opinables?

Ver Post >
Sobre el autor Juan Neira

Otros Blogs de Autor