El Comercio
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ESPERPENTO CON URNAS CHINAS
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Juan Neira | 01-10-2017 | 18:18| 0

El drama del “procés” desemboca en la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Una fecha en la que colisionan frontalmente la voluntad independentista de la Generalitat con la ilegalidad de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional  ¿En qué circunstancias llegamos a esta cita histórica?

Los partidos agrupados en Juntos Por el Sí y la CUP, y las entidades que luchan por la causa del independentismo, como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se encuentran eufóricos. Despliegan un activismo que no conoce el descanso nocturno.

Se han preparado febrilmente para la batalla haciendo acopio de  papeletas y sobres, diseñando estrategias de ocupación de los colegios electorales, amedrantando a los tibios para que vayan a votar, insultando a los que se atreven a criticarlos.

La Generalitat se hizo cargo del cuerpo del delito: las urnas chinas. Con tres “tuppers” así cualquier prestidigitador de tercera es capaz de sacar  un montón de pañuelos, palomas y media docena de repúblicas independientes.

Los nacionalistas llevan los niños a la calle para que participen en una hazaña histórica. Han abandonado su gusto por la vestimenta oscura para convertir la estelada  en uniforme obligatorio. Forman un torrente de emoción por el asfalto. Están convencidos de que van a ganar. 2017 debe ser la cara de una moneda que lleva inscrito 1714 en su cruz.

ANTECEDENTE

El factor clave para pensar que la quimera de la independencia puede llevarse a la práctica, por esa vía, estuvo en lo sucedido el 9 de noviembre de 2014, cuando Rajoy permitió que pusieran las mesas electorales en las aceras y publicaran los resultados.

Sacaron como conclusión que el Gobierno de España no se atrevía con las arbitrariedades del independentismo catalán. Cuando las instituciones no se hacen respetar, luego están obligadas a sobreactuar. Tras aquel ensayo general, quieren estrenar el esperpento.

El Gobierno de España opuso una estrategia fría contra el calor del catalanismo radical. Rajoy dio orden a los funcionarios de desbaratar el plan de Puigdemont y Junqueras. Los carteros no debían enviar las comunicaciones de la Generalitat al vecindario; los responsables de los colegios electorales no podían abrir los edificios; los fiscales y jueces debían instruir procedimientos contra los sediciosos; los Mossos d’Esquadra tenían que impedir las votaciones; la Policía Nacional y la Guardia Civil debían colaborar con los Mossos. Ni un gramo de acción política, todo procedimiento administrativo.

A estas alturas, ya sabemos que con la excepción de jueces, fiscales y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el resto no ha seguido el mandato del presidente del Gobierno con el celo que esperaba. La cosa se puso fea y Mariano Rajoy excusó de acudir al Consejo Europeo, convocado en Tallín (Estonia).

INFLEXIÓN

La crisis catalana tuvo dos puntos de inflexión. El primero se produjo en los días seis y siete de septiembre, cuando el Parlamento autonómico aprobó en un tiempo récord las leyes de referéndum y desconexión, violando la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara.

Unas sesiones parlamentarias bochornosas, en la que tuvo un especial protagonismo Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento, que llegó a declarar que no le importaban las resoluciones del Tribunal Constitucional, porque no se sometía a otra autoridad que la de los diputados.

Ante la opinión pública internacional, el nacionalismo catalán mostró su cara más antidemocrática al retorcer las instituciones al modo que lo hace Nicolás Maduro en Venezuela.

La secuencia de ilegalidades trajo como consecuencia una querella por desobediencia, prevaricación y malversación sobre los miembros del “Govern”. Y otra contra los miembros de la Mesa del “Parlament”, que dieron cobertura a esas leyes.

La espiral de los procedimientos judiciales dio más vueltas con las imputaciones sobre los alcaldes que cedieron sus locales a la Generalitat para la consulta. Algunos políticos y juristas dicen que fue un exceso, pero lo cierto es que la mayoría de las decisiones de los regidores se plasmaron en forma de decreto.

El otro punto de inflexión tuvo lugar con el registro de cuarenta sedes de la Generalitat y la detención de 13 altos cargos por la Guardia Civil.

Los independentistas se lanzaron a la calle y aún no han retornado a sus casas. Ante los socios europeos tuvo un coste alto la detención de políticos y los planes para impedir por el uso de la fuerza el uso de mecanismos electorales.

OPINIÓN PÚBLICA

Hasta hace un par de días, la opinión pública española estaba dormida, y los catalanes partidarios de la unión con España  vivían cohibidos.

La colocación de banderas en los balcones indica que algo se empieza a agitar. La manifestación  con banderas españolas en la plaza de San Jaime, centro institucional del catalanismo, indica  que la sociedad plural no se rinde.

Tras el 1-0, cuando el disparate se haya consumado con la declaración de independencia y haya que estrenar el artículo 155 de la Constitución, será muy importante que las calles reflejen la pluralidad que han querido ocultar las urnas chinas.

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TESTAMENTO DE JAVIER FERNÁNDEZ
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Juan Neira | 30-09-2017 | 15:50| 0

Javier Fernández se dirigió por última vez, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), a los cuadros de su partido. Ante el plenario del congreso pronunció un discurso muy de su estilo. Una pieza estudiada minuciosamente, trabajosamente memorizada, llena de alusiones a los hechos traumáticos vividos en el último año, y con la emoción contenida al recitarlo. Un discurso en clave rigurosamente personal, que trataba de ser algo así como las vivencias de un secretario general tras diecisiete años en el cargo, pero lleno de advertencias para su sucesor, Adrián Barbón, y sin perder la cara al “sanchismo”, mayoritario en la sala.

Tras decir que iba a hablar de recuerdos, lanzó el primer recado, “aunque vayas sobrado por los mares de la política, siempre hay un iceberg invisible esperándote” ¿Va Adrián de sobrado, o era el propio Javier Fernández el que navegaba despreocupado hasta que colisionó con Pedro Sánchez? A partir de ahí, la reflexión fluyó motivada por la abstención ante la investidura de Rajoy: en política no hay bien ni mal, sino opciones “preferibles o detestables”. Todos sabemos que para el secretario general saliente, la preferible era la abstención y la detestable, las terceras elecciones. Insistió Javier Fernández en el mismo tema al decir que el eje de la política es el tándem, izquierda/derecha, pero sin entender esa dicotomía al modo de Trento, entre “católicos y protestantes”. El famoso cisma del no es no.

Tras reconocer que nunca tuvo miedo y que no sintió jamás la ambición del poder, manifestó que su larga experiencia como secretario general le enseñó que el principal valor del partido es la lealtad. La lealtad es una virtud que de tanto insistir en ella puede convertirse en vicio, cuando la fidelidad a las personas clausura el raciocinio o fuerza a ocultar la verdad. Se refirió al ambiente hostil en el partido, sin nombres, fechas ni hechos, pero con “rencores, bandos y comisarios”. Un ambiente que sintetizó en la imposibilidad de “decir nosotros”. Unas palabras con resonancias a Benedetti: “quizás mi única noción de patria sea esta urgencia de decir Nosotros”. Confesó: “tengo congoja al final, pero no amargura por el último año”.  Cerró su pieza oratoria de forma lacónica, tras recordar a Martínez Noval, con cariño, miró a Adrián Barbón y le presentó su respeto. Y se sintió un abrumado deudor del PSOE. Le pedí a mi ordenador seudónimos de congoja y me sacó de dudas: “amargura”

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GUARDIAS Y ESTELADAS
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Juan Neira | 29-09-2017 | 19:09| 1

La Junta de Seguridad de Cataluña, convocada por Carlos Puigdemont, y a la que asistieron el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de coordinar los cuerpos policiales, ha terminado sin acuerdos. Los Mossos d’Esquadra han entendido, a su manera, el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum: lo más importante es salvaguardar la convivencia. Lo han explicado muy bien: si hay gente haciendo cola para votar no les van a impedir que depositen su voto en la urna, se limitarán a tomar sus datos de identificación y se los pasarán al juez. Así, el señor Trapero le remitirá al TSJA un par de millones de datos personales y que empiecen las querellas por donde quieran. Una tomadura de pelo. Tarde, mal y nunca, el Ministerio del Interior se habrá percatado de que para hacer frente a decenas de miles de militantes independentistas movilizados, sólo podrá contar con menos de diez mil miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Para el que crea que son muchos, es ilustrativo añadir que habrá 2.500 colegios electorales, así que no llegan a tocar a cuatro policías por cada colegio. Mientras tanto los 17.000 agentes de los Mossos d’Esquadra actuarán como observadores de una jornada agitada.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen una gran experiencia en tareas de orden público, pero es muy probable que nunca hayan tenido un cometido tan difícil por la extensión del territorio a controlar, la superioridad numérica de los potenciales causantes de disturbios y el tiempo que durará toda la operación, de sol a sol. El Gobierno debería haber duplicado los efectivos. Para controlar las calles de Gijón, Oviedo, Almería o Sanlúcar de Barrameda se bastan los policías municipales. Ya sé que las normas no contemplan esa posibilidad, pero si algún día había que hacer una excepción ese día era el domingo. Como en España hay un complejo de inferioridad generalizado ante los nacionalismos excluyentes, la gente lamenta que hayan aplaudido y vitoreado a los policías y guardias civiles que marcharon para Cataluña a cumplir una misión tan complicada.

A mí lo que me pone los pelos de punta es ver a toda esa multitud de catalanes, muchos de ellos menores de edad, uniformados con una estelada. Para los que opinen que es una imagen bonita, les recuerdo que para estética de masas uniformadas, ninguna tan subyugante como la del III Reich.

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UNA MAGISTRADA VALIENTE
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Juan Neira | 28-09-2017 | 20:35| 1

Pese al intento de los independentistas de separarse de España, Barcelona se ha convertido en la capital de la nación. Toda la política española gira en torno a ella. Continúan las interminables especulaciones en torno a los Mossos d’Esquadra. Acataron la orden de precintar los colegios, dada por la Fiscalía, pero el inefable comisario Trapero puntualizó que todas las actuaciones se harán con “proporcionalidad, oportunidad y congruencia”. ¿Cómo se precintarán los colegios aplicando las tres pautas de Trapero? Me temo que allá donde las huestes de Esquerra y la CUP ofrezcan resistencia, los Mossos se cruzarán de brazos, que es su pose favorita en las fotos de los últimos días. Si quieren ser congruentes con su proceder ante la sede de la vicepresidencia de la Generalitat y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deberán conformarse con hacer acto de presencia. En cuanto al sentido de la oportunidad, la verdad es que los miembros de los Mossos tendrán un futuro más despejado si adoptan un rol pasivo. Son más temibles los comisarios de Esquerra y la CUP que la hipotética denuncia judicial.

Con los cuerpos de Policía ocurre lo mismo que con la Iglesia Católica: una cosa es lo que dice la Conferencia Episcopal y otra lo que manifiesta el clero nacionalista catalán. Los primeros piden moderación y los segundos, separación. Supongo que en el Vaticano compaginarán ambas sensibilidades. O no. El dato más positivo de las últimas horas fue el paso dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ordenar a la Fiscalía que cese en sus diligencias y actuaciones porque el TSJC va a encargarse de dirigir las medidas represivas contra el intento de celebrar el referéndum. La magistrada, Mercedes Armas, mediante un auto, pide a los tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos de d’Esquadra) que precinten los colegios electorales antes del sábado y que el domingo cierren los que se hayan abierto. La magistrada, que lleve la instrucción de la querella contra los miembros del Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos, por haber firmado la ley del referéndum, hace una reflexión muy dura sobre el comportamiento de los miembros del Ejecutivo.

Fiscales y jueces están haciendo más de lo que cabía esperar al empezar el estallido de la crisis institucional. Miran de frente al delito. Ahora hace falta que Rajoy abandone el rol de observador y lidere la contraofensiva.

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LA SABIDURÍA DE TRUMP
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Juan Neira | 27-09-2017 | 15:59| 0

Según se acerca la fecha fatídica, las estrategias políticas se desdoblan pensando en la cita del referéndum y en el día después. Es difícil separar ambos hechos porque el segundo depende del primero. Una afluencia masiva a las urnas, logrando realizar las votaciones, alentaría los deseos de proclamar de inmediato la independencia. Al contrario, un día marcado por el control policial y ciertas algaradas callejeras podría ser el inicio de la normalización.

Detrás de la pugna por la celebración o no del referéndum se esconde un dilema crucial: vigencia de la legalidad o el nacimiento de una nuevo orden. El único grupo que ya conoce el futuro es la CUP: el Parlamento declarará la independencia. Esa es su postura. Sin embargo, al nuevo Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCT), carcasa bajo la que se protegen las antiguas huestes de Pujol y de Mas, le asaltan las dudas. Su portavoz dijo que si de las urnas sale el sí a la independencia, la decisión se ejecutará tras una negociación con el Estado. Una declaración así es algo más que un matiz. Conociendo los antecedentes es lógico pensar que la victoria de los constitucionalistas vendrá servida por las contradicciones de los independentistas, ese tripartito formado por el PDeCT, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la CUP; los dos primeros forman el Govern y la CUP lleva la batuta del ‘procés’ con sus desplantes institucionales y movilizaciones de masas.

Mariano Rajoy no va a la cumbre europea en Tallín (Estonia) para seguir los acontecimientos desde la Moncloa. Menos mal. El presidente del Gobierno tiene que estar a los mandos de la nave en el día que la democracia española va afrontar su mayor desafío desde el 23-F. Hay que tomar ya una decisión sobre los Mossos de d’Esquadra. El Gobierno no puede pecar de ingenuidad. Ni el famoso señor Trapero asiste a las reuniones del mando único a las que es convocado ni hay seguridad de que precinten los colegios, tal como ordenó la Fiscalía. Hay que aceptar la realidad tal como es: hay una batalla de corte policial o militar por el control del territorio urbano y el Gobierno no puede perderla.

A Rajoy le va el cargo en ese pulso, no en vano manifestó repetidamente que «el referéndum no se va a celebrar». El presidente visitó a Donald Trump en el momento oportuno para sacarle una declaración de apoyo. El hombre más poderoso del mundo dijo que «España es un gran país y debería seguir unido». Es la primera vez que coincido con ese hombre.

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MEDIDAS EXCEPCIONALES
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Juan Neira | 26-09-2017 | 15:52| 1

La tensión en Cataluña continúa “in crescendo”. A la primera reunión de coordinación entre los tres cuerpos policiales, bajo el mando del coronel de la Benemérita, Diego López de los Cobos, no acudió el famoso señor Trapote, jefe de los Mossos d’Esquadra. En su lugar asistió otro mando de la Policía Autonómica. No sé lo que pensará Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, pero a estas alturas es inútil confiar en la actuación de los Mossos d’Esquadra. Ya fue bastante elocuente lo sucedido el pasado miércoles, cuando la Guardia Civil y los funcionarios de Justicia entraron en la Consejería de Economía para registrar el departamento y tardaron casi un día en salir porque estaban bloqueados por los manifestantes ante la impasibilidad de los agentes de la Policía Autonómica. Es un cuerpo de 17.000 efectivos, clave para el control del orden público en Cataluña, pero  no se puede contar con ellos, desgraciadamente. Trabajan a las órdenes de Puigdemont, así que el día del referéndum quedarán cruzados de brazos, descargando sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil la responsabilidad de neutralizar las urnas. Por muy costoso que resulte, desde una perspectiva logística, no queda otro remedio que trasladar más agentes de los dos cuerpos nacionales a Cataluña. En principio, habrá que controlar seis mil urnas, y para eso hacen falta muchos agentes distribuidos por las cuatro provincias.

Tal como había advertido hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas dio a conocer la fianza solidaria que impone a Artur Mas y otros ocho altos cargos de su gobierno por el gasto que causaron a las cuentas públicas de la Generalitat con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entre los nueve tendrán que depositar 5,2 millones de euros. La mayor parte de ese gasto fue provocado por una compra masiva de ordenadores portátiles. Tres años más tarde les toca resarcir a la Generalitat. Imagino que saldrá en su auxilio la Asamblea Nacional Catalana que recauda fondos para una “caja de resistencia”.

Ante el cúmulo de ilegalidades que se están cometiendo, el Fiscal General del Estado manifestó que la detención de Carlos Puigdemont es “una posibilidad abierta”. A nadie puede extrañar que en los días que restan para la celebración de la consulta el Gobierno tenga que tomar medidas excepcionales para hacer frente a los planes de los rebeldes. En las redes sociales, con todo el descaro, el sector más radical llama a bloquear el puerto de Barcelona con tractores.

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VÍSPERAS DE OCTUBRE
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Juan Neira | 25-09-2017 | 21:54| 0

En la fiesta de La Merced, día grande de Barcelona, las dos asociaciones que impulsan el referéndum de autodeterminación, Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, repartieron un millón de papeletas para el voto. Hasta la fiesta es un buen motivo para hacer campaña sobre la consulta del próximo domingo. La pasada semana, la Guardia Civil requisó diez millones de papeletas. El Gobierno continúa cerrando páginas web independentistas y acumulando efectivos policiales para la contienda del 1-O. El Gobierno de la Generalitat no está dispuesto a dejar a los Mossos de d’Esquadra bajo el mando de un coronel de la Guardia Civil. Si los 17.000 efectivos que tiene la Policía Autonómica catalana recibieran órdenes de un jefe de la benemérita la consulta no se llegaría a celebrar, porque sumados a los policías nacionales y guardias civiles nos encontraríamos con cerca de 25.000 agentes para 6.000 urnas, lo que garantizaría la imposibilidad de llevar a cabo la consulta. Juan Ignacio Zoido, como ministro del Interior, haría bien en prescindir de los Mossos para el primero de octubre, optando por organizar un despliegue más amplio de los cuerpos de seguridad que están dispuestos a defender las órdenes del Gobierno y el mandato del Tribunal Constitucional.

Es muy duro plantear en estos términos el pulso entre el Gobierno y la Generalitat, pero cuando uno de los dos bandos en liza hace caso omiso de las leyes y se burla de las decisiones de jueces y fiscales, la disputa queda reducida a la capacidad de coerción de unos y otros.

Para la Generalitat, el referéndum es un acto supremo de democracia, mientras que para el Gobierno es la transgresión más flagrante de la legalidad democrática vivida desde el golpe de Tejero y Milans del Bosch, hace ya treinta y seis años. Los independentistas tienen a lo más granado de su tropa en la calle y la Policía se concentra en el puerto de Barcelona. Nadie va a detener el choque.

La noche del primer domingo de octubre será una noche de perdedores, aunque la derrota puede ser más amarga para unos que para otros. Rajoy afirmó muchas veces que el referéndum no se va a celebrar, así que su Presidencia depende de lo que ocurra en Cataluña. Puigdemont tiene claro que va a declarar la independencia, pero todos saben que se va a ir a unas elecciones anticipadas al Parlament. Visto que el choque es imparable, resta por pedir que no haya daños irreparables. Lo más sensato es ir pensando en el 2 de octubre.

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DEL PARLAMENTO A LA CALLE
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Juan Neira | 24-09-2017 | 15:15| 0

Así como en la primera semana de septiembre los partidos independentistas catalanes violaron la Constitución, las normas y los reglamentos parlamentarios para alumbrar una legalidad a la medida de sus deseos, en la semana que termina han mostrado el escenario en el que quieren dar la batalla del referéndum y el método para ganarla.

Bastó que el Estado pusiera en marcha una operación para impedir la consulta ilegal, con la intervención en más de cuarenta sedes de la Generalitat, con la detención de altos cargos de la Administración autonómica y requisa de material relacionado con el referéndum, para que los líderes del movimiento independentista lanzaran a sus huestes a la calle, rodeando las sedes institucionales y obstruyendo, bloqueando y hostigando a los guardias civiles que ejecutaban el operativo ordenado por el juez.

El Estado de Derecho no toma vacaciones. No hace la vista gorda, no entiende de treguas o tactismos: cuando hay indicios serios de delito, actúa. Da igual que sean ricos o pobres; que tengan dieciséis apellidos catalanes o que hayan arribado en patera; que formen parte de un gobierno o que hagan cola ante las oficinas del Inem. La ley obliga a todos.

La cara de sorpresa de miembros del ‘Govern’ ante el despliegue de la Guardia Civil indica que se creían blindados ante el poder del Estado. El mismo gesto de incredulidad que invadió sus rostros cuando el Ministerio de Hacienda les comunicó que intervenía sus cuentas. Una casta superior por encima de los mortales. A partir de ese momento, los independentistas se refugiaron en la calle, como teatro de operaciones.

La calle no se rige por reglamentos encorsetados, como ocurre con las instituciones; no hay enmiendas a la totalidad ni dictámenes vinculantes. En la calle no cuenta la calidad de los argumentos ni las pruebas acusatorias. En la calle solo hay gente que canta (¡hay que ver lo folclóricos que son los nacionalistas!), que repite pareados de memoria, que aplaude, que silba, que intimida, que rodea, que retiene, que destroza coches y, si hace falta, agrede.

Las avenidas siempre fueron de los nacionalistas porque son los ciudadanos de primera, los charnegos deben de ir por vías secundarias. Si no están de acuerdo, tienen libertad para marcharse a su tierra de origen.

La cámara

La estrategia de los rebeldes quedó a la vista de todos: cerraron el Parlament, nada más aprobar la ley de desconexión y se hicieron fuertes en la calle. ¿En qué país del mundo, con una sociedad fuertemente dividida y en claro enfrentamiento con el Estado, se le ocurre a alguien dejar sin voz al Parlamento? Solo en la Cataluña del Juntos Por el Sí y la CUP. Cierran el poder legislativo, cercan al poder Judicial y se sirven del Ejecutivo para ganar el referéndum con urnas opacas (nada de cristal) preparadas en casa, con las mesas electorales presididas por voluntarios de la Asamblea Nacional de Cataluña y Ómnium Cultural, sin Junta Electoral, y con los resultados dictados desde la Generalitat, con un ficticio porcentaje de noes para dar sensación de pluralidad. Ese es el plan.

En el Parlamento, por mucho que retorciesen el reglamento tendrían que escuchar a los portavoces de la oposición, y entonces se iría abajo la Cataluña monolítica del nacionalismo. Con las puertas cerradas de la Cámara, la única voz que se escucha es la que proviene de los escraches del independentismo.

La batalla se traslada a la calle y el referéndum también se gana en la calle. Es importante percatarse de ello, porque si en la próxima semana continúan los rebeldes monopolizando la vía pública, el referéndum ilegal saldrá adelante, tal como ambicionan.

Para los organizadores de la consulta, un elemento fundamental para ejercer el control de la calle estriba en el comportamiento de los Mossos de d’Esquadra. Desde estas líneas tuve ocasión de decir, hace ocho días, cuando se celebró el primer mitin de la campaña en la plaza de toros de Tarragona, que la imagen apacible de los Mossos, observando, relajadamente, las colas del público que quería entrar en la plaza era premonitoria de lo que iba a suceder.

Mossos

Así fue. La actitud pasiva de los Mossos ante los desmanes de las huestes del independentismo es incompatible con la democracia. La orden de crear un mando unificado de los distintos cuerpos policiales, con un coronel de la Guardia Civil como responsable, es una medida necesaria, pero tardía.

La Generalitat va a boicotear esa orden. No va a quedar otro remedio que trasladar más contingentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que hagan la labor que no quieren realizar los Mossos de d’Esquadra. Tras tantos años de permisividad, toca ahora tomar medidas extraordinarias.

El deterioro es inevitable y el daño para la marca España, imparable. Ningún Estado democrático puede permitir que un desafío tan mayúsculo como el de la Generalitat salga adelante, porque quedaría automáticamente cuestionado. El objetivo irrenunciable es el fracaso de la consulta ilegal. Tiempo habrá de utilizar mecanismos más sofisticados para hacer frente a la estrambótica declaración de independencia que servirá de epílogo a la farsa.

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CON LA “PASTA” NO SE JUEGA
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Juan Neira | 23-09-2017 | 11:35| 1

La crisis catalana sigue su curso con la mirada fija en el primero de octubre. Los dos bandos, constitucionalistas y rebeldes, mantienen su estrategia, unos dispuestos a restablecer el imperio de la ley y los otros convencidos de que tienen en su mano la ruptura con España. La puesta en escena es favorable a los independentistas que juegan al papel de víctimas, mientras que la actuación de jueces, fiscales y policías no suscita solidaridades. No quiero realizar un largo rodeo, pero la aprehensión ante las togas y los uniformados, como el rechazo a la educación clásica, como la falta de empatía con la bandera de España, como la incapacidad de poner letra al himno nacional, son herencias del franquismo. La dictadura hizo una utilización espuria de tantos valores, profesiones, símbolos y prácticas, que sigue habiendo un muro de prejuicios entre ellos y la ciudadanía.

La Fiscalía presentó una denuncia por sedición contra los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jorge Sánchez, y Ómnium Cultural, Jorge Cuixart, ante la Audiencia Nacional. En la denuncia se hace un relato detallado de los altercados ocurridos cuando los independentistas trataron de impedir que la Guardia Civil llevara a cabo su trabajo realizando detenciones y apropiándose de material relacionado con el referéndum del primero de octubre. La dos líderes citados jugaron un papel relevante en el tumulto, a juicio de la Fiscalía, y como trataban de “impedir a la autoridad el ejercicio de sus funciones”, su actuación es calificada como sedición, delito que puede llevar acarreada una pena de hasta quince años de cárcel.

Los dos “jorges” manifestaron que no tienen miedo. En Cataluña está de moda decir que no se tiene miedo, salvo que esté la cartera por el medio. Los cinco miembros de la Sindicatura Electoral –un sucedáneo de la Junta Electoral que se han sacado de la manga en la Ley del Referéndum- dimitieron atropelladamente del cargo en cuanto tuvieron noticia de que el Tribunal Constitucional les imponía una multa de 12.000 euros diarios si seguían formando parte de la Sindicatura. El número dos de Junqueras formaba parte del órgano, y la Generalitat se reunió de urgencia para presentar su cese como miembro de la Sindicatura. Cuando Cristóbal Montoro intervino en las cuentas catalanas, el “Govern” volvió a enviarle una notificación de los gastos. Dos rectificaciones y las dos relacionadas con la “pasta”. Es bueno saber por dónde les aprieta el zapato.

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UN RECHAZO INCÓMODO
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Juan Neira | 22-09-2017 | 21:44| 0

La victoria de Adrián Barbón en las elecciones primarias ha generado una nueva dinámica interna que se puede palpar en las agrupaciones al rechazar el informe de gestión del hasta ahora secretario general, Javier Fernández. Las dos agrupaciones más numerosas, Gijón y Oviedo, se mostraron contrarias al informe; en Gijón, el “no” casi duplicó al “sí”, y en Oviedo prácticamente no hubo ningún voto favorable a la tarea desplegada por la dirección de la FSA desde el anterior congreso. En otras agrupaciones muy importantes, caso de Mieres, Langreo o San Martín del Rey Aurelio (en San Martín hay muchos más afiliados que en Avilés, por extraño que parezca) también la asamblea de militante se posicionó en contra.

La desgana mostrada por el “javierismo” en la contienda de las primarias se traslada al congreso. Valga como ejemplo que en Mieres, el secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez, no se personó en la asamblea. Lo que hasta hace dos días era el oficialismo de la FSA se ha desplomado. El jefe se desentendió de la batalla interna y detrás de él van todos. A falta de un líder que sirva de referencia, la desbandada es generalizada. El resultado podría ser mucho más escandaloso si no fuera porque Adrián Barbón y su gente se están empleando a fondo para que salga adelante el informe de Javier Fernández, con el objeto de que su despedida de la jefatura del partido sea benévola. En Laviana, donde Barbón es alcalde, hubo veinte veces más de votos a favor que en contra; en Parres o Corvera, agrupaciones sobre las que sus más directos colaboradores tienen gran influencia, ocurrió lo mismo. Es el mundo al revés, lo más granado del “sanchismo” asturiano votando a favor del balance de Javier Fernández, y los oficialistas en paradero desconocido. La adhesión a Fernández no pasa de ser un cálculo interesado, ya que el estado mayor del “sanchismo” quiere un congreso de guante blanco y la censura al secretario general saliente envenenaría el ambiente del cónclave.

La militancia de base no está en los cálculos del aparato. Dieron un voto mayoritario a Barbón porque representa el espíritu de Pedro Sánchez. Lo que ellos llaman el “nuevo PSOE”. Javier Fernández es el viejo partido y su figura está asociada a la abstención en la investidura de Rajoy. Razón suficiente para disentir. Dado el esquematismo que ha dominado en el debate socialista el último año, el rechazo no debe extrañar a nadie. La militancia sabe de política, pero no de diplomacia.

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