El Comercio
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DEUDA, ENFERMEDAD SILENCIOSA
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Juan Neira | 18-02-2018 | 12:45| 0

Las deudas inquietan, preocupan, a escala personal, familiar y deportiva (cuando penden sobre el club de nuestros amores), pero importan un comino cuando la deuda es del Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento. La deuda pública es deuda de nadie.

Una visión subjetiva que viene alimentada por el hecho de que jamás nos enteramos de cuándo ni cómo se paga. El paro y la inflación son los únicos indicadores económicos negativos que el ciudadano somatiza. El resto forma parte del farragoso debate político. Qué error.

España debe más que nunca. Una cifra inmensa, 1,14 billones de euros. Hace diez años debíamos una tercera parte. En cuestión de endeudamiento siempre estamos peor que ayer y mejor que mañana.

Uno entiende que en los peores años de la crisis económica (2008-2014) las deudas subieran como la espuma. La recaudación fiscal se había hundido y había que acudir a los acreedores para pagar las facturas, desde las nóminas de los funcionarios hasta las medicinas, el mantenimiento de las carreteras o la Dependencia. El recurso al crédito no es una operación banal, porque se contrae el compromiso de pagar intereses durante largos años, pero hay gastos necesarios que no se pueden evitar.

Crítica

A mi entender, la crítica al endeudamiento se hace particularmente pertinente a partir de 2014, cuando empieza a crecer el PIB, aumenta el empleo y con una deuda que superaba el 99% del PIB seguimos llamando alegremente a la puerta de los acreedores. Antes nos endeudábamos por necesidad, a partir de 2014 lo hacemos por rutina.

Las alarmas se disparan cuando el Banco de España nos informa que en el último año, con un crecimiento del PIB superior al 3%, se ha acelerado el ritmo de crecimiento de nuestras deudas. En doce meses la montaña de la deuda se ha incrementado en 37.424 millones. En los años más duros de la crisis, con Rajoy de presidente de Gobierno, la deuda del Reino de España (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) crecía a razón de 10.000 millones cada trimestre. En 2017 lo ha hecho a un ritmo de 9.360 millones cada tres meses.

Resulta desconcertante comprobar que el aumento del endeudamiento es casi igual en la etapa en que se habían reducido al mínimo los ingresos fiscales (las administraciones no tenían capacidad de pago) que en la actualidad, cuando la recaudación fiscal está en máximos históricos.

Nunca se recaudó tanto por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco). Sólo el Impuesto de Sociedades aporta ingresos por debajo de los años previos a la crisis, pero tiene razones para ello, ya que el gravamen se bajó diez puntos porcentuales.

Soy consciente de que las deudas, como la grasa corporal, una vez que se instala tiende a perpetuarse porque se suman los vencimientos de pago y los intereses, siendo difícil rebajar ambas variables a la vez, pero la culpa está, sobre todo, en la forma de gestionar que tienen nuestros políticos. Una comparación lo ilustra a la perfección. Basta cambiar de gestores para apreciar las diferencias. Veamos.

Privada

Cuando se inicia la crisis, la deuda privada (familias y empresas) alcanzaba el 200% del PIB. En esa fecha la deuda pública era del 39,4% del PIB. Tras nueve ejercicios consecutivos apretándose el cinturón, familias y empresas tienen un endeudamiento del 137% del PIB; redujeron las deudas en 570.000 millones de euros. Sin embargo, las administraciones públicas aprovecharon los nueve años para aumentar la deuda hasta rozar el 100% del PIB.

Podemos decir que el ajuste, en España, lo hizo el sector privado, con pérdida de empleo, rebaja de rentas salariales y de excedentes empresariales, enajenación de patrimonio y descenso del consumo. Un empobrecimiento a ojos vista, mientras las administraciones públicas mantenían su tren de vida.

Hay datos aislados que pueden valorarse como anecdóticos, pero resultan, a la vez, reveladores y misteriosos. Pese a la política de reponer únicamente el 10% de las plazas de las jubilaciones del sector público, hay alguna consejería del Principado que tiene a 1.500 trabajadores más que al empezar la crisis. Hasta la propia oposición ignora el dato.

Lo más curioso es que el Gobierno de España sabe cómo rebajar la deuda de las administraciones. Con un par de normas, el Ministerio de Hacienda logró que los ayuntamientos reduzcan todos los años el nivel de endeudamiento. En 2017, rebajaron los números rojos en casi el 10%. Ya deben menos de 30.000 millones. Van de superávit en superávit.

Sin embargo, las comunidades autónomas tienen barra libre, porque reciben créditos del Estado con un interés del cero por ciento y no tienen ningún miedo a la insolvencia, ya que el acreedor es el Gobierno.

El problema del Estado estriba en que la mitad de sus deudas están en manos de acreedores extranjeros, los mismos que asfixiaron a Grecia cuando vinieron mal dadas.

Con los tipos de interés en mínimos históricos, la deuda es una enfermedad silenciosa de la que no nos vamos a curar porque no nos sentimos enfermos. Ni Rajoy ni Javier Fernández ni el alcalde de turno piensan en ella: tira p’alante que libras. Los irresponsables de hoy son los insolventes de mañana.

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EL PEAJE, AHORA O NUNCA
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Juan Neira | 18-02-2018 | 12:43| 0

En la Junta General del Principado, Fernando Lastra ha planteado, oportunamente, la necesidad de exigir al Gobierno de España que rescate el peaje del Huerna. Dicho de otra manera: que los asturianos podamos transitar hacia la Meseta, o volver de ella, sin pagar tasas especiales, como hacen el resto de españoles que viven en las regiones periféricas. El consejero de Infraestructuras reactualiza una vieja aspiración de los asturianos al tener noticia de que el Gobierno de Rajoy ha decidido no prorrogar las concesiones de peajes en las autopistas que terminan su periodo de concesión en los próximos tres años. En el caso de la autopista del Huerna, la concesión vencía en el año 2021, pero el Gobierno de Aznar, inopinadamente, la prolongó por un periodo de 29 años, obligando a turismos, autobuses y camiones a seguir pagando hasta 2050 por cruzar la cordillera. Lastra resumió su propuesta con una frase movilizadora, digna de estar escrita en la pancarta que encabeza la manifestación: «Si España se queda libre de peajes en 2018, Asturias también».

Espero que todos los diputados apoyen la proposición del Principado. Es una demanda que nos beneficia a todos. A los que utilizan asiduamente la autopista del Huerna y a los que no circulan nunca por ella, ya que unos y otros pagan más caras las mercancías que vienen de otras regiones al llevar incorporado el peaje del Huerna en el precio. En la medida en que se pueda hablar de la competitividad global de las comunidades autónomas, habrá que dedicar una mención especial a la tasa del Huerna, que eleva los costes de todo lo que vende Asturias al otro lado del Pajares. Desde las bobinas de Arcelor hasta la leche de Capsa.

Hasta ahora, Asturias estaba en desventaja con el resto de regiones, pero el rescate del peaje en las autopistas que nacieron con el mismo plazo de concesión que la vía del Huerna, convierte el mantenimiento del pago asturiano en un agravio. Espero que la politiquería no frustre la respuesta unánime del Parlamento regional. El Gobierno central estaría feliz viendo cómo se enzarzan los grupos parlamentarios en un fuego cruzado con la mirada puesta en las elecciones del próximo año. A ver si las huestes de Mercedes Fernández se suman esta vez a la petición de anular el peaje, aunque la demanda pille a contrapié al Gobierno de Rajoy. Desde que Fernando Lastra asumió la cartera de Infraestructuras, en el Gobierno de Javier Fernández, además de funcionarios en excedencia, hay un político.

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LA FRONTERA DEL RIDÍCULO
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Juan Neira | 16-02-2018 | 23:07| 0

En la constitución de la comisión de investigación sobre la gestión de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, el PP ha cruzado la frontera del ridículo. La comisión fue propuesta por el partido de Mercedes Fernández, recibiendo el apoyo de Podemos y Ciudadanos. La propia Cherines comentó en la Junta de Portavoces que estaban interesados en presidir la comisión. Hasta aquí todo normal. Por razones inexplicables, el grupo parlamentario del PP cambió de idea y propuso a Rosa Espiño, diputada de Podemos, para presidir la comisión. Para justificar la disparatada maniobra, Matías Rodríguez Feito, diputado popular, aseveró que «tenían unidad de acción» con Podemos. Es de agradecer la aclaración, porque todos recordamos los ataques durísimos de Cherines a Podemos, descalificándolos por su ideología comunista, y distinguiendo entre IU, un partido con el que se puede dialogar, del grupo de los seguidores de Pablo Iglesias.

La lideresa no ahorró munición cuando tuvo que atacar a Podemos. Recuerdo aquella frase dura y cortante, «sus intervenciones me dan asco», que le dirigió en un debate sobre el Impuesto de Sucesiones a Enrique López, diputado del partido morado. Como la gaviota vuela en todas las direcciones, del asco hemos pasado a la unidad de acción.

El acto de constitución de la comisión fue propio de una comedia de enredo. Veamos. El PP hizo presidenta a Rosa Espiño (Podemos); la vicepresidencia fue para el socialista, Marcos Gutiérrez Escandón, apoyado por Foro e IU, y el puesto de secretaria recayó en Diana Sánchez, de Ciudadanos. El PP se quedó fuera porque se equivocaron al escribir el nombre de Gloria García. Ridículo completo: de tener la presidencia en la mano a quedar fuera del órgano que dirigirá las sesiones de trabajo.

Para rematar una jornada gloriosa, Matías Rodríguez Feito manifestó que «hemos sido testigos de una situación anómala, en la que Foro es capaz de juntarse con PSOE e IU». El citado diputado desconoce la cita evangélica, «¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo?». Después de haber formado un frente con el PSOE (¿unidad de acción?) contra el Gobierno de Cascos, el grupo de Cherines hizo lo que en ninguna comunidad autónoma realizó el PP: aprobar los presupuestos del Principado socialista para que no quedara sin oxígeno el Gobierno de Javier Fernández. Ahora, tras aliarse con Podemos, se atreven a hablar de situaciones anómalas.

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LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO
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Juan Neira | 15-02-2018 | 22:51| 0

El PSOE debatirá unas nuevas normas de funcionamiento en su comité federal. El máximo órgano del partido entre congresos va a ratificar o rechazar las propuestas de la comisión ejecutiva, donde la casi totalidad de sus miembros son declarados ‘sanchistas’. Las normas por las que se rige cualquier organización, lejos de ser neutrales sirven para reforzar las posiciones de poder de quien las propone, aunque este objetivo suele venir tamizado por el intento de alcanzar un amplio acuerdo. Solo en circunstancias singulares los que mandan desdeñan el consenso para confeccionar un traje a su medida. La anunciada ausencia de varios barones autonómicos a la reunión del comité federal (Susana Díaz, entre ellos) hay que entenderla como un gesto crítico ante las nuevas normas, pero Sánchez ya se encargó de acudir blindado a la cita tras la foto del abrazo con Felipe González.

Adrián Barbón presentó la adaptación de las normas federales a Asturias, donde consta que la candidatura autonómica (las tres circunscripciones) será elegida por la militancia, o que los cargos de concejal o diputado no pueden disfrutarse por un periodo superior a los doce años (los presidentes autonómicos o alcaldes no tienen plazo de caducidad). La normativa está impregnada del intento de empoderar a las bases, como dirían los chicos de Podemos. Cualquier pacto institucional con otros grupos debe ser ratificado por la militancia: la infantería del partido contra las baronías. Es evidente que se opta más por seguir un modelo asambleario de toma de decisiones que por confiar en un sistema de democracia representativa, donde los cargos públicos asumen la responsabilidad de hablar y decidir en nombre del partido. La apuesta por la interactividad, propia de la sociedad digital, va en apoyo de las reglas de Pedro Sánchez, pero en un partido tan institucional como el PSOE surgirán resistencias a su aplicación.

En la propuesta de Adrián Barbón hay dos asuntos controvertidos: la potestad que se reserva la dirección para incluir a determinados afiliados en listas electorales y la compatibilidad entre cargos orgánicos e institucionales. Meter gente a dedo en listas es un gesto muy grosero cuando se quiere hacer un alarde de democracia dando atribuciones a las bases que nunca tuvieron. Al final el aparato, como siempre, exige su cuota de poder. La compatibilidad orgánica e institucional es el trampolín que necesita Barbón para encabezar la candidatura autonómica.

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ENREDAR LA MADEJA
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Juan Neira | 14-02-2018 | 23:33| 0

La reforma de la Ley de Presidencia y la creación de una comisión para modificar el reglamento de la Cámara, dos iniciativas parlamentarias presentadas por Juntos Por el Sí sin haberlas negociado con otras fuerzas independentistas (ERC y CUP), han sido aparcadas en la Mesa del Parlamento, al quedarse el partido de Carlos Puigdemont aislado en su defensa. El presidente de la Cámara, Rogelio Torrent, no está dispuesto a llevarlas al Pleno porque serían impugnadas por el Gobierno, y el Tribunal Constitucional (TC) admitiría a trámite los recursos quedando suspendidas. En caso de desobedecer al TC los miembros de la Mesa incurrirían en responsabilidades penales. Los diputados de Juntos Por el Sí quedan desairados, ya que las dos iniciativas fueron ideadas para proceder a una investidura telemática del prófugo más famoso de España. Sin adecuación de la normativa, el independentismo queda concernido a presentar un candidato a presidente que no esté huido de la Justicia ni encarcelado, porque en la sesión de investidura debe estar presente en la Cámara y leer personalmente el programa de gobierno. El conglomerado independentista vuelve a mostrar sus contradicciones internas.

Por otra parte, el propio presidente del Parlamento ha tomado la iniciativa de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, para proteger los derechos políticos del diputado, Carlos Puigdemont, que han sido supuestamente dañados por el Tribunal Constitucional al establecer los requisitos concretos que debe cumplir cualquier candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Torrent defiende el derecho inalienable de Puigdemont a ser investido y asegura que el TC usurpó unas funciones que no le son propias. Según el presidente de la Cámara, el TEDH está por encima de las instituciones del Estado y puede garantizar el derecho de participación política del líder de Juntos Por el Sí.

Desde Esquerra Republicana de Cataluña están dispuestos a aceptar la primogenitura de Puigdemont dentro del movimiento independentista y a impulsarlo a la Presidencia de la Generalitat siempre que no haya motivos legales que lo impidan. En esa premisa estamos instalados desde las Navidades. Por muchas vueltas que den todo indica que Puigdemont no pasará el control de legalidad. El cansancio entre las bases independentistas dará paso a la alternativa posibilista: un candidato libre de polvo y paja.

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FIN DEL MONOPOLIO
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Juan Neira | 13-02-2018 | 20:29| 0

Mariano Rajoy se reunió con los líderes regionales del PP acompañado de la vicepresidenta y de Cristóbal Montoro. La cita en la sede de la calle Génova congregaba a todos los que tienen poder en el partido. Los miembros del comité ejecutivo dependen directamente de Rajoy y sirven para hacer eco con la voz del jefe. Carecen de poder real. En tres horas de intercambio de ideas se abordó la financiación autonómica. Hay dirigentes, como García Albiol (Cataluña), López Miras (Murcia) o Vicente Herrera (Castilla y León) que son partidarios de iniciar ya la negociación sobre el nuevo modelo de financiación, mientras que Núñez Feijóo (Galicia) considera que no cabe plantearse la cuestión de la financiación con Cataluña ausente de la mesa. El ministro de Hacienda, interlocutor de los gobiernos regionales, es de la misma opinión que el presidente gallego. La urgencia por acordar un sistema que proporcione más recursos a las comunidades autónomas hace que algunos líderes regionales demanden iniciar la negociación, pero resulta inimaginable hablar del reparto de dinero sin que participe la segunda comunidad autónoma por población y la primera por aportación al PIB nacional. Estamos en una fase del ciclo económico en que crecen los recursos tributarios, condición indispensable para negociar un nuevo modelo, pero es preciso que antes la Generalitat catalana vuelva a la senda del Estado autonómico.

En la reunión también se habló de preparar un pacto sobre el agua, y otro sobre la pérdida de población en la zona rural. Dos cuestiones capitales. Todo lo que se hizo con respecto el agua desde los años cincuenta a los ochenta, del pasado siglo, no tuvo continuación. La demografía es el gran problema de Asturias. Los pactos sobre financiación territorial, agua y demografía eran asuntos que debería haber abordado Rajoy cuando tenía mayoría absoluta; ahora quiere reactivarlos para ganar iniciativa política, cuando Ciudadanos le adelanta en las encuestas sobre intención de voto.

Oficialmente, en la reunión no se habló de Ciudadanos, pero fue el gran tema. Vicente Herrera pide entendimiento con la formación de Rivera, con quien ya pactó en Castilla y León. Rajoy está en la clave de ningunear a Ciudadanos, tratando de tener al PSOE como interlocutor preferente, pero esa táctica no le va a funcionar. No se puede combatir a una fuerza nueva con un líder gastado. La crisis catalana marca la decadencia y el fin del monopolio en el centro-derecha.

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LA BANCA Y LAS PENSIONES
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Juan Neira | 12-02-2018 | 22:59| 1

En una asamblea celebrada en la sede de la agrupación socialista de Oviedo, Adriana Lastra hizo una intervención beligerante para transmitir la postura de la dirección nacional del partido sobre la coyuntura política. El escenario en que habló la vicesecretaria general del PSOE justifica los términos en que se expresó, que no tienen nada que ver con un discurso en el Parlamento. Los maniqueísmos casan mal con el rigor, pero sirven para transmitir emociones, denostar a los rivales y aglutinar a los militantes en torno a la postura que mantiene la dirección.

«Ya es hora de que la banca eche una mano para salvar las pensiones». En principio, la banca tiene que pagar el impuesto de sociedades, como el resto de sociedades mercantiles. No sé por qué razón las entidades de crédito tienen que soportar una presión fiscal mayor que las grandes empresas industriales o de servicios. Cabe recordar que la mayor fortuna del país, con gran diferencia sobre la siguiente, corresponde a un señor que preside un emporio comercial. No entiendo por qué hay que relacionar los beneficios empresariales con el pago de pensiones. Lo lógico es ajustar la presión fiscal a todo el gasto social. ¿Por qué las pensiones deben estar más vinculadas a la banca que el gasto sanitario, la educación o las subvenciones al desempleo? Es evidente que si se establece una tasa sobre los bancos para pagar las pensiones, los banqueros aumentarán el precio de sus servicios trasladándola a los propios pensionistas. Adriana Lastra afirma que si los bancos repercuten el coste de la tasa a los clientes, los denunciarán ante el Tribunal de la Competencia. No entiendo nada. La denuncia tendría sentido si los bancos actuaran conjuntamente y fijaran el mismo precio para sus servicios, pero no son tan lerdos como para proceder así. Cuando sube el precio de la gasolina, las empresas que pueden trasladan el aumento al precio de sus bienes sin que el Tribunal de la Competencia arquee las cejas. Según la vicesecretaria general del PSOE, con la tasa a la banca piensan recaudar 1.000 millones de euros al año para reducir el déficit de la Seguridad Social. Ahora tienen que pensar a quién más le da un ‘sablazo’, porque con 1.000 millones no solucionan nada. El gasto presupuestario anual en pensiones roza los 140.000 millones. En definitiva, una tasa meramente ideológica para reforzar el voto de izquierdas. Lastra dijo otras cosas interesantes que también tendremos oportunidad de comentar.

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FIN DE LAS VACACIONES DE INVIERNO
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Juan Neira | 11-02-2018 | 22:57| 0

Los diputados han retornado a sus escaños. Costó volver a verlos desempeñar el trabajo para el que fueron elegidos, tras tantas semanas de vacaciones. Abandonaron la Junta General del Principado en plenas Navidades y fueron los únicos de todos los que trabajan en las instituciones autonómicas asturianas que no regresaron a sus ocupaciones tras la festividad de Reyes Magos. En el mes de enero limitaron su contacto con la esfera laboral al ingreso de la nómina. Cobran porque son, aunque no estén ni trabajen. En el mundo laboral a eso se le denomina vacaciones, pero los diputados lo llaman enero. El primer enjuague del año.

La vuelta a la normalidad ha traído a la actualidad la prórroga presupuestaria, una operación que preparó Dolores Carcedo mientras los parlamentarios aprovechaban la campaña de las rebajas o esquiaban en las pistas de los Pirineos. La consejera de Hacienda considera que la coyuntura es difícil, porque la prórroga significa pérdida de recursos y, además, ahí está la negativa de Cristóbal Montoro a adelantar una parte del dinero que espera recaudar del IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Carcedo dice que no podrá contar con 116 millones de euros que le corresponden al Principado.

Créditos

No me voy a extender sobre esto que es puro fárrago para un artículo de domingo, pero simplemente diré que el Gobierno central no niega nada, simplemente retrasa una transferencia porque también atraviesa una situación difícil al no encontrar socios para aprobar los presupuestos generales del Estado.

Lo cierto es que la consejera de Hacienda podrá contar con muchos más recursos por la vía de los créditos extraordinarios, como hacen gobiernos de todo pelaje en los sistemas parlamentarios. Para ello es necesario que el Principado muestre su disposición a negociar el destino de los créditos con la oposición.

Pese a lo que pudiera parecer, en las instituciones autonómicas asturianas hay un déficit crónico de negociación. Una cosa es que dos o más grupos políticos se sienten en torno a una mesa, con fotógrafos y cámaras de televisión como notarios, y otra muy distinta ofrecer un plan y admitir que otros grupos dejen su huella en el mismo, a través del diálogo.

El único modelo de negociación regional es el desarrollado por PSOE e IU para pactar en distintos periodos de la etapa autonómica. Un diálogo que siempre se desarrolló sobre el desequilibrio de fuerzas, con un PSOE mayoritario y una IU como socio minoritario.

El resultado pudo ser favorable para los intereses de Asturias, y así ha sido en ocasiones, pero la clave de los pactos siempre estuvo en que IU no se sintió suficientemente fuerte como para introducir enmiendas de calado en los objetivos socialistas, conformándose con modificaciones parciales. Cuando hubo gobiernos de coalición, IU se centró en mejorar la financiación de las áreas que gobernaba.

Ahora estamos en una situación cualitativamente distinta, con un PSOE reducido a la dimensión de 14 escaños y grupos de oposición de tamaño muy superior al de IU ¿Sabrán Javier Fernández y Dolores Carcedo negociar en este contexto?

Cooficialidad

La vuelta a la actividad política nos trajo la novedad de la cruzada del PP contra la cooficialidad de la llingua. Mercedes Fernández considera que el bable la llevará al poder. El problema está en el cómo. En la Junta General del Principado no encuentra enemigos para su batalla lingüística. Cuando clama contra la cooficialidad golpea sombras. Javier Fernández está más racionalmente convencido de la inconveniencia del bilingüismo que ella misma. Con Podemos e IU no quiere discutir. Y Foro está instalado en una tesis distinta a la que ella deseaba. Ciudadanos se atreve a hacer lo que nunca hizo el PP: «yo soy español, español, español…». Un vaso de agua para la lideresa.

Por asombroso que resulte, el objetivo táctico de la cruzada antillingua de Cherines es Carmen Moriyón. La nombra constantemente, como si en las manos de la alcaldesa de Gijón estuviese devaluar el castellano. Traza un panorama apocalíptico sobre lo que nos reserva el futuro. Si lo hubiese anticipado unos meses, hubiera dado tiempo para que causara furor en el Carnaval el traje del Úlster rematado con el complemento del cabo Peñas.

Dolores Carcedo y Mercedes Fernández no reparan en que el futuro de la gobernabilidad del Principado no está ni en el encaje de la prórroga presupuestaria ni en la artificial cooficialidad de la llingua, sino en Bruselas. No me refiero a la Comisión Europea, sino al destronado Puigdemont.

La resolución de la crisis catalana, cuyo primer capítulo terminó con las elecciones del pasado mes de diciembre, tendrá una influencia decisiva en el comportamiento del electorado asturiano en las urnas autonómicas de 2019.

Las encuestas señalan que el otoño independentista catapultó a Ciudadanos y castigó duramente al PP, así como dañó al PSOE y a Podemos. La suerte de Cherines está más ligada a la política de Rajoy hacia Puigdemont, ERC y la CUP, que a la rotundidad del rechazo a la cooficialidad.

Sánchez e Iglesias quieren discutir de temas sociales; hay asuntos importantes que es urgente abordar, pero el público sólo se fiará de los que consideren a Cataluña como parte indivisible de España.

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DIFICULTADES PARA GESTIONAR
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Juan Neira | 10-02-2018 | 21:30| 0

Terminadas las vacaciones de Navidad, los diputados asturianos vuelven a sus quehaceres parlamentarios. En la Junta General del Principado, Dolores Carcedo dibujó un panorama preocupante para la gestión presupuestaria. La consejera de Hacienda señaló que al Gobierno socialista le toca hacer frente a dos prórrogas, la propia del Principado y la menos comentada prórroga de las cuentas del Estado al no haberse aprobado en las Cortes ningún proyecto presupuestario para 2018. El Gobierno central retiene 116 millones correspondientes a las entregas a cuenta de la participación del Principado en los ingresos fiscales del Estado, y el Ejecutivo regional contará con 12 millones menos que en el anterior ejercicio por el rechazo a su proyecto de cuentas.

La consejera de Hacienda se queja, pero está rodeada de administraciones que gestionan en similares o peores circunstancias, sin hacerse las víctimas. Administraciones de mayor jerarquía (Estado) y de menos (ayuntamientos) pasan por trances similares. El Gobierno central espera el momento adecuado para hacer un último esfuerzo y lograr un pacto parlamentario sobre los recursos para 2018, aunque sabe que las circunstancias operan en su contra: más tensión que nunca con Ciudadanos, mientras el PNV airea sus exigencias sobre el derecho a decidir y la transición hacia un Estado confederal. De locos. En estas circunstancias entiendo que aplace las transferencias a las comunidades autónomas sobre los ingresos que espera obtener. En el Ayuntamiento de Gijón, la prórroga presupuestaria llega acompañada de una polémica en torno a la infracción sobre la regla de gasto (una norma que diseñó Cristóbal Montoro, mientras la Administración estatal es la que menos respeta el techo de déficit público acordado). Con esas dificultades, el equipo de gobierno municipal gijonés espera gestionar la prórroga atendiendo a todas sus obligaciones.

Dolores Carcedo duda de la sinceridad de Podemos cuando se ofrece a negociar y apoyar las peticiones de crédito extraordinario que palíen los rigores de la prórroga presupuestaria. Debería de pensar que también los diputados de Podemos pueden dudar de sus intenciones. Lo cierto es que estamos en prórroga presupuestaria porque el Gobierno socialista no aceptó, al final, la última oferta de Podemos que tenía una cuantía equivalente al 1% del presupuesto. Para ser un buen gobernante hay que arrinconar los prejuicios y ser más pragmático.

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LA CATALUÑA BICÉFALA
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Juan Neira | 09-02-2018 | 23:37| 0

Las tres fuerzas que conforman el espacio parlamentario del independentismo (JxCat, ERC, CUP) ultiman la fórmula esperpéntica con la que pretenden dar una solución a la gobernabilidad de Cataluña. Hay acuerdo en tener una doble representación en Bruselas y Barcelona y, también, en aceptar que Carlos Puigdemont es el líder máximo del movimiento independentista al que debe obediencia el resto de los dirigentes. Discrepan en la manera de establecer la compleja representación institucional entre las dos sedes y en la forma de protocolizar la jefatura de Puigdemont. Para JxCat lo mejor sería reformar en el Parlamento la Ley de Presidencia y Gobierno de la Generalitat para crear el consejo de la república que presidiría Puigdemont en Bruselas. Sería elegido presidente a través del Parlamento. ERC no quiere volver a transgredir la legalidad y propone que una asamblea de cargos electos unja a Puigdemont como presidente y se constituya de manera informal el consejo de la república. En ERC quieren mantener al margen al Parlamento para evitar que el Tribunal Constitucional considere ilegal la creación de nuevos órganos de la Generalitat y la propia reelección de Puigdemont. ERC pretende que todo sea muy simbólico, menos para elegir al presidente efectivo de la Generalitat, que se haría entre los 135 diputados en la Cámara autonómica.

ERC acepta que la Presidencia sea ocupada por Elsa Artadi, la persona elegida por Puigdemont. Una mujer joven, economista con brillante currículo (doctora en Harvard, profesora de universidades de Italia y China, miembro del comité científico del Banco Mundial, así como consultora del mismo en Washington), que entró en política de la mano de Mas-Collel, el consejero de Economía con Artur Mas, y fue directora general de tributos y coordinadora interdepartamental en Presidencia. Su peso político es muy escaso; los medios de comunicación empezaron a informar sobre ella en las semanas previas a las elecciones del pasado 21 de diciembre. Fue entonces cuando se creó la llamada lista del presidente. Reúne las dos características que necesita Puigdemont: ajena al aparato de PDeCAT y fiel a su persona. Con esos mimbres armará la bicefalia en el poder: Puigdemont y sus seguidores, organizados en el consejo de la república, mandarán desde Bruselas, y Elsa Artadi, al frente de un gobierno legal y con mayoría en el Parlament, llevará al Diario Oficial de la Generalitat las órdenes que le lleguen desde la capital de la UE.

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