El Comercio
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Fecha: abril 4, 2018
LA CRISIS DE LA SINDICATURA
Juan Neira 04-04-2018 | 4:35 | 0

La controversia sobre la Sindicatura de Cuentas ha dado paso a una profunda crisis de la institución con la dimisión de dos de los tres síndicos del ente fiscalizador del sector público asturiano. Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez han puesto sus cargos a disposición de la Junta General del Principado tras comprobar cómo Avelino Viejo, el síndico mayor, los hacía corresponsables de las contrataciones de personal que fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Antonio Arias aclaró en su carta de despedida que prestó su apoyo a las contrataciones con la condición de que estuviesen respaldadas por letrado mayor de la Junta General del Principado, condición que no se cumplió. El mismo síndico acusó de «mentir» a Avelino Viejo por manifestar en la comisión de Hacienda del Parlamento que las veinticuatro incorporaciones realizadas por el procedimiento de concurso específico (sólo podían optar al puesto el personal de la Sindicatura o de la Administración autonómica) habían contado con la unanimidad del Consejo de la Sindicatura, organismo formado por los tres síndicos. Por su parte, Miguel Ángel Menéndez deja el cargo porque «el clima enrarecido que se ha creado no ayuda al adecuado funcionamiento de la Sindicatura».

La crisis está servida, la institución paralizada por las dimisiones y el descrédito se apodera de la Sindicatura. El Gobierno y el grupo parlamentario socialista no pueden ni deben cerrar filas con Avelino Viejo, porque el enfrentamiento puede dar paso a la gangrena de la institución. El sentido común aconseja pasar página, renovar completamente la institución, tomar nota de los errores y trabajar para ganarse la estima de los asturianos que nunca suspiraron por contar con una Sindicatura de Cuentas en el entramado institucional autonómico, y ahora constatan asombrados que utiliza unos métodos de funcionamiento interno semejantes a los que practican algunos de los chiringuitos públicos que audita.

Defender las actuaciones realizadas contradiciendo las sentencias del TSJA, los informes de los servicios jurídicos de la Cámara y el criterio de la oposición constituye una apuesta segura por la degradación del ente. Ya es hora de que el Gobierno regional, en su nombre y en el de anteriores gobiernos socialistas, haga autocrítica pública por la cantidad de sentencias judiciales adversas recibidas por la forma de cubrir los puestos de trabajo en el Principado.

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