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UN EXTRAÑO SILENCIO

La oposición se une en el reproche a Javier Fernández por el manto de silencio con que cubre la gran cuestión de la financiación autonómica. Tras la conferencia de presidentes no compareció ante la Cámara para informar sobre los postulados aprobados acerca del nuevo modelo de financiación; tampoco comunicó al Parlamento el nombre del experto (el catedrático de Hacienda Pública, Carlos Monasterio) que iba a representar a Asturias en la comisión técnica encargada de desbrozar el camino para el debate político. Silencio.

Extraña la actitud del presidente del Principado ya que sobre el asunto de la financiación siempre estuvo dispuesto a hablar. Nunca rehuyó el debate, al contrario, salió al encuentro de opiniones que contradecían sus propias valoraciones. En la anterior legislatura, el Parlamento asturiano votó por unanimidad las posiciones que iba a mantener el Principado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No hubo ningún problema en acordar una postura común. Desde hace mucho tiempo, los diputados asturianos asumen que la principal reivindicación consiste en poner el acento en el envejecimiento de la población y su dispersión por el mapa. En esta cuestión coincidimos, con matices, con Galicia, Castilla y León, Aragón o La Rioja. Justo lo contrario defiende Madrid, Andalucía, Andalucía, Valencia o Baleares, que prefieren valorar el coste de la prestación de los servicios por el tamaño de la población, sin distinguir si los usuarios son exultantes veinteañeros o ancianos. En el pasado mandato no se llegó a producir la negociación porque Rajoy prefirió aplazarla, perdiendo la ocasión de debatir respaldado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y de doce comunidades gobernadas por su partido. El estilo del presidente del Gobierno es bien conocido: deja las cosas para mañana que va a pintar mejor que hoy. Como tantas otras veces, el paso del tiempo sólo ha servido para empeorar los problemas. El Gobierno está en minoría en el Congreso de los Diputados y el PP ha perdido casi todo el poder territorial que tenía.
La posición de Asturias se mantiene intacta, al no variar las circunstancias, salvo la llegada de nuevos partidos a la Junta General del Principado. Me cuesta pensar que Javier Fernández opte por silenciar el debate parlamentario por el miedo a quedar en minoría. No merece la pena ahorrarse dificultades en casa, si a cambio se llega sin apoyos al órgano donde se toman las decisiones.

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BLANCO Y NEGRO A LA VEZ

Los acuerdos del Gobierno socialista y el PP sobre el Impuesto de Sucesiones, buscando darle un trato más benévolo a las empresas familiares para preservar negocios y puestos de trabajo, son considerados por Gaspar Llamazares como un ejemplo de oscurantismo. El portavoz parlamentario de IU deplora la negociación entre bambalinas del Ejecutivo de Javier Fernández con el principal de la oposición y considera que va en contra de la política que siempre mantuvo el presidente asturiano, reacio a las bajadas de impuestos porque debilitan la postura de Asturias en la negociación autonómica. Llamazares cree que se pierde fuerza moral para pedir un trozo más grande de la tarta del Estado cuando se apuesta por infrafinanciar los servicios públicos. La misma argumentación desplegó Emilio León, al criticar a los socialistas de unirse al modelo fiscal del PP. Para los dos portavoces de izquierda la bajada de impuestos de los socialistas favorecerá a comunidades autónomas, como Madrid, que tienen una posición diametralmente opuesta a la de Asturias.

Vamos por partes. La crítica de Gaspar Llamazares tiene una motivación evidente, el PSOE tira de IU para quedar arropado en el acuerdo sobre infraestructuras, y se olvida de su socio natural para echarse en brazos de su principal rival (PP) cuando toca acordar la política fiscal. El oscurantismo de los socialistas en las negociaciones viene de muy lejos. Desde el inicio de la etapa autonómica se sintieron el partido del Gobierno en Asturias (en la primera legislatura autonómica contaban con 26 diputados, un récord que se mantiene treinta y cuatro años después) y mantuvieron un gran hermetismo en todas las cosas relacionadas con el poder. IU lo sabe mejor que ningún otro partido porque compartió tareas de gobierno con el PSOE y tuvo que ver cómo el consejero de Hacienda no le suministraba todos los datos del proyecto presupuestario, pese a ser socios en el Ejecutivo de coalición.

En la materia que se trata (Impuesto de Sucesiones), el Gobierno no tiene otro remedio que rematar el acuerdo suscrito en la negociación presupuestaria con el PP, aunque si fuera un poco más abierto (quiero evitar la palabra sectario) informaría a IU, que es el único partido con el que tiene una sintonía natural en la Cámara. Ahora bien, la reflexión de Emilio León y Gaspar Llamazares sobre la financiación autonómica es totalmente pertinente: no podemos pedir más, cuando vamos a poner menos. Vaya contradicción.

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LA LETRA PEQUEÑA

El Gobierno de Javier Fernández y el PP negocian la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que ya experimentó un cambio con la aprobación de los presupuestos del Principado al elevarse el mínimo exento de los 150.000 euros a los 200.000 Ahora se trata de subirlo nuevamente hasta los 300.000, tal como ya habían acordado. Según el Gobierno con ese nuevo techo sólo quedarán afectadas 200 herencias al año de padres a hijos. El resto quedan exentas de contribución. Mientras no presente la Consejería de Hacienda un cuadro amplio donde se vea la actual liquidación del impuesto por estratos de masas patrimoniales heredadas no conviene darle mucha importancia a la cifra avanzada. En cualquier caso tiene gracia el desenfado con el que hablan nuestros políticos de los patrimonios ajenos ¿Y qué pasa con las herencias entre hermanos, de tíos a sobrinos, etcétera? ¿Debe quedarse Hacienda, en esos casos, con el sesenta, setenta u ochenta por ciento del valor de los bienes? ¿Hay que ver como normal que el Principado sea el principal heredero de la región? ¿Se puede torcer de una forma tan descarada la voluntad de los testadores? ¿Ha creado el Principado algún departamento, ad hoc, para gestionar las más de 1.500 herencias con las que resulta beneficiado cada año por renuncia de los interesados ante la falta de medios para pagar el impuesto?

El Principado y el PP negocian los matices de la reforma del Impuesto de Sucesiones. El PP quiere flexibilizar las obligaciones de los herederos cuando se trate de empresas familiares. Me parece una modificación acertada, ya que está en juego la pervivencia del negocio con sus puestos de trabajo. El mismo relevo generacional supone ya una situación problemática en muchos casos, como para hacerla más difícil con cargas añadidas ¿Los titulares de empresas familiares entran en esa lista de 200 contribuyentes que anticipa el Principado o al ser empresarios van en otra lista? Al igual que hay dos listas de espera en la sanidad, también puede haber dos para la liquidación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones.

Las principales modificaciones del tributo son conocidas, pero hace falta esperar a conocer la letra pequeña, porque se puede elevar el mínimo exento y seguir recaudando una cantidad parecida. Desplazar la deuda fiscal de unos contribuyentes a otros está en manos del legislador, depende de la tarifa y los coeficientes multiplicadores. Como Santo Tomás: si no lo veo, no lo creo.

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LA ORTODOXIA DE LAS CUENTAS

La comisión gestora del PSOE llamó a capítulo a los representantes de los tres precandidatos (Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz) para unificar criterios en materia de ingresos y gastos de la campaña electoral de las primarias. Al parecer, Pedro Sánchez se saltó la ortodoxia al recurrir a la financiación popular, pidiendo a los simpatizantes que hagan aportaciones dinerarias que presentan como micro-mecenazgos. De esa manera se hicieron ya con 83.000 euros. La comisión gestora no aprueba la forma de actuar por libre. Como estamos a dos meses de las primarias, los “sanchistas” devuelven las críticas de la oficialidad disparando con bala contra Susana Díaz, acusándola de hacer la campaña a golpe de corneta y gastos pagados.

El método del mecenazgo popular lo puso en práctica Podemos cuando participó en la primera campaña electoral. Es una fórmula que funciona cuando la gente se identifica con el producto. En el caso de la política -que de eso hablamos-, la credibilidad del líder y el interés por el objetivo que se marca son esenciales. En 2014 y primeros meses de 2015, Pablo Iglesias y su marca cotizaban muy alto, ya que personas de izquierda, y también de derechas, creían en su mensaje de honradez y defensa de los intereses populares. Es muy probable que vuelvan a insistir en la fórmula de la financiación popular, pero dudo que la respuesta del público sea tan solidaria. Para Podemos ya no será una cuestión de supervivencia, ya que su peso en las instituciones le aporta importantes réditos económicos. A menor escala, el perfil de Pedro Sánchez también es susceptible de concitar simpatías populares. Se ha labrado un falso relato de héroe que funciona: luchador militante contra la derecha, fue defenestrado por la conjura de los líderes autonómicos que querían investir a Rajoy; desde entonces, se ha entregado a la labor de rescatar al PSOE de las garras del consenso con el PP. Todo lo que le ocurrió a Pedro Sánchez tiene mucho más que ver con su afán desmedido de poder que con su supuesto izquierdismo, pero el cliché funciona, y vende la mercancía.

Dicho lo anterior, no entiendo cómo la gestora se mete en ese berenjenal de controlar los ingresos. Aquí lo que hay que controlar es el censo electoral para impedir afiliaciones en masa, como aquellas “operaciones jaula” que montaba el Soma en Oviedo cuando quería hacerse con el control de la AMSO por el método de domiciliar a 25 militantes en el mismo piso de la calle Uría.

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BUENOS Y MALOS

Ana García Boto recurre la denegación de las pruebas solicitadas por entender que en caso de persistir la negativa de la titular del Juzgado número 2 de Oviedo, su cliente, José Ángel Fernández Villa, quedaría en un grave estado de indefensión. Recuerda que con las pruebas pedidas trata de dilucidar si hay cómplices o coautores de potenciales delitos.

Una de las estrategias de los letrados consiste en ganar los juicios pretextando defectos insubsanables realizados en la instrucción del sumario. Los más simples están relacionados con actuaciones que se realizaron fuera de plazo. Hay mil posibilidades, por ejemplo, en el caso de que haya grabaciones policiales, la falta de permiso judicial sobre las mismas o la ausencia de tutela judicial, una vez se hayan realizado. En el proceder de los jueces de instrucción está velar por evitar que haya vicios de forma. En el caso que nos ocupa, Simonet Quelle llegó a calificar de «impertinentes, inútiles, dilatorias o intranscendentes» las peticiones de la defensa, así que no es extraño que queden finalmente rechazadas.

Ya hemos comentado que la táctica de Villa –y de su abogada– ha dado un cambio radical una vez que se avino a declarar en el juzgado. Antes no quería comparecer, ahora se multiplican las comparecencias. No obstante, ambas líneas de actuación forman parte de una misma estrategia: ganar tiempo. Con varios recursos destinados a demostrar que el ex secretario general del SOMA no estaba en condiciones de soportar un interrogatorio judicial aplazó el fin de la instrucción por un periodo superior al año. Ahora con nuevas testificales y pruebas puede alargarse indefinidamente el cierre del sumario. Si Villa tuviese cuarenta años y gozara de excelente forma física no tendría sentido dar vueltas a la noria, pero en sus circunstancias actuales puede suponer la única manera de evitar daños para el cliente. Desde la perspectiva de la opinión pública estamos ante un proceso penoso. El que fuera hombre fuerte del socialismo asturiano, e influyente líder sindical, echa mano del contable, la secretaria, etcétera, para justificar la razón de los gastos que aparecen en los tiques de compra o en los apuntes bancarios. Nunca me gustó la tarea de hacer leña del árbol caído ni la pose huidiza del que estuvo colocado en la peana del poder. No siento simpatía por los acusadores de Villa ni por la forma que tiene éste de justificar sus actuaciones. No es un juicio de buenos y malos.

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EL AJUSTE FINO

Mariano Rajoy vuelve a pedir colaboración al PSOE y Ciudadanos para evitar el adelanto electoral. El rechazo parlamentario al decreto de la estiba encendió las alarmas. Es evidente que los potenciales aliados del PP rechazaron la iniciativa del Gobierno con el objetivo de infligirle una derrota política. Están de acuerdo en acabar con el monopolio de la estiba pero prefieren darle una colleja al Ejecutivo de Rajoy. El debate presupuestario se acerca y un revolcón en el Parlamento dejaría al Gobierno carente de crédito para dirigir el país. Por eso Rajoy avisa que sin una entente no será posible prolongar la legislatura.

La posición de Rajoy no carece de lógica. Con sólo 137 diputados es imposible sacar adelante las iniciativas del Gobierno. Hay varios grupos de la Cámara baja, como Podemos o los nacionalistas catalanes, que se opondrán frontalmente al Ejecutivo, así que la lista de potenciales socios se reduce a PSOE y Ciudadanos; es verdad que hay algunos grupos minoritarios que podrían echar una mano, pero lo más importante es contar con un bloque de fuerzas que garantice la mayoría absoluta. Ahora bien, Gobierno, PSOE y Ciudadanos deben de afinar la forma de relacionarse, ya que lo que no puede pretender Rajoy es que los otros dos partidos le den permanente cobertura parlamentaria. Ciudadanos podría ser un aliado fijo si se hubiera formado un gobierno de coalición asumiendo la titularidad de varias carteras. Albert Rivera descartó esa posibilidad, aunque tras el reciente congreso del partido manifestó que a partir de las próximas elecciones generales su estrategia pasará por integrarse en el nuevo Gobierno. Más problemática es la posición que debe mantener el PSOE. Dio apoyo a Rajoy en sesión de investidura para romper el bloqueo institucional que se prolongaba durante diez meses, pero no está en condiciones de dar un constante apoyo parlamentario al Gobierno del PP. Los diputados socialistas y la comisión gestora quedarían sin crédito. Unas veces deberán apoyar y otras abstenerse o votar en contra. PP y PSOE deben llegar a un ajuste fino, pero esa tarea quedará para después de las elecciones primarias. En el presente no se dan las circunstancias para tratar estos asuntos con tranquilidad. Dicho de otra manera: Rajoy no debe tomar una decisión definitiva sobre la legislatura hasta que no se celebren las elecciones primarias socialistas. Si gana Pedro Sánchez ya puede disolver las Cortes Generales.

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Sobre el autor Juan Neira

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joseterente_6643 21-10-2016 | 18:07 en:
COMPLEJO DE CULPA
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