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LA CUENTA ATRÁS DE LA ZALIA

Quedan justo dos meses (15 de septiembre) para que la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (ZALIA) encuentre un plan de salvación o baje la persiana. Tras sendas reuniones de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración, para aprobar las cuentas de 2017, las cosas están meridianamente claras.

La ZALIA arrojó unas pérdidas el pasado año de 10,9 millones de euros. Tiene una deuda global de 108 millones, en la que destacan los 61,8 millones que debe al sindicato de bancos y los 34,5 millones que adeuda al Principado y al Ayuntamiento de Gijón por los préstamos otorgados para hacer frente a las obligaciones con la banca. Pese a no tener actividad, la ZALIA hace frente a pagos llamativos, como los 3,9 millones destinados a gastos financieros. Luego volveremos sobre este último dato.

Ante una situación tan difícil, los accionistas de la ZALIA trabajan en pos de dos soluciones: ampliación de capital con aportaciones de los accionistas y la venta de parcelas.

En la ampliación de capital, el dinero contante y sonante lo pondría Puertos del Estado, a través de las autoridades portuarias de Gijón y Avilés, mientras que los otros accionistas capitalizarían sus préstamos. La ampliación de capital iría destinada a hacer frente a los compromisos más urgentes, como el pago de las expropiaciones, y la comercialización de las parcelas serviría para sanear la economía de la sociedad, amortizando créditos con los ingresos por ventas.

El plan ya estaba sobre la mesa hace justo un año, pero nada se ha avanzado; al contrario, las cosas han ido a peor.

En manos de Ábalos

El 30 de junio de 2017, la Junta de Accionistas, como medida urgente, propuso dotar de dos millones de euros a la sociedad para hacer frente a los apremios. Se hablaba de hacer una operación de fortalecimiento patrimonial y financiero. Los principales accionistas –Principado, autoridades portuarias y Ayuntamiento de Gijón– pensaban hacer una ampliación de capital con un importe mínimo de ocho millones. Un año más tarde, nada de eso se ha ejecutado.

Para justificar tan extraordinaria demora se comenta que hay gestiones pendientes, que los procedimientos administrativos se están ultimando, que el cambio de Gobierno provocó retrasos, pero la realidad es otra. Ni el anterior presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ni el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aceptaron la propuesta de rescatar la sociedad capitalizándola a partir de las aportaciones que hicieran las autoridades portuarias de Gijón y Avilés. Ese plan solo estuvo en la mente de los accionistas de la ZALIA. Ahora la salvación de la sociedad queda en manos de José Luis Ábalos, al que se le sugiere que aporte generosamente cuatro millones.

Lo más que llegó a admitir José Llorca fue la concesión de créditos a corto plazo para pagar los justiprecios a los propietarios de terrenos que habían sido indemnizados de una manera manifiestamente baja. Hasta ahora, por esa vía solo se libraron 350.000 euros.

Si se mira hacia atrás, llama la atención el cambio de política del Principado. Hace cinco años, la postura que mantenía Belén Fernández, consejera de Infraestructuras en el Gobierno de Javier Fernández y presidenta de la ZALIA, era la de que el Principado debía asumir las obligaciones económicas de las autoridades portuarias y del Ayuntamiento de Avilés. El Ayuntamiento de Gijón debía valerse por sus propios medios. Con gente tan sectaria cómo iba a hacer algo positivo el Principado.

Con Fernando Lastra al frente de la Zalia se produjo un cambio de estrategia: el dinero deben ponerlo las autoridades portuarias. Me parece más sensato, pero el Ministerio de Fomento tiene memoria.

Hacienda

La venta de parcelas está encallada porque hace falta contar con una subestación eléctrica que suministre corriente industrial a las empresas. Sumando alguna otra intervención de preparación del terreno la operación se eleva a 11,7 millones de euros. Para colmo de desdichas, la subestación no se puede hacer directamente, hay que licitarla. La inversión en la subestación solo la haría EdP si cuenta con un aval fiable.

Y aquí aparece un imponderable que también pesó en la formalización del crédito solicitado por la ZALIA a las autoridades portuarias: la Consejería de Hacienda del Principado. La Consejería de Hacienda es un ente independiente, ajeno a los desvelos de la Consejería de Infraestructuras, pese a que las dos estén bajo la jerarquía de Javier Fernández.

El mejor ejemplo de ello es que apareció una entidad de crédito dispuesta a refinanciar la deuda bancaria de la ZALIA, pero la Consejería de Hacienda no estuvo dispuesta a avalar la operación. Los consejeros de la ZALIA son conscientes de que sin la presencia de la Consejería de Hacienda las gestiones con los bancos están bloqueadas. Se pagan 3,9 millones en intereses financieros, porque la Consejería de Hacienda no estuvo interesada en abrir negociaciones.

Ante el apremio de los pagos y la falta de recursos, el Consejo de Administración ha marcado la fecha del 15 de septiembre. Si llegado ese día no han podido reforzar los recursos de la ZALIA, se reunirá el consejo con urgencia para proponer medidas extraordinarias a la Junta de Accionistas.

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LA IDEOLOGÍA DE LA ENERGÍA

Pleno extraordinario sobre la transición energética en la Junta General del Principado, solicitado por PP, Foro e IU. Javier Fernández explicó la propuesta que va a trasladar a Pedro Sánchez, difiriendo el cierre de las térmicas, negociando el mantenimiento de minas, y modificando la Ley Eléctrica. Antes de desgranar las peticiones que llevará al palacio de la Moncloa, realizó algunas precisiones sobre la estrategia de descarbonización que son necesarias dadas las declaraciones realizadas por la ministra Teresa Ribera.

Javier Fernández señaló que el cierre urgente de las centrales térmicas conlleva un incremento del precio de la energía que derivará en un aumento de costes de producción, especialmente para empresas que consuman mucha electricidad. El mismo análisis habían realizado, los días pasados, algunos directivos empresariales. Sin embargo, la ministra había dejado caer que el cierre de las térmicas tendría un carácter neutro sobre el precio de la energía y que, en todo caso, podría acabar bajando. Otra aclaración interesante, realizada por Javier Fernández, fue la del cumplimiento por parte de España y de Asturias de los objetivos de la lucha contra el cambio climático fijados para 2020 por la Comisión Europea. La ministra había anticipado que no se iba a llegar al mínimo marcado para generar energía de origen renovable, establecido en el 20%. Pues bien, a día de hoy ya estamos en el 17%. Sobre las térmicas de carbón, Teresa Ribera aseguró que no tienen futuro y Javier Fernández advirtió que ese tipo de juicios realizados por un ministro ahuyentan las inversiones.

Son dos discursos distintos. A Javier Fernández le preocupa garantizar el suministro eléctrico y el precio de la energía, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo. Teresa Ribera aceptó ser ministra para acabar, lo antes posible, con las energías fósiles. Está a favor de clausurar las minas de carbón este año, cerrar las térmicas en tres o cuatro años, poner una fecha cercana para dejar sin actividad las plantas de gas de ciclo combinado y reducir el número de regasificadoras, así como de revisar el nivel de almacenamiento de gas que se considera estratégico. Su apuesta es la energía renovable, y propone ampliar esa fuente energía en 40.000 megavatios que sólo costarán 35.000 millones de euros. Qué ganga. En un mes ha logrado que se unieran el Gobierno asturiano, la oposición, los empresarios y los sindicatos frente a sus planes.

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INTOLERABLE RESOLUCIÓN

La resolución de la Audiencia de Schleswig-Holstein (Alemania) de entregar a Carlos Puigdemont a España con el único cargo de malversación de caudales públicos pone en una situación difícil a nuestro Tribunal Supremo. De aceptar las condiciones de la entrega señaladas por Alemania, el expresidente de la Generalitat solo podría ser juzgado por ese delito en nuestro país; además, es probable que recobrase la libertad, gozando de todos sus derechos políticos. Renunciar a la entrega sería sinónimo de confinar a Puigdemont en Alemania, porque si se desplazase a otro país podría reactivarse la euroorden.

A toda esta desagradable situación se ha llegado porque los jueces alemanes han actuado de una manera totalmente improcedente, cargándose el concepto de euroorden y entrando ellos a dilucidar si hubo o no actuación violenta por parte de los independentistas, algo que corresponderá realizar a los jueces españoles que formen el tribunal que juzgue a los sediciosos. La justicia alemana no se fió de la independencia del Tribunal Supremo e invadió sus competencias para llegar a la conclusión de que Puigdemont solo transgredió la legalidad utilizando el dinero público para fines distintos a los que estaban estipulados. Piénsese, por ejemplo, en los recursos destinados a organizar el referéndum ilegal del 1-O. Sin embargo, los elementos más punibles del proceder del expresidente y sus consejeros, como el impulso dado a leyes contrarias a la Constitución, pese a ser apercibidos por el Tribunal Constitucional, o los pasos dados para la declaración unilateral de independencia, son perfectamente legales para los togados alemanes.

Si un grupo independentista de Baviera, por poner un ejemplo, actuara de idéntica forma en Alemania, todo el peso de la justicia caería sobre los cabecillas del movimiento, siendo acusados del delito de alta traición. Tratándose de Alemania aceptan que se tipifique su conducta como alta traición, pero si ese mismo proceder acontece en España no consideran que se pueda hablar de la alta traición que es la rebelión.

Los magistrados del Tribunal Supremo sabrán valorar la respuesta. Si en mis manos recayera esa responsabilidad no aceptaría nunca juzgar a Puidgemont por el único delito de malversación de caudales, ya que es una humillación intolerable. Llévese la disputa jurídica a los tribunales de la UE y júzguese, mientras tanto, al resto de la cúpula independentista. Nuestra dignidad está en juego.

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EL SOL QUE MÁS CALIENTA

Mercedes Fernández se siente «cortejada por los dos candidatos». Con una expresión ajena a la jerga política explica la presidenta del PP regional el interés que sienten por ella Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. No es para menos. La carrera política de ambos se decide en la capacidad que tengan para atraerse el favor de los más de 3.000 compromisarios que participarán en el congreso del partido los próximos días 20 y 21 del presente mes. Convencer a ‘Cherines’ significa atraerse el voto de decenas de cuadros del partido. No se trata de un cálculo caprichoso, sino de la mera traslación de lo que sucedió en las primarias a las urnas del congreso. El 50% de los afiliados asturianos votaron a favor de Dolores de Cospedal, persona a la que lleva muchos años vinculada la política gijonesa. La exsecretaria general solo ganó en las urnas en Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha. Las opiniones de ‘Cherines’ se convierten en orden para la militancia, de ahí que los dos candidatos a presidir el PP se pongan zalameros para ganarse su apoyo.

¿Cuál es la respuesta de la ‘lideresa’ ante los halagos? La propia de una dirigente con gran experiencia en la vida partidaria. Llegó el momento de olvidarse de las viejas lealtades y de detectar en torno a quién se va a configurar el nuevo poder. El olfato le dice que ganará la rival de Cospedal. ‘Cherines’ preguntó por los equipos que rodearán a los ganadores. Un asunto secundario, porque los colaboradores no van a cambiar la forma de gestionar el partido ni influirán en la capacidad de levantar una alternativa frente al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Poniendo el acento en el asunto de los equipos de dirección, la ‘lideresa’ no da pistas por dónde van sus preferencias.

Al hablar de otras cuestiones sí se aprecia hacia qué candidato se inclina. Mercedes Fernández dice que «es muy importante que las mujeres tengan espacio y protagonismo en política». Como Casado no es mujer, hay que entender que asigna un punto de ventaja a Sáenz de Santamaría. ‘Cherines’ apuesta por una candidatura única de integración que es la tesis de la exvicepresidenta, mientras que Pablo Casado prefiere que los compromisarios puedan elegir entre dos candidaturas. La ‘lideresa’ asturiana no quiere que haya debate televisado entre los dos aspirantes. Nuevamente coincide con la ‘exvice’ y discrepa del joven Casado. Todo lo que dice Santamaría encuentra eco en ‘Cherines’. La clásica estrategia del corcho para flotar en todo tipo de aguas.

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ASTURIAS LEVANTA LA VOZ

Asturias despierta ante la amenaza que supone el plan de descarbonización exprés que baraja el Gobierno de Pedro Sánchez. CC OO levantó la voz para recordar que el 72% de la generación eléctrica asturiana proviene del carbón, de modo que una transición rápida hacia las energías renovables tendría consecuencias desastrosas para el empleo industrial. La Federación Socialista Asturiana (FSA) lanzó un aviso para navegantes, al señalar que si la transición energética no es justa con las personas y los territorios, «no aceptará ningún acuerdo».

En unas jornadas organizadas por la Fade sobre la descarbonización, el presidente de la patronal y otros directivos empresariales explicitaron los costes de la transición exprés. Belarmino Feito aseguró que la clausura de las térmicas de carbón llevaría a una nueva reconversión industrial, con grave riesgo de deslocalizaciones, ya que el suministro de energía supone entre el 20% y el 40% del coste de producción para las grandes industrias asturianas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón señaló que el cierre de las térmicas supondría un pérdida del 23% de los tráficos de El Musel y la entrada en pérdidas. Más tajante, aún, fueron Sáenz de Jubera (EdP), al afirmar que la renuncia a cualquier input implica elevar el precio de la energía, y Lapastora (expresidente de Carbunión) que señaló la compatibilidad entre mantener el carbón y bajar las emisiones.

En definitiva, Asturias tiene preparada una enmienda a la totalidad al discurso de Teresa Ribera, ministra fundamentalista de la Transición Energética. A ella le toca hacer un plan que contemple menos emisiones sin perder empleo y sin condenar a ninguna región. Es ministra de la energía, un cometido que va más allá de adaptarse al cambio climático. Es libre de tener prejuicios ideológicos, con tal de que no los traslade al Boletín Oficial del Estado.

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LOS DOS OBJETIVOS DE SÁNCHEZ

Entrevista de Pedro Sánchez con Quim Torra en el Palacio de la Moncloa. Es la primera vez que el presidente del Gobierno de España recibe en un encuentro oficial al presidente de la Generalitat en los últimos seis años. El líder socialista buscaba dos objetivos: demostrar a la opinión pública española y catalana que hay otros modos de relacionarse con los fundamentalistas del “govern”, distintos a las empleadas por Mariano Rajoy, y atraer al núcleo duro del independentismo a la senda del autonomismo recuperando la dimensión institucional de las relaciones entre España y Cataluña. Algún acuerdo se ha tomada en línea con las metas marcadas por Pedro Sánchez, siendo el más importante la recuperación de la comisión bilateral Estado-Generalitat que no se convocaba desde 2011.

Quim Torra hizo un balance positivo del encuentro, considerando un éxito que el presidente le hubiese escuchado y “tomado notas”; Torra destacó que las dos partes califican de político el problema que hay entre el Estado y Cataluña. El dirigente nacionalista recalcó que cualquier solución al problema pasa por el reconocimiento al derecho de autodeterminación. Ambos políticos se pusieron de acuerdo en aunar fuerzas para borrar las últimas huellas del franquismo, cifradas en la exhumación de los restos de Franco y la negación del título nobiliario (duquesa de Franco) a la “nietísima”. Que en una entrevista entre dos supuestos estadistas se aborden estas cuestiones causa hilaridad. El afán de la izquierda y del nacionalismo por ganarle la guerra a Franco cuarenta y tres años después de que haya muerto es una contribución tardía al teatro del absurdo.

El plan de Sánchez sólo se va a poder cumplir parcialmente. Hay dos obstáculos insalvables, el radicalismo de Puigdemont y Torra y el juicio a los cabecillas de la revuelta secesionista. Con un presidente catalán más moderado podría el Estado ayudar a la Generalitat a desandar el camino y retornar, sin alharacas, a la senda autonomista. Pero con Puigdemont y Torra no es posible completar ese viaje. La vista oral contra los encausados pondrá al descubierto todas las contradicciones del diálogo entre ambos presidentes. Sin embargo, Sánchez sí podrá convencer a un sector no pequeño de la ciudadanía de que el PP no sirve para gestionar los conflictos derivados del Estado autonómico, mientras que el PSOE es capaz de dialogar con todos. A partir de ese momento se encenderá la luz verde para convocar elecciones.

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Sobre el autor Juan Neira