El Comercio
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Autor: juanneira
NUESTRA ZONA CERO
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Juan Neira | 11-09-2007 | 12:16| 0

Un fallo técnico ha impedido a ETA cometer un atentado en Logroño con un coche-bomba, cargado con más de 60 kilos de dinamita. Tres meses después de dar por concluida la tregua, la banda terrorista sólo logró atentar contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Durango. En ese tiempo la Policía ha detenido a una veintena de terroristas, algunos de ellos, apresados en Francia, pueden ser condenados a cadena perpetua.
En la víspera del frustrado atentado de Logroño, la banda dio a conocer un nuevo comunicado en el que reitera todos los tópicos de la siniestra organización. ETA, con el comunicado y los coches-bomba, vuelve a su práctica habitual, y ahora hace falta que el Gobierno dé un paso al frente y devuelva a la ilegalidad a los amigos de los terroristas, que se cobijan bajo las siglas de Acción Nacionalista Vasca y del Partido Comunista de las Tierras Vascas. No caben ambigüedades. El tiempo del alto el fuego indefinido, las conversaciones con terroristas moderadas por organizaciones internacionales, las promesas de paz, etcétera, ya ha quedado atrás, así que hay que poner en funcionamiento todos los mecanismos de defensa de la democracia. La Justicia ha puesto en su sitio a Otegi y De Juana, ahora es preciso que los profesionales del tumulto y del acoso a los alcaldes leales con la Constitución queden fuera de la legalidad.
Hoy se cumplen seis años del derribo de las Torres Gemelas, el acontecimiento público que marcó el inicio del siglo XXI, que hasta entonces sólo era una novedad de calendario. En los países democráticos el terrorismo se quedó sin cómplices. Lo que ocurre en el País Vasco es una completa excepción, porque el desarrollo económico, social, político, cultural de la sociedad vasca entra en contradicción con el grupo de encapuchados y sus compinches. En cualquier país hay vestigios del pasado, y en el País Vasco esos rescoldos afectan a la vida política, con el terrorismo y sus plataformas institucionales. La represión del franquismo contra el vascuence y el poso de irracionalismo y sentimentalismo (¿es lo mismo?) de la sociedad preindustrial vasca armaron al primer comando. Hoy, todo está listo para pasar página. Sólo hace falta que los gobiernos de Madrid y Vitoria se lo crean.

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LA EXCEPCIÓN DEL HUERNA
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Juan Neira | 10-09-2007 | 12:20| 0

El Principado no está dispuesto a participar en la financiación del rescate del peaje del Huerna. Esa tarea la deja en solitario para el Gobierno central. El rescate del peaje fue una promesa de Zapatero y la competencia sobre la red de infraestructuras de transporte de carácter nacional corresponde al Gobierno de España, así que es difícil criticar la posición del Principado. Sin embargo, en Galicia, la Xunta participa en la amortización de dos peajes que hay en la doble calzada de la fachada Atlántica, uno en la provincia de La Coruña y el otro en Pontevedra. La financiación de esa iniciativa le supone tres millones de euros al Gobierno gallego, cada año.
Como el rescate del Huerna supone 1.300 millones de euros, el Principado carece de capacidad económica para asumir el 50% de esa cantidad (el otro 50% le pondría el Gobierno central). Al propio Gobierno de España le resulta muy gravoso anular el peaje y por eso opta por pequeñas reducciones. En la opinión pública ha calado la idea de que se trata de un incumplimiento de Zapatero, y los ánimos están calientes para cobrarle esa deuda. Es conocido que a los gobernantes sólo se les penaliza retirándoles el voto, así que los socialistas temen que el peaje del Huerna se convierta en un peaje en las urnas.
El incumplimiento de la promesa realizada por Zapatero, en Gijón, es flagrante, así que el Gobierno sólo puede tomar la iniciativa en el debate ampliando el contexto. Verbigracia. El Gobierno no había prometido una vía de La Espina a Ponferrada, y ahora va a firmar el convenio con las administraciones autonómicas de Asturias y Castilla y León, para construirla. Tampoco había asumido una autovía entre La Espina y Valdés, comunicando el interior con la costa, y ahora va realizarla. Estas dos nuevas propuestas elevan la factura asturiana en casi 1.000 millones de euros. Si se introduce en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) la iniciativa del Principado de construir una carretera por debajo del Fito, comunicando Colunga y Parres, ya nos aproximamos a los 1.300 millones de euros del rescate del peaje del Huerna. Quiero decir que el incumplimiento del Huerna no se produce en un contexto de desatención del Gobierno hacia Asturias, sino en medio de un conjunto de iniciativas que van desde el sector energético (Plan de la Minería, regasificadora de El Musel), hasta la Sanidad (cofinanciación del Huca), pasando por las inversiones en infraestructuras de transporte. Hay que salir a la palestra para reconocer la promesa incumplida y los nuevos proyectos nuevos. O pueden callar los socialistas, como suelen hacerlo, y sufrir una nueva derrota en el frente de la opinión pública.
Uno de los últimos días de febrero de 1996, en vísperas de las primeras elecciones generales que ganaría Aznar, EL COMERCIO organizó una comida con los principales candidatos. La crítica del PP al Gobierno de González, en aquella comida, fue que no había construido Onzonilla-Benavente, una excepción a las vías de doble calzada que unían la periferia con Madrid. Años más tarde, esa barrera fue derribada por el PP para alzar otra invisible: 29 años más de peaje.

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LA POLÍTICA DE LA GOLOSINA
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Juan Neira | 09-09-2007 | 12:25| 0

Los malos augurios económicos para ciudadanos y empresas no afectan a la Administración que oferta pisos, ordenadores y libros

La economía vuelve al centro del debate político. Después de estar casi toda la legislatura discutiendo sobre reformas estatutarias que hacen crujir las vigas del Estado y entregados a negociaciones con terroristas que remueven los cimientos de la legalidad, llegan los malos augurios económicos para adelantar el otoño. Resulta que la creación de un tercio del empleo de la eurozona, la absorción de la mayor parte de la inmigración que llega a la UE, y el repetido superávit presupuestario, no tenían suficiente entidad para abrir periódicos y telediarios, pero la alargada sombra de los nubarrones financieros norteamericanos se basta por sí misma para situar las expectativas económicas españolas en el centro del debate nacional. Con los mejores parámetros económicos de la etapa democrática nos dedicamos a hablar de terrorismo y federalismo asimétrico, pero cuando el panorama económico empeora, nos ponemos a gritar sobre supuestos números rojos que están por llegar.
Un curioso asunto sobre el que deberían meditar los socialistas: ¿por qué son incapaces de marcar la agenda política? En esto se dan la mano Zapatero y Álvarez Areces. El cómodo apoyo parlamentario del que ambos han gozado durante los pasados años no les ha servido para dejar de gobernar a contracorriente, en España y en Asturias. Desde el año 2004, el PP, un partido aislado en el Congreso de los Diputados, se ha bastado él solito para llevar la iniciativa, forzando la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M, convocando más de media docena de manifestaciones multitudinarias a cuenta del matrimonio entre homosexuales, del traslado del Archivo de Salamanca a Cataluña, de la negociación con ETA, y del apoyo a las víctimas del terrorismo, etc. Ahora, al más leve indicio de desaceleración económica, Mariano Rajoy dicta sentencia: se ha terminado la herencia económica del Gobierno del PP. En Asturias, la iniciativa política tampoco corresponde al Gobierno, basta ver lo mal que lo pasan los socialistas en cuanto Gabino de Lorenzo les lanza una andanada.
Hasta la fecha, Zapatero ha contestado las críticas y recobrado protagonismo con promesas agradables a cuenta de la Hacienda estatal. Al empezar el verano se sacudió la ruptura de la tregua por ETA anunciando 2.500 euros por cada nuevo hijo, y estrena el curso político doblando el incremento de la cuantía de las pensiones mínimas. Dos medidas que significarán casi el medio billón de las antiguas pesetas. Una forma de hacer política que resulta contagiosa y encuentra epígonos a lo largo y ancho del mapa autonómico. La palma se la lleva Andalucía, con esa Ley del Derecho a la Vivienda que garantiza un piso en propiedad a todos los que ganen menos de 3.100 euros, sin pagar más de un tercio de sus ingresos. De cundir el ejemplo en otras regiones –que cundirá-, la Administración tendrá la obligación de darle un piso al 90% de los españoles. Carmen Chacón, la ministra de la Vivienda, apoya con entusiasmo la norma andaluza que resuelve su tarea, y Chaves inscribe la medida en un intento de redistribuir riqueza en años de superávit económico. Esto lo dice el presidente de la comunidad autónoma que recibe más dinero del fondo de Suficiencia (8.600 millones de euros al año), una cuenta de solidaridad para transferir dinero a las regiones que no pueden costear por sí mismas los servicios públicos (sanidad, educación, tercera edad). ¡Qué fácil es ser generoso con el dinero ajeno!
En nuestra región, ya pueden los padres de la más diversa condición social adquirir gratis los libros de texto de sus hijos, y todavía los jóvenes de menos de 35 años tienen pendiente recibir el ordenador del Principado, prometido por el presidente Areces en su rol de candidato electoral. En esta tendencia de gastar a manos llenas nadie está libre de pecado. Ahí están los catalanes, que pese a acusar de cicatero al Estado por su menguado apoyo, van por delante de todos en gastar. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el incremento del gasto de la Generalitat alcanza una cuota anual del 19,2%. Al final del año 2006, las comunidades autónomas ya debían cerca de diez billones de las antiguas pesetas, y todavía no se había puesto a funcionar la Ley de Dependencia.
LA SEDUCCIÓN
El consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, anuncia la confección de un Presupuesto para 2008, “social, expansivo e inversor”, con un crecimiento de las cuentas regionales del 6,5%, más del doble de lo que crecerá el PIB regional. Tras los ejemplos arriba citados, queda clara la paradoja del anticipado otoño: mientras los bancos endurecen las condiciones de gasto a empresas y particulares, el Estado y las comunidades autónomas multiplican las medidas sociales para que el ciudadano actúe electoralmente como un cliente. Si hay nubarrones sobre la marcha de la economía, la lluvia caerá sobre los ciudadanos, porque la Administración sigue con sus planes de gasto. PSOE y PP (basta ver las ofertas fiscales de Rajoy y las decisiones de Esperanza Aguirre) están metidos en una carrera de regalos para seducir al elector.
No es la primera vez que ocurre algo así. Cuando estalló la última crisis económica en España, en el año 1993, mientras un millón de trabajadores se iban al paro (3.000 nuevos desempleados cada día), las administraciones incrementaron un 20% sus gastos. El superávit del Estado el pasado año fue de 18.000 millones de euros, pero el gasto público desaforado puede acabar con el excedente. La subida del euribor encoge al padre de familia, pero no afecta a la Administración.
Aquí algo falla. O los pronósticos o las políticas. Si la crisis de los créditos hipotecarios de baja calidad no va a afectar a la economía española, carece de sentido hablar de incertidumbres o de agotamiento del ciclo económico. Pero si el problema del crédito en el mercado inmobiliario americano va a frenar el crecimiento de la economía española, lo que falla es la política, centrada en el gasto y en el anuncio de regalos fiscales. Entre dádivas continuas de gobernantes se ha moldeado una opinión pública que está dispuesta a obtener ventajas sectoriales o de grupo a costa de cargarse la economía nacional.

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LA REFORMA ES COSA DE TRES
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Juan Neira | 08-09-2007 | 12:50| 0

El Pleno de la Junta General del Principado dedicado a la festividad del Día de Asturias ha servido para confirmar que la reforma del Estatuto de Autonomía es la prioridad parlamentaria de la clase política regional. Los tres partidos representados en la Cámara están por la labor. Como casi todas las comunidades han iniciado el proceso de reformas estatutarias es normal que Asturias se sume a la tendencia general. Hasta aquí nada de particular. Otra cosa es la orientación que tome la revisión del Estatuto en nuestra tierra y los objetivos puestos en ella. Digo esto, porque en la intervención del líder de IU, Jesús Iglesias, se llegó a establecer una relación de causa a efecto entre contar con más autonomía y tener más empleo, mejor distribución de la riqueza y vivienda más barata. No creo que esos loables objetivos se alcancen por la vía de una reforma estatutaria, aunque la cuestión de los nuevos estatutos se ha desenfocado hasta hacer de las reformas un comodín válido para colmar cualquier aspiración ciudadana. Se pretende hacer creer a la gente que la explicitación de un conjunto de derechos es equivalente a disfrutarlos, como si el empleo, por ejemplo, pudiera crearse por ley.
Fernando Lastra ha repetido una idea expresada recientemente por Javier Fernández: no todo lo constitucionalmente posible es políticamente conveniente. Esta frase centra el debate sobre la orientación de la reforma. Frente a la idea de más patria, más autonomía, más carta de derechos, más competencias, etcétera, se alza la visión posibilista, en la que se busca un Estatuto a la medida de las necesidades regionales dentro de un Estado fuerte que aporte cohesión nacional. En la ponencia parlamentaria confrontarán esas dos orientaciones.
Joaquín Aréstegui realizó una intervención plena de sentido común, al vincular la reforma estatutaria a la mejor gestión de los servicios públicos, que es lo que buscan los ciudadanos. En esta ocasión, el PP desechó el discurso de igualarse en competencias con Cataluña. Una buena noticia para los intereses regionales que se completa con la acertada distancia que marcan los socialistas asturianos con la visión territorial de Zapatero, que a veces parece inspirada en el discurso de IU.

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El PEAJE ES POLÍTICO
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Juan Neira | 07-09-2007 | 12:16| 0

Seguimos conociendo datos sobre la futura rebaja del peaje del Huerna. El anuncio lo realizó Zapatero en la fiesta socialista de Rodiezmo, al asegurar que el próximo año habrá una bonificación para todos los vehículos que usen la autopista del Huerna. Luego, empezaron las matizaciones. La dulcificación del peaje no se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino a través de un fondo creado para rescatar los peajes que hay establecidos por la geografía española. ¿Llegará el dinero del fondo para atender todas las promesas realizadas por el Gobierno en las diversas comunidades autónomas? Ahora, el presidente Areces adelanta que habrá un tratamiento preferente para los habituales usuarios de la autopista. ¿No había dicho Zapatero que la rebaja era para todos?
Cada día sabemos algo nuevo, aunque desconocemos lo esencial: la cuantía de la rebaja. El Gobierno está haciendo los cálculos para fijar los porcentajes concretos, pero podría adelantarnos cuánto dinero va a dedicar a hacer menos gravoso el paso del Huerna. La idea de discriminar entre usuarios ya se aplica en la actualidad, al subvencionar a los transportistas, haciendo pagar todo el peaje al resto de conductores. Es posible establecer nuevas discriminaciones, con la puesta en circulación de bonos, pero no soluciona el fondo del problema. Se queja la gente que viaja, por razones laborales, con mucha frecuencia por la autopista, pero la barrera del peaje es también para el resto de la región, al penalizar la llegada de visitantes.
La verdadera solución está en rescatar el peaje, una medida muy costosa para la Administración. Sin embargo, en la actualidad, el peaje del Huerna es antes un problema político que económico. La mejor prueba de ello es que sólo empezó a debatirse del mismo cuando Zapatero lo convirtió en mercancía electoral. Poco antes, el Gobierno de Aznar había prolongado el peaje por 29 años, sin recibir críticas de los ciudadanos. Si el problema es político, lo que tenía que hacer el Gobierno es afrontarlo como tal: ¿rescataría el peaje Rajoy?. Los socialistas no saben pasar a la ofensiva, y cuando comprometen más gasto en infraestructuras o políticas sociales, lo hacen para acallar las quejas.

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