El Comercio
img
Autor: juanneira
LA RESPONSABILIDAD AJENA
img
Juan Neira | 02-01-2018 | 9:24| 0

A la oposición no le ha gustado el mensaje de fin de año del presidente del Principado. Desde la izquierda y la derecha se critica la petición a Mariano Rajoy para que negocie en Europa una flexibilización de las condiciones de cierre de las explotaciones mineras. Javier Fernández busca que 2018 no sea la fecha límite para la supervivencia de la minería y el PP dice que todo es por culpa del PSOE. Ramón Argüelles, coordinador de IU, culpa a los dos grandes partidos, y Emilio León, portavoz de Podemos, critica que la actuación del Principado se limite a confiar en los buenos oficios de Mariano Rajoy. En la defensa de los pozos de carbón, los principales partidos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) tienen un doble discurso, uno de corte inequívocamente reivindicativo que se utiliza en Asturias, y otro de carácter más realista, asociado a la lucha contra el cambio climático, que deja la minería española a los pies de los caballos. Bruselas conoce a la perfección esta realidad, de tal modo que cualquier postergación en el calendario de cierre de las explotaciones será ya un triunfo. Sobre este particular cabe añadir que las críticas realizadas a Javier Fernández se las pueden dirigir los portavoces de la oposición a los mandamases de sus propios partidos.

Hay otro enfoque crítico sobre el discurso de Javier Fernández que tiene más entidad. Los portavoces de la oposición dicen que el presidente del Principado echa balones fuera al hablar de la demografía, la financiación autonómica o la industria. En esos asuntos, señalados como «cuestiones clave» en el discurso de Fernández, la responsabilidad queda transferida al Estado o a las instituciones europeas. Es cierto que en la solución de los problemas de Asturias tiene mucho que decir el Estado y, también, la Unión Europea, pero no es menos constatable que el Gobierno asturiano tiene por norma hablar de la responsabilidad de las otras administraciones y no de la suya, y que en los discursos del Principado es muy infrecuente la asunción de compromisos propios para la resolución de problemas. El último ejemplo lo tenemos en las propuestas de resolución firmadas por los socialistas en el debate sobre el estado de la región que podían haber sido redactadas en forma de carta abierta al Gobierno de la nación. Hace falta un mayor compromiso del Principado para hacer creíbles los discursos y una mayor identificación con los intereses generales de la región por parte de todos los grupos políticos.

Ver Post >
EL RETORNO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
img
Juan Neira | 31-12-2017 | 6:15| 0

En el segundo semestre de 2017, Asturias volvió a reencontrarse con su gran argumento histórico. Dejó atrás un periodo largo de tiempo, una década perdida dando tumbos, ensayando nuevos discursos, buscando imaginarias Itacas que solo existen en la mente de cuatro descerebrados que desconocen nuestra idiosincrasia.

La escena pública asturiana vuelve a estar ocupada por las infraestructuras de transporte y la actuación del Estado, como motor de nuestra actividad y garantía de nuestros mejores sueños.

Me sorprende que nadie repare en el cambio de escenario, en la vuelta a la tradición, que es tanto como recuperar el discurso jovellanista de las comunicaciones asturianas y el peso del Estado, una auténtica constante en una región que mira permanentemente hacia la capital de España.

El proceso seguido tiene un cierto interés, porque ilustra sobre la inanidad de la clase política asturiana. Para percatarse de ello hay que despojarse de prejuicios y poner nombre a lo que sucede ante nuestros ojos.

Cuando estalló la crisis económica cambió el discurso político regional. Estábamos en una época de grandes inversiones; estatales, sobre todo, y también autonómicas. Al empezar a crecer el paro, las administraciones dieron un paso al frente y fabricaron aquellos planes, “E” (Zapatero) y “A” (Areces), dotados con muchos recursos, y orientados a dar ocupación a los parados, inaugurando la versión carpetovetónica de la doctrina keynesiana. El experimento duró un periodo muy corto de tiempo, pero fue suficiente para elevar el déficit público del Reino de España al 9,2% del PIB.

La prohibición

Abandonadas las obras, desiertos los tajos y multiplicados los concursos empresariales, el Principado y los principales ayuntamientos se quedaron sin ‘plan B’. No se podían anunciar grandes infraestructuras ni equipamientos ni edificios singulares. No había dinero para ello, pero el problema era más profundo: la prohibición provenía de la sociedad que censuraba al político que se atreviera a anunciar cualquier obra.

Como había que hacer algo, declararon como principal prioridad asturiana el empleo. Un exceso retórico porque nunca creció tanto el desempleo.

El cambio de situación hizo que presidentes, consejeros, alcaldes y concejales se cogieran al clavo ardiendo del gasto social. El eje del Gobierno asturiano pasó a ser el salario social. Una partida que tiene salvoconducto para crecer indefinidamente. En los discursos, la pobreza energética desplazó al mix energético, las becas de comedor y de libros ganaron en titulares al fracaso escolar, las ayudas de la dependencia fueron más demandadas que la penicilina, y el derecho a trabajar se transformó, directamente, en derecho a cobrar.

Un cambio copernicano en las prioridades, en un plazo breve de tiempo, que recibió un impulso añadido con la llegada estruendosa de Podemos a las instituciones, con los famosos, rescate social, plan de choque social y cheque social.

Este proceso trajo dos consecuencias en la política autonómica: reducir el empleo a letra pequeña, quedando como política específica del Gobierno central (nadie osa disputarle la competencia en la materia), y la incapacidad de los gobernantes para concebir proyectos. Este último mal también lo comparten los ayuntamientos.

Nadie es capaz de imaginar una carretera (hubo una época en que los alcaldes diseñaban playas), un auditorio, un instituto especializado en una materia científica, un programa de aprovechamiento de la riqueza forestal. Puestos a ignorar, los hay que no conciben la gratuidad en la etapa educativa de cero a tres.

Íñigo de la Serna

Y de pronto, del encefalograma plano asturiano nos rescató Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, que sin poses para la galería ni adornos innecesarios volvió al toreo clásico: 700 millones para el plan de vías de Gijón, 580 millones para las cercanías ferroviarias, recuperación del segundo túnel de la variante de Pajares con vías aptas para todo tipo de trenes, reactivación de la autovía a La Espina (Doriga-Cornellana, Cornellana-Salas), resurrección de la variante Norte de Oviedo, ejecución de los accesos a El Musel, plan de viabilidad para la Zalia, ampliación de la ‘Y’ entre Serín y Lugones, mejora de la A-8 entre Lloreda y Tamón, barco para la autopista del mar y un largo etcétera.

Del síndrome confusional autonómico, enmarañados en la política social del trasvase de dinero de unos ciudadanos a otros, hemos pasado al optimismo de las inversiones y las obras, de la mano del Estado. De 10 años de parálisis, con Ana Pastor incluida, al discurso de las obras (a no confundir con ‘Estado de obras’ de Gonzalo Fernández de la Mora) de Íñigo de la Serna.

Asturias cambia de ciclo gracias al Estado. Todavía hay diputados y concejales que se quejan por los plazos anunciados por el ministro y la falta de ambición de sus planteamientos. Se ve que les gusta más la ventanilla de la subvención.

Fernando Lastra, el político más inteligente del Gobierno asturiano, lo ha visto claro. No se despega del ministro; aplaude todo lo que dice. Espero que De la Serna tenga dentro de unos años una calle dedicada en varias urbes asturianas. Y una avenida en Gijón.

Ver Post >
ECONOMÍA, BIEN; POLÍTICA, MAL
img
Juan Neira | 30-12-2017 | 5:07| 0

Desde que llegó al poder el discurso de Rajoy se basa en los datos económicos. No consta que sea un aficionado a la ciencia económica ni que tenga conocimientos sólidos en la materia; aún así, la evolución de la economía se convirtió en la gran prioridad: al principio de su mandato por necesidad, al tener que reducir un déficit público que estaba por las nubes, y luego, a partir de 2013, lo utilizó como argumento para tapar la boca a la oposición, que no hacía otra cosa que sacar a relucir los escándalos de corrupción del PP.

Al hacer un resumen del año que termina el presidente dijo, como era de esperar, que lo mejor de 2017 habían sido los indicadores económicos: crecimiento del PIB del 3,1%, creación de 600.000 empleos y reducción del déficit público por debajo del 3%. Mientras los frutos económicos avanzaban, la política española empeoraba con la crisis catalana, la decadencia electoral del PP y la dificultad que tiene el Gobierno para no quedar aislado en el Congreso de los Diputados. De estas cosas no le gusta mucho hablar a Rajoy, que prefiere recrearse diciendo que España es el gran empleador de los países de la OCDE. El presidente prevé que en 2020 el paro habrá descendido al 11% y que en la nación habrá veinte millones de personas empleadas. Volveríamos así a los grandes registros del primer mandato de Zapatero, cuando la economía crecía empujada por la fiebre del ladrillo.

La creación de empleo y los parabienes de la Comisión Europea no han impedido que el PP quedase con cuatro diputados en el Parlament, una cámara legislativa de 135 escaños. El problema de Rajoy es político y para solucionarlo necesita triunfos en esa área. El presidente va a intentar, otra vez, la aprobación de los presupuestos para 2018 a partir del acuerdo con Ciudadanos y PNV. Duele tener que pactar con el partido que le ha quitado la mayor parte de los votos en Cataluña, pero fuera de Albert Rivera no va a encontrar mucha comprensión para sus planes. La cuestión del PNV es distinta. El PP acaba de abstenerse en el Parlamento de Vitoria para permitir que el Gobierno de Urkullu tenga presupuestos, así que cabría esperar un cierto entendimiento con el PNV, pero los nacionalistas están acostumbrados a un intercambio desigual: recibir abrazos y dar tortas. Este invierno habrá que abordar otros asuntos, como la reforma de las pensiones y el nuevo modelo de financiación autonómica. Rajoy cuenta con ideas y dinero, pero necesita socios para evitar la imagen de la soledad.

Ver Post >
DOS CARAS DE LA PRÓRROGA
img
Juan Neira | 29-12-2017 | 7:15| 0

El Principado valora en 267 millones de euros el impacto negativo de la prórroga presupuestaria. Ese sería el dinero que se pierde. No siempre ha sido así, porque según la Sindicatura de Cuentas, en el año 2016, otro ejercicio con presupuestos prorrogados, la cuantía de la prórroga excedió en 22 millones al propio presupuesto. Un asunto realmente extraño, aunque la política asturiana es fecunda en excentricidades. Lo que no negó la Sindicatura de Cuentas es que las prórrogas conllevan un retraso en los proyectos a realizar. Todo se hace más lento, algo particularmente grave al estar hablando de una región, como la nuestra, donde se firmaron expropiaciones de fincas para construir la variante de Pajares allá por el año 1980 o 1981, y 37 años más tarde, tras invertir más de 3.000 millones de euros en horadar la montaña, todavía no pasó ningún tren por los túneles.

Dolores Carcedo, consejera de Hacienda y Sector Público, anunció que el Gobierno va a pedir créditos por valor de 90 millones de euros. No sabemos su destino concreto, aunque a lo largo del año se asignará una cantidad de millones igual o mayor para pagar las facturas del gasto sanitario. Como la oposición va a aprobar esos créditos extraordinarios, el impacto negativo de la deuda se reducirá notablemente o desaparecerá. El verdadero daño de la prórroga es de carácter político, siendo muy relativas las consecuencias económicas. El rechazo de las cuentas implica desconfianza hacia el Gobierno y muestra palpablemente que el Ejecutivo está en minoría en la Cámara.

En la prórroga aprobada va incluida la partida de la deuda. Cristina Coto afirmó que si el Gobierno se endeuda sin autorización parlamentaria, Foro ejercerá acciones penales contra el Gobierno. Sobre este asunto, la Sindicatura de Cuentas ha reiterado que es preciso solicitar el plácet de la Junta General del Principado. También señaló que las peticiones de deuda deben llevar especificado el gasto o la inversión que financian. En resumen, hay materia para litigios legales y para debates parlamentarios. Cualquier alternativa es mejor que dar la espalda a las recomendaciones de la Sindicatura, porque para actuar así es mejor cerrarla y nos ahorramos unos cuantos millones de euros que nos cuesta cada año el control del sector público. La oposición tiene mucho que decir sobre todo esto.

Ver Post >
SÍNDICOS E INTERVENTORES
img
Juan Neira | 28-12-2017 | 7:22| 0

El informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de los recursos públicos del Principado en 2016, que ayer conocíamos en estas mismas páginas, estuvo precedido de unas alegaciones del Principado en las que descalificaba las valoraciones de la Sindicatura por cometer errores de bulto, tales como computar dos veces los mismos créditos; o por referirse a los avales de la Zalia y Sogepsa, como si fuesen dos sociedades de futuro incierto, cuando los avales correspondían a ejercicios lejanos (2007, 2009 y 2010) en los que la ZALIA y Sogepsa no soportaban pesadas deudas; o por hablar de opacidad de la deuda por no tener asignados los gastos concretos que cubría, cuando la deuda se aprueba de forma genérica sin tener carácter finalista. En resumen, la Sindicatura y el Principado tienen criterios diametralmente opuestos sobre la legalidad o ilegalidad de la gestión regional, porque tal parece que están hablando bajo el amparo de distintos ordenamientos jurídicos.

Ante nosotros una discusión apasionante entre síndicos (técnicos de la Sindicatura) e interventores, que es tanto como decir dos castas funcionariales, que tienen sus piques profesionales, su forma de interpretar las leyes y su manera de servir a sus señores. Un debate ajeno a la opinión pública que conoce los políticos que elige para gobernar las instituciones, pero ignora todo lo que tiene que ver con el alto funcionariado que permanece trienio tras trienio santificando o demonizando la gestión de los gobiernos.

Ayer leíamos perplejos los datos de la asilvestrada gestión presupuestaria del Principado y hoy, con no menos asombro, vemos cómo la Administración autonómica pone a la altura del betún la forma de trabajar de la Sindicatura. No pasa nada. Ningún responsable del Gobierno socialista se siente concernido: son cosas de técnicos; se trata de disquisiciones teóricas. Si lo que dice la Sindicatura no tiene ninguna trascendencia y puede quedar desactivado por el interventor de turno, entonces hay que cerrar el negocio. Para analizar las cuentas ya está el Tribunal de Cuentas, que no le tiene miedo al Principado ni le debe ningún nombramiento. No tiene sentido pagar suculentos sueldos a decenas de personas para que hagan un trabajo sin consecuencias prácticas. Uno de los males de nuestra democracia está en la debilidad de los organismos de control y regulación. El Principado puede hacer lo que no se le permite al Ayuntamiento de Yernes y Tameza.

Ver Post >
Sobre el autor Juan Neira

Otros Blogs de Autor