En la Junta, IU presentó una proposición de ley para que el director de la televisión regional sea nombrado por mayoría absoluta de la Cámara. Los socialistas respondieron con una proposición no de ley instando al Principado para que ponga en manos del Parlamento el nombramiento del director de la televisión, que sería elegido por mayoría cualificada (3/5). ¿Cómo interpretar este juego de propuestas?
Los dos grupos, PSOE e IU, están de acuerdo en que el director de la TPA lo nombre el Parlamento. La diferencia estriba en que IU quiere votarlo por mayoría absoluta (23 diputados), mientras que los socialistas prefieren una mayoría cualificada (27 escaños). Proponer una mayoría más exigente, por parte del PSOE, tiene una explicación: 23 escaños es una cifra que está al alcance del PP e IU, así que la oposición podría dirigir la televisión autonómica sin negociar con el Gobierno y con el grupo mayoritario de la Cámara. Los 27 escaños obligan a los dos grandes partidos a ponerse de acuerdo, algo que no beneficia a IU, o llegar a un consenso entre los tres. La opción de la mayoría cualificada evita sorpresas desagradables para el Gobierno, pero sobre todo es una garantía para el PP de que no habrá un director de “izquierdas” adoctrinando a la población con el dinero de todos, porque es necesario que sea elegido también con sus votos.
Tanta enjundia como todo lo anterior tiene la naturaleza de la propuesta parlamentaria, ya que IU presentó una “proposición de ley”, algo que se corresponde con la práctica habitual de los gobiernos, que tienen la iniciativa parlamentaria. No es la primera vez que ensaya IU este método, lo que significa el intento de gobernar desde la Cámara. Es una práctica legítima pero no se realiza en ningún Parlamento. Cuando un grupo de la oposición presenta proposiciones de ley es porque se cree respaldado por la Cámara, y el grupo que tiene ese respaldo permanente debe presentar alguna iniciativa para gobernar, algo que se consigue a través de una moción de censura. ¿Podría IU censurar a Areces con el PP? Sobre este equívoco se mueven las instituciones autonómicas en este mandato: los que pueden hacer leyes no pueden gobernar y los que gobiernan no tienen asegurado el control sobre las leyes.

Isidro Fernández Rozada se muestra disponible para encabezar la candidatura del PP al Congreso de los Diputados. El diputado popular lleva tres décadas al pie del cañón, así que no puede extrañar esta actitud suya de servicio para defender el pabellón del PP. Isidro es el militante más destacado de la derecha regional en toda la etapa democrática. Nunca tuvo la brillantez de Álvarez-Cascos ni la contundencia electoral de Gabino de Lorenzo, pero es el que más hizo por el partido, que primero se llamaba Alianza Popular y ahora Partido Popular. Cuando Isidro empezó a militar la causa de la derecha asturiana tenía pocos defensores, porque en una región con tanta industria, tanto sindicato y una destacada historia de oposición al franquismo, no era el mensaje de la Alianza Popular de Manuel Fraga el que resultaba más fácil de difundir.
El valor de la militancia de Rozada estriba en que siempre estuvo pegado al suelo del partido, extendiendo la organización, visitando los pueblos, dando ánimos después de las consabidas derrotas electorales. Para comprender lo ingrato de su tarea, baste recordar que le tocó luchar por su partido en una época en que la derecha gobernaba en España con otras siglas (UCD), y cuando AP logró, por fin, sacar cabeza y llegar a los 105 diputados, en el Gobierno estaba Felipe González respaldado por 202 escaños. Por si había alguna duda, cuando se inició la etapa autonómica los socialistas estrenaron la Junta General del Principado con 26 diputados. ¿Qué podía hacer Rozada en ese contexto?
Tres cosas. Una ya está contada: insuflar moral a los militantes y luchar por extender la organización. El liderazgo de la oposición asturiana lo realizó con dos instrumentos, un discurso populista, propio de la “derecha azul”, y una táctica de ficticia dureza con los socialistas, para disimular la entente de fondo con los gobiernos regionales. Rozada tenía un discurso solidario, de apoyo a los mineros y a los siderúrgicos, que siempre fue dominante en la derecha asturiana, muy dada al intervencionismo y sin apenas un barniz de ideología liberal. De una u otra manera, todos los dirigentes del PP asturianos se movieron siempre en esas premisas ideológicas, con la excepción destacada de Rodrigo Rato. A Rozada le tocó dar la cara en el tiempo de las derrotas y mantuvo el tipo como pudo, aunque nunca encarnó una alternativa de gobierno.
Isidro Fernández Rozada tiene méritos y experiencia para encabezar la lista al Congreso de los Diputados, pero no es el dirigente más adecuado para realizar esa tarea en la primavera del año 2008. Una cosa es apostar por una renovación radical, como hacía Alicia Castro en su discurso de despedida (descartaba a los dirigentes con dos derrotas electorales), y otra encarar el futuro con los rostros del pasado. La gente acude a los conciertos del “Dúo Dinámico”, pero no espera que haga aportaciones a la música Pop. Bien es cierto que la organización asturiana del PP no está sobrada de militantes destacados, pero poner de actualidad a los dirigentes de los años ochenta del siglo pasado es la mejor manera de enrocarse en el inmovilismo. La elección del cabeza de candidatura corresponde a la dirección nacional del PP, dentro de un sistema de consultas y propuestas con la dirección regional. Desde la crisis de Sergio Marqués, la cúpula nacional del PP no parece que haya entendido lo que le sucede a la organización asturiana de su partido. Ya va siendo hora de que afinen en los análisis y alienten la formación de una candidatura en la que ser “camisa vieja” no sea un valor absoluto, y el cribado de nombres no se haga siguiendo los intereses de las organizaciones locales.

El debate de los símbolos encubre dos formas de entender el Estado: un país descentralizado o una coordinadora de territorios
El llamamiento de Mariano Rajoy para honrar la bandera en el día de la Fiesta Nacional hubiera sido absurdo en cualquier país democrático, porque en ellos hay un consenso amplísimo entre ciudadanos e instituciones sobre banderas e himnos nacionales. A poco que se pongan un poco solemnes media docena de ingleses o alemanes, empiezan a cantar sus himnos patrios. La bandera es de todos, nadie se siente excluido de ella. Dentro de España, ocurre algo parecido en las comunidades autónomas gobernadas desde la transición por nacionalistas. La ikurriña representa a los vascos y la senyera a los catalanes, hasta el punto de servir de toalla en la playa o de repetir su combinación cromática en toda suerte de soportes: la fachada de una casa, las estructuras atirantadas de un puente o las paredes de un teatro.
Distinto destino tiene en España la bandera bicolor, la enseña nacional, que queda reservada para el mástil de edificios oficiales o competiciones deportivos. Desde la aprobación de la Constitución, tuvieron que pasar cuatro años para que fuese enarbolada por la gente, suceso ocurrido por primera vez en Sevilla durante la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, en 1982. A partir de entonces la bandera nacional ha ido ganando espacios, pero muy tímidamente, porque hay un gran prejuicio hacia ella, sobre todo por parte de la izquierda.
Rajoy colocó su mensaje en vísperas de la Fiesta Nacional, en un momento en que los nacionalistas radicales catalanes descubren el gusto iconoclasta, quemando fotos del Jefe del Estado, y el Gobierno vasco anuncia su hoja de ruta hacia la autodeterminación. La discusión sobre la bandera o sobre el Rey indica que, en el fondo, lo que está sometido a debate es la idea de España.
La España democrática, tal como quedó plasmada en la Constitución de 1978, fue admitida por la izquierda y la derecha. De ahí que la reivindicación de la República quedara convertida en recurso de nostálgicos. Sólo los nacionalistas vascos y catalanes –sobre todo los primeros- presentaron objeciones al modelo de Estado. Las primeras elecciones autonómicas otorgaron un gran poder institucional a los nacionalismos, circunstancia que atemperó el desencuentro sobre la forma de Estado. El PNV y CiU dieron prioridad al desarrollo del autogobierno, para lo que necesitaban entenderse con el Gobierno central. Es importante señalar que el mantenimiento del statu quo entre los gobiernos centrales y los nacionalismos periféricos fue meramente táctico: los primeros ganaban tiempo, esperando que se pasara el sarampión nacionalista en Cataluña y el País Vasco, y los segundos atesoraban recursos y ahormaban a sus poblaciones en torno al ideal nacionalista. A esa época corresponden las tres primeras legislaturas de Felipe González.
A partir de 1993 y hasta el año 2000, se entra en una nueva fase, caracterizada por el peso de los nacionalismos en las decisiones que toma el Gobierno central sobre todo el territorio estatal: tanto sea el negocio del gas como las cesiones en el tramo sobre el Impuesto sobre la Renta. La llegada de las mayorías simples a Madrid convierte a los nacionalistas en ministros invisibles del Gobierno central. Durante esa época, Pujol es elegido el hombre más poderoso de España. La recuperación de la mayoría absoluta por Aznar, en el segundo mandato, sirve para detener este proceso, que se salda con la inexistencia de acuerdos con los gobiernos autonómicos.
LA ALIANZA CON NACIONALISTAS
Con la llegada de Zapatero se produce un cambio cualitativo: la entente con los nacionalistas pasa de lo meramente táctico o coyuntural, al nivel estratégico, de ahí la oferta para reformar la Constitución y revisar profundamente los estatutos de autonomía. La idea de fondo es que cabe otra forma de entender España. En aquel momento el ideólogo era Maragall o el hermano de Maragall (Ernest), con el “federalismo asimétrico” (confederación disfrazada), pero a Zapatero le vino como anillo al dedo ese discurso para su proyecto de crear un bloque mayoritario –PSOE e IU y nacionalistas, que dejen al PP fuera del escenario político por una buena temporada, como ocurrió durante la transición con AP.
En ese proceso le tocó pagar los vidrios rotos a Madrid. Las primeras largas declaraciones de la nueva titular de Fomento, Magdalena Álvarez, abundaban en la idea de comunicar por autovía a todas las capitales de provincia de España, para crear ejes transversales de comunicación, que obviasen a Madrid. Así de claro. Tres años más tarde, los madrileños le devolverían la moneda a Zapatero, con varias manifestaciones multitudinarias que detuvieron las concesiones del proceso de paz. Y el pasado viernes, le dedicaron una gran pitada al presidente. Cuando se habla de que Madrid es de derechas, se olvida que la comunidad fue gobernada por Joaquín Leguina y que Tierno Galván y Juan Barranco fueron alcaldes de la capital. Un caso similar al supuesto derechismo de Oviedo, que resulta incompatible con los ochos años de alcaldía de Antonio Masip.
Mariano Rajoy apela a la bandera para situar el debate electoral en el terreno de los dos modelos de España. Reducidas las diferencias sobre lo que hay que hacer con ETA, queda por dilucidar el papel de los nacionalismos y el poder de la Administración central. El Estado de las Autonomías, tal como se entendió durante veinte años, exige que el Gobierno central retenga un nivel mínimo de competencias por debajo del cual el Estado se disuelve o no resulta operativo. Un ejemplo de esto son las limitaciones legislativas impuestas por el “Estatut” al Estado. ¿Qué puede hacer Zapatero más allá del Ebro, además de financiar costosas infraestructuras?. Ligado a este asunto está el papel de los nacionalismos. Una cosa es que los grupos parlamentarios de CiU, PNV o ERC hagan valer sus peticiones para garantizar la viabilidad de un gobierno, y otra que impongan un modelo de Estado.
El generoso gasto social de Zapatero y la gran creación de empleo no van a zanjar esta discusión, porque lo que está en juego es si España responde al modelo de Estado descentralizado o si es una coordinadora de territorios, con algún nexo de conveniencia. Por eso se agitan las banderas.

Con motivo del inminente debate parlamentario sobre la Ley de la Memoria Histórica, la Iglesia Católica anima a los partidos políticos a huir del revanchismo y apostar por la paz y la concordia. La Iglesia recuerda que los símbolos van asociados a sentimientos, así que la obligación oficial de suprimirlos puede dar paso a una época de discordia.
El planteamiento de la Iglesia coincide con la política asumida por todos los partidos y organizaciones sindicales tras la muerte de Franco. Esa política tuvo un nombre: reconciliación nacional, y no nació de las sabios consejos del cardenal Tarancón ni del entorno del Gobierno de entonces, sino del grupo político que lideraba la estrategia de la oposición: el Partido Comunista de España. El pacto por la libertad, animado por Santiago Carrillo, descansaba en una premisa: la reconciliación nacional, el olvido de las trincheras de los años treinta y de la opresión de la Dictadura, para construir entre todos el futuro sin mirar hacia el pasado. La guerra civil y la paz edificada sobre la victoria de las armas dejaron múltiples heridas, así que lo mejor era poner la revisión del pasado en manos de los historiadores y de las iniciativas de la sociedad civil, sin implicarse las instituciones políticas. La reconciliación nacional fue una iniciativa de izquierdas, a la que luego se adhirió la derecha. La reconciliación nacional tiene un precedente en los últimos discursos de Azaña, cuando quiso dejarla como legado para las siguientes generaciones de españoles.
Con la Ley de Memoria Histórica se reabre un capítulo que parecía definitivamente cerrado. No hay una causa de interés general que justifique esta ley. Es un intento de volver a los temas de la transición, treinta años más tarde, cuando las urgencias políticas ya son otras. La batalla sobre el pasado fue ganada por las generaciones de la transición y la mejor prueba de ello es la Constitución. En España hay una gran división política, que amenaza con trasladarse a la sociedad, como lo evidencian las grandes movilizaciones desarrolladas en la calle durante esta legislatura. En este clima, la aprobación de la Ley de Memoria Histórica no ayuda a sosegar los ánimos, aunque parezca muy progresista

Mariano Rajoy ha grabado un mensaje de corte institucional, en el que invita a los españoles a celebrar la fiesta nacional del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) con algún gesto hacia la bandera, símbolo por excelencia de todos los españoles. Una iniciativa sin precedentes, máxime al tratarse de un político que no gobierna, sino que es líder de la oposición.
A la bandera española le ocurre lo que no sucede con ninguna otra bandera de un país democrático: una parte de la población no se atreve a mostrar simpatía por ella, al creer que se trata de una actitud derechista, propia de los nostálgicos del anterior régimen. En España se agitan, sin pudor, las banderas de las comunidades autónomas, pero la enseña nacional no se cuelga con facilidad en los balcones, para no provocar equívocos. Es una situación singular, que no tiene parangón en otro lugar. No hay una mayor identificación de los ciudadanos con las comunidades autónomas que con la nación –exceptuando, quizás, un par de territorios-, pero la bandera nacional se evita, salvo si se trata de airearla en competiciones deportivas. La razón de esta situación especial no es otra que el poso del franquismo. Durante la Dictadura se persiguió a los comunistas o se depuró a una parte de la intelectualidad, pero nada quedó más dañado que la educación clásica y la bandera nacional. La alergia a la disciplina en los centros de enseñanza responde al miedo a repetir el autoritarismo de la Dictadura, y la reserva hacia la bandera nacional nace de la identificación cromática con el franquismo. Aunque se cambió el escudo, quedó el estigma. Es algo absurdo, porque el franquismo no inventó ninguna bandera, aunque sustituyera la tricolor de la II República.
La iniciativa de Rajoy puede servir para romper con los prejuicios hacia la bandera, aunque su finalidad es otra: reivindicar la nación ante el desmadre de las “realidades nacionales” de los estatutos y la consulta popular del lendakari. Creo que el reconstituyente nacional sería más efectivo con otra medicina: un pacto de los dos grandes partidos para discutir todo, pero con dos límites: respeto a la letra de la Constitución y no negociar la estructura estatal con los grupos nacionalistas que no creen en el Estado.