El Comercio
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Fecha: abril 1, 2018
LA BULIMIA DE LA ADMINISTRACIÓN
Juan Neira 01-04-2018 | 10:10 | 0

Los pasados días hemos conocido los datos sobre déficit público y deuda correspondientes a 2017. A la mayoría de nuestros conciudadanos estos indicadores no les dicen nada; la ratio de déficit en relación al PIB les resulta ajena como un cuadro abstracto de Tomori Dodge; la misma indiferencia sienten cuando leen que la deuda del Reino de España supera el billón de euros, porque saben, por experiencia, que ningún cobrador va a llegar a su puerta a exigir la parte correspondiente de la factura.

Sin embargo, la gente está muy atenta a la subida de las pensiones, al incremento de sueldo de los funcionarios o a las rebajas fiscales; forman parte de sus conversaciones y preocupaciones. Pues bien, aunque parezcan dos cuestiones distintas, están íntimamente relacionadas, porque no se pueden pagar pensiones y sueldos decentes durante un periodo prolongado cuando se incurre en grandes déficit y desmesuradas deudas.

El Gobierno se siente optimista. Cuando Rajoy llegó a la Moncloa sólo tenía un propósito en la mente: reducir el déficit público, que estaba en el 9,6% con respecto al PIB. Pese a las medicinas del Gobierno del PP, un año más tarde la fiebre había subido hasta el 10,4% del PIB.

A partir de ahí empezó a descender; el pasado año se cerró con un déficit del 3,1%, cumpliendo por primera vez con las exigencias de la Comisión Europea. Las comunidades autónomas hicieron la parte del trabajo que les encomendaron, dejando el déficit en el 0,32%; Cristóbal Montoro les había fijado el techo del 0,6%. El Gobierno de Javier Fernández solo necesitó tres décimas de déficit para gestionar los intereses regionales. El País Vasco o Navarra arrojaron superávit, pero disponen del 100% de la recaudación de los principales impuestos, y nosotros solo tenemos la mitad (IRPF, IVA) o nada (Sociedades).

Los ayuntamientos constituyen la administración más aventajada de la clase, con un saldo global positivo de 28.000 millones de euros. La mejora municipal fue producto de la estricta dieta que aplicó Montoro a los ayuntamientos.

Cosecha fiscal

Los alcaldes están indignados, dicen que los 28.000 millones son suyos y reclaman el derecho a gastarlos. Tienen razón, a medias. También los automovilistas conducen coches de su propiedad, pero el Estado no les deja pasar de 120 kilómetros por las autovías. En la crisis de 1993, nadie dictó normas y los ayuntamientos, en plena recesión, aumentaron en el 20% su gasto.

La protesta de los alcaldes se basa en un argumento electoral incontestable: es imposible revalidar mayorías municipales sin hacer mejoras en pueblos y ciudades. El margen que concede Montoro a sus colegas de Gobierno, debe extenderlo, este año, a los ayuntamientos.

Pero abramos el interrogante clave: ¿Cómo logró la actuación conjunta de las administraciones reducir el déficit del Reino de España al 3,1% del PIB en 2017? La respuesta es rotunda: porque Hacienda recaudó 12.000 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Deducción: los gobiernos no aplicaron políticas diferentes ni las administraciones hicieron ningún esfuerzo, simplemente hay más gente trabajando y las empresas ganan más dinero.

Tenemos las mismas holguras en el gasto, pero estamos en época de vacas gordas con la recaudación fiscal creciendo un 6,3% más que en 2016. Aun así, pese a la gran cosecha fiscal, el déficit del Reino de España superó los 35.000 millones de euros.

Préstamos

La deuda, que es la grasa acumulada de tantos déficit, sigue descontrolada. La bulimia de las administraciones públicas es incorregible. 2017 cerró con récord de deuda, 1,14 billones de euros, el 3,4% más que en el ejercicio anterior. En el caso de Asturias, también hubo un nuevo máximo, 4.244 millones: 150 millones más que un año antes. Ya saben cuál es la doctrina oficial: Asturias es una de las regiones con deuda más baja. Mal de muchos, consuelo de tontos. Cuando empezó el siglo decíamos lo mismo que ahora, y eso que la deuda era de 600 millones, siete veces menos que en la actualidad.

Saquemos conclusiones. Desde el año 2014 crecen la economía española y la asturiana, y se crea empleo. Cuatro años de expansión no han servido para embridar el endeudamiento (somos el cuarto país de la UE por volumen de deuda) y tenemos el mayor déficit público de los 19 países de la zona euro.

Resulta que crecemos más que nadie (PIB), la recaudación fiscal alcanza máximos históricos, pero seguimos gastando más que ingresando y la deuda aumenta. El derroche de las administraciones puede con todo. ¿Qué pasará a lo largo del periodo preelectoral? ¿Qué ocurrirá cuando crezca menos el PIB? ¿Qué sucederá cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés? ¿Qué cimas escalarán la deuda y el déficit cuando termine el periodo de vacas gordas fiscales?

Por último, el PIB asturiano tuvo una evolución singular en 2017. Sólo Aragón creó más riqueza que Asturias. La industria fue el motor del crecimiento y la construcción despertó del letargo. Las empresas y los ciudadanos se han adaptado al nuevo contexto, pero las administraciones siguen movidas por la inercia. Hablan de aportar soluciones cuando constituyen el problema.

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