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ABUSOS Y DESPROPÓSITOS

En la mañana de ayer, 6.500 personas se manifestaron por la calle Uría de Oviedo pidiendo la supresión del Impuesto de Sucesiones. No había detrás ningún aparato de partido o sindicato convocando la marcha, nada de autobuses gratis ni pincho ni bocadillo; las ganas de acabar con un tributo abusivo, popularmente conocido como “el impuesto de los muertos”, bastó para que la gente se tirara a la calle y caminara codo con codo hasta la Junta General del Principado, donde reside la competencia para suprimir el impuesto.
Fue clave en el éxito de la movilización la intervención de Dolores Carcedo en el Parlamento, el pasado jueves. El diputado de Foro, Pedro Leal, tachó de abusivo y confiscatorio el tributo, poniendo a la consejera de Hacienda ante la realidad: hay un 16% de renuncias a herencias en Asturias, el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas. El pasado año más de 1.600 personas se vieron obligadas a renunciar al legado de sus padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, etcétera.
La consejera de Hacienda, dispuesta a negar la realidad más evidente, dijo que no se sostenía la acusación del diputado, porque según ella ningún dato lo avalaba. No le parece que hay una relación causal entre tener la mayor carga fiscal por herencia y poseer el récord de renuncias.
Dispuesta a rizar el rizo, llegó a aventurar que había herederos que recibían como legado viviendas con una fuerte carga hipotecaria. De esa forma nos enteramos que las personas que fallecen, la inmensa mayoría en la tercera edad, siguen pagando los plazos de la hipoteca desde la sepultura.
Me gustaría que Dolores Carcedo se atreviera a mostrar en público el número de septuagenarios, octogenarios o nonagenarios que están todavía pagando al banco el piso que compraron hace un porrón de años. Cuando se carece de razón, cualquier anécdota se eleva a categoría de tesis.
El apaño realizado, durante la negociación presupuestaria, entre Dolores Carcedo y Mercedes Fernández, elevando el mínimo exento hasta los 300.000 euros, no convence a nadie. La plataforma que exige la supresión ya ha reunido 150.000 firmas.
Aunque el PSOE y el PP no se lo crean, estamos en una sociedad de propietarios que ve con irritación cómo obligan a pagar por un bien por el que ya tributaron suficientemente los antepasados.
La semana política asturiana estuvo marcada por los impuestos y tasas. Veamos.
AGUA
En el paraninfo de la Universidad de Oviedo se firmó el consenso del agua. Una serie de señores, en representación del Principado y empresas, coincidieron en proponer una fuerte subida del precio del agua. Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, se atrevió a poner una cifra: el 50% más cara.
La razón del incremento reside, según ellos, en que las tarifas actuales no cubren los costes del servicio, y hay inversiones pendientes de realizar. El director general de Calidad Ambiental del Principado afirmó que hay que poner “un impuesto del agua que desincentive su derroche. Habrá una tarifa progresiva, con un mayor control de los consumos, con lo que si se pasa de unos niveles lógicos, aumentará la tarifa”.
Como el escenario exigía rigor académico eché de menos que ninguno de los participantes en la mesa redonda señalara que las conducciones de agua presentan múltiples fugas. A las administraciones les toca velar porque las tuberías no estén agujereadas, porque a día de hoy, derrocha más el Principado y los ayuntamientos que los ciudadanos.
El problema no está en el hilillo de agua que deja la anciana colgando del grifo del lavabo, sino en la fuga de la cañería que los ayuntamientos, o las empresas que gestionan los servicios del agua privatizados, no reparan. Dicho esto vamos ya con el argumento principal.
¿De qué nos hablan estos señores, cuando en Asturias el 90% del consumo de agua es debido a las empresas? ¿Va a decirle el Principado a ArcelorMittal cuál es el “nivel lógico” de consumo que debe observar? Seamos serios.
Hace diez años, el Partido Socialista hacía campaña por la construcción del embalse de Caleao para incrementar fuertemente la capacidad de suministro de agua para toda la región. Fracasada la tentativa, piensa que la alternativa debe pasar por un impuesto. Allá donde hay un problema planteado, la solución viene envuelta en papel de Hacienda. Alguien ya echó la cuenta: lo que se va a perder por el lado del Impuesto de Sucesiones se puede recuperar penalizando los consumos ilógicos de agua.
UNIVERSIDAD
Tasas. En la Universidad de Oviedo, el Consejo de Estudiantes tiene un plan elaborado para reducir un 43% las tasas de matrícula en cuatro años. El rector ha dado su apoyo.
Las tasas llevan seis años congeladas. No sirven para financiar ni el 20% del coste de las enseñanzas que reciben los alumnos. Y ahora le van a decir al Principado que las reduzca a la mitad y que los ciudadanos con sus impuestos paguen más del 90% del gasto universitario.
Las subvenciones públicas son flujos de dinero de unos grupos sociales a otros. Los lobbys presionan y la sociedad desorganizada paga la factura. Pero como le parece bien al señor rector, yo me callo.

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LAS LLAMAS DE LA CORRUPCIÓN

El descubrimiento de una nueva trama corrupta eleva la temperatura política. El meritorio trabajo de policías, fiscales (cuando les dejan) y jueces saca a la luz comportamientos deleznables de individuos que mandan mucho en nuestro país. La “operación Lezo” sigue la senda de “Gürtel” y “Púnica”, con el PP de Madrid como eje del mal. Al tirar de la manta se ha visto las vergüenzas al expresidente de la comunidad autónoma, Ignacio González, al consejero delegado de unas de las empresas más fuertes del país (Javier López, de OHL), ya condenado a seis meses de prisión en el juicio de las tarjetas “black” e investigado en el sumario de la Púnica, y a un personaje como Edmundo Rodríguez, consejero delegado de Audiovisual Española 2000, que se le señala como un elemento clave en el vaciamiento de recursos de la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid, por el conocido método de pagar por un bien una cantidad muy superior a su valor, y con el dinero ya puesto fuera del país, empieza un complicado viaje por sociedades interpuestas para terminar, unas veces, en paraísos fiscales y, en otras, en Suiza, que es la gran patria del dinero ajeno.

Cuarenta seis millones de españoles escandalizados y desde el aparato del PP no hay respuesta. Rajoy se prepara para declarar como testigo en el “caso Gürtel”, pese a las resistencias de la Fiscalía, que consideraba redundante la declaración del presidente porque ya está acreditada la existencia de una caja B en el PP. Vivir para ver. Rajoy dijo que su declaración será un acto de “pura normalidad”. Resulta que lo anormal es que los presidentes de gobierno no visiten los juzgados. En el PP se limitan a la repetición de tópicos sobre el respeto a la Justicia y la necesidad de dejar trabajar a los jueces. No va con ellos, aspiran a que la cambiante actualidad, con atentados en Paris, “clásicos” de fútbol, derbis madrileños, etcétera, relegue a un segundo plano la pandemia de la corrupción.

Se equivocan. El asunto ha ido muy lejos. La “operación Lezo” evidencia una trama organizada desde el corazón de la Administración del PP. Lo siento por Esperanza Aguirre, la figura más destacada de su partido en los últimos quince años, pero con sus dos lugartenientes cazados, Francisco Granados e Ignacio González, debe dejar la vida pública. No porque lo diga Manuela Carmena, sino porque lo indica el sentido común. El incendio exige un cortafuego más amplio: el relevo generacional en el PP es una necesidad.

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EL PREGÓN DE LA PROTESTA

En el Parlamento se produjo, por fin, un debate que conectó con lo que habla la gente en la calle. Pedro Leal (Foro) le preguntó al Principado por las más de 1.600 personas que renunciaron a recibir las herencias el año pasado, poniendo el dedo acusador sobre el oneroso Impuesto de Sucesiones. La consejera de Hacienda se defendió argumentando en una doble dirección, primero, relativizando la cifra y, segundo, apuntando otras causas, distintas a la obligación fiscal, por las que la gente renuncia al legado de sus padres, abuelos, hermanos o tíos.

Dolores Carcedo comparó el mínimo aumento de las renuncias en Asturias, durante el último año, con el incremento del 3% en el conjunto nacional. Una forma de tomar el rábano por las hojas. En este punto lo único importante es el número de renuncias, y Asturias, por desgracia, lidera el pelotón autonómico.

En ninguna otra región hay tantas renuncias en proporción a la población. Sólo desde el prejuicio ideológico o desde posiciones políticas interesadas se puede restar importancia al hecho de que tantas personas no quieran recibir un patrimonio al que tienen derecho y que está, en la mayoría de los casos, cargado de sentimientos. Como resulta imposible minimizar la cifra de renuncias, la consejera se adentró en el campo de las causas.

Tiró del argumento comodín, que sirve tanto para un roto como para un descosido: la crisis económica. En efecto, la crisis económica afecta a las renuncias a herencias, como afecta al número de depresiones, a los ‘riojas’ que se beben, a la crispación en el seno de las familias, a hacer interminables los noviazgos y un larguísimo etcétera. Puestos a ser imaginativos, me atrevo a decir que la crisis económica está relacionada, incluso, con la alta presión fiscal, y por eso el Gobierno socialista aprovecha el Impuesto de Sucesiones para pagar las nóminas de los funcionarios con las herencias de los ciudadanos. Si el afectado paga, estupendo, y en caso contrario, a falta de recibir un fajo de dinero, se engulle la herencia y engorda el patrimonio del Principado. Dolores Carcedo señaló que la crisis económica produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria y mucha gente se vio sin recursos y con pesadas hipotecas sobre su cabeza. No sabía yo que la gente de la tercera edad moría dejando sus viviendas a medio pagar. Carcedo nos quiere vender las excepciones como si fueran la regla. La consejera hizo de pregonera para la manifestación del sábado contra el Impuesto de Sucesiones.

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ASTURIAS AL REVÉS

El fiscal pide cinco años de prisión para José Ángel Fernández Villa por haberse apropiado de 434.158 euros del Sindicato Minero. Según el Ministerio Público, el entonces secretario general del Soma había ideado un plan para desviar fondos del sindicato hacia él. El fiscal solicita también tres años de prisión para Pedro Castillejo, secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide). El Soma le acusaba de haberse apropiado de más de 68.000 euros provenientes de los fondos de Infide y Castillejo se defendió diciendo que pudo realizar una administración poco cuidadosa, pero jamás se apropió de dinero. No tenía un sueldo asignado y vivía de su pensión. Se consideraba una víctima de la animadversión que tienen los actuales jefes del Soma a Villa. Irá al banquillo y desde allí se podrá defender.

Tras la instrucción del sumario hubiera sido una sorpresa mayúscula que la Fiscalía no hubiese considerado delictivo el proceder de Villa, con la consiguiente petición de pena de privación de libertad. Todas las explicaciones que dio sobre los consumos personales cargados a la cuenta del sindicato, así como el uso de las tarjetas de crédito para costear la adquisición de bienes o el disfrute de servicios en beneficio propio, fueron muy inconsistentes. Las firmas no eran suyas, se trataba de vulgares imitaciones; se limitaba a presentar los tiques de las compras, haciendo recaer la responsabilidad sobre el contable del sindicato que se tomaba la libertad de decidir qué gastos eran privados y cuáles derivaban de su representación sindical. Las tarjetas de crédito no estaban bajo su control, porque ignoraba la clave de acceso. Todo eso lo podrá explicar en el juicio oral.

Ver a Fernández Villa en el banquillo de los acusados por actuaciones realizadas como secretario general del Soma es una imagen onírica, totalmente irreal. Lo que verdaderamente la hace singular no es tanto el comportamiento del jefe del Sindicato, sino que se produzca la querella, la instrucción judicial y la vista oral, por iniciativa de sus antiguos compañeros y gobernando el mismo partido que tuvo a sus pies. Dicho de otra manera: Villa en el banquillo debería ser el símbolo más claro de un cambio político en la región y, sin embargo, toda la peripecia judicial es con el PSOE en el poder, estando de presidente del Gobierno una político que fue estrecho colaborador suyo. Así es la Asturias oficial.

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TESTIGO CUALIFICADO

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el “caso Gürtel” ha ordenado que comparezca Mariano Rajoy, como testigo. Los hechos que se juzgan ocurrieron entre los años 1999 y 2005, una etapa en la que el actual presidente de Gobierno desempeñó las más altas responsabilidades dentro del PP, como vicesecretario general, secretario general y presidente del partido. En la trama Gürtel aparecen empresas constructoras que pagaron comisiones al Partido Popular por las adjudicaciones de obras conseguidas de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Lo que era una hipótesis en el sumario quedó corroborado por Francisco Correa en la vista oral al relatar que las comisiones eran del 2% y el 3%, e iban a parar a Génova.

Otros secretarios generales del PP (Acebes, Casos, Arenas) ya pasaron por la Audiencia Nacional como testigos, así que no se entiende la razón argüida por la Sala para dar un trato distinto a Rajoy. Por dos veces se rechazó la petición, al considerarla inútil e innecesaria. Sólo el empeño de la Asociación de Abogados Demócratas hizo que el tribunal cambiara de opinión. La Fiscalía se oponía al llamamiento y, una vez más, tocó comprobar el papel esencial que juegan las acusaciones particulares en las causas que afectan al poder.

Rajoy podrá declarar en su despacho oficial o en las dependencias de su domicilio, alejado de los medios y del público. No es un asunto menor. De esta manera se libra de la llamada, “pena del telediario”, que tiene que ver con el desfile delante de micrófonos, fotógrafos y cámaras de televisión, envuelto en los insultos que profiere un público vociferante. Compañeros de partido, como Rodrigo Rato o Jaume Matas, saben muy lo que es pasar ese trago, lejano eco de aquellas aglomeraciones populares en el París revolucionario, acompañando con risas y aplausos el mudo y eficaz trabajo de la guillotina. Rajoy conocerá el lado más benévolo de las comparecencias judiciales, aunque el interrogatorio al que le someterá la Asociación de Abogados Demócratas no será un mero trámite. Es de suponer que el presidente del Gobierno expondrá la tesis con la que resuelve todos los problemas relativos a la corrupción del PP, negando el más leve conocimiento de la materia, y dando por cierto que ha habido casos aislados (las manzanas podres del cesto) sobre los que debe caer todo el peso de la ley. Lo que no va a poder impedir es el desgaste político que producen las llamadas del juzgado. No lo cura la mejora del empleo.

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INFUNDIOS DE PRECAMPAÑA

Susana Díaz y Patxi López ya son precandidatos para las elecciones primarias del PSOE; se espera que hoy realice su inscripción Pedro Sánchez, a través de miembros de su equipo. El periodo fijado para la búsqueda de avales empieza pasado mañana y se prolongará hasta el cuatro de mayo. Para ser proclamados candidatos hay que contar con el apoyo del 5% de la militancia. El censo se cierra el próximo día 28, cuando vaya mediado el tiempo destinado a la búsqueda de avales. Si se quiere actuar con seriedad y rigor, lo lógico sería que sólo pudieran participar en el proceso los militantes que llevaran afiliados un tiempo prudencial, por ejemplo, seis meses. De no hacerlo así, el censo del PSOE crecerá de forma artificial porque a los candidatos les interesa ampliar la base electoral con gente que sólo tiene como objetivo votar al candidato que los ha reclutado. La mayoría de ellos se desentenderá del partido una vez superada la fecha de la votación, engrosando la lista de los que no pagan la cuota. Con la cercanía de las primarias no crece el PSOE, sino que aumentará el número de oportunistas con carné del partido.

Patxi López dice que no va a participar en la guerra de los avales, conformándose con presentar el número de credenciales necesario para ser admitido como candidato. En el entorno de Pedro Sánchez se comenta que Susana Díaz regalará avales al precandidato vasco. La diputada asturiana, Adriana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez, anticipa que Patxi López no tiene opciones, que las primarias son cosa de dos (Pedro y Susana). El exsecretario general y su entorno recibieron con indisimulada irritación el propósito de Patxi López de presentarse a la Secretaría General del partido. Como Patxi apoyaba a Pedro hasta que fue defenestrado del cargo, creían que sería un miembro activo de la operación retorno, sin ser capaces de imaginar que pudiera ser un competidor. En el fondo lo que más les molestó no fue que Patxi López levantara la bandera de la tercera vía, sino que le acompañaran “sanchistas” tan señalados como Óscar López, ex portavoz en el Senado, y César Luena, número dos de Pedro Sánchez. Algún tipo de valoraciones o análisis inquietantes tuvieron que escuchar Óscar López y César Luena, en su día, para escapar corriendo del núcleo duro del “sanchismo”.

Toca constatar que la campaña por la captación de avales no empieza de la forma más respetuosa, pero no debe de extrañar porque todos sabemos que el jarrón socialista sigue roto.

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Sobre el autor Juan Neira

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joseterente_6643 21-10-2016 | 18:07 en:
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