El Comercio
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RELEVO O CENSURA
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Juan Neira | 10-04-2018 | 16:08| 0

El escándalo del ficticio máster de Cristina Cifuentes entra en la fase decisiva, con los partidos proponiendo soluciones concretas. Ciudadanos tiene cogida la sartén por el mango, ya que en su mano está convertir en ganadora cualquiera de las alternativas. Puede reafirmar a Cifuentes, presionar para cambiarla por otro diputado del PP, o convertir en presidente de la comunidad autónoma a Ángel Gabilondo, tal como pretende la izquierda (PSOE y Podemos) con la moción de censura presentada. El PP no tiene margen de maniobra. No han previsto nada, y están perplejos ante las exigencias de Ciudadanos y la moción de la izquierda. Desde el Parlamento madrileño rechazaron la comisión de investigación sobre el máster que pedía Ciudadanos, y ahora todo el partido, desde Rajoy hasta el último militante, no saben qué hacer ante la petición de Rivera de retirar a Cifuentes y relevarla por otro diputado del grupo parlamentario. Por su parte, Pedro Sánchez exige a Ciudadanos que apoye a Gabilondo, como candidato creíble, ajeno a las falsedades del PP de la capital. En definitiva, la decisión está en el tejado del partido de Albert Rivera.

Todas las alternativas comportan costes para Ciudadanos, no hay solución indolora. Si optase por sostener a Cifuentes, el golpe en la imagen del partido sería tremendo. El perfil de partido que viene a barrer la corrupción y proponer reformas se vendría abajo. A estas alturas, la comisión de investigación no sería una propuesta creíble para acallar el escándalo. Ya se sabe cómo acaban las comisiones de investigación; sólo serviría para aplazar la decisión sobre Cifuentes unos meses, cuando el asunto se haya enfriado, que es lo que le interesa al PP. Apoyar a Gabilondo supone un alineamiento con la izquierda, algo que le vendría muy mal a Ciudadanos tras la reubicación como partido aliado de la derecha. Relevar a Cifuentes por otro diputado del PP supone tensar la cuerda con ese partido y la izquierda, a la vez. Ni el PP ni el PSOE ni Podemos le respaldarían. Entre el 13 de abril y el 7 de mayo tendrá lugar el pleno parlamentario de la moción de censura, y quizás para entonces la negociación con el PP no haya finalizado, y tengan que elegir entre Gabilondo o dar una prórroga a Cifuentes.

Rivera tendrá que optar por la estrategia del mal menor y apoyar cualquier solución que pase por desalojar a Cifuentes de la poltrona. Rajoy, tan poco dado a dar pasos en el vacío, no se arriesgará a perder otra comunidad autónoma.

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CONVENCIÓN, MÁSTER Y ENCUESTAS
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Juan Neira | 09-04-2018 | 17:10| 0

La convención del PP se planteó bajo una doble dimensión: acto propagandístico destinado a todos los españoles y reactivación militante del partido. Situada en el calendario un año antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, se trataba con la cita de Sevilla de iniciar la precampaña con criterios unificados, consignas aprendidas y elevada moral. El hombre propone y Dios dispone. Ni Rajoy ni Dolores de Cospedal ni la pléyade de fontaneros de la Moncloa y Génova podían imaginar que un oscuro profesor universitario le iba a pasar a un diario digital la prueba de la obtención fraudulenta de un máster universitario por Cristina Cifuentes. La absurda peripecia de la presidenta madrileña ha polarizado la política española, y la dirección del PP, como hacen siempre los órganos directivos de las organizaciones, ha preferido ponerse del lado de la compañera del partido antes que del lado de la verdad. El caso Cifuentes no ha quedado agotado. Al contrario, amenaza con ser un elemento permanente de erosión del PP mientras permanezca en el cargo.

De un día para otro, Cifuentes pasó de ser uno de los principales activos del Partido Popular a convertirse en la más pesada carga. Solo hay un asunto en la agenda política que le preocupa más a Rajoy que el desafío independentista catalán, y ese asunto no es otro que las expectativas electorales de Ciudadanos, una fuerza emergente que se ha ganado el favor del electorado catalán y ahora se convierte en principal candidata a ganar las próximas elecciones generales.

Unas horas antes de terminar la convención, la última encuesta sobre intención de voto de los españoles situaba al partido de Albert Rivera ocho puntos porcentuales por encima del PP, que solo distanciaba a los socialistas en poco más de un punto y en algo más de dos a Podemos. Cerrar la convención mientras los cuadros del partido analizan las inquietantes encuestas es como para cortarse las venas. La portavoz de la delegación asturiana en la cita sevillana, Mercedes Fernández, pidió al Gobierno que diera un impulso a la línea de alta velocidad para acelerar la llegada del AVE.

Tras reconocer que la orografía asturiana dificulta su construcción y la escasez de recursos presupuestarios derivada de la crisis económica, aseguró que nuestra región debe completar sus comunicaciones. Sin duda, es la principal actuación del Gobierno pendiente de finalizar en Asturias. Esperemos que el ministro De la Serna recoja el guante.

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LA DERECHA EN EL DIVÁN
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Juan Neira | 08-04-2018 | 17:09| 0

Los sondeos electorales realizados en los últimos meses arrojan motivos serios para la reflexión. Dada la distancia que media hasta la convocatoria a las urnas hay que leerlos con una perspectiva amplia, no como una anticipación concreta de los resultados.

Es muy pronto para conocer si el PSOE se mantendrá en el poder en Asturias, pero los sondeos nos dicen que se mantiene la mayoría de izquierdas. Pueden bajar PSOE y Podemos, y subir IU, pero lo más importante no está en ese trasvase de sufragios, sino en la ventaja indiscutible de la izquierda.

En la actual legislatura, los tres grupos citados tienen 28 diputados, una cantidad que nunca tuvo la izquierda desde el primer mandato de Pedro de Silva. Y las encuestas avisan de que la distancia entre el conjunto de los grupos de izquierda y de derecha se va a mantener ¿Es lógico que los asturianos vuelvan a inclinarse por repetir la misma mayoría?

La izquierda

En este mandato y en el anterior, el partido en el Gobierno mantuvo de manera inercial las políticas que se venían aplicando en la región. Quizás afectados por la dureza de la crisis, o por otras razones que se me escapan, el Gobierno socialista optó por una política de perfil bajo. No hubo medidas extraordinarias para paliar los problemas ni se aplicaron reformas. En la sanidad, las listas de espera aumentaron y no se llevó a cabo la anunciada racionalización de las áreas sanitarias para reducir costes. Sobre el estado de la educación obligatoria nos informó mejor que nadie el último informe Pisa, sin que haya atisbo de rectificación. En los servicios sociales destacó el escándalo de las facturas enviadas a las familias de los residentes en los geriátricos públicos, así como la preocupante evolución del salario social.

También supimos de alguna noticia positiva. El mayor impacto en la opinión no provino de las actuaciones del Gobierno socialista, sino del papel jugado por Javier Fernández al frente de la gestora socialista. Los medios de comunicación nacionales proyectaron la imagen de un líder sensato y con sentido de Estado. Seguro que la aureola del presidente redundó en beneficio del Gobierno. Bien es cierto que el viento a favor no pasó de ser una racha, porque la crisis socialista terminó con la aplastante victoria del ‘sanchismo’, protagonizada a escala nacional por Pedro Sánchez y a nivel autonómico por Adrián Barbón.

Podemos hizo de la corrupción el tema estrella y, por ahora, no logró lo que buscaba. Se mantiene la investigación judicial sobre la obra de El Musel, pero no vimos esa ristra de políticos y empresarios que parecían estar ocultos bajo los sobrecostes. El pretendido bloque a la izquierda del PSOE, entre Podemos e IU, no presentó sus credenciales en el Parlamento.

IU se limitó a apoyar al Gobierno socialista, demandando, sin éxito, la unidad de la izquierda. Ni pudo corregir la deriva socialista ni forjar una alternativa. Conclusión: la izquierda no hizo méritos para revalidar su mayoría.

España

En España todos los sondeos anuncian el triunfo del centro-derecha (Ciudadanos y PP). Por primera vez en la historia de la democracia, el primero y segundo partido, en las encuestas, pertenece a ese nicho ideológico. Hay un lógico trasvase de votos del PP a Ciudadanos, dado el sinfín de escándalos que van desde Bárcenas hasta el último máster.

¿Cómo explicar la mayoría absoluta de la izquierda en Asturias dentro de una España con mayoría absoluta de derechas? Podría pensarse que en Asturias hay constituido un régimen, un statu quo dominado por la izquierda que transciende a cualquier coyuntura social o política. El mejor ejemplo es Andalucía donde gobernaron los socialistas hasta cuando tenían un 35% de paro.

La explicación se viene abajo al recordar que en las elecciones de 2011 hubo una mayoría contundente del centro-derecha, con 26 escaños (16 de Foro y 10 del PP). En definitiva, la causa de que la izquierda renueve su mayoría no está en su bagaje de aciertos, sino en los errores de la derecha.

Déficit

Mercedes Fernández asegura que será la primera mujer presidenta en Asturias, mientras hace política de brocha gorda en el Parlamento, unas veces apoyando a Javier Fernández y otras negándole el tratamiento de presidente. Ha diseñado un equipo de dirección con el único objetivo de que no la muevan del sillón. Puede dormir tranquila. Vivió de los éxitos de Rajoy y ahora va a sufrir sus fracasos.

Foro inició el mandato bajo mínimos, al perder el 75% de los escaños tras el inexplicado e inexplicable abandono de Cascos. Cristina Coto, teórica lideresa, dijo verdades como puños en el Parlamento, que irritaron a Javier Fernández, pero no pudo o supo crear una corriente de simpatía social hacia su grupo. En su haber está la batalla a favor de la supresión del impuesto de Sucesiones, y poco más.

Ciudadanos es el grupo más anodino del Parlamento. Solo al pasar lista te das cuenta de que asisten a clase.

El centro-derecha tiene 13 meses para reaccionar. Necesita una profunda renovación de líderes y discursos. O resignarse a perpetuar a la izquierda en el poder, repitiendo esa frase que tanto nos decimos unos a otros en Asturias: «es lo que hay». El conformismo de un país de viejos.

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PUIGDEMONT Y RAJOY
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Juan Neira | 07-04-2018 | 18:04| 1

Estamos ante un nuevo capítulo del ‘procés’ con la puesta en libertad de Carlos Puigdemont, tras depositar una módica fianza. El expresidente, nada más colocarse delante de los micrófonos, pidió la libertad para la cúpula independentista encarcelada en Madrid y señaló que llegó el tiempo del diálogo. El exhonorable hizo un canto de la Justicia europea por su compromiso con los derechos humanos y la separación de poderes. La Justicia europea engloba a la Justicia española, mal que le pese a Puigdemont. En definitiva, Puigdemont aprovecha la decisión del tribunal alemán, que valoró su caso, para tratar de devolver el debate sobre la independencia de Cataluña al lugar donde estaba al finalizar la jornada del referéndum del 1-0: los demócratas independentistas catalanes pidiendo ayuda a la Unión Europea para liberarse del yugo fascista español. Vamos por partes que aquí hay para todos.

Aunque predomine el gusto por el relato de brocha gorda, lo que el tribunal alemán ha hecho es decidir que en el delito de alta traición, recogido en su código penal, no encaja la conducta de Puigdemont. Solo eso. En Alemania no hay delito de rebelión. La figura penal más cercana es el delito de alta traición, que requiere de unas dosis de violencia superior a la apreciada en la actuación del expresidente, según el tribunal. La Fiscalía alemana no lo veía así y pedía la extradición por alta traición. Como es lógico, prevaleció la opinión del tribunal. Su decisión restringe los delitos por los que se le puede acusar en España, pero no queda libre de polvo y paja, al contrario, sigue habiendo base penal para pedirle pena de prisión.

Desde una perspectiva política hay que distinguir entre el revés recibido por nuestro Tribunal Supremo, con el inesperado desaire alemán, y la actitud de los gobiernos europeos que cierran filas con España y no quieren saber nada de la causa del ‘procés’; máxime, tras la estatura moral, política y personal que demostraron los independentistas, rematada con la demencial gestión que están haciendo del periodo postelectoral. Ahora bien, la decisión judicial alemana debe obligar a Rajoy a salir del burladero al centro de la plaza. Ya está bien de refugiarse en jueces y fiscales sin dar la cara. La aplicación del artículo 155 debería ser suficiente para doblegar a los levantiscos, pero Rajoy ha optado por una versión descafeinada sin ejercer el poder que le otorga la Constitución. Un presidente no puede encogerse de hombros.

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FORMAS DE VALORAR
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Juan Neira | 06-04-2018 | 15:20| 1

La reacción de los grupos políticos al proyecto de presupuestos ha sido la esperada. Todos los años ocurre lo mismo. La oposición descalifica y el partido del Gobierno aplaude. Las valoraciones están hechas antes de cotejar las cifras y la gente no sabe si quedarse con las críticas o con las alabanzas. Hay una absoluta ausencia de rigor. Desde las filas del socialismo se dijo que las cuentas «no cumplen las expectativas», que no son «los presupuestos que requiere Asturias» y que son «un fraude». Se reconoce que la inversión crece, pero se añade que «cinco puntos menos que la media nacional». La misma valoración podría hacerse del fallido proyecto de presupuestos del Principado, porque no cumplía con las expectativas, tampoco era el que necesitaba la región y en cuanto al fraude, todo consiste en animarse y sacar el registro hiperbólico.

En cuanto al crecimiento de la inversión, toca constatar que tanto a escala nacional como autonómica padecemos el mismo problema de raquitismo. Los gobiernos redujeron drásticamente la inversión cuando cayó la recaudación fiscal, durante los años de la crisis, y ahora siguen reduciendo el déficit público a base de dejar la inversión bajo mínimos.

Puestos a hacer valoraciones sesgadas, los distintos portavoces incurren en la frivolidad de comparar los incrementos o decrementos de la inversión entre comunidades autónomas, sin tener en cuenta el nivel del que parten. Veamos un ejemplo. En Asturias, la inversión crece el 5,9% y en Castilla y León aumenta el 0,5%. De ahí podría concluirse que los presupuestos de Rajoy tratan mucho mejor a Asturias que a Castilla y León. Nada más lejos de la realidad. A Asturias van destinados 225 millones y a Castilla y León, 1.002 millones. Si tenemos en cuenta que Asturias tiene un millón largo de habitantes y la población de Castilla y León es de 2,4 millones, comprobaremos que salimos ampliamente desfavorecidos: reciben más de cuatro veces de inversión que nosotros, mientras que sólo tienen algo más del doble de población.

Desde estas líneas hemos dicho otras veces que es tan importante el acto de presentación de los presupuestos, como la ejecución de los mismos. Hace bien Foro en repasar los incumplimientos del pacto presupuestario para saber lo que hay que votar un año después: la ronda norte de Oviedo y el metrotrén no recibieron un euro de lo acordado; de la variante de Pajares, sólo se había invertido el 26%, a 30 de septiembre. Es más fácil prometer que cumplir.

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BAJO MÍNIMOS
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Juan Neira | 06-04-2018 | 15:18| 0

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha sido ideado bajo la perspectiva de ganar el favor de grandes colectivos de ciudadanos, como son los pensionistas y los funcionarios, dada la cercanía de las elecciones. Entre ambos hay cerca de 13 millones de votantes, lo que supone una masa crítica suficiente para derribar y encumbrar gobiernos. 13 millones de personas a las que va destinado el 51% del gasto. El ahorro en intereses y en subvención al desempleo ha ido a parar a jubilados y funcionarios. Si se piensa en términos de asignación del gasto se trata de la gran operación del presupuesto. No se suele tomar en consideración este tipo de datos cuando se hacen análisis territorializados de las cuentas, pero tienen una gran importancia para el consumo de las regiones. Es distinta la repercusión de una mejora de las pensiones en una comunidad con alto porcentaje de jubilados, como es Asturias, que en otra, como Madrid, donde la media de edad es más baja.

La presentación de las cuentas dispara el reflejo del agravio comparativo al poner en relación las inversiones que hace el Estado en las distintas regiones. Es un reflejo muy primario y no siempre se hace con rigor. Por ejemplo, las inversiones programadas en la línea de alta velocidad que une a Madrid con Gijón benefician a Asturias tanto se hagan dentro o fuera de la región. Los 40 millones destinados a la parte leonesa de la variante de Pajares, o los 39 millones invertidos en la línea Venta de Baños-Palencia-León, son tan importantes como los 86,6 millones que se ejecutarán en la parte asturiana de la variante.

Me parece más interesante hacer la comparación de cada comunidad autónoma consigo misma, sin fijarse en otros territorios. En 1999, cuando el presupuesto del Estado era mucho menor que en 2017, se invertían en Asturias 297,8 millones, mientras que ahora no se superan los 225,4 millones. En el año 2009, un ejercicio en él que se perdieron 900.000 puestos de trabajo en España, el Estado invertía 1.017 millones en nuestra región, bastante más del cuádruple de lo que invierte ahora que se crean medio millón de empleos al año. La conclusión es clara, el ajuste fiscal se hizo en España –y también en Asturias– a costa de la inversión productiva. Se creó el mantra de que la inversión pública es puro despilfarro. Una falacia absoluta. Decimos que crece la inversión en Asturias porque el Estado pone 14 millones más encima de la mesa. Lo correcto sería decir que estamos bajo mínimos.

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LA CRISIS DE LA SINDICATURA
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Juan Neira | 04-04-2018 | 14:35| 0

La controversia sobre la Sindicatura de Cuentas ha dado paso a una profunda crisis de la institución con la dimisión de dos de los tres síndicos del ente fiscalizador del sector público asturiano. Antonio Arias y Miguel Ángel Menéndez han puesto sus cargos a disposición de la Junta General del Principado tras comprobar cómo Avelino Viejo, el síndico mayor, los hacía corresponsables de las contrataciones de personal que fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Antonio Arias aclaró en su carta de despedida que prestó su apoyo a las contrataciones con la condición de que estuviesen respaldadas por letrado mayor de la Junta General del Principado, condición que no se cumplió. El mismo síndico acusó de «mentir» a Avelino Viejo por manifestar en la comisión de Hacienda del Parlamento que las veinticuatro incorporaciones realizadas por el procedimiento de concurso específico (sólo podían optar al puesto el personal de la Sindicatura o de la Administración autonómica) habían contado con la unanimidad del Consejo de la Sindicatura, organismo formado por los tres síndicos. Por su parte, Miguel Ángel Menéndez deja el cargo porque «el clima enrarecido que se ha creado no ayuda al adecuado funcionamiento de la Sindicatura».

La crisis está servida, la institución paralizada por las dimisiones y el descrédito se apodera de la Sindicatura. El Gobierno y el grupo parlamentario socialista no pueden ni deben cerrar filas con Avelino Viejo, porque el enfrentamiento puede dar paso a la gangrena de la institución. El sentido común aconseja pasar página, renovar completamente la institución, tomar nota de los errores y trabajar para ganarse la estima de los asturianos que nunca suspiraron por contar con una Sindicatura de Cuentas en el entramado institucional autonómico, y ahora constatan asombrados que utiliza unos métodos de funcionamiento interno semejantes a los que practican algunos de los chiringuitos públicos que audita.

Defender las actuaciones realizadas contradiciendo las sentencias del TSJA, los informes de los servicios jurídicos de la Cámara y el criterio de la oposición constituye una apuesta segura por la degradación del ente. Ya es hora de que el Gobierno regional, en su nombre y en el de anteriores gobiernos socialistas, haga autocrítica pública por la cantidad de sentencias judiciales adversas recibidas por la forma de cubrir los puestos de trabajo en el Principado.

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UNA DIMISIÓN SALUDABLE
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Juan Neira | 03-04-2018 | 14:25| 0

La oposición en bloque –falta Ciudadanos por sumarse– pide la dimisión de Avelino Viejo como síndico mayor. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulando la adjudicación de plazas en la Sindicatura de Cuentas ha colmado la paciencia de PP, Podemos, IU y Foro. Los servicios jurídicos de la Junta General del Principado habían advertido que hacer una convocatoria por concurso específico, de forma que sólo se pudieran presentar a las plazas los miembros de la Administración o de la plantilla de la Sindicatura, podía ser irregular. Las sentencias confirman que el proceder del síndico mayor fue incorrecto. De las 39 plazas ocupadas por auditores, técnicos de Auditoría, ayudantes de Auditoría y letrados, 24 se han cubierto por concurso específico de méritos.

En su día, el Parlamento asturiano se posicionó, por unanimidad, en contra de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), configurada desde la Sindicatura, donde constaba que el acceso a las plazas sería por concurso restrictivo. Ni el dictamen de los letrados de la Junta General del Principado ni la voluntad del cien por cien de los diputados de la Cámara, en contra de restringir la convocatoria de acceso, ha servido para que Avelino Viejo cambiara de opinión, así que ahora debe asumir la censura realizada por la mayoría del Parlamento. Le toca dimitir y deberían entenderlo así, tanto él como el Gobierno socialista y el grupo parlamentario que lo respalda.

La Sindicatura de Cuentas ejerce un control de legalidad y oportunidad sobre todos los entes del sector público asturiano. No es de recibo que los métodos internos utilizados por el organismo controlador sean más censurables que los aplicados por los entes que están bajo su vigilancia. La forma de proceder de la Sindicatura debería ser lo suficientemente cautelosa como para no verse desautorizada por sentencias del TSJA. ¿Con que autoridad moral va a amonestar la Sindicatura en sus informes a cualquier ayuntamiento o sociedad pública del Principado, cuando la provisión de puestos en su propia plantilla ha quedado anulada por los tribunales? Avelino Viejo ya ha disfrutado de los dos mandatos que puede ejercer como síndico mayor, así que ahora debe aprovechar el varapalo judicial para dejar el cargo. No pasa nada. No se produce ningún seísmo en la Sindicatura porque el principal responsable de la institución se vaya para casa. Al contrario, es un proceder muy saludable para el sistema.

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TRIFULCA INOPORTUNA
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Juan Neira | 02-04-2018 | 21:16| 0

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) se acaba de ver envuelta en una trifulca entre PSOE y PP por culpa del ambiente electoral que impregna la política española. El festejado acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la disponibilidad de gasto de los ayuntamientos ha dado paso a un agrio intercambio de opiniones entre socialistas y populares, con Ignacio García Palacio, militante del PSOE, alcalde de Navia y presidente de la FACC, y José Manuel Fernández, afiliado del PP, alcalde de Peñamellera Baja, y vicepresidente de la FACC. Para el primero, la interpretación del acuerdo realizado por Montoro es un engaño, mientras que para el segundo todo se trata de una campaña socialista contra el Gobierno. García Palacio dice que el Ministerio de Hacienda sigue poniendo trabas para gastar el dinero sobrante del anterior ejercicio, ya que solo podrán utilizar el superávit para unos objetivos concretos (compra de mobiliario urbano, compra de vehículos de la Policía Local, o en equipamientos culturales o deportivos). En conclusión, de los 100 millones que hay de superávit global de los ayuntamientos asturianos, no se podrán ejecutar más de 50. José Manuel Fernández sostiene que el Ministerio de Hacienda permite gastar en seguridad, incendios, educación infantil y primaria, o servicios sociales. En definitiva: mienten los socialistas. Fruto de tan inesperada desavenencia, los regidores del PP amenazan con abandonar la FACC «porque es un órgano más de la FSA».

En la controversia hay que distinguir dos aspectos. Uno de ellos está relacionado con la materia de la disputa: el margen de disposición de los alcaldes sobre el superávit. Como no estamos en presencia de un asunto estrictamente asturiano, sino todo lo contrario, sería bueno esperar a ver cómo juzga la FEMP la interpretación del acuerdo realizada por Montoro. Esta es la postura defendida por Mariví Monteserín, alcaldesa socialista de Avilés, que me parece totalmente acertada. Esta semana se va a reunir la FEMP y tendremos una paralaje de miras más amplia sobre la cuestión.

El otro aspecto tiene que ver con el cruce de acusaciones. García Palacios manifestó que sus declaraciones fueron realizadas como alcalde de Navia, no como presidente de la FACC. En la práctica es muy difícil hacer esa disociación; ahora bien, la postura del PP no es de recibo, porque recurren a la amenaza para poner la mordaza.

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LA BULIMIA DE LA ADMINISTRACIÓN
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Juan Neira | 01-04-2018 | 20:10| 0

Los pasados días hemos conocido los datos sobre déficit público y deuda correspondientes a 2017. A la mayoría de nuestros conciudadanos estos indicadores no les dicen nada; la ratio de déficit en relación al PIB les resulta ajena como un cuadro abstracto de Tomori Dodge; la misma indiferencia sienten cuando leen que la deuda del Reino de España supera el billón de euros, porque saben, por experiencia, que ningún cobrador va a llegar a su puerta a exigir la parte correspondiente de la factura.

Sin embargo, la gente está muy atenta a la subida de las pensiones, al incremento de sueldo de los funcionarios o a las rebajas fiscales; forman parte de sus conversaciones y preocupaciones. Pues bien, aunque parezcan dos cuestiones distintas, están íntimamente relacionadas, porque no se pueden pagar pensiones y sueldos decentes durante un periodo prolongado cuando se incurre en grandes déficit y desmesuradas deudas.

El Gobierno se siente optimista. Cuando Rajoy llegó a la Moncloa sólo tenía un propósito en la mente: reducir el déficit público, que estaba en el 9,6% con respecto al PIB. Pese a las medicinas del Gobierno del PP, un año más tarde la fiebre había subido hasta el 10,4% del PIB.

A partir de ahí empezó a descender; el pasado año se cerró con un déficit del 3,1%, cumpliendo por primera vez con las exigencias de la Comisión Europea. Las comunidades autónomas hicieron la parte del trabajo que les encomendaron, dejando el déficit en el 0,32%; Cristóbal Montoro les había fijado el techo del 0,6%. El Gobierno de Javier Fernández solo necesitó tres décimas de déficit para gestionar los intereses regionales. El País Vasco o Navarra arrojaron superávit, pero disponen del 100% de la recaudación de los principales impuestos, y nosotros solo tenemos la mitad (IRPF, IVA) o nada (Sociedades).

Los ayuntamientos constituyen la administración más aventajada de la clase, con un saldo global positivo de 28.000 millones de euros. La mejora municipal fue producto de la estricta dieta que aplicó Montoro a los ayuntamientos.

Cosecha fiscal

Los alcaldes están indignados, dicen que los 28.000 millones son suyos y reclaman el derecho a gastarlos. Tienen razón, a medias. También los automovilistas conducen coches de su propiedad, pero el Estado no les deja pasar de 120 kilómetros por las autovías. En la crisis de 1993, nadie dictó normas y los ayuntamientos, en plena recesión, aumentaron en el 20% su gasto.

La protesta de los alcaldes se basa en un argumento electoral incontestable: es imposible revalidar mayorías municipales sin hacer mejoras en pueblos y ciudades. El margen que concede Montoro a sus colegas de Gobierno, debe extenderlo, este año, a los ayuntamientos.

Pero abramos el interrogante clave: ¿Cómo logró la actuación conjunta de las administraciones reducir el déficit del Reino de España al 3,1% del PIB en 2017? La respuesta es rotunda: porque Hacienda recaudó 12.000 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Deducción: los gobiernos no aplicaron políticas diferentes ni las administraciones hicieron ningún esfuerzo, simplemente hay más gente trabajando y las empresas ganan más dinero.

Tenemos las mismas holguras en el gasto, pero estamos en época de vacas gordas con la recaudación fiscal creciendo un 6,3% más que en 2016. Aun así, pese a la gran cosecha fiscal, el déficit del Reino de España superó los 35.000 millones de euros.

Préstamos

La deuda, que es la grasa acumulada de tantos déficit, sigue descontrolada. La bulimia de las administraciones públicas es incorregible. 2017 cerró con récord de deuda, 1,14 billones de euros, el 3,4% más que en el ejercicio anterior. En el caso de Asturias, también hubo un nuevo máximo, 4.244 millones: 150 millones más que un año antes. Ya saben cuál es la doctrina oficial: Asturias es una de las regiones con deuda más baja. Mal de muchos, consuelo de tontos. Cuando empezó el siglo decíamos lo mismo que ahora, y eso que la deuda era de 600 millones, siete veces menos que en la actualidad.

Saquemos conclusiones. Desde el año 2014 crecen la economía española y la asturiana, y se crea empleo. Cuatro años de expansión no han servido para embridar el endeudamiento (somos el cuarto país de la UE por volumen de deuda) y tenemos el mayor déficit público de los 19 países de la zona euro.

Resulta que crecemos más que nadie (PIB), la recaudación fiscal alcanza máximos históricos, pero seguimos gastando más que ingresando y la deuda aumenta. El derroche de las administraciones puede con todo. ¿Qué pasará a lo largo del periodo preelectoral? ¿Qué ocurrirá cuando crezca menos el PIB? ¿Qué sucederá cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés? ¿Qué cimas escalarán la deuda y el déficit cuando termine el periodo de vacas gordas fiscales?

Por último, el PIB asturiano tuvo una evolución singular en 2017. Sólo Aragón creó más riqueza que Asturias. La industria fue el motor del crecimiento y la construcción despertó del letargo. Las empresas y los ciudadanos se han adaptado al nuevo contexto, pero las administraciones siguen movidas por la inercia. Hablan de aportar soluciones cuando constituyen el problema.

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