LARGO DE CAFE

En el debate de investidura y en los mensajes de los primeros meses del Gobierno de Javier Fernández, el Principado se esforzó por subrayar que recortaría el déficit público, tal como dictan la Comisión Europea y Mariano Rajoy, pero sin traspasar las líneas rojas del mandato. La frontera en la política de consolidación fiscal estaba en mantener la calidad de las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. Un trimestre largo de huelga de médicos dañó la asistencia sanitaria, si bien se realiza ahora un gran esfuerzo por recuperar el terreno perdido (la lista de espera quirúrgica ya se redujo a la mitad) recurriendo al concierto con la iniciativa privada.
Sin embargo, las líneas rojas han quedado traspasadas por la crisis de los servicios sociales, área de trabajo donde cada día que pasa empeora la situación. La reprobación parlamentaria de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, ha demostrado que con la política social del Principado discrepan los cuatro partidos de la oposición, los ayuntamientos, las docenas de asociaciones sin ánimo de lucro que operan en ese campo y los profesionales del sector. Un amplio consenso en contra de los métodos, objetivos y resultados de la Consejería de Bienestar Social.
El complejo reparto de competencias hace que las tres administraciones (Estado, Principado y ayuntamientos) participen en la gestión de los servicios sociales. La política de Rajoy, en los diecisiete meses que lleva en el poder, ha consistido en disminuir la aportación del Estado a la atención social. Primero, con pequeños recortes, y en el presupuesto de 2013, a base de grandes tajos. Sin incluir la ayuda a la Dependencia, Asturias recibía tres millones de euros, y ahora la cantidad ha quedado reducida a 859.000 euros. A partir de esa realidad, opera la gestión del Principado.
TRUCO
El discurso de la defensa a ultranza de las políticas del Estado del Bienestar ha hecho que el Principado se adelantara a manifestar que el terreno abandonado por el Gobierno de Rajoy lo ocupaba el Principado, aportando financiación suplementaria para compensar a los ayuntamientos de la pérdida de recursos. Sin embargo, los consistorios han visto cómo el anuncio tenía truco: se mantiene el dinero, pero algunos servicios, como la teleasistencia, que antes cubría el Gobierno central, se han endosado a los ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón tiene que hacer frente a un nuevo gasto de 500.000 euros, si quiere mantener la atención a los octogenarios. De ahí, que todo el conjunto de prestaciones, contemplado en el llamado Plan Concertado, todavía no haya sido firmado por los ayuntamientos.
La quiebra de los servicios sociales tiene un segundo gran apartado, quizás aún más sangrante que el anterior, en el que no participa el Estado: el salario social. Es una prestación implantada por el Principado en los años de la abundancia, por insistencia de IU, que formaba parte de los gobiernos de Álvarez Areces. La prestación del salario social está colapsada. La lista de espera se ha incrementado en un tercio desde la formación del Gobierno de Javier Fernández. Los demandantes del salario social están 19 meses guardando cola hasta que reciben la primera paga. ¿Qué familia puede vivir más de año y medio sin recursos?
La solución consiste en picar a la puerta de las corporaciones municipales para que les den una ayuda de emergencia. En Gijón, cuatrocientas familias, a la espera de salario social, reciben 682 euros mensuales del Ayuntamiento. En resumen, los ayuntamientos tienen que financiar programas (teleasistencia) de los que antes se hacía cargo el Estado y, además, deben multiplicar los recursos para las ayudas de emergencia, ya que el salario social del 2013 no se cobra hasta 2015. La línea roja de los servicios sociales ha quedado ampliamente rebasada.
RETRASO
Con 122.700 parados, las iniciativas contra el paro constituyen otra línea roja que la política de recorte de déficit público no debe traspasar. El presupuesto del Principado de 2013 se aprobó en los últimos días del pasado año, y cinco meses más tarde todavía no se dedicó ni un euro para rescatar a personas del desempleo. Las políticas urgentes las gestiona el Gobierno regional a cámara lenta. Se ha anunciado la creación de dos planes de empleo, uno para jóvenes y otro para mayores de 45 años, respaldados por algo más de 19 millones de euros al año (58 millones hasta finales de 2015).
En un contexto tan dramático, con el mayor desempleo de la historia en Asturias, se trata de planes que se diseñan tarde y con grandes limitaciones de recursos. Las decenas de miles de desempleados de larga duración que hay en nuestra región no tendrán una ocupación paliativa mínima ni una cobertura social satisfactoria, más allá del abrigo que les proporcionen los ayuntamientos.
El discurso de las líneas rojas del Principado ha quedado rebatido por la realidad. Quizás por ello se vuelque ahora la atención sobre temas recurrentes, como el retraso en la construcción de las infraestructuras (línea de alta velocidad, Madrid-Gijón, y autovía del Cantábrico) del Estado, el techo del déficit público y la financiación autonómica, para los que se pide un consenso a la oposición.

El número dos de la FSA ha convocado una rueda de prensa para felicitarse por la decisión tomada por Francisco González al renunciar al acta de diputado tras ser acusado por presunto delito de exacciones ilegales. Jesús Gutiérrez afirmó que el diputado y el partido han puesto “un listón ético y político en Asturias”. Según el dirigente socialista, hay “antes y un después en Asturias”. La conclusión es clara: la dirección del PSOE asturiano está muy satisfecha por la resolución del caso. No le faltan razones.

Francisco González abandona el Parlamento pero sigue siendo el jefe del partido en Cudillero ¿Puede estar sentado en el banquillo de los acusados un dirigente del Partido Socialista sin abandonar sus responsabilidades orgánicas? ¿Hay que dejar el escaño cuando se cierra el sumario, pero se puede mantener el sillón en el partido? Por lo que se ve el listón de Jesús Gutiérrez tiene dos alturas, una para estar en las instituciones y otra más baja para dirigir el partido. A falta de que los mandamases del PSOE formulen una teoría completa, las contradicciones inherentes a la práctica del doble listón, o de la doble ética, podrían conducir a la siguiente norma de comportamiento: se deja el escaño al anunciarse la apertura de juicio oral y se arrancan los galones del partido cuando hay una sentencia en contra ¿Este es el criterio que baraja la dirección de la FSA? Merece la pena que Jesús Gutiérrez convoque otra rueda de prensa para que salgamos de dudas. A falta de una teoría completa, la dirección socialista maneja una “jurisprudencia” contradictoria: Francisco González sigue como secretario general del PSOE de Cudillero, con el respaldo de la FSA, pero el 25 de enero de 2011 suspendieron de militancia a Iglesias Riopedre, tras ser detenido, aunque el sumario sigue abierto dos años después. ¿Cuántas alturas tiene el listón de Jesús Gutiérrez? De momento, tres: una para Francisco González, como diputado, otra para Francisco González, como miembro del aparato del partido, y la tercera para Riopedre, como ex alto cargo y afiliado de base.

Tiene la dirección de la FSA razones para estar satisfecha, porque una vez más ha resuelto un conflicto negociando, de forma discreta, con la puntualidad de un reloj suizo, sin montar la escandalera de otros partidos. Nos devuelves el escaño y te restituiremos en el poder municipal.

Tal como había anunciado, Francisco González ha entregado el escaño tras serle comunicada la apertura de juicio oral por presunto delito continuado de exacciones ilegales. En el sumario se acusa al ex alcalde de Cudillero de cobrar el servicio de seguridad que prestaba la Policía Local a los chiringuitos en el verano. El diputado declaró que no estaba dispuesto a paralizar la región por aferrarse al sillón. Elsa Pérez será su sustituta en la Junta General del Principado.

El plan del Partido Socialista funcionó con la exactitud de un reloj suizo. Francisco González presentó su dimisión en cuanto supo que tendría que sentarse en el banquillo de los acusados. La pauta propuesta por Javier Fernández para los casos de presunta corrupción, estableciendo que los cargos públicos deberían abandonar las instituciones en cuanto se abriera juicio oral contra ellos fue escrupulosamente seguida por el ex regidor de Cudillero. Durante unas semanas Francisco González no apareció por el Parlamento, lo que dio pie a especular sobre cuál sería su proceder si el partido le pidiera la entrega del acta de diputado. Sin embargo, llegado el momento no hubo atisbo de vacilación, aunque el diputado socialista declaró sentirse víctima de un complot en el que incluyó al PP, que presionó al fiscal, según su criterio. Más plausible que la apelación al complot, fue la explicación que dio sobre el cobro por los servicios prestados por la Policía, donde la diferencia entre lo lícito y lo ilícito está en la existencia o no de una ordenanza, no habiendo sido advertido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Al menos esta es una versión sin apelar a relatos rocambolescos.

Cada caso de corrupción es distinto, aunque se repita, con frecuencia, la tipificación penal. Cuando hay una gran alarma social es imposible esperar a que se abra el juicio oral para exigir el abandono de las instituciones. Sería inimaginable que María Jesús Otero siguiera de directora general de Educación, por poner un ejemplo evidente. Forzar la dimisión es, a veces, un acto injusto de imposible reparación, ya que si resulta absuelto no hay forma de compensar moral y materialmente el daño causado. Como hay que fijar un criterio, el secretario general de la FSA propone que no se pueda compatibilizar la presencia en el escaño y en el banquillo. Y Francisco González acató la norma.

El proceso hacia la independencia de Cataluña -ya que eso es lo que encubre el eufemismo del “derecho a decidir”- se ha topado con el primer obstáculo. La declaración soberanista del Parlamento catalán ha quedado suspendida al admitir el Tribunal Constitucional (TC) la impugnación presentada por el Gobierno de Rajoy. Es una suspensión temporal que dentro de cinco meses deberá ratificar o levantar el TC. Artur Mas puso el grito en el cielo, porque según él se trataba de una inocente expresión de voluntad.

Cualquier ciudadano informado sabe que estamos ante un asunto de la máxima importancia que afecta sensiblemente al bienestar de todos. Si no fuese por el agobiante peso de la crisis económica y los efectos devastadores que genera en la sociedad, el intento secesionista de Cataluña sería el tema estrella de la actualidad desde el pasado mes de septiembre cuando Artur Mas se tiró en marcha del tren del autonomismo para abrazar la causa de la independencia. Desde entonces hasta hoy, lo más sorprendente es la facilidad que se da a la Generalitat y sus socios para dar pasos hacia la segregación de Cataluña. Rajoy ha evitado referirse al asunto siguiendo la táctica de la avestruz, que es su arma favorita, ya que tanto le vale para evadirse de los “papeles de Bárcenas” como para no encarar a Artur Mas. La Abogacía del Estado dictaminó que se trataba de un desafío abierto a la Constitución, pero Rajoy se limitó a impugnar la declaración del derecho a decidir pasando la patata caliente al Tribunal Constitucional (TC). No ha sido muy diligente la actuación del TC, ya que la declaración soberanista se produjo el 23 de enero y el TC no habló hasta ayer.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que dos tercios de los catalanes no quieren la independencia. La comunidad autónoma está quebrada, con 50.000 millones de deuda, y sólo puede atender a sus compromisos de pago gracias al dinero que le envía el Ministerio de Hacienda. En 2013, casi 10.000 millones de euros llegarán de Madrid. Cuando nos acercamos a la mitad del ejercicio, la Generalitat no aprobó el presupuesto y tampoco tiene visos de que lo haga, ya que su socio preferente para la aventura independista, Esquerra Republicana, no acepta los recortes. Con todo este desmadre interno no se entiende la impotencia de Rajoy y su mayoría absoluta.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso del Principado contra el impuesto a los depósitos bancarios a tipo cero establecido por el Gobierno central. Estaba cantado que el TC tomaría en consideración el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno asturiano, al igual que aceptó una iniciativa semejante presentada por la Generalitat catalana. En su argumentario, el Principado afirmaba que el Gobierno de Rajoy actuaba de forma irresponsable y “rozando el fraude de ley”. El alto tribunal tienen la última palabra, aunque el impuesto implantado por el Ministerio de Hacienda tiene toda la apariencia de infringir la legalidad, porque un tributo a tipo cero es un disparate conceptual, una propuesta extravagante, propia de gobernantes que se encuentran tan sobrados que recurren a actuaciones estrafalarias para cortar las iniciativas de otras administraciones. Como el Ministerio de Hacienda no quería que las comunidades autónomas gravaran a los bancos decidió inventarse un impuesto nominal sin repercusión real (impuesto a tipo cero supone recaudar cero euros) e impedir que los gobiernos regionales pudieran implantar un tributo a la banca, por la imposibilidad legal que existe de establecer más de un impuesto sobre un hecho imponible. Como bien argumentó la Generalitat, el Estado no ha aprobado un impuesto, sino que finge haberlo fijado.

Cristóbal Montoro ha corregido su estrategia al anunciar la aprobación de un gravamen sobre los depósitos bancarios de 0,2 euros por cada mil, dentro del conjunto de medidas contra el déficit. Podría llegar a recaudar 300 millones en toda España, aunque no es tan importante lograr ese saldo como impedir que las comunidades autónomas puedan obtener ingresos de los bancos.

Una vez reconocida la autonomía de los gobiernos regionales para gravar las actividades económicas y financieras que consideren oportuno, no está de más entrar en el fondo del asunto. Los bancos recibieron 38.000 millones de euros de la UE, dinero que tienen que devolver. Además, la banca tiene que revisar 125.000 millones de créditos refinanciados en los próximos meses. Sometida la actividad financiera a una prueba de estrés brutal, lo último que necesita es que las comunidades autónomas pongan sus ojos en ella para costear el déficit sanitario con un gravamen sobre los depósitos.

Las dudas sobre el horizonte judicial del diputado socialista, Francisco González, han llevado al grupo socialista a retrasar una semana la votación de la Cámara sobre la ley de sector público. Los portavoces del resto de partidos aceptaron, por cortesía, la petición del PSOE. Dos asuntos de distinta naturaleza -la probable apertura del juicio oral contra Francisco González y la votación de una ley- aparecen conectados por la exigua mayoría parlamentaria de la que goza el Gobierno regional: un escaño. Si el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictamina que Francisco González tiene que sentarse en el banquillo de los acusados, el diputado se verá conminado por su grupo a dejar el escaño, con lo que la votación en la Junta General del Principado registraría un empate a veintidós escaños, PSOE-IU-UPyD, a favor de la norma, y Foro-PP, en contra.

Cabe otra hipótesis mucho más adversa para los socialistas: Francisco González no entrega el acta y se va al grupo mixto, con lo que pasa a tener un poder extraordinario al convertirse en árbitro de todas las iniciativas parlamentarias del Gobierno. Tratándose de un partido como el PSOE, con tanta experiencia política e institucional, es de esperar que haya negociado con Francisco González su futuro político. No obstante, las ausencias parlamentarias del ex alcalde de Cudillero, justificadas por enfermedad, pudieran dar licencia a pensar que hay flecos sin cerrar en la negociación entre partido y diputado. En Asturias, ya conocimos un caso de cambio de grupo de un diputado que marcó el destino de la legislatura. En 1996, Antón Saavedra dejó IU y se fue al grupo mixto. Hasta entonces, el Gobierno de Sergio Marqués estaba en minoría en la Cámara, y con el apoyo de Saavedra pudo en pleno mes de mayo sacar adelante los presupuestos del Principado. Son dos casos distintos, pero con un teórico nexo común: el enorme poder que adquiere un diputado rompiendo con la disciplina de partido y poniendo su escaño al servicio de cambiantes mayorías.

No es muy edificante que el Parlamento altere su agenda en función de la decisión de los tribunales, pero si los cinco grupos de la Junta están de acuerdo vamos a aceptarlo. Quién iba a decir que la extravagante gestión municipal en Cudillero pudiera tener repercusión en la gobernanza de la región. De aquellas prácticas virtuosas estos lodos.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ve con optimismo la reforma de los ayuntamientos que plantea el Gobierno central. No aclara Íñigo de la Serna si se siente optimista por tener el carné del PP o si es la lectura del anteproyecto de ley la que le infunde esperanza. Para cualquier observador, la norma preparada por Rajoy implica un cambio profundo en el municipalismo español, que afecta a la autonomía de los consistorios y supone un recorte, de facto, en las competencias que se prestan.

Si el articulado del proyecto no se flexibiliza, la gran mayoría de los ayuntamientos españoles serán vaciados de competencias, porque el coste de la prestación de servicios quedará por encima del llamado “coste estándar”, fijado por el Gobierno para atender a los ciudadanos. Si, por ejemplo, en el coste de la recogida de basuras se toma por referencia lo que le cuesta dar ese servicio a los ayuntamientos de Madrid o Barcelona, llegaremos a la conclusión de que a casi todos los ayuntamientos de España les resulta más gravoso: es distinto utilizar un camión con dos o tres trabajadores por las calles de una gran ciudad, que recoger basuras en una pequeña villa con algunas aldeas alrededor. Por eso, el presidente de la FEMP propone introducir nuevos criterios para establecer el coste máximo de los servicios, como la dispersión de la población o el envejecimiento.

De la Serna señala que la mayor parte de las enmiendas presentadas por la FEMP tiene que ver con los municipios pequeños. Es lógico, porque a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes la norma no les deja siquiera la capacidad de poner un sueldo al alcalde. El anteproyecto de ley de Reforma Local tiene dos objetivos ocultos que se intuyen entre los renglones del texto: reducir el mapa ayuntamientos y acotar un modelo municipal que no suponga más carga financiera para el Estado. No se suprimen ayuntamientos, pero se ponen tales requisitos para su funcionamiento que el 80% de los servicios municipales serán gestionados por las diputaciones o los gobiernos autonómicos. Seguirá habiendo 8.115 consistorios, pero la mayoría quedarán reducidos a un edificio institucional y poco más. Con la Reforma Local no es preciso negociar un sistema de financiación municipal, ya que los déficit en los servicios se endosan a diputaciones y comunidades autónomas.

Los 122.700 parados registrados en la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año, es el dato que cambió todas las previsiones de la agenda política asturiana. El trabajo de las comisiones de investigación o de estudio de reformas, en la Cámara, pasa a ser un tema menor ante el drama del desempleo masivo. Nunca se había visto nada semejante. Pese a la tendencia de la Junta General del Principado a perderse en debates de poca monta, la última sesión parlamentaria de preguntas al presidente estuvo centrada en el desempleo, principal problema de los asturianos.
JÓVENES Y MAYORES
Javier Fernández sorprendió a los diputados con el anuncio de un plan de empleo destinado a los parados de larga duración que tengan más de 45 años, que servirá para contratar a 700 trabajadores durante doce meses. Cada euro que se dedique a rescatar a personas del paro sea bienvenido. Tras el anuncio se imponen las preguntas. ¿Cuántos planes de empleo aprobará el Gobierno regional? Hace unos días nos presentaron un plan para menores de 26 años que dará trabajo a 2.000 jóvenes, con una cobertura de 48 millones hasta 2015. Era la primera iniciativa del mandato. Ahora se anuncia un plan para mayores de 45 años, dotado con 10 millones. ¿Se trata de 10 millones en tres años, como el plan para jóvenes, o es una cantidad anual? ¿Cómo puede ser que con 10 millones se pueda dar trabajo a 700 trabajadores y con 48 millones sólo se contrate a 2.000 jóvenes? ¿De la dotación para el empleo juvenil, cuánto va destinado a contratar mano de obra y cuánto a financiar los famosos cursos de formación?
Tratándose de una materia tan importante, asombra que el Principado no ofrezca explicaciones exhaustivas. Se dice que está todo en el acuerdo de concertación social, pero cuando uno tiene la oportunidad de hablar con líderes sindicales de máximo nivel tampoco encuentra respuestas precisas. ¿Es mucho pedir que el portavoz del Gobierno aclare estas cuestiones a la sociedad asturiana o estamos abocados a conocer anuncios parciales de empleo, siguiendo criterios de oportunidad política, bien sea para acallar las críticas de la oposición en los debates parlamentarios o para rebajar la conflictividad social?
Con los pocos datos que tenemos a mano y pese a la incertidumbre que rodea a la materia, vamos a arriesgarnos a realizar algunas consideraciones. En principio, salvo declaración oficial en contra, el Principado ha comprometido hasta ahora un volumen global de 58 millones de euros para planes de empleo, de los que hay que descontar una parte destinada a los cursos en formación, que dejarán reducida la dotación para el empleo a 50 millones, en el más optimista de los supuestos. Si se ejecutan en tres años (2013, 2014, 2015), nos encontramos con que la asignación anual para contratar a desempleados es ligeramente superior a 16 millones.
IU DUPLICA
El presidente del Principado dijo en el Parlamento que todo el presupuesto regional está comprometido y sólo quedan 524 millones para políticas de gasto. ¿No se puede sustraer una cantidad sustancialmente superior a los 16 millones, de los 524 disponibles, para rescatar a trabajadores del paro? El Principado ofrece el 3,5% de los recursos de libre disposición, como si hiciese un gran esfuerzo.
Ángel González (IU) puso el dedo en la llaga, cuando pidió que se duplique el número de trabajadores a contratar por los planes de empleo y que se resuelva, antes del mes de junio, el colapso en la tramitación del salario social. Es una petición extraordinaria, propia de una emergencia, como la que está viviendo la sociedad asturiana con el 25,3% de paro. En el debate con los portavoces, Javier Fernández reprochó a Álvarez-Cascos que reivindicara el “salario joven”, aplicado por el Gobierno de Foro, ya que, según el presidente, se llevó a costa de desatender otros asuntos que los socialistas creen prioritarios. ¿Puede aclarar el presidente qué asunto es más urgente que paliar el 63% de paro juvenil? ¿Es más importante atender la factura de la RTPA que el paro juvenil? ¿La Procuraduría General debe tener trato preferente? ¿Las decenas de empresas y tinglados públicos que drenan los recursos del Principado -y las carteras de los contribuyentes- tienen prioridad sobre los más de 40.000 parados de larga duración que hay en la región?
GIJÓN
Es difícil de entender que el Ayuntamiento de Gijón, sin competencias en la materia, y con un presupuesto que no llega a ser ni la doceava parte que el del Principado, pueda tener un programa de empleo destinado a las familias que tienen todos los miembros en paro, que alcanza a cien beneficiarios, y que el Gobierno regional no haya pensado en una medida similar.
Da la impresión que ni el presupuesto del Principado ni el acuerdo de concertación social han contemplado una reserva de recursos a la altura del desafío social planteado. Como nadie está obligado a ser adivino, se impone que el presidente acuda al Parlamento y presente una reasignación de partidas a tono con las necesidades expuestas. Un sencillo trueque: recorte en tinglados y dinero extra para combatir el desempleo sobrevenido. En caso de no hacerlo, veremos cómo los planes de empleo se quedan cortos y la tramitación del salario social seguirá colapsada. Y crecerá el malestar.

El Centro Superior de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dado a conocer los resultados del barómetro correspondiente al mes de abril. Partidos y líderes políticos alcanzan las valoraciones más bajas de la etapa democrática. Especialmente los dos partidos mayoritarios y sus jefes de fila. Baste decir que Rajoy recibe una calificación semejante al portavoz de Amaiur, o que Rubalcaba y Rajoy inspiran “poca o ninguna confianza” a casi el 90% de los encuestados. El trabajo de campo se realizó en la primera semana de abril.

Simultáneamente, el CIS ha dado a conocer el barómetro de las comunidades autónomas, en los que se indaga sobre cuestiones similares al sondeo nacional. No obstante, no se pueden comparar ambos trabajos, porque en el barómetro sobre Asturias, con 400 personas encuestadas, las entrevistas se llevaron a cabo en los meses de septiembre y octubre del pasado año. ¿Qué fiabilidad pueden tener los datos de una encuesta cuyo trabajo de campo corresponde a hace seis meses? La publicación de los resultados, bajo la apariencia de estar presentando “pescado fresco”, es completamente engañosa. En una situación de crisis profunda, como la actual, en un semestre se produce un cambio en las valoraciones de la ciudadanía similar al que ocurre en dos o tres años en una sociedad sin graves problemas económicos y sociales. En definitiva, lo más relevante del barómetro autonómico es el desfase temporal. El CIS interpreta una foto del pasado.

Los más beneficiados por el desfase temporal que contiene la encuesta son los gobiernos autonómicos, ya que la crisis económica, con la galopante subida del desempleo de los últimos seis meses, erosiona a los partidos en el poder. Este factor cobra una singular importancia en Asturias, donde el nuevo Gobierno de Javier Fernández tomó posesión en el mes de junio de 2012, y acababa de concluir el periodo de gracia de los primeros cien días de gobierno cuando se realizaron las entrevistas. Es muy probable que el sondeo arrojase unos resultados sensiblemente distintos de haber efectuado el trabajo de campo el pasado mes de abril, con 122.700 parados en la región. En el barómetro, la gestión de Javier Fernández recibe el respaldo del 21,3% de los encuestados, 37,5% cree que es “regular”, mientras que hay un 17,6% que la considera “mala” o “muy mala”. Necesitamos datos de hoy.

La discusión del Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas sobre financiación y déficit ha pasado del engorroso planteamiento inicial al marasmo, y ahora entramos ya directamente en la fase de reconstrucción de la Torre de Babel. Cristóbal Montoro y dirigentes autonómicos compiten en confundir el tocino con la velocidad y en mezclar churras con merinas. Los gobiernos regionales que cumplieron con el objetivo de ajuste fiscal en 2012 sienten un gran recelo ante la hipótesis de un déficit a la carta para el presente año, donde el Ministerio de Hacienda concedería más margen de gasto a los territorios que menos equilibraron sus cuentas en el pasado ejercicio. Para evitar tamaña injusticia, el presidente de Extremadura ha propuesto un criterio objetivo: las cuotas de déficit que se concedan a los gobiernos autonómicos deben representar el mismo porcentaje de su respectivo presupuesto (para echar la cuenta, en la propuesta se propone retirar del presupuesto los gastos financieros).

La iniciativa de Monago tiene la virtud de crear un mismo baremo para todos los territorios, aunque no sirve para los planes del Ministerio de Hacienda. Pero lo más llamativo no es que discrepen el Gobierno central y una comunidad autónoma gobernada por el PP, sino que el equipo de Cristóbal Monitor rebata la propuesta de Extremadura hablando de usar como criterio el volumen del PIB o el tamaño de la población, que son variables que se usan en el modelo de financiación autonómica, pero que no tienen nada que ver con el déficit público. El desfase entre gastos e ingresos, en relación con la riqueza de un territorio, puede ser alto o bajo, con independencia de la población y del volumen del PIB. Metidos ya en la ceremonia de la confusión, Monago propone como criterios alternativos la vejez y la dispersión de la población, argumentos que se utilizan habitualmente cuando se discute sobre el modelo de financiación autonómica, pero que no sirven para fijar el ritmo de consolidación fiscal. En resumen, que el intercambio de opiniones entre Madrid y Mérida siguió un conocido guión: “¿Dónde vas?; manzanas traigo”.

El Gobierno de Rajoy se ha acostumbrado a no hablar claro. A Cristóbal Montoro le toca decidir si le interesa favorecer a Cataluña, en detrimento de Extremadura o Asturias, pero debe renunciar a la estrategia de la confusión.