El Comercio
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Autor: juanneira
CUENTAS SIN HIPOTECAS
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Juan Neira | 10-10-2007 | 12:07| 0

Jaime Rabanal ha descartado utilizar el Presupuesto del Principado para ayudar a las personas que tengan dificultades con el pago de sus deudas hipotecarias debido a la subida de los tipos de interés. IU había solicitado al Gobierno regional que dedicara recursos a paliar ese problema, pero el consejero de Economía se ha negado. Hace unas semanas, los portavoces de CiU condicionaron el apoyo a los Presupuestos Generales del Estados a que fuera satisfecha esa misma demanda por parte del Gobierno de Zapatero.
Hay mucha gente que nota en su cartera la subida de los tipos de interés. En España más de un tercio de los ciudadanos tienen suscritos créditos por un total de 3,2 billones de euros, el triple del Presupuesto del Estado. El pago de los intereses se ha duplicado en los dos últimos años. En el global de lo que se debe tiene una gran importancia las deudas hipotecarias, que son las más sensibles socialmente, porque la gente puede quedarse sin vivienda en caso de no tener recursos. Reconocido el problema, lo que no cabe es orientar el Presupuesto del Principado a dar ayudas a los particulares con el dinero de todos. La Administración ya concede ayudas fiscales al aplicar desgravaciones en la compra de la vivienda. La subida de los tipos de interés no es una decisión del Gobierno, sino del Banco Central Europeo, que obliga a reajustar las cuentas a administraciones, empresas y particulares. Utilizar la recaudación fiscal para ayudar a pagar los créditos hipotecarios o para mantener artificialmente bajo el precio de la electricidad es una política populista, insostenible en el medio plazo.
Rabanal ha rechazado la iniciativa de IU cuando quedan unos días para discutir con este grupo político el borrador de los Presupuestos del Principado. IU demanda un tratamiento más progresivo en el Impuesto sobre la Renta o el incremento de las políticas sociales. En este contexto, la negativa del consejero de Economía a dar ayudas para el pago de las hipotecas le brinda un argumento a la oposición para oponerse a los Presupuestos del Principado. Aún así, hace bien Rabanal en negarse a esa demanda, porque sería una mala decisión presupuestaria y tampoco zanjaría las diferencias políticas entre el Gobierno e IU.

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DEBATES QUE DIVIDEN
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Juan Neira | 08-10-2007 | 11:56| 0

Tras un largo proceso de negociación, el Gobierno de Zapatero ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios (exceptuando al PP y a ERC) sobre la Ley de Memoria Histórica, que será tratada en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de diez días. Sobre esta iniciativa parlamentaria se ha discutido mucho, unos defendiendo la necesidad de dar reconocimiento público a las víctimas de la represión durante la Guerra civil y la Dictadura, y otros acusando el proyecto de maniqueo, al no valorar que los excesos violentos se dieron en los dos bandos enfrentados durante la contienda fratricida. Puede que unos y otros tengan razón, pero la valoración política no se puede plantear en estos términos.
La Ley de Memoria Histórica sería inobjetable en la primera legislatura democrática, como forma de revisión crítica sobre el periodo político precedente, cuando se hablaba constantemente en la calle de la Segunda República, la Dictadura y la recuperación del sistema de libertades. Treinta años más tarde, no había ninguna razón para ponerse a discutir sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, porque las prioridades políticas y legislativas son otras. Gaspar Llamazares valora la redacción definitiva de la ley porque deroga el aparato jurídico de la Dictadura y declara ilegítimos los procesos. A estas alturas, no es ningún avance la deslegitimación de los procesos judiciales del franquismo porque la sociedad española no tiene ninguna duda sobre la iniquidad de la Dictadura.
La Ley de Memoria Histórica se apoya implícitamente en la premisa de reparar una injusticia que no pudo realizarse durante los primeros años de la democracia. Es algo similar a lo que pasa con los nuevos estatutos de autonomía que pretenden superar los condicionantes políticos que supuestamente pesaban sobre los actuales textos, como si el Estado de las Autonomías se hubiese levantado con pesadas hipotecas. Sin embargo, la sociedad española está ahora más dividida que al empezar la actual legislatura y el modelo territorial –si es que hay alguno- suscita un menor consenso que el asentado con los primeros estatutos. Zapatero debería meditar sobre estas realidades antes de lanzarse a abrir debates.

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DE PALOMA A HALCÓN
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Juan Neira | 08-10-2007 | 12:03| 0

La prisión incondicional para la dirección de Batasuna, decidida por el juez Garzón, completa el giro emprendido en la lucha antiterrorista desde el fin de la tregua hasta hoy. Batasuna es una organización ilegal, que forma parte del conglomerado de ETA, cuyos antiguos dirigentes ya fueron enviados a la cárcel, hace años, cuando quedó probado el nexo entre esta plataforma política y la banda armada. Sin embargo, en los últimos tiempos, y particularmente después de la detención de Mikel Antza, antiguo máximo dirigente de ETA apresado por la Policía francesa el 3 de octubre de 2004, Batasuna empezó a recibir un trato contemporizador por parte del Gobierno, aunque no obtuvo permiso para presentarse a las elecciones. Durante los catorce meses que duró el “proceso de paz”, los principales dirigentes de Batasuna, con Otegi a la cabeza, salían todos los días en los telediarios, de modo que para el espectador Batasuna se convirtió en el tercer partido del espectro político español, con más minutos de imágenes que IU, CiU, ERC o el PNV. En el invierno pasado, la “lucha” de Iñaki de Juana y las ruedas de prensa de Otegi llegaron a ocupar el centro del debate político. La benevolencia del Gobierno con Batasuna formaba parte de un plan, en el cual, esta plataforma política iba a jugar un papel similar al desempeñado por Sinn Féin en el proceso de paz irlandés.
Desde el fin de la tregua, la situación empezó a cambiar, como se pudo ver con la vuelta a la cárcel de Iñaki de Juana y el ingreso de Otegi en la prisión de Martutene. Ahora, con la entrada en prisión de la cúpula de Batasuna y la investigación judicial sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, hemos llegado casi al punto de partida. Por primera vez en mucho tiempo los principios contenidos en la Ley de Partidos y en el Pacto Antiterrorista vuelven a tener vigencia.
El recuperado celo gubernamental y judicial en la persecución del entorno político de los terroristas, con la entrada en la cárcel de los “batasunos”, no se puede entender cabalmente sin ligarlo al anuncio de Ibarretxe de someter a consulta popular el futuro político del País Vasco. El aviso es claro: las actuaciones ilegales tienen consecuencias penales. El Gobierno cambia de paloma a halcón.

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EL ARMA DEL ESTATUTO
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Juan Neira | 07-10-2007 | 7:56| 0

La reforma autonómica asturiana tiene que incidir en la fortaleza de la cohesión estatal

La constitución de la ponencia parlamentaria indica que esta vez va en serio la reforma del Estatuto de Autonomía. Los tres grupos (PSOE, PP e IU) quieren revisar la norma máxima de nuestra comunidad, así que para llevar la iniciativa a buen puerto hace falta que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos o, lo que sería más deseable, que se alcanzara el consenso.
El contenido de los estatutos es una materia árida, de gran contenido declarativo, que no conecta directamente con las preocupaciones de los ciudadanos. Hasta la fecha, las reformas introducidas en el Estatuto de Autonomía de Asturias han pasado desapercibidas para la ciudadanía. Es más, en territorios dominados por la ideología nacionalista, que convierte los estatutos en una estación de paso para lograr la soberanía plena, el apoyo de los ciudadanos a las reformas estatutarias es muy tibio. El 18 de junio de 2006, sólo el 36,55% de los catalanes se acercaron a las urnas para votar a favor del nuevo texto. En otras regiones con menor sentido identitario, como Andalucía, la reforma del Estatuto sólo fue apoyada por el 30,93% de la población.
Como tantas veces se ha dicho, a la gente le preocupa el terrorismo, el empleo, la hipoteca, el precio de los alimentos, la carestía de la vivienda, las listas de espera quirúrgicas, los estudios de sus hijos, y les trae al pairo la definición del territorio, el traspaso de competencias y el blindaje de las aguas de los ríos. En cuanto los miembros de la ponencia se pongan a discutir sobre los artículos del texto, vamos a oír muchas veces que trabajan de espaldas a la calle y que mejor dedicaban sus energías a otros fines más provechosos.
Esta valoración, realizada a trazo grueso, supone un profundo error, aunque la comparta la mayoría de la población. En la actualidad, bajo la piel de los estatutos de autonomía está en marcha una operación de mucho mayor calado, a la que los asturianos no podemos permanecer indiferentes. Sería una irresponsabilidad quedar cruzados de brazos cuando otros atentan contra nuestros intereses.
La revisión generalizada de los estatutos de autonomía fue impulsada por Zapatero, desde el principio de su mandato, para dar salida a la tensión acumulada contra el Gobierno central por las comunidades autónomas que no estaban gobernadas por el PP. La relación que había entre el centro y la periferia puede medirse con una anécdota: el presidente Chaves sólo tuvo dos encuentros en La Moncloa, meramente protocolarios, en los ocho años de mandato de Aznar. Excuso detallar cuál era el sentir de vascos y catalanes al iniciar Zapatero su andadura presidencial.
Iniciado el proceso de cambios, la reforma estatutaria catalana se constituyó en la gran referencia, por el peso de esa comunidad autónoma (siete millones de habitantes, 18,8% del PIB nacional), por el papel jugado por las minorías nacionalistas catalanas en el Congreso de los Diputados y por el lobby del socialismo catalán dentro del socialismo español, visible en la estructura independiente del PSC. La personalidad atrabiliaria de Maragall puso el resto.
A partir de estos cimientos, la clase política catalana hizo una revisión del Estatuto de Autonomía sobre dos claves, una de carácter interno, consistente en convertir el “Estatut” en una suerte de constitución nacionalista, para ahormar a los ciudadanos indiferentes a la “emoción catalana”, y otra de carácter externo: remodelar el Estado español. El “Estatut” no es una norma sólo para catalanes, porque nos impone obligaciones a todos los españoles. Desgraciadamente, por esa senda transitaron otras reformas estatutarias.
Sólo por este efecto externo, que desborda los límites de cualquier comunidad concreta, es importante lo que hagamos los asturianos con nuestro Estatuto de Autonomía para defendernos.
Lo primero que tienen que hacer los “padres” de la reforma estatutaria asturiana es entender lo que significa el Estatuto de Autonomía en el actual contexto político español. Más claro, defender la identidad asturiana, llenarse la boca con ropajes de realidad nacional, no tiene ningún sentido, porque lo que no está en duda es el derecho de los territorios a tener órganos de gobierno con un amplísimo poder decisorio.
En la anterior legislatura autonómica, desde el Gobierno regional se quiso impulsar la reforma del Estatuto con el discurso de “alcanzar el mayor grado de autogobierno”, como si el bienestar de los asturianos dependiera de materializar unas competencias marginales sobre ferrocarriles de vía estrecha o de lograr, por fin, adjudicarse administrativamente el agua de los ríos. No hay nada más deprimente que colonizar una mente socialista o liberal, con pensamiento nacionalista.
Hay una incompatibilidad insuperable entre el intento de lograr el autogobierno a costa del Estado y reclamar creciente solidaridad del Estado. Una cosa es apoyar el Estado de las Autonomías y otra creer en falsos mitos de autonomía: todo el gasto público residiendo en Oviedo, pero con parte de los ingresos proviniendo de Madrid. Si pusieran en nuestras manos todas las competencias sobre los gastos y las fuentes de ingresos, en diez años seríamos mucho más pobres. Así de claro.
Sabedores de que las reformas estatutarias tienen licencia para invadir campos ajenos a lo que hasta ahora era de su competencia, el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias debe ser tan audaz como el “Estatut”, pero en dirección contraria, para establecer garantías de cohesión estatal que nos ponga a recaudo de cualquier veleidad nacionalista surgida en otras comunidades. A los que les motiva el autogobierno asturiano tienen que empezar a preocuparse por la fortaleza del Estado.
Soy consciente que la letra de nuestro Estatuto puede entrar en contradicción con otros textos autonómicos, pero el célebre sudoku, citado por Solbes, no se podrá resolver hasta dentro de unos años, con el triunfo de las corrientes de pensamiento progresista liberal, o de las fuerzas nacionalistas que medraron entre las grietas abiertas en el Estado por la lucha irresponsable de los dos grandes partidos nacionales.

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LA GRAN CUESTIÓN
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Juan Neira | 06-10-2007 | 6:57| 0

Entre apelaciones al consenso se han reunido los parlamentarios que van a negociar la reforma del Estatuto de Autonomía. En la ponencia están los líderes de los tres partidos políticos (Javier Fernández, Ovidio Sánchez y Jesús Iglesias), así que nadie se ausentará de la sala para recibir órdenes por teléfono. En la ponencia están todos los que son. Bajo un mismo deseo de acuerdo se adivinan enfoques distintos. El PP exige que el texto sea sometido al veredicto de los ciudadanos, mientras los socialistas ofrecen flexibilidad en sus planteamientos, e IU teme ser marginada por la posible entente entre los dos grandes partidos. Valoraciones diversas que evitan entrar en el fondo del asunto: los objetivos que debe tener la reforma estatutaria asturiana y los contenidos del texto que se pretende elaborar.
No hay prisa por avanzar el trabajo en ponencia, porque las sesiones de trabajo se suspenderán con la llegada del invierno, como ocurre con las competiciones de fútbol en Rusia. La proximidad de las elecciones generales impide acercar las posturas entre los partidos, así que los asuntos más polémicos quedarán “aparcados” hasta después de los comicios. A lo largo del otoño, tres cuestiones llenarán la agenda institucional del Principado: la negociación del presupuesto de 2008, la concertación social y la reforma del Estatuto de Autonomía. Los dos primeros son los urgentes y el tercero es el importante. Que haya prórroga presupuestaria es un asunto coyuntural, que puede quedar superado con la aprobación de unas nuevas cuentas regionales un año más tarde. La concertación social es una liturgia muy asturiana, propia de una región industrial con gran peso sindical, pero todo lo que se haga por la vía de la concertación puede resolverlo el Gobierno regional por su cuenta sin la firma de los agentes sociales. El Estatuto de Autonomía es otra cosa.
A la gente no le preocupa el Estatuto, como tampoco despertaban interés los respectivos textos autonómicos en Cataluña o Andalucía, pero en la actual política española constituye la pieza fundamental de posicionamiento de cada comunidad autónoma ante el Estado. No se trata tanto de aspirar a las mayores cotas de autogobierno, como de defender un modelo de Estado.

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