El Comercio
img
Autor: juanneira
FORMAS DE VALORAR
img
Juan Neira | 06-04-2018 | 5:20| 0

La reacción de los grupos políticos al proyecto de presupuestos ha sido la esperada. Todos los años ocurre lo mismo. La oposición descalifica y el partido del Gobierno aplaude. Las valoraciones están hechas antes de cotejar las cifras y la gente no sabe si quedarse con las críticas o con las alabanzas. Hay una absoluta ausencia de rigor. Desde las filas del socialismo se dijo que las cuentas «no cumplen las expectativas», que no son «los presupuestos que requiere Asturias» y que son «un fraude». Se reconoce que la inversión crece, pero se añade que «cinco puntos menos que la media nacional». La misma valoración podría hacerse del fallido proyecto de presupuestos del Principado, porque no cumplía con las expectativas, tampoco era el que necesitaba la región y en cuanto al fraude, todo consiste en animarse y sacar el registro hiperbólico.

En cuanto al crecimiento de la inversión, toca constatar que tanto a escala nacional como autonómica padecemos el mismo problema de raquitismo. Los gobiernos redujeron drásticamente la inversión cuando cayó la recaudación fiscal, durante los años de la crisis, y ahora siguen reduciendo el déficit público a base de dejar la inversión bajo mínimos.

Puestos a hacer valoraciones sesgadas, los distintos portavoces incurren en la frivolidad de comparar los incrementos o decrementos de la inversión entre comunidades autónomas, sin tener en cuenta el nivel del que parten. Veamos un ejemplo. En Asturias, la inversión crece el 5,9% y en Castilla y León aumenta el 0,5%. De ahí podría concluirse que los presupuestos de Rajoy tratan mucho mejor a Asturias que a Castilla y León. Nada más lejos de la realidad. A Asturias van destinados 225 millones y a Castilla y León, 1.002 millones. Si tenemos en cuenta que Asturias tiene un millón largo de habitantes y la población de Castilla y León es de 2,4 millones, comprobaremos que salimos ampliamente desfavorecidos: reciben más de cuatro veces de inversión que nosotros, mientras que sólo tienen algo más del doble de población.

Desde estas líneas hemos dicho otras veces que es tan importante el acto de presentación de los presupuestos, como la ejecución de los mismos. Hace bien Foro en repasar los incumplimientos del pacto presupuestario para saber lo que hay que votar un año después: la ronda norte de Oviedo y el metrotrén no recibieron un euro de lo acordado; de la variante de Pajares, sólo se había invertido el 26%, a 30 de septiembre. Es más fácil prometer que cumplir.

Ver Post >
BAJO MÍNIMOS
img
Juan Neira | 06-04-2018 | 5:18| 0

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha sido ideado bajo la perspectiva de ganar el favor de grandes colectivos de ciudadanos, como son los pensionistas y los funcionarios, dada la cercanía de las elecciones. Entre ambos hay cerca de 13 millones de votantes, lo que supone una masa crítica suficiente para derribar y encumbrar gobiernos. 13 millones de personas a las que va destinado el 51% del gasto. El ahorro en intereses y en subvención al desempleo ha ido a parar a jubilados y funcionarios. Si se piensa en términos de asignación del gasto se trata de la gran operación del presupuesto. No se suele tomar en consideración este tipo de datos cuando se hacen análisis territorializados de las cuentas, pero tienen una gran importancia para el consumo de las regiones. Es distinta la repercusión de una mejora de las pensiones en una comunidad con alto porcentaje de jubilados, como es Asturias, que en otra, como Madrid, donde la media de edad es más baja.

La presentación de las cuentas dispara el reflejo del agravio comparativo al poner en relación las inversiones que hace el Estado en las distintas regiones. Es un reflejo muy primario y no siempre se hace con rigor. Por ejemplo, las inversiones programadas en la línea de alta velocidad que une a Madrid con Gijón benefician a Asturias tanto se hagan dentro o fuera de la región. Los 40 millones destinados a la parte leonesa de la variante de Pajares, o los 39 millones invertidos en la línea Venta de Baños-Palencia-León, son tan importantes como los 86,6 millones que se ejecutarán en la parte asturiana de la variante.

Me parece más interesante hacer la comparación de cada comunidad autónoma consigo misma, sin fijarse en otros territorios. En 1999, cuando el presupuesto del Estado era mucho menor que en 2017, se invertían en Asturias 297,8 millones, mientras que ahora no se superan los 225,4 millones. En el año 2009, un ejercicio en él que se perdieron 900.000 puestos de trabajo en España, el Estado invertía 1.017 millones en nuestra región, bastante más del cuádruple de lo que invierte ahora que se crean medio millón de empleos al año. La conclusión es clara, el ajuste fiscal se hizo en España –y también en Asturias– a costa de la inversión productiva. Se creó el mantra de que la inversión pública es puro despilfarro. Una falacia absoluta. Decimos que crece la inversión en Asturias porque el Estado pone 14 millones más encima de la mesa. Lo correcto sería decir que estamos bajo mínimos.

Ver Post >
LA CRISIS DE LA SINDICATURA
img
Juan Neira | 04-04-2018 | 4:35| 0

La controversia sobre la Sindicatura de Cuentas ha dado paso a una profunda crisis de la institución con la dimisión de dos de los tres síndicos del ente fiscalizador del sector público asturiano. Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez han puesto sus cargos a disposición de la Junta General del Principado tras comprobar cómo Avelino Viejo, el síndico mayor, los hacía corresponsables de las contrataciones de personal que fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Antonio Arias aclaró en su carta de despedida que prestó su apoyo a las contrataciones con la condición de que estuviesen respaldadas por letrado mayor de la Junta General del Principado, condición que no se cumplió. El mismo síndico acusó de «mentir» a Avelino Viejo por manifestar en la comisión de Hacienda del Parlamento que las veinticuatro incorporaciones realizadas por el procedimiento de concurso específico (sólo podían optar al puesto el personal de la Sindicatura o de la Administración autonómica) habían contado con la unanimidad del Consejo de la Sindicatura, organismo formado por los tres síndicos. Por su parte, Miguel Ángel Menéndez deja el cargo porque «el clima enrarecido que se ha creado no ayuda al adecuado funcionamiento de la Sindicatura».

La crisis está servida, la institución paralizada por las dimisiones y el descrédito se apodera de la Sindicatura. El Gobierno y el grupo parlamentario socialista no pueden ni deben cerrar filas con Avelino Viejo, porque el enfrentamiento puede dar paso a la gangrena de la institución. El sentido común aconseja pasar página, renovar completamente la institución, tomar nota de los errores y trabajar para ganarse la estima de los asturianos que nunca suspiraron por contar con una Sindicatura de Cuentas en el entramado institucional autonómico, y ahora constatan asombrados que utiliza unos métodos de funcionamiento interno semejantes a los que practican algunos de los chiringuitos públicos que audita.

Defender las actuaciones realizadas contradiciendo las sentencias del TSJA, los informes de los servicios jurídicos de la Cámara y el criterio de la oposición constituye una apuesta segura por la degradación del ente. Ya es hora de que el Gobierno regional, en su nombre y en el de anteriores gobiernos socialistas, haga autocrítica pública por la cantidad de sentencias judiciales adversas recibidas por la forma de cubrir los puestos de trabajo en el Principado.

Ver Post >
UNA DIMISIÓN SALUDABLE
img
Juan Neira | 03-04-2018 | 4:25| 0

La oposición en bloque –falta Ciudadanos por sumarse– pide la dimisión de Avelino Viejo como síndico mayor. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulando la adjudicación de plazas en la Sindicatura de Cuentas ha colmado la paciencia de PP, Podemos, IU y Foro. Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado habían advertido que hacer una convocatoria por concurso específico, de forma que sólo se pudieran presentar a las plazas los miembros de la Administración o de la plantilla de la Sindicatura, podía ser irregular. Las sentencias confirman que el proceder del síndico mayor fue incorrecto. De las 39 plazas ocupadas por auditores, técnicos de Auditoría, ayudantes de Auditoría y letrados, 24 se han cubierto por concurso específico de méritos.

En su día, el Parlamento asturiano se posicionó, por unanimidad, en contra de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), configurada desde la Sindicatura, donde constaba que el acceso a las plazas sería por concurso restrictivo. Ni el dictamen de los letrados de la Junta General del Principado ni la voluntad del cien por cien de los diputados de la Cámara, en contra de restringir la convocatoria de acceso, ha servido para que Avelino Viejo cambiara de opinión, así que ahora debe asumir la censura realizada por la mayoría del Parlamento. Le toca dimitir y deberían entenderlo así, tanto él como el Gobierno socialista y el grupo parlamentario que lo respalda.

La Sindicatura de Cuentas ejerce un control de legalidad y oportunidad sobre todos los entes del sector público asturiano. No es de recibo que los métodos internos utilizados por el organismo controlador sean más censurables que los aplicados por los entes que están bajo su vigilancia. La forma de proceder de la Sindicatura debería ser lo suficientemente cautelosa como para no verse desautorizada por sentencias del TSJA. ¿Con que autoridad moral va a amonestar la Sindicatura en sus informes a cualquier ayuntamiento o sociedad pública del Principado, cuando la provisión de puestos en su propia plantilla ha quedado anulada por los tribunales? Avelino Viejo ya ha disfrutado de los dos mandatos que puede ejercer como síndico mayor, así que ahora debe aprovechar el varapalo judicial para dejar el cargo. No pasa nada. No se produce ningún seísmo en la Sindicatura porque el principal responsable de la institución se vaya para casa. Al contrario, es un proceder muy saludable para el sistema.

Ver Post >
TRIFULCA INOPORTUNA
img
Juan Neira | 02-04-2018 | 11:16| 0

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) se acaba de ver envuelta en una trifulca entre PSOE y PP por culpa del ambiente electoral que impregna la política española. El festejado acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la disponibilidad de gasto de los ayuntamientos ha dado paso a un agrio intercambio de opiniones entre socialistas y populares, con Ignacio García Palacio, militante del PSOE, alcalde de Navia y presidente de la FACC, y José Manuel Fernández, afiliado del PP, alcalde de Peñamellera Baja, y vicepresidente de la FACC. Para el primero, la interpretación del acuerdo realizado por Montoro es un engaño, mientras que para el segundo todo se trata de una campaña socialista contra el Gobierno. García Palacio dice que el Ministerio de Hacienda sigue poniendo trabas para gastar el dinero sobrante del anterior ejercicio, ya que solo podrán utilizar el superávit para unos objetivos concretos (compra de mobiliario urbano, compra de vehículos de la Policía Local, o en equipamientos culturales o deportivos). En conclusión, de los 100 millones que hay de superávit global de los ayuntamientos asturianos, no se podrán ejecutar más de 50. José Manuel Fernández sostiene que el Ministerio de Hacienda permite gastar en seguridad, incendios, educación infantil y primaria, o servicios sociales. En definitiva: mienten los socialistas. Fruto de tan inesperada desavenencia, los regidores del PP amenazan con abandonar la FACC «porque es un órgano más de la FSA».

En la controversia hay que distinguir dos aspectos. Uno de ellos está relacionado con la materia de la disputa: el margen de disposición de los alcaldes sobre el superávit. Como no estamos en presencia de un asunto estrictamente asturiano, sino todo lo contrario, sería bueno esperar a ver cómo juzga la FEMP la interpretación del acuerdo realizada por Montoro. Esta es la postura defendida por Mariví Monteserín, alcaldesa socialista de Avilés, que me parece totalmente acertada. Esta semana se va a reunir la FEMP y tendremos una paralaje de miras más amplia sobre la cuestión.

El otro aspecto tiene que ver con el cruce de acusaciones. García Palacios manifestó que sus declaraciones fueron realizadas como alcalde de Navia, no como presidente de la FACC. En la práctica es muy difícil hacer esa disociación; ahora bien, la postura del PP no es de recibo, porque recurren a la amenaza para poner la mordaza.

Ver Post >
Sobre el autor Juan Neira