¿Cuál es la responsabilidad de un diputado? Es difícil contestar a esa pregunta, cuando se observa que el aspecto decisivo de su tarea es apretar el botón para votar y la elección entre el “sí” y el “no” viene dictada por el portavoz del grupo. Como estamos en época de recortes, se puede afirmar que en ningún otro organismo público como el Parlamento se puede hacer una drástica reducción de personal sin que se resientan sus funciones. No es preciso tener vista de lince para pronosticar que el actual formato parlamentario, con multitud de diputados en actitud pasiva, meramente presencial, y un reducido grupo trabajando y dictando las decisiones, tiene los días contados. No basta con ser depositarios de la soberanía popular, es necesario hacer un uso correcto y eficaz de esa formidable delegación de poder.

Si esta crítica rige para las cámaras nacionales cuánto más se puede decir a escala autonómica. La Junta General del Principado no tiene producción legislativa, más allá de reformar o adaptar normas. Su gran esfuerzo anual es la aprobación de la Ley de Presupuestos. Tampoco controla debidamente al presidente del Gobierno, porque comparece para contestar preguntas cada tres semanas. En alguna ocasión se trasladó la fecha del pleno o no se celebró porque un diputado singular tenía reunión de su partido en Madrid. Las vacaciones de los parlamentarios son extensísimas, aunque traten de disimularlo con el registro de iniciativas. Cuando debaten sobre trabajar u holgar en el mes de julio están dando pie para que extendamos la disyuntiva a todo el periodo de sesiones. Deberían adoptar, al azar, el régimen de trabajo de cualquier empresa asturiana.

Como no todo puede ser beneficioso, las vacaciones parlamentarias conllevan el cierre del bar de la Junta General del Principado, así que las libaciones salen mucho más caras en verano que en invierno.

Este singular calendario laboral se incumplió el pasado año, cuando el mes de julio se declaró hábil para el trabajo parlamentario. En las fotos, las caras aparecían más serias. Este año se discute si vuelve el calendario laboral tradicional o si tiene que seguir la rutina de los plenos y las comisiones a lo largo del mes de julio, como si nuestros representantes hubiesen suspendido el examen de junio. Foro, PP, IU y UPyD dicen que hay mucho trabajo pendiente, mientras que el PSOE guarda silencio. Entre la tarea acumulada hay asuntos en los que se juega el futuro de la región, como las dietas por comer y viajar de los propios diputados. Espero que al final se imponga la responsabilidad de Estado y el Parlamento siga abierto. Es una cuestión de vergüenza.

En el caso de España, el incremento de deuda fue en el último año semejante al de Asturias, pero en términos absolutos presenta un endeudamiento mucho más elevado que el de nuestra región, llegando al 88,2% del PIB. En los meses pasados hubo un debate académico de Krugman contra Rogoff y Reinhart. Los dos últimos plantearon que una deuda del 90% del PIB implicaba años de bajo crecimiento y empobrecimiento colectivo. Krugman discutió la metodología utilizada (errores en los cálculos) y criticó la tesis que obliga a combatir el endeudamiento. Sin dar ni quitar razones, lo cierto es que una deuda elevada es una desgracia para cualquier país, porque el dinero que otros pueden dedicar a inversiones, investigación o servicios sociales, hay que destinarlo a saldar deudas.

Asturias está todavía en una posición ideal para abrir un debate sobre la conveniencia de desacelerar el endeudamiento. Para ello hay que someter todas las partidas presupuestarias a revisión. Hay ejemplos de prácticas virtuosas entre nosotros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón, que pasó en dos años de tener una deuda global de 207 millones a 149. Y compatibilizándolo la amortización con planes de empleo y crecimiento del gasto social. No hay otro método que someter a poda el gasto prescindible.

Si las ejecuciones por desahucio se mantienen en unas cifras contenidas, la fórmula propuesta por el Gobierno regional es satisfactoria y no es preciso acudir a mecanismos más complejos. Ahora bien, si la insolvencia aumenta entre las familias con hipoteca no quedará otro remedio que aplicar políticas más ambiciosas para evitar el tremendo drama humano de los desahucios. Marta Pulgar señaló que hay 1.500 propietarios en riesgo de no poder hacer frente a sus obligaciones hipotecarias. Esa cifra triplica el parque público de viviendas autonómico, así que de concretarse la amenaza el Principado tendría que importar la fórmula andaluza de expropiación temporal.

La expropiación de viviendas a la banca participa de la misma filosofía que el establecimiento de un impuesto sobre los depósitos bancarios. Dos medidas de naturaleza distinta pero que comparten el ánimo de dañar el omnímodo poder del sector financiero. Sin el penoso papel de la banca en la crisis económica, no habría impuestos sobre los depósitos ni se les expropiarían los pisos. En definitiva, que la discusión de Esther Díaz y Marta Pulgar es más ideológica que pragmática. Debilitado en la oposición, Rubalcaba apoya las expropiaciones; Javier Fernández, en el poder, las rechaza. Este asunto no está cerrado.

El mejor ejemplo es la Universidad de Oviedo que vio cómo su plantilla crecía en 29 trabajadores. No dudo que las contrataciones se hayan realizado pensando en necesidades perentorias, pero visto desde fuera sorprende que una institución académica que ha pasado de los 43.000 alumnos de mediados los años noventa del pasado siglo a los 24.000 de la actualidad, necesite contar con una plantilla de empleados más alta. La sorpresa aumenta si añadimos que la Universidad pasa por una situación económica muy complicada al bajar la aportación del Principado. Quizás haya que contratar a esos 29 empleados, pero reduciendo otros tantos en distintas áreas. Ningún gerente de una empresa privada en la que los ingresos no alcanzan para pagar los gastos se le ocurre aumentar la nómina de trabajadores. Con todos los respetos para la autonomía universitaria, el Principado debería dar su opinión sobre esas contrataciones. Hace unos días, la consejera de Educación, Ana González, decía que la Universidad tenía margen para reducir gasto, pero no dijo en dónde. No creo que estuviese pensando en el capítulo de personal. Menos alumnos, menos dinero y más profesores. En Asturias casi nunca concuerdan los discursos con los recursos.

Otro ejemplo de coherencia es la Administración del Estado. En los manuales de Derecho Administrativo se la denomina Administración periférica del Estado, y se la debería llamar Administración residual, porque a golpe de traspaso de competencias va tomando la silueta de árbol en otoño, al estar nutrida por la Policía y poco más. No obstante, bajo el mando de Gabino de Lorenzo ha crecido en 131 funcionarios. Qué grandones somos.

Los organizadores del mitin habían previsto cinco minutos de intervención para los alcaldes, menos para Carmen Moriyón que se podía extender en su parlamento. La alcaldesa de Gijón recordó el inicio del mandato, cuando tuvo que recortar gasto superfluo y aplicar una política de austeridad. En su intervención destacó las energías dedicadas al empleo, al gasto social y la inversión. En esas áreas se sintió abandonada por el Principado. El 63% de todo el gasto en servicios sociales lo financia el Ayuntamiento, tras el paso atrás dado por el Gobierno central y la Consejería de Bienestar Social. En inversión productiva el presupuesto regional tiene reservados tres millones de euros para la ciudad más grande de Asturias. Jamás había ocurrido algo parecido. Hemos pasado de inversiones del Principado de cien millones a tres. Carmen Moriyón sangra por la herida.

El líder de Foro recordó los más que preocupantes datos de la actualidad regional, con Asturias liderando la caída del PIB, el aumento del paro y la pérdida de actividad industrial. ¡Cómo llueve! Y lanzó un mensaje a toda la militancia para redoblar los esfuerzos en la segunda mitad de mandato. Foro se rearma para luchar contra el statu quo regional.

El presidente del Principado mostró su deseo de ir a la negociación con el Gobierno respaldado por un posicionamiento común del Parlamento. PSOE, IU, UPyD y Foro se pusieron rápidamente de acuerdo, mientras que el PP evitó formar parte del frente común para no entrar en contradicción en caso de chocar el planteamiento asturiano con la postura del Gobierno. Mercedes Fernández elude el consenso entre grupos políticos depositando un voto de confianza en la consejera de Hacienda.

En la posición de Mercedes Fernández ya estuvo Ovidio Sánchez entre los años 1999-2003, cuando gobernaba Aznar en Madrid y Álvarez Areces en el Principado, ambos apoyados en sendas mayorías absolutas (puestos a matizar, digamos que la mayoría absoluta de Aznar era mucho más sólida, porque el aparato del partido dejó a Areces en precario, haciendo redactar y aprobar una Ley de Cajas en la Junta General del Principado, que fue un misil en la línea de flotación del Ejecutivo de Areces). Las reivindicaciones del Gobierno regional ante Madrid no eran apoyadas por el grupo parlamentario de Ovidio, que buscaba cualquier excusa para desmarcarse de los socialistas, aunque las propuestas supusieran una mejora para Asturias. El PP, como durante muchos años el PSOE (véase lo que pasó con la variante de Pajares), siempre antepusieron la disciplina de partido a las demandas de la región. No obstante, hay una diferencia muy importante entre el papel que tuvo que jugar Ovidio Sánchez al que le corresponde ejecutar a Mercedes Fernández. La diferencia está en el ciclo económico. Entre 1999 y 2003, la economía española crecía a un ritmo cercano al 4% anual. Ahora decrece el 1,5% cada ejercicio. Entonces, la construcción de infraestructuras avanzaba, aumentaban las ayudas y la región conocía el guiso de los fondos mineros. Ahora suben los impuestos y no hay un euro para nada. Ovidio Sánchez presumía de Cascos y Rato -¡qué tiempos!-, mientras que el PP actual no puede hacer lo mismo con Ana Pastor. A Mercedes Fernández le toca un papel mucho más desagradecido que a Ovidio, si bien es cierto que nadie le pedirá que saque veinte diputados.

Asturias sufre en carne propia la pérdida de fondos de España. Nuestra región ya no está ubicada en las categorías de territorios de trato preferente, sino que se encuentra inmersa en un grupo donde están incluidos el País Vasco, Navarra o Cataluña. Para evitar la pérdida de fondos, expertos asturianos proponen renacionalizar las ayudas, echando mano del olvidado Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Una idea muy bien intencionada que tiene nulas probabilidades de prosperar. El Estado está haciendo frente a demandas que hace sólo tres o cuatro años nos parecerían descabelladas, como la de financiar los déficit de las comunidades autónomas y hacer frente a las facturas impagadas de regiones y ayuntamientos. Con la recaudación de impuestos bajo mínimos, pensar que puede detraer recursos para dotar el FCI es una quimera. Si Alemania, Holanda o Finlandia no tienen margen para actuaciones solidarias, el Ministerio de Hacienda español, tampoco.

Estamos en los prolegómenos de la revisión del sistema de financiación autonómica y en la antesala de la reforma de los entes locales. De una u otra manera, el Estado tendrá que poner recursos adicionales, aunque ahora diga lo contrario. En las épocas de bonanza se perdió la ocasión de aumentar la dotación del FCI y ahora toca lamentarlo.

Ese modelo definido ha chocado con la opinión de los alcaldes que unánimemente rechazaron el plan concebido en el borrador del Gobierno. Ningún regidor con mando en plaza está a favor de transferirle sus atribuciones a otra Administración superior, a no ser que sopese presentar su dimisión. Una cosa es que la gestión de los servicios públicos les resulte muy gravosa a alcaldes y concejales, y otra que renuncien a sus competencias. El choque entre el plan primitivo de Cristóbal Montoro y la resistencia de los alcaldes a quedarse con el cargo desnudo de atribuciones ha llevado a que el Gobierno no haya dado luz verde al plan inicial.

Estábamos en estas cuando Montoro hizo la enésima incursión en el tema para decirnos que con la reforma de los consistorios los ciudadanos pagarán menos impuestos porque ya no habrá más competencias duplicadas (competencias que prestan, simultáneamente, ayuntamientos y comunidades autónomas). Un asunto nuevo. Hasta ahora nadie había dicho que la racionalización del mapa municipal, por la vía de transferir medios humanos y materiales a los gobiernos regionales, llevaría aparejado menos obligaciones tributarias para los ciudadanos. No creo que así sea. Ni se reducirá el número de empleados ni se ahorrarán trámites administrativos. Hasta la fecha, las comunidades autónomas son los entes públicos que tienen una mayor tendencia a generar gastos, así que aumentando su campo de intervención no vamos a ahorrar. El ministro lo dice para rodear el proyecto de un mensaje cautivador, con el objeto de venderlo ante alcaldes y pueblo soberano.