El Comercio
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Autor: juanneira
EL PP, CONTRA EL PEAJE
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Juan Neira | 19-02-2018 | 11:47| 0

Luis Venta, portavoz parlamentario del PP, ha afirmado que su grupo se suma a la petición de suprimir el peaje en la autopista del Huerna. La propuesta del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, de formar un frente regional para pedir que Asturias se vea beneficiada como otras regiones que verán rescatados sus peajes en los próximos tres años, encuentra eco en el principal partido de la oposición. Sin razones que puedan justificar la decisión, nuestra región fue discriminada al ampliarse el peaje en 29 años, obligando a los asturianos a pagar (en la actualidad, 13,15 euros) hasta el año 2050. En nuestro caso, la carga económica es más lacerante, ya que la alternativa a la autopista del Huerna es la vieja carretera de Pajares, con todos los problemas y penalidades que comporta en días de climatología adversa.

Las condiciones para luchar por la eliminación de la tasa son más favorables que nunca. El Gobierno ha optado por una política de rescate de peajes (ocho vías quedarán abiertas, libremente, al tráfico) que permite solicitar la equiparación, y al frente del Ministerio de Fomento está Íñigo de la Serna que ha optado por integrar en el programa del departamento las más diversas demandas que llegan desde las comunidades autónomas. La economía crece, el Ejecutivo de Rajoy está en una etapa expansiva de gasto y la autopista del Huerna es un caso evidente de agravio comparativo. Para lograr el objetivo es preciso que el Gobierno regional, los grupos parlamentarios y los agentes económicos y sociales hagan piña en torno al rescate del peaje. Si los ciudadanos ven que hay unanimidad en las instituciones y grupos de interés, llegará el momento de exteriorizar en la calle la demanda.

El próximo año hay elecciones autonómicas, municipales y europeas, tiempo propicio para airear la propuesta. Tal como va el curso de la política nacional es muy probable que también se convoquen, anticipadamente, las elecciones generales. Los partidos que no lleven el rescate del Huerna en el programa se verán señalados por la opinión pública. Fernando Lastra tuvo el don de la oportunidad al plantear la propuesta: ahora o nunca.

Es importante que los grupos políticos no se traben en un debate sobre culpas y errores. En el pasado se hicieron muchas cosas mal, pero ahora toca cerrar filas porque tenemos la ocasión de subsanar las equivocaciones. Los que se dedicaban a otras cosas, tiempo tendrán de recordarles a los políticos sus meteduras de pata.

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DEUDA, ENFERMEDAD SILENCIOSA
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Juan Neira | 18-02-2018 | 1:45| 0

Las deudas inquietan, preocupan, a escala personal, familiar y deportiva (cuando penden sobre el club de nuestros amores), pero importan un comino cuando la deuda es del Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento. La deuda pública es deuda de nadie.

Una visión subjetiva que viene alimentada por el hecho de que jamás nos enteramos de cuándo ni cómo se paga. El paro y la inflación son los únicos indicadores económicos negativos que el ciudadano somatiza. El resto forma parte del farragoso debate político. Qué error.

España debe más que nunca. Una cifra inmensa, 1,14 billones de euros. Hace diez años debíamos una tercera parte. En cuestión de endeudamiento siempre estamos peor que ayer y mejor que mañana.

Uno entiende que en los peores años de la crisis económica (2008-2014) las deudas subieran como la espuma. La recaudación fiscal se había hundido y había que acudir a los acreedores para pagar las facturas, desde las nóminas de los funcionarios hasta las medicinas, el mantenimiento de las carreteras o la Dependencia. El recurso al crédito no es una operación banal, porque se contrae el compromiso de pagar intereses durante largos años, pero hay gastos necesarios que no se pueden evitar.

Crítica

A mi entender, la crítica al endeudamiento se hace particularmente pertinente a partir de 2014, cuando empieza a crecer el PIB, aumenta el empleo y con una deuda que superaba el 99% del PIB seguimos llamando alegremente a la puerta de los acreedores. Antes nos endeudábamos por necesidad, a partir de 2014 lo hacemos por rutina.

Las alarmas se disparan cuando el Banco de España nos informa que en el último año, con un crecimiento del PIB superior al 3%, se ha acelerado el ritmo de crecimiento de nuestras deudas. En doce meses la montaña de la deuda se ha incrementado en 37.424 millones. En los años más duros de la crisis, con Rajoy de presidente de Gobierno, la deuda del Reino de España (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) crecía a razón de 10.000 millones cada trimestre. En 2017 lo ha hecho a un ritmo de 9.360 millones cada tres meses.

Resulta desconcertante comprobar que el aumento del endeudamiento es casi igual en la etapa en que se habían reducido al mínimo los ingresos fiscales (las administraciones no tenían capacidad de pago) que en la actualidad, cuando la recaudación fiscal está en máximos históricos.

Nunca se recaudó tanto por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco). Sólo el Impuesto de Sociedades aporta ingresos por debajo de los años previos a la crisis, pero tiene razones para ello, ya que el gravamen se bajó diez puntos porcentuales.

Soy consciente de que las deudas, como la grasa corporal, una vez que se instala tiende a perpetuarse porque se suman los vencimientos de pago y los intereses, siendo difícil rebajar ambas variables a la vez, pero la culpa está, sobre todo, en la forma de gestionar que tienen nuestros políticos. Una comparación lo ilustra a la perfección. Basta cambiar de gestores para apreciar las diferencias. Veamos.

Privada

Cuando se inicia la crisis, la deuda privada (familias y empresas) alcanzaba el 200% del PIB. En esa fecha la deuda pública era del 39,4% del PIB. Tras nueve ejercicios consecutivos apretándose el cinturón, familias y empresas tienen un endeudamiento del 137% del PIB; redujeron las deudas en 570.000 millones de euros. Sin embargo, las administraciones públicas aprovecharon los nueve años para aumentar la deuda hasta rozar el 100% del PIB.

Podemos decir que el ajuste, en España, lo hizo el sector privado, con pérdida de empleo, rebaja de rentas salariales y de excedentes empresariales, enajenación de patrimonio y descenso del consumo. Un empobrecimiento a ojos vista, mientras las administraciones públicas mantenían su tren de vida.

Hay datos aislados que pueden valorarse como anecdóticos, pero resultan, a la vez, reveladores y misteriosos. Pese a la política de reponer únicamente el 10% de las plazas de las jubilaciones del sector público, hay alguna consejería del Principado que tiene a 1.500 trabajadores más que al empezar la crisis. Hasta la propia oposición ignora el dato.

Lo más curioso es que el Gobierno de España sabe cómo rebajar la deuda de las administraciones. Con un par de normas, el Ministerio de Hacienda logró que los ayuntamientos reduzcan todos los años el nivel de endeudamiento. En 2017, rebajaron los números rojos en casi el 10%. Ya deben menos de 30.000 millones. Van de superávit en superávit.

Sin embargo, las comunidades autónomas tienen barra libre, porque reciben créditos del Estado con un interés del cero por ciento y no tienen ningún miedo a la insolvencia, ya que el acreedor es el Gobierno.

El problema del Estado estriba en que la mitad de sus deudas están en manos de acreedores extranjeros, los mismos que asfixiaron a Grecia cuando vinieron mal dadas.

Con los tipos de interés en mínimos históricos, la deuda es una enfermedad silenciosa de la que no nos vamos a curar porque no nos sentimos enfermos. Ni Rajoy ni Javier Fernández ni el alcalde de turno piensan en ella: tira p’alante que libras. Los irresponsables de hoy son los insolventes de mañana.

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EL PEAJE, AHORA O NUNCA
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Juan Neira | 18-02-2018 | 1:43| 0

En la Junta General del Principado, Fernando Lastra ha planteado, oportunamente, la necesidad de exigir al Gobierno de España que rescate el peaje del Huerna. Dicho de otra manera: que los asturianos podamos transitar hacia la Meseta, o volver de ella, sin pagar tasas especiales, como hacen el resto de españoles que viven en las regiones periféricas. El consejero de Infraestructuras reactualiza una vieja aspiración de los asturianos al tener noticia de que el Gobierno de Rajoy ha decidido no prorrogar las concesiones de peajes en las autopistas que terminan su periodo de concesión en los próximos tres años. En el caso de la autopista del Huerna, la concesión vencía en el año 2021, pero el Gobierno de Aznar, inopinadamente, la prolongó por un periodo de 29 años, obligando a turismos, autobuses y camiones a seguir pagando hasta 2050 por cruzar la cordillera. Lastra resumió su propuesta con una frase movilizadora, digna de estar escrita en la pancarta que encabeza la manifestación: «Si España se queda libre de peajes en 2018, Asturias también».

Espero que todos los diputados apoyen la proposición del Principado. Es una demanda que nos beneficia a todos. A los que utilizan asiduamente la autopista del Huerna y a los que no circulan nunca por ella, ya que unos y otros pagan más caras las mercancías que vienen de otras regiones al llevar incorporado el peaje del Huerna en el precio. En la medida en que se pueda hablar de la competitividad global de las comunidades autónomas, habrá que dedicar una mención especial a la tasa del Huerna, que eleva los costes de todo lo que vende Asturias al otro lado del Pajares. Desde las bobinas de Arcelor hasta la leche de Capsa.

Hasta ahora, Asturias estaba en desventaja con el resto de regiones, pero el rescate del peaje en las autopistas que nacieron con el mismo plazo de concesión que la vía del Huerna, convierte el mantenimiento del pago asturiano en un agravio. Espero que la politiquería no frustre la respuesta unánime del Parlamento regional. El Gobierno central estaría feliz viendo cómo se enzarzan los grupos parlamentarios en un fuego cruzado con la mirada puesta en las elecciones del próximo año. A ver si las huestes de Mercedes Fernández se suman esta vez a la petición de anular el peaje, aunque la demanda pille a contrapié al Gobierno de Rajoy. Desde que Fernando Lastra asumió la cartera de Infraestructuras, en el Gobierno de Javier Fernández, además de funcionarios en excedencia, hay un político.

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LA FRONTERA DEL RIDÍCULO
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Juan Neira | 17-02-2018 | 12:01| 0

En la constitución de la comisión de investigación sobre la gestión de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, el PP ha cruzado la frontera del ridículo. La comisión fue propuesta por el partido de Mercedes Fernández, recibiendo el apoyo de Podemos y Ciudadanos. La propia Cherines comentó en la Junta de Portavoces que estaban interesados en presidir la comisión. Hasta aquí todo normal. Por razones inexplicables, el grupo parlamentario del PP cambió de idea y propuso a Rosa Espiño, diputada de Podemos, para presidir la comisión. Para justificar la disparatada maniobra, Matías Rodríguez Feito, diputado popular, aseveró que «tenían unidad de acción» con Podemos. Es de agradecer la aclaración, porque todos recordamos los ataques durísimos de Cherines a Podemos, descalificándolos por su ideología comunista, y distinguiendo entre IU, un partido con el que se puede dialogar, del grupo de los seguidores de Pablo Iglesias.

La lideresa no ahorró munición cuando tuvo que atacar a Podemos. Recuerdo aquella frase dura y cortante, «sus intervenciones me dan asco», que le dirigió en un debate sobre el Impuesto de Sucesiones a Enrique López, diputado del partido morado. Como la gaviota vuela en todas las direcciones, del asco hemos pasado a la unidad de acción.

El acto de constitución de la comisión fue propio de una comedia de enredo. Veamos. El PP hizo presidenta a Rosa Espiño (Podemos); la vicepresidencia fue para el socialista, Marcos Gutiérrez Escandón, apoyado por Foro e IU, y el puesto de secretaria recayó en Diana Sánchez, de Ciudadanos. El PP se quedó fuera porque se equivocaron al escribir el nombre de Gloria García. Ridículo completo: de tener la presidencia en la mano a quedar fuera del órgano que dirigirá las sesiones de trabajo.

Para rematar una jornada gloriosa, Matías Rodríguez Feito manifestó que «hemos sido testigos de una situación anómala, en la que Foro es capaz de juntarse con PSOE e IU». El citado diputado desconoce la cita evangélica, «¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo?». Después de haber formado un frente con el PSOE (¿unidad de acción?) contra el Gobierno de Cascos, el grupo de Cherines hizo lo que en ninguna comunidad autónoma realizó el PP: aprobar los presupuestos del Principado socialista para que no quedara sin oxígeno el Gobierno de Javier Fernández. Ahora, tras aliarse con Podemos, se atreven a hablar de situaciones anómalas.

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LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO
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Juan Neira | 15-02-2018 | 11:51| 0

El PSOE debatirá unas nuevas normas de funcionamiento en su comité federal. El máximo órgano del partido entre congresos va a ratificar o rechazar las propuestas de la comisión ejecutiva, donde la casi totalidad de sus miembros son declarados ‘sanchistas’. Las normas por las que se rige cualquier organización, lejos de ser neutrales sirven para reforzar las posiciones de poder de quien las propone, aunque este objetivo suele venir tamizado por el intento de alcanzar un amplio acuerdo. Solo en circunstancias singulares los que mandan desdeñan el consenso para confeccionar un traje a su medida. La anunciada ausencia de varios barones autonómicos a la reunión del comité federal (Susana Díaz, entre ellos) hay que entenderla como un gesto crítico ante las nuevas normas, pero Sánchez ya se encargó de acudir blindado a la cita tras la foto del abrazo con Felipe González.

Adrián Barbón presentó la adaptación de las normas federales a Asturias, donde consta que la candidatura autonómica (las tres circunscripciones) será elegida por la militancia, o que los cargos de concejal o diputado no pueden disfrutarse por un periodo superior a los doce años (los presidentes autonómicos o alcaldes no tienen plazo de caducidad). La normativa está impregnada del intento de empoderar a las bases, como dirían los chicos de Podemos. Cualquier pacto institucional con otros grupos debe ser ratificado por la militancia: la infantería del partido contra las baronías. Es evidente que se opta más por seguir un modelo asambleario de toma de decisiones que por confiar en un sistema de democracia representativa, donde los cargos públicos asumen la responsabilidad de hablar y decidir en nombre del partido. La apuesta por la interactividad, propia de la sociedad digital, va en apoyo de las reglas de Pedro Sánchez, pero en un partido tan institucional como el PSOE surgirán resistencias a su aplicación.

En la propuesta de Adrián Barbón hay dos asuntos controvertidos: la potestad que se reserva la dirección para incluir a determinados afiliados en listas electorales y la compatibilidad entre cargos orgánicos e institucionales. Meter gente a dedo en listas es un gesto muy grosero cuando se quiere hacer un alarde de democracia dando atribuciones a las bases que nunca tuvieron. Al final el aparato, como siempre, exige su cuota de poder. La compatibilidad orgánica e institucional es el trampolín que necesita Barbón para encabezar la candidatura autonómica.

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