TIEMPO DE ERRORES
Durante el repunte de la guerra fría vivido en los años ochenta del pasado siglo, con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca y el liderazgo de Andropov y Chernenko en el Kremlin, se vivió una época de inquietud en la pacífica Europa. Insertos en ese clima un grupo de rock compuso una canción en la que se preguntaba, ‘¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?’. La respuesta era un tanto disparatada, porque tras asegurar un lógico, «no sé», añadía, «no tengo novia y no me mola el pacto de Varsovia»
El Gobierno de Rajoy ha asumido la estrategia del ataque preventivo para dejar fuera de combate a Puigdemont, cuando al prófugo más famoso de España le quedaban dos telediarios de vida política.
Si optaba por la investidura telemática, el acto quedaría anulado. Lo mismo ocurriría si lo hiciese por persona interpuesta. En el caso de que tratase de acudir en persona al ‘Parlament’ para participar en el debate de investidura, la Policía lo detendría y sería llevado ante el juez Llarena, quedando en la misma tesitura que Oriol Junqueras. Las fuerzas independentistas tendrían que optar por otro candidato.
La estrategia
Ahora, el escenario cambia, el Gobierno ha desoído al Consejo de Estado, como los independentistas desoyeron, en su día, al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, y ha querido acogerse al procedimiento garantista del Tribunal Constitucional para recortar, preventivamente, la condición de elegible de Puigdemont, sin que este hubiera movido un dedo, todavía.
Todo indica que fue Soraya Sáenz de Santamaría la autora de la estrategia, porque Rajoy había anticipado en una entrevista radiofónica que el Gobierno no tenía otro remedio que mantenerse a la expectativa hasta que no tomara Puigdemont una decisión concreta. Tras la decisión del Tribunal Constitucional el follón está servido.
Se acepta que los políticos no solucionen los problemas, pero resulta irritante que su actuación los agrave. La crisis catalana no es una excepción.
Atravesamos una etapa en España (y también en Europa) en que las decisiones políticas están plagadas de errores. Errores por activa y por pasiva, por no llegar a pactos y por alcanzar acuerdos absurdos. Tanto da que miremos el panorama nacional como el local.
Tenemos la electricidad más cara de Europa cuando hay instalada una capacidad de generación para cubrir el doble de la demanda. ¿Conocen algún bien que suba de precio cuando la oferta excede la demanda? Hasta ahora ninguno, pero llegó el ministro Soria y empeoró la herencia que había recibido. Quiso arreglar las cosas y fracasó a cuenta nuestra. El famoso déficit de tarifa perdió actualidad, pero la factura del suministro eléctrico se puso por las nubes.
Rato sacó una norma que prohibía elevar la tarifa eléctrica por encima del Índice de Precios al Consumo, obligando a las compañías eléctricas a picar a la puerta de los bancos. Al final, había cerca de 30.000 millones de euros sin cobrar, y Soria tiró por el camino del medio.
La industria asturiana, alta consumidora de energía (ahora la llaman electrointensiva), protesta, y lo mismo hace el vecino de al lado, que cocina, lava, friega, seca, limpia, rasura, lee, alumbra, escribe y oye, gracias a estar enchufado.
Pero sería muy injusto concentrar la mirada en Soria y Rato, porque en la época de Zapatero, con el precio del petróleo subiendo como la espuma en los mercados internacionales, se daban al personal con incrementos mínimos de precios al suministro eléctrico. Estamos pagando lo que Zapatero no nos quiso cobrar en su día.
El viernes quedé de piedra cuando me enteré de que Cristina Narbona, abanderada de la descarbonización del sector ‘sanchista’, había llamado a Javier Fernández para pedirle una actuación coordinada tendente a mantener la actividad económica y el empleo en las comarcas mineras, tomando como modelo las experiencias de regiones europeas en transición energética.
Hay que tener rostro. Primero aprueban una iniciativa en el Congreso de los Diputados, en compañía de Podemos, Ciudadanos y ERC, que adelanta a 2020 el cierre de las centrales térmicas en Asturias, exigiendo que se les corten las ayudas (pagos por capacidad) a todas las centrales que superen un umbral mínimo de emisión de dióxido de carbono (550 gramos). Y luego vienen a proponer un plan de reactivación economía. ¿Pretenden los ‘sanchistas’ bajar el precio de la electricidad cerrando las térmicas?
Ya tenemos una larga experiencia en planes de reactivación. Todos fracasaron, al igual que lo hizo el plan de desalinizadoras de la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que contenía 51 plantas de Gerona a Málaga. Dos tercios no se construyeron y dejó unas pérdidas de 4.000 millones de euros. Todo para obtener agua de baja calidad, cara y con alto consumo energético de las plantas.
Narbona, presidenta del PSOE (102.000 euros anuales), hace un flaco servicio a Adrián Barbón. Clausurar el sector del carbón, con promesas vaporosas de reactivación que nunca funcionaron, es poner a la futura candidatura socialista al Principado a los pies de los caballos.