El Comercio
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Fecha: febrero 18, 2018
DEUDA, ENFERMEDAD SILENCIOSA
Juan Neira 18-02-2018 | 1:45 | 0

Las deudas inquietan, preocupan, a escala personal, familiar y deportiva (cuando penden sobre el club de nuestros amores), pero importan un comino cuando la deuda es del Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento. La deuda pública es deuda de nadie.

Una visión subjetiva que viene alimentada por el hecho de que jamás nos enteramos de cuándo ni cómo se paga. El paro y la inflación son los únicos indicadores económicos negativos que el ciudadano somatiza. El resto forma parte del farragoso debate político. Qué error.

España debe más que nunca. Una cifra inmensa, 1,14 billones de euros. Hace diez años debíamos una tercera parte. En cuestión de endeudamiento siempre estamos peor que ayer y mejor que mañana.

Uno entiende que en los peores años de la crisis económica (2008-2014) las deudas subieran como la espuma. La recaudación fiscal se había hundido y había que acudir a los acreedores para pagar las facturas, desde las nóminas de los funcionarios hasta las medicinas, el mantenimiento de las carreteras o la Dependencia. El recurso al crédito no es una operación banal, porque se contrae el compromiso de pagar intereses durante largos años, pero hay gastos necesarios que no se pueden evitar.

Crítica

A mi entender, la crítica al endeudamiento se hace particularmente pertinente a partir de 2014, cuando empieza a crecer el PIB, aumenta el empleo y con una deuda que superaba el 99% del PIB seguimos llamando alegremente a la puerta de los acreedores. Antes nos endeudábamos por necesidad, a partir de 2014 lo hacemos por rutina.

Las alarmas se disparan cuando el Banco de España nos informa que en el último año, con un crecimiento del PIB superior al 3%, se ha acelerado el ritmo de crecimiento de nuestras deudas. En doce meses la montaña de la deuda se ha incrementado en 37.424 millones. En los años más duros de la crisis, con Rajoy de presidente de Gobierno, la deuda del Reino de España (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) crecía a razón de 10.000 millones cada trimestre. En 2017 lo ha hecho a un ritmo de 9.360 millones cada tres meses.

Resulta desconcertante comprobar que el aumento del endeudamiento es casi igual en la etapa en que se habían reducido al mínimo los ingresos fiscales (las administraciones no tenían capacidad de pago) que en la actualidad, cuando la recaudación fiscal está en máximos históricos.

Nunca se recaudó tanto por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco). Sólo el Impuesto de Sociedades aporta ingresos por debajo de los años previos a la crisis, pero tiene razones para ello, ya que el gravamen se bajó diez puntos porcentuales.

Soy consciente de que las deudas, como la grasa corporal, una vez que se instala tiende a perpetuarse porque se suman los vencimientos de pago y los intereses, siendo difícil rebajar ambas variables a la vez, pero la culpa está, sobre todo, en la forma de gestionar que tienen nuestros políticos. Una comparación lo ilustra a la perfección. Basta cambiar de gestores para apreciar las diferencias. Veamos.

Privada

Cuando se inicia la crisis, la deuda privada (familias y empresas) alcanzaba el 200% del PIB. En esa fecha la deuda pública era del 39,4% del PIB. Tras nueve ejercicios consecutivos apretándose el cinturón, familias y empresas tienen un endeudamiento del 137% del PIB; redujeron las deudas en 570.000 millones de euros. Sin embargo, las administraciones públicas aprovecharon los nueve años para aumentar la deuda hasta rozar el 100% del PIB.

Podemos decir que el ajuste, en España, lo hizo el sector privado, con pérdida de empleo, rebaja de rentas salariales y de excedentes empresariales, enajenación de patrimonio y descenso del consumo. Un empobrecimiento a ojos vista, mientras las administraciones públicas mantenían su tren de vida.

Hay datos aislados que pueden valorarse como anecdóticos, pero resultan, a la vez, reveladores y misteriosos. Pese a la política de reponer únicamente el 10% de las plazas de las jubilaciones del sector público, hay alguna consejería del Principado que tiene a 1.500 trabajadores más que al empezar la crisis. Hasta la propia oposición ignora el dato.

Lo más curioso es que el Gobierno de España sabe cómo rebajar la deuda de las administraciones. Con un par de normas, el Ministerio de Hacienda logró que los ayuntamientos reduzcan todos los años el nivel de endeudamiento. En 2017, rebajaron los números rojos en casi el 10%. Ya deben menos de 30.000 millones. Van de superávit en superávit.

Sin embargo, las comunidades autónomas tienen barra libre, porque reciben créditos del Estado con un interés del cero por ciento y no tienen ningún miedo a la insolvencia, ya que el acreedor es el Gobierno.

El problema del Estado estriba en que la mitad de sus deudas están en manos de acreedores extranjeros, los mismos que asfixiaron a Grecia cuando vinieron mal dadas.

Con los tipos de interés en mínimos históricos, la deuda es una enfermedad silenciosa de la que no nos vamos a curar porque no nos sentimos enfermos. Ni Rajoy ni Javier Fernández ni el alcalde de turno piensan en ella: tira p’alante que libras. Los irresponsables de hoy son los insolventes de mañana.

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EL PEAJE, AHORA O NUNCA
Juan Neira 18-02-2018 | 1:43 | 0

En la Junta General del Principado, Fernando Lastra ha planteado, oportunamente, la necesidad de exigir al Gobierno de España que rescate el peaje del Huerna. Dicho de otra manera: que los asturianos podamos transitar hacia la Meseta, o volver de ella, sin pagar tasas especiales, como hacen el resto de españoles que viven en las regiones periféricas. El consejero de Infraestructuras reactualiza una vieja aspiración de los asturianos al tener noticia de que el Gobierno de Rajoy ha decidido no prorrogar las concesiones de peajes en las autopistas que terminan su periodo de concesión en los próximos tres años. En el caso de la autopista del Huerna, la concesión vencía en el año 2021, pero el Gobierno de Aznar, inopinadamente, la prolongó por un periodo de 29 años, obligando a turismos, autobuses y camiones a seguir pagando hasta 2050 por cruzar la cordillera. Lastra resumió su propuesta con una frase movilizadora, digna de estar escrita en la pancarta que encabeza la manifestación: «Si España se queda libre de peajes en 2018, Asturias también».

Espero que todos los diputados apoyen la proposición del Principado. Es una demanda que nos beneficia a todos. A los que utilizan asiduamente la autopista del Huerna y a los que no circulan nunca por ella, ya que unos y otros pagan más caras las mercancías que vienen de otras regiones al llevar incorporado el peaje del Huerna en el precio. En la medida en que se pueda hablar de la competitividad global de las comunidades autónomas, habrá que dedicar una mención especial a la tasa del Huerna, que eleva los costes de todo lo que vende Asturias al otro lado del Pajares. Desde las bobinas de Arcelor hasta la leche de Capsa.

Hasta ahora, Asturias estaba en desventaja con el resto de regiones, pero el rescate del peaje en las autopistas que nacieron con el mismo plazo de concesión que la vía del Huerna, convierte el mantenimiento del pago asturiano en un agravio. Espero que la politiquería no frustre la respuesta unánime del Parlamento regional. El Gobierno central estaría feliz viendo cómo se enzarzan los grupos parlamentarios en un fuego cruzado con la mirada puesta en las elecciones del próximo año. A ver si las huestes de Mercedes Fernández se suman esta vez a la petición de anular el peaje, aunque la demanda pille a contrapié al Gobierno de Rajoy. Desde que Fernando Lastra asumió la cartera de Infraestructuras, en el Gobierno de Javier Fernández, además de funcionarios en excedencia, hay un político.

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