El Comercio
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Autor: juanneira
POBRE CONSUELO
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Juan Neira | 19-09-2007 | 12:12| 0

Jaime Rabanal lanza un mensaje tranquilizador a la opinión pública, afirmando que los compromisos de Zapatero con Cataluña, respaldados por los Presupuestos Generales del Estado, no ponen en riesgo las inversiones del Gobierno central en Asturias. El consejero de Economía asegura que se trata de proyectos firmes y consolidados, así que la viabilidad de las actuaciones está asegurada.
Estamos envueltos en una atmósfera política tan especial, donde sólo importan los intereses de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que es probable que muchos ciudadanos se queden reconfortados con las declaraciones de Rabanal. Si la autovía del Cantábrico progresa, si se construye la variante de Pajares, si la nueva vía de La Espina a Ponferrada cuenta con respaldo presupuestario, el futuro está asegurado. Es una forma infantil de pensar, que trata de olvidar la complejidad de las cuentas del Estado para concentrarse en las licitaciones de una autovía o un ferrocarril. La cultura económica afianzada en tres décadas de democracia la estamos mandando al vertedero, al creer que la bondad del Gobierno se mide por la prodigalidad del gasto. Mientras aumente la recaudación fiscal se pueden hacer muchas promesas, pero el día que bajen el empleo y el consumo, todo el invento se vendrá abajo.
El acuerdo de Zapatero con Cataluña no pone en peligro la variante de Pajares, sino el equilibrio económico del Estado. De una sola tacada los catalanes han sacado 826 millones de euros adicionales para el año en curso, y la fórmula de cálculo que posibilita esa plusvalía la van a aplicar hasta el año 2013 recibiendo por adelantado lo que el Estado les iba a dar en 20 años. Dice Álvaro Cuesta que no hay problema, que todo está bajo control, porque lo que se invierte en Cataluña es lo que se amortiza de deuda pública. Ahí es nada, el saneamiento de las cuentas del Estado se destina a Cataluña, de forma que el superávit presupuestario quedará comprometido o muy reducido. Ahora se puede comprobar cómo el “Estatut” no era sólo una soflama identitaria sino una pesadísima carga para lar arcas del Estado. Ante este panorama, no cabe hacer argumentaciones en clave autonómica, porque lo que está en riesgo es la solidez de la casa común.

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CONTROL DE PANTALLA
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Juan Neira | 18-09-2007 | 12:07| 0

El PP ha decidido tomar asiento en el consejo de administración del Ente Público de Comunicación del Principado (la televisión autonómica). Desde la constitución del Ente, el PP se mantuvo ausente del consejo, como forma máxima de rechazo a un invento al que siempre se habían opuesto. Ahora decide participar en el órgano, aprovechando que van a tener tantos vocales como los socialistas: siete, el PP y el PSOE, y uno de IU. El consejo de administración reproduce la correlación de fuerzas del Parlamento.
Los populares justifican la entrada en el Ente argumentando que desde fuera no pueden controlar la televisión autonómica porque carecen de información. No han cambiado la posición de partida, al asegurar que los medios públicos de comunicación del Principado son un lastre para la economía regional. Se trata de una medida pragmática: entrar para controlar.
Ovidio Sánchez afirmó durante la campaña electoral que privatizaría la televisión autonómica. De haber ganado, quizás hubiese llevado a cabo la medida. Cualquier líder político es libre de tener ideas propias. Sin embargo, las referencias lógicas de Ovidio Sánchez, que son las comunidades gobernadas por el PP, no han escogido ese modelo, y tienen su propia televisión con doctrina incorporada. Cuando un periodista flaquea desaparece de la pantalla. Ahí está Germán Yanke que no le duró muchos telediarios a Esperanza Aguirre, la campeona del liberalismo. En el caso asturiano, la polémica sobre la televisión ha remitido, porque la oposición pensaba que se iba a encontrar con un canal muy agresivo, muy de partido, y ahora se encuentra un tanto desorientada. ¿Cuánto tiempo estará la televisión fuera del debate político? Ante un curso tan duro como el que se avecina, es difícil que la televisión quede libre de críticas. La propia composición del consejo de administración, con mayoría de la oposición, puede ser un elemento clave para animar el debate. No se acerca un tiempo favorable al consenso, así que la duda está en saber si IU mostrará más afinidad con el modelo de televisión de Areces o con las críticas del PP. En este campo, como en otros, los socialistas tendrán que demostrar que tienen cintura y que saben maniobrar en inferioridad de fuerzas.

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POSICIÓN ANTE ASTURIAS
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Juan Neira | 17-09-2007 | 12:31| 0

Las organizaciones políticas asturianas se preparan para las elecciones generales del próximo mes de marzo, barajando nombres y propuestas. A escala nacional el enfrentamiento entre el PSOE y el PP promete ser más caliente que nunca, porque esta vez pueden derivarse consecuencias distintas para la política española según le toque a uno u otro partido gobernar. No sólo está en juego la cuestión del poder – quién va a mandar- sino las cosas que se van a hacer desde el Gobierno. La izquierda y la derecha se parecen como dos gotas de agua en el manejo de la economía, pero en el diseño territorial hay diferencias sustanciales. Esta valoración queda atemperada si la victoria electoral se produce por mayoría relativa, ya que los pequeños partidos, todos ellos tocados por el síndrome del nacionalismo o regionalismo, serán una pieza clave para que Zapatero o Rajoy logren ser investidos como presidentes. Con la excepción del segundo mandato de Aznar, los nacionalismos periféricos han sido en los últimos quince años el árbitro de la política española.
Los gobiernos de Aznar y Zapatero no han olvidado a Asturias, aunque mucha gente considere lo contrario y ensaye un discurso victimista. El mejor ejemplo son los dos últimos planes de la minería que superaron las previsiones más optimistas. La diferencia entre Zapatero y Rajoy puede estar en la relación que entablen con el Principado. En el actual mandato, la colaboración entre las dos administraciones (central y autonómica) es óptima. Tal vez un hipotético gobierno presidido por Rajoy también sea capaz de llegar a acuerdos con el Principado. Algunas de las ideas que baraja el PP para Asturias son muy interesantes, entre ellas, el AVE del Cantábrico. No obstante, cuando se acerque la cita a las urnas, sería bueno que Rajoy expresara en Asturias su ánimo de concertar políticas, porque algunos hechos ocurridos en el último mandato de Aznar fueron lamentables. Lo ocurrido con los enlaces de la autovía minera clama al cielo.
PSOE y PP se juegan el gobierno y no pueden perder ni un voto en Asturias. Aún así, sus políticos con más tirón (Álvarez-Cascos, Gabino de Lorenzo, Álvarez Areces y Javier Fernández) no entrarán en contienda. ¿O alguno de ellos va a hacerlo?

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EL MÉDICO
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Juan Neira | 16-09-2007 | 12:52| 0

El caso del doctor Andrenio se convierte en el primer test del mandato para la Consejería de Salud

Unos días después de que se formase el actual Gobierno regional tuve la ocasión de preguntarle a un diputado socialista sobre quiénes eran, a su entender, las personalidades relevantes del nuevo Ejecutivo. Sin vacilar, me citó en primer lugar a Ramón Quirós, el consejero de Sanidad, del que no descartaba que pudiese cometer errores, pero serían “sus errores”, porque el flamante consejero “tiene criterio propio y experiencia”, añadió. En efecto, experiencia no le falta a Ramón Quirós, que fue en la primera legislatura del presidente Areces, Director General de Salud Pública, mano derecha del entonces consejero, Francisco Sevilla.
Contar con ideas propias no es una mala cosa para la Sanidad asturiana, porque seis años más tarde de haber realizado la transferencia de competencias el presupuesto de la Consejería de Salud aumentó en un tercio, las listas de espera crecen y el Gobierno regional tuvo que sufrir dos huelgas que terminaron con sustanciosos incrementos salariales para los profesionales de la Sanidad. Seis años de Sanidad descentralizada (otras nueve comunidades asumieron la competencia simultáneamente con Asturias) han servido para demostrar que ese servicio público tiene capacidad para comprometer las finanzas autonómicas. En nuestro caso, también quedó claro que no se puede gestionar por el método de asumir órdenes, sino que hace falta que los consejeros de Sanidad tengan proyectos y equipos propios.
Un par de detalles, uno conocido y otro desconocido, sirvieron para recibir con optimismo los primeros pasos del nuevo consejero de Salud. En su toma de posesión, Ramón Quirós declaró que si el sistema no era capaz de acabar con las listas de espera, los pacientes acabarían marchando de la Sanidad Pública. Un diagnóstico exacto: hay otra Sanidad que se nutre de las ineficacias del sistema público. A medio plazo no hay monopolio sanitario. Una reflexión que vale para la Educación. El otro gesto consistió en responder con una negativa cuando la superioridad le pidió reubicar en el staff a determinado miembro del anterior equipo. Ideas claras e independencia de criterio.
Han bastado dos semanas de septiembre para que las buenas perspectivas trocaran en pesimismo. El problema ha llegado por un lado insólito: la fuerte medida disciplinaria contra un médico que goza del apoyo de sus pacientes. La Sanidad Pública recibe mil quejas de sus clientes, en Asturias y en todas partes. En los últimos años, la judicialización de las actuaciones médicas, en hospitales y centros de salud, supone un agobio para los profesionales y un quebradero de cabeza para los gestores del sistema. De alguna manera se puede decir que la sociedad acosa a la Sanidad. Pues bien, la Consejería de Salud ha decidido tomar una medida contundente en la dirección contraria, siguiendo el procedimiento poco habitual de sancionar antes de que se resuelva el recurso administrativo pertinente, a un profesional que ha sido avalado por 4.000 firmas en cuanto se supo que era trasladado de su puesto de trabajo y suspendido de empleo y sueldo por tres meses.
En estas líneas se mantiene una perspectiva estrictamente política, sin entrar a considerar las fricciones del médico con el personal sanitario de su centro de trabajo. En cualquier caso, no creo que de la peripecia concreta sea fácil deducir un juicio acusatorio, cuando la inspección sanitaria de Gijón concluyó su investigación sin cargos contra el profesional. Pero vamos al lado político del asunto.
Frente al prejuicio de que la Sanidad, como el Ejército, es principalmente un arsenal tecnológico, un conjunto de máquinas que sanan al paciente movidas por unos profesionales que están en segundo plano, se alza la realidad del capital humano, como principal e indiscutible activo de la Sanidad. Gestionar un servicio de salud es sobre todo realizar una gestión del personal, de modo que la demanda de los pacientes sólo será cubierta cuando se haya logrado implicar a los profesionales en la consecución de los objetivos fijados.
Desde que la Sanidad está en manos del Principado se intenta ampliar la jornada asistencial con trabajo de tarde, y resulta que cuando un médico extiende voluntariamente su horario de consulta, los pacientes ven cómo es calificado de conflictivo y, posteriormente, sancionado. Acabar con las listas de espera, objetivo fijado por el consejero, Ramón Quirós, obligará a copiar los métodos de trabajo del doctor Luis Andrenio González.
La valoración que hace la gente es un elemento esencial a la hora de juzgar el problema. Las pautas generales que sigue la Administración al relacionarse con el público no son enteramente trasladables a la Sanidad, como tampoco sirven para la Educación. Los pacientes son parte activa del sistema, de modo que las cosas irán bien cuando jueguen un papel adecuado. Si todo el mundo fuma dos cajetillas diarias no sirve para nada contratar a más médicos del pulmón. Si un médico goza del apoyo incondicional de los enfermos, resulta una pésima decisión cambiarle del puesto de trabajo. ¿A quién se castiga?
Hay un punto oscuro, realmente inquietante, en el expediente administrativo, que tiene que ver con la insistencia en proceder a reconocimientos médicos-laborales al doctor cuestionado. El Principado debería ser extremadamente cuidadoso antes de dar un paso así. La salud es un asunto estrictamente privado, que no debería introducirse como argumento en la resolución de un problema laboral. Antes de optar por esa vía, deberían preguntarse los responsables de la Consejería a cuántos médicos del Principado se les ha suspendido tres meses de empleo y sueldo por mantener una discusión con otro trabajador, por muy inconvenientes que fueran las palabras empleadas.
Ramón Quirós, consejero con personalidad e ideas propias, no debería asumir toda la herencia del consejero Sariego. Al igual que no aceptó reubicar en la consejería a un antiguo directivo, tampoco tendría que avalar una decisión disciplinaria concreta que presenta tantas sombras como zonas de luz. Y por último: transparencia. Cuando la polémica está en la calle, el Gobierno tiene que dar la cara, sin esperar a que la oposición le reclame en el Parlamento.

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SUELDO, COSTE POLÍTICO
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Juan Neira | 15-09-2007 | 12:22| 0

El PSOE quiere acordar criterios para fijar los salarios de los ediles, pero no ve factible la determinación de los sueldos por ley. Ante la pretensión de establecer una regulación desde el Congreso de los Diputados se alza la doctrina del Tribunal Constitucional que aprecia en ello un ataque a la autonomía municipal. Los ayuntamientos o las diputaciones son instituciones soberanas, que no admiten tutelas, así que la fijación de los salarios corresponde a las propias instituciones locales.
Las cautelas expuestas por Álvaro Cuesta se completan con la decisión de fijar orientaciones o directrices sobre las nóminas de los ediles, pero sin poner topes concretos a la cuantía de los salarios. El diputado socialista considera que este asunto se debe resolver en la Federación de Municipios.
Bien, pese a los intentos de IU, las cosas están más o menos donde siempre estuvieron: los sueldos de los alcaldes los establecen los plenos de los ayuntamientos, así como los de los concejales, o los asesores, categoría esta última de gran predicamento en las comunidades gobernadas por los nacionalistas y que ahora se ha extendido por todos los rincones del mapa, de modo que para gestionar cualquier cosa hace falta tener al lado un asesor con 45.000 argumentos (euros). Si no se puede aprobar una ley para evitar abusos económicos, menos factible va a ser hacerlo a través de la Federación de Municipios, que no pasa de ser un lobby para presionar al Gobierno central sobre las ayudas que debe dar a los ayuntamientos. Todos los miembros de la Federación de Municipios están interesados en gozar de gran libertad para fijar sueldos, así que confiar en la autorregulación es un brindis al sol. Además, es difícil decirle a un alcalde que se baje el sueldo, cuando, por ejemplo, los eurodiputados, sin dar la cara ante el electorado y sin responsabilidades de gestión, ganan dinero hasta viajando en avión. Aquí la única solución pasa por devolverle la capacidad de decisión al ciudadano, convirtiendo el asunto en un tema electoral. Me explico. El día que uno de los dos grandes partidos lleve en su programa el sueldo máximo para sus alcaldes obligará al otro a hacer lo mismo, y de la competencia, como siempre, nace la bajada de costes.

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