El Comercio
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LO QUE TOCA EN EL PP
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Juan Neira | 18-06-2008 | 08:08| 0

A tres días de empezar el congreso nacional del PP las aguas están mucho más tranquilas que unas semanas atrás. El sector crítico, formado por un conjunto de personalidades que ocuparon puestos relevantes en el Gobierno durante la época de Aznar, ha fracasado en su intento de doblar la muñeca a Mariano Rajoy antes de la realización del congreso y ahora se encuentra sin una estrategia definida. En esa situación se impone la consigna del “sálvese quien pueda”: María San Gil no acudirá a la cita valenciana, Francisco Granados –mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid- dice que votará a Rajoy y Juan Costa no será candidato a ningún cargo. Rajoy ultima los preparativos del cónclave y mantiene la incógnita sobre la personalidad del futuro secretario general del PP; desde los medios se especula con la posibilidad de que sea Pío García Escudero o Ana Mato. Jugar con nombres es muy periodístico, pero, en realidad, la figura del secretario general tiene una importancia relativa, al ser equivalente a la del secretario de organización en el Partido Socialista. No creo que Acebes o José Blanco hayan hecho nunca sombra a Aznar o a Zapatero.

Hasta que empiece a desarrollarse el congreso quedará abierta la incógnita sobre la integración de personalidades del sector crítico en la única candidatura que se va a presentar en el mismo, encabezada por Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre ha declinado la invitación para formar parte de la lista. Que la presidenta del PP madrileño no haya aceptado la oferta no significa que otro dirigente crítico no vaya a hacerlo. Como ya hemos expuesto antes, se está en la fase del “sálvese quien pueda”, así que todavía tiene tiempo Rajoy para aumentar los apoyos.

Con un país sumido en una crisis repentina, que en un semestre se ha llevado por delante más de 250.000 empleos, le tocaba al congreso del PP ahondar sobre planes económicos para hacer frente a esa combinación de inflación, paro y déficit exterior que daña a nuestro tejido productivo. Sin embargo, la reunión congresual tendrá otras urgencias, que pasan por solucionar la división interna y proponer una reforma constitucional para poner diques contra el nacionalismo. Llevamos un lustro discutiendo de lo que no toca.

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CONTRA EL SENTIDO COMÚN
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Juan Neira | 17-06-2008 | 08:07| 0

Andan los grupos parlamentarios dando vueltas a la inclusión de la concertación social en el Estatuto de Autonomía. IU es ferviente partidaria de esa alternativa para que el pacto social no tenga vuelta atrás y, aunque gobierne la derecha más extrema, no tenga otro remedio que convocar a los agentes sociales y negociar un pacto de progreso. El PSOE y el PP tienen una postura más vacilante y reflexionan sobre la posibilidad de realizar en el Estatuto alguna alusión al tema, como recoger en el texto la conveniencia del pacto social. Puestos a quedarse con una de las dos propuestas, la del PSOE y del PP es menos mala que la de IU, aunque no tenga nada de buena.

En el último proceso de reformas estatutarias se ha optado por incluir en los textos variadas cuestiones que son ajenas al régimen autonómico. Algunas de ellas tienen cabida en las constituciones, como recoger un listado de derechos y deberes, mientras que otro grupo de propuestas descienden al detalle de un reglamento, así que no valdrían ni para una ley ordinaria.Las novedades incluidas en los estatutos de autonomía tienen un denominador común: convertir las cartas autonómicas en un arma para intervenir en la vida de los ciudadanos y en los usos institucionales y sociales. La inclusión del pacto social en el Estatuto de Autonomía de Asturias sigue esta senda.

La autonomía y el autogobierno no tienen nada que ver con el pacto social. Se puede tener un acendrado sentido de la autonomía y un nivel de autogobierno muy alto sin que haya concertación social. Y al revés: la concertación social más perfecta no aporta un gramo de autogobierno. El pacto social no es bueno ni malo, por si mismo, siendo conveniente en determinadas circunstancias y resultando una iniciativa hueca en otras. El intento de convertir la concertación social en un rasgo identitario de Asturias es una patochada. Lo único verdaderamente anómalo en Asturias es el exorbitante peso de los agentes sociales que negocian con el Principado los planes de infraestructuras y la gestión de los servicios públicos. En ningún territorio avanzado existe esa confusión entre fuerzas sociales y poder político, así que sería un error consagrar esa fórmula elevándola al rango de ley orgánica.

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INCÓGNITAS RESUELTAS
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Juan Neira | 16-06-2008 | 08:06| 0

Cuando falta una semana para la celebración del congreso nacional del PP las principales incógnitas ya están resueltas: la candidatura de Mariano Rajoy no tendrá competidoras y la estrategia del partido para los próximos años pasa por un giro hacia la moderación, renunciando a recuperar el Gobierno por la vía de crear dudas sobre los autores del 11-M. Rajoy se ha liberado de las tesis duras de Aznar, Mayor Oreja y Esperanza Aguirre e impondrá una línea política orientada a recuperar el electorado del centro, que ha sido siempre el gran objetivo de los partidos de la derecha en España (UCD, CDS, PP) para poder gobernar.

Al final, los sectores discrepantes con Rajoy no se han atrevido a presentar un candidato a la presidencia del partido, porque no era nada fácil obtener el número de firmas necesario para optar por el liderazgo. Esperanza Aguirre renunció a dar el paso y Juan Costa nunca fue un dirigente capaz de aglutinar al sector crítico, ya que le falta madera de líder. A Rajoy le apoyan la mayoría de las organizaciones regionales, aunque enfrente tiene a las personas más conocidas del PP, empezando por Aznar y siguiendo por Mayor Oreja, Rato, Zaplana, Acebes, Astarloa, Esperanza Aguirre, etcétera. En cualquier caso, lo peor para Rajoy ya ha pasado, porque la estrategia de los críticos, centrada en forzar la renuncia de Rajoy, se ha diluido.

El PP y el PSOE no son unos partidos políticos cualquiera. Tras 31 años de elecciones libres queda claro que son las dos únicas opciones reales de gobierno, así que es muy importante garantizar su solidez e independencia. Digo esto porque el rechazo a Rajoy no nació de ningún sector del PP sino desde algunos medios de comunicación, donde se ha seguido en los tres últimos meses una táctica sistemática de desgaste de la figura del presidente del PP. Medios etiquetados de derecha se han olvidado del principal dirigente de izquierdas (Zapatero) para atacar, día tras día, a Rajoy, por el sólo hecho de no plegarse a sus orientaciones. La influencia de los medios en la política es algo normal en todas las sociedades modernas, pero dirigir los partidos desde periódicos y radios es una aberración. La primera victoria de Rajoy será desprenderse de compañías peligrosas.

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El PACTO DE LA ENERGÍA
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Juan Neira | 15-06-2008 | 11:48| 0

Transportistas, pescadores, agricultores y taxistas convergen en sus protestas contra el Gobierno. Empresarios, trabajadores por cuenta ajena y autónomos practican el cierre patronal o la huelga para que el Ejecutivo atienda sus demandas. Colectivos numerosos exigen la solución al Gobierno de un problema que no ha contribuido a crear: el precio del gasoil.
Hace un año el barril de petróleo se vendía en los mercados internacionales a 70 dólares y ahora roza los 140. Los derivados del crudo han experimentado una subida similar a la del petróleo, complicando la existencia a los sectores laborales que hacen un uso intensivo de los hidrocarburos. Ante esta situación, los colectivos laborales no entran en litigio con sus proveedores o clientes, sino con el Gobierno. Todas las medidas que se barajan –petróleo profesional, tarifas mínimas de transporte, repercusión automática del precio de las subidas del gasoil en los contratos, aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social, bonificaciones fiscales- tienen como destinatario al Gobierno, que debe echar mano de la caja del Estado para compensar la subida del petróleo o imponer cláusulas a las empresas que tienen relaciones comerciales con los sectores afectados directamente por la subida del crudo. Dicho de otra manera: unos españoles se unen para pedir al Gobierno que el resto de los españoles les dé más dinero. Esta es la ley oculta que rige en todo tipo de subvenciones públicas.
Coincidiendo en el calendario, el Ministerio de Industria revisa la cuantía del recibo de la luz, al aplicar una subida en la tarifa del cinco o el seis por ciento. Un incremento que se debe sumar al realizado al principio de año, así que en un semestre el recibo de la luz habrá conocido una subida cercana al ocho o al nueve por ciento.
Aunque la decisión del Gobierno viene endulzada con una promesa de tarifa social, practicable únicamente para los hogares con un equipamiento eléctrico propio de los tiempos de la autarquía, la respuesta del público es unánime: rechazo al incremento del precio de la electricidad. No le gusta la propuesta a las familias y tampoco a las empresas. El consenso es tan grande que logra lo más difícil, al estar en contra los operadores eléctricos, que pedían una subida del 20%, y los grandes consumidores de electricidad que quieren mantener las tarifas reducidas.
De todos los rechazos sociales, tanto los producidos en la calle, la carretera, el campo y el puerto, como los registrados en las encuestas, cabe colegir que el Gobierno de Zapatero va a sufrir un rápido desgaste en el primer año de legislatura. Como la crisis económica no va ser un breve paréntesis en nuestras vidas, el deterioro de la actividad económica dará paso a un malestar social creciente y a partir de ahí empezará la erosión del Gobierno. Aunque los grupos de oposición están muy debilitados, los ciudadanos se encargarán de hacer directamente de oposición.
Justo es reconocer que en su primera legislatura el presidente Zapatero no supo vender la bonanza de la economía española. Durante gran parte del mandato, el tiempo que va desde la gestación del “Estatut” (verano de 2005) hasta la ruptura definitiva de la tregua por parte de ETA (junio de 2007), el incremento del PIB y la creación de empleo estuvieron ausentes del discurso político, para recuperarlos en los nueve meses últimos de la legislatura, cuando se acercaban las elecciones. Al cambiar el ciclo, la única estrategia del Gobierno pasa por reivindicar el valor del eufemismo en la explicación de la coyuntura: desaceleración económica en vez de crisis. Si no fuera porque resulta muy ofensivo, diría que me recuerda la técnica de los partes de guerra alemanes ante la arrolladora progresión de los ejércitos aliados: “avances elásticos de la retaguardia”. Así se denominaba el repliegue sobre Berlín.

EL GOBIERNO VA A SUFRIR UN RÁPIDO DESGASTE EN EL PRIMER AÑO

En las dos últimas semanas ha faltado un portavoz del Gobierno capaz de llamar a las cosas por su nombre. No hubo ningún miembro ni miembra del Gobierno capaz de hacer pedagogía social, como la hacía, en televisión, el vicepresidente del Gobierno, Fuentes Quintana, preparando el camino para los Pactos de la Moncloa. Antes de que la vida nacional sea un guirigay, hace falta que alguien se ponga delante de un micrófono para decir que la crisis de la energía es un choque externo, imposible de solucionar intercambiando el dinero entre españoles. Disfrazar el brutal encarecimiento del crudo echando mano de la Hacienda del Estado sólo servirá para hundirnos más en la crisis.
El cambio de ciclo empezó con la contaminación del tejido financiero por el mal de las “hipotecas basura”, teniendo como resultado, en España, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero ahora ha emergido con toda su crudeza las consecuencias de la escalada del precio del petróleo. Con la crisis energética nos hemos topado por tercera vez en 35 años, y eso no se soluciona con líneas especiales de crédito ni con regalos de 400 euros. Hay que tomar medidas a corto, medio y largo plazo, sin caer en los errores del pasado: en cuanto bajó el precio del crudo se aplicó la moratoria nuclear.
FIN DE LA MORATORIA
A corto plazo hay que ahorrar energía, y no hay mejor inhibidor del gasto que la aplicación de un precio real al consumo. Es bueno que la gente viaje menos en coche y en avión. Así, como suena. ¿Cómo puede ser que el precio del petróleo se haya duplicado en un año y el consumo de gasoil sólo haya descendido un 10%? Y si hay que dar ejemplo se reducen cargos públicos y se aligeran las flotas de flamantes berlinas de cinco metros de largo. Miguel Ángel Revilla no se deprime por usar un taxi convencional.
Es urgente revisar las previsiones energéticas para acelerar la extensión de las energías renovables y rebajar las aportaciones de combustibles fósiles, todos ellos marcados en los mercados por el curso que toma el precio del petróleo. Y hace falta terminar con la moratoria nuclear, la única manera de tener autonomía energética y de rebajar el CO2 que se expulsa a la atmósfera. Estas medidas precisan de un pacto PSOE-PP sobre la energía, tan necesario como lo es la renovación del Pacto de Toledo para la sostenibilidad financiera de las clases pasivas.
Hay que hacer política, señores del Gobierno, ya llegará el tiempo de introducir enmiendas “de género” en el diccionario de la RAE.

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GRACIAS AL PP
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Juan Neira | 14-06-2008 | 12:34| 0

El segundo crédito presupuestario, presentado por el Gobierno regional a la Junta General del Principado, fue aprobado con los votos del PSOE y del PP, optando IU por la abstención. Tras el visto bueno parlamentario, el Gobierno de Álvarez Areces ya tiene para invertir y gastar tantos recursos como los previstos en las cuentas rechazadas por el Parlamento, al final del pasado año. El Principado podrá contar con cerca de 250 millones de euros, que no estaban en la prórroga presupuestaria, gracias al apoyo del PP que ha respaldado todas las propuestas de inversión planteadas por el Gobierno regional. A falta de una estrategia definida, IU ha apoyado el primer crédito, para no enfrentarse a los sindicatos, y se ha abstenido en el segundo para distanciarse de los socialistas.

En el debate parlamentario, el portavoz socialista, Álvaro Álvarez, ha reconocido el proceder responsable del PP y les ha invitado a discutir las bases presupuestarias del año 2009, para no perder inversiones. Por su parte, Ovidio Sánchez ve difícil consensuar las futuras cuentas regionales, arguyendo las diferencias que hay entre los dos partidos en política económica.

El Gobierno socialista tiene que estar enormemente satisfecho del giro que ha dado el curso parlamentario. Ni en el más bello de los sueños podía imaginar que el grupo parlamentario del PP aprobara todas las propuestas de gasto presentadas en la Cámara. Si los ayuntamientos cuentan con apoyo financiero para desarrollar proyectos es gracias a la nueva estrategia del PP que ha comprendido que el favor de los ciudadanos no se consigue bloqueando el Parlamento sino respaldando lo que beneficia los intereses generales. Eso no quita para extremar el control sobre la acción del Gobierno, como lo demuestra al votar la creación de una comisión parlamentaria que estudiará los sobrecostes del nuevo Hospital Central. Lo que no pueden pretender los socialistas es que la actitud constructiva del PP se confunda con la política de un aliado del Gobierno. Me refiero a la propuesta para consensuar un nuevo presupuesto. Una cosa es ser bueno y otra renunciar a ser oposición. En ningún parlamento el PSOE y el PP votan juntos las cuentas anuales. Asturias no será una excepción.

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SOLBES, CON LOS ALCALDES
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Juan Neira | 13-06-2008 | 06:43| 0

Pedro Solbes ha asegurado que los problemas de la financiación municipal se pueden solucionar sin que los alcaldes tengan que subir los impuestos. El ministro de Economía afirmó que las llamadas “competencias impropias” (servicios que prestan los ayuntamientos sin ser de su competencia) son una responsabilidad de las comunidades autónomas, así que a ellas les toca financiarlas.

Es la primera vez en la democracia que todo un vicepresidente económico del Gobierno toma partido de una forma tan rotunda por la causa de los ayuntamientos. Los alcaldes acaban de escuchar de boca del Gobierno el mensaje que querían oír: las dificultades económicas que atraviesan los consistorios son responsabilidad de otras administraciones y la forma de enderezar las cuentas no tiene que ver con establecer nuevos tributos. Solbes no hace ninguna llamada a la responsabilidad de las corporaciones municipales sino que las deja en la menoría de edad, sin necesidad de obtener nuevos recursos y pasando la patata caliente a los gobiernos autonómicos. El presidente de la FEMP, Pedro Castro, había fijado la deuda municipal en 7.000 millones de euros, proponiendo pagarla a tercios entre las administraciones territoriales (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos). Tras las declaraciones de Solbes no creo que los alcaldes asuman los 2.333 millones de euros que les correspondían en la propuesta de Pedro Castro. Es mucho más ventajoso pasar la factura a las comunidades autónomas.

El Gobierno central iniciará, el próximo día 19, la negociación de la financiación municipal. Los alcaldes llegarán al primer encuentro con la moral muy alta, como corresponde a todo gobernante que tiene licencia para gastar con los tributos que recaudan otros. Como Solbes lleva muchos años en la vida pública es probable que su argumentación tenga como objeto poner en una tesitura incómoda a los gobiernos regionales con las que ha empezado a negociar, de forma bilateral, el nuevo modelo de financiación autonómica. Quizás el ministro de Economía quiera contar con los acaldes para dejar a los gobiernos autonómicos entre dos fuegos. Una táctica arriesgada, porque puede que, al final, le toque al propio Solbes apagar las dos hogueras.

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TODOS EN EL ESTATUTO
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Juan Neira | 12-06-2008 | 08:23| 0

Justo Rodríguez Braga pide a los socialistas que hagan un esfuerzo por incorporar a IU al acuerdo de la reforma estatutaria. Para cambiar el Estatuto de Autonomía es obligatorio el concurso del PSOE y del PP, porque hace falta una mayoría cualificada del Parlamento, cifrada en 27 diputados, pero el secretario general de la UGT considera necesario ir más allá e incluir a IU en el consenso. Nada que objetar a la propuesta, porque cuantos más apoyos políticos tenga el nuevo Estatuto, mejor. No siempre se ha seguido ese camino, ya que algunas reformas realizadas en el pasado fueron negociadas entre el PSOE y el PP.

El problema del consenso entre los tres partidos políticos radica en que hay que cambiar la orientación de la reforma estatutaria, porque IU prefiere un texto de máximos con fuerte contenido identitario, mientras que el PSOE y el PP se atienen a una reforma de carácter técnico, con la asunción de algunas competencias y pequeños cambios obligados por el debate político nacional, como la explicitación de algunos principios básicos sobre la financiación autonómica. Es muy probable que tanto el PSOE como el PP quisieran un Estatuto avalado por IU, pero el asunto está en sopesar cuál es el coste del acuerdo. Rodríguez Braga no hizo ninguna demanda a IU, pero también esta fuerza política tendría que valorar si le merece la pena hacer un esfuerzo y renunciar a ciertas propuestas para respaldar al nuevo Estatuto.

Rodríguez Braga y el secretario general de CC.OO, Antonio Pino, quieren tener una participación más activa en la reforma. Objetivamente, las centrales sindicales no tienen nada que ver con el Estatuto, es un asunto que no les afecta, pero en nuestra región los líderes sindicales albergan preocupaciones propias de estadistas, así que el modelo sanitario, las infraestructuras de comunicación o la reforma del Estatuto entran en su agenda. De hecho, la principal orientación de esta legislatura procede de un pacto del Principado con los agentes sociales. Además, sesudos informes de profesores universitarios recomendaron al presidente Areces incluir a los ayuntamientos en la reforma del Estatuto, así que puestos a hacer una obra coral, por qué excluir a los sindicatos de la foto.

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DECRETOS CONTROVERTIDOS
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Juan Neira | 11-06-2008 | 08:10| 0

El Consejo Consultivo considera que no es necesario introducir la figura del decreto-ley en el Estatuto de Autonomía porque la Junta General del Principado es de tamaño reducido y hay un procedimiento de urgencia que permite una tramitación casi tan rápida como la del decreto-ley. El Consejo Consultivo afirma que no es un instrumento adecuado para las instituciones asturianas.

Llama la atención las observaciones que hace el alto órgano de asesoramiento jurídico del Principado. Lo primero de todo es que no se puede valorar la introducción de una herramienta legislativa o la petición de traspaso de una competencia sin tener en cuenta el contexto. En la España de las reformas estatutarias se han metido tantas cosas en las normas autonómicas que resulta ridículo poner cautelas a una operación tan leve como la de introducir el decreto-ley, adoptada por el resto de comunidades. Se dice que muy pocas veces han recurrido las comunidades autónomas a gobernar por la vía del decreto-ley, pero es que entre las posibilidades que abre un estatuto de autonomía hay determinadas potestades que están sólo a la expectativa para solucionar situaciones que puedan presentarse. Ahora bien, lo más simpático de las observaciones del Consejo Consultivo es la alusión al pequeño tamaño del Parlamento asturiano (la Junta General del Principado tiene 45 escaños) para demostrar que el decreto-ley es tan inútil como un abrigo en verano. Dados los procedimientos y usos parlamentarios que hay implantados en todas las cámaras legislativas españolas, el número de diputados no incide en los mecanismos de funcionamiento. Una mínima parte de los diputados juega un papel activo, limitándose el resto a estar presentes y cumplir con el trámite de votar lo que les indican. Por eso es absurdo abrir la puerta a un Parlamento con más escaños, porque sólo servirá para elevar los gastos.

Nunca entendí el tipo de asesoramiento que pidió el Principado al Consejo Consultivo para abordar la reforma del Estatuto. Lo que procedía era pedir un informe sobre aspectos concretos de la reforma decididos por los diputados y no preguntas previas sobre lo que se debe hacer, porque un claustro universitario no puede sustituir al Parlamento.

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LA DESLEGITIMACIÓN DE ETA
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Juan Neira | 10-06-2008 | 08:10| 0

Las concentraciones y los mensajes de apoyo a ‘El Correo’ muestran que la solidaridad con los que sufren el terrorismo es muy alta en España. Lejos quedan los tiempos en que las víctimas era silenciadas y entre la sociedad circulaba la idea de que algo habrían hecho para convertirse en blanco de la banda terrorista. El aislamiento social de ETA es muy superior al vacío político que padecen los voceros de la banda, ya que estuvieron treinta años presentándose a las elecciones bajo distintos ropajes (Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca), como si fuesen organizaciones democráticas. Bien es cierto que en el País Vasco hay una pequeña parte de la sociedad que ampara o disculpa la violencia terrorista, pero ese comportamiento será cada vez más minoritario en cuanto no haya una apariencia de legalidad. Más claro: con Josu Ternera -el introductor de la estrategia del coche-bomba en ETA- sentado en el Parlamento de Vitoria es lógico que un sector de la ciudadanía considerase que la violencia era un genuina muestra de conflicto político. Con De Juana y Otegi en prisión es más difícil justificar a ETA.

El combate contra ETA descansa en la acción policial. Cuando toda la clase política tiene claro una premisa tan simple el Estado democrático avanza y el terrorismo retrocede. Estamos en un momento en que las verdades elementales vuelven a ser compartidas por los partidos de ámbito estatal. Los grupos nacionalistas ven las cosas de otra manera y ahí está la parte de la lucha antiterrorista que queda fuera del control policial.

La lucha ideológica contra el terrorismo es un instrumento clave para aislar a ETA. Si uno piensa en el comportamiento que han tenido en los últimos cuarenta años algunas instituciones con peso en la sociedad vasca se entiende lo difícil que es ilegalizar al entramado político y social que protege a ETA. ¿Puede dar esa batalla una televisión autonómica que organiza sesudos debates sobre la tortura policial? ¿Pueden hacerlo periódicos especializados en dar exclusivas de ETA? La defensa de los valores constitucionales no tiene tantos valedores. En eso pensaba viendo el boquete abierto en la pared de ‘El Correo’.

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LA BOMBA EN CASA
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Juan Neira | 09-06-2008 | 08:06| 0

El atentado de ETA contra ‘El Correo’ entra dentro de lo previsto por la organización terrorista cuando al dar por concluida la tregua decretó abiertos «todos los frentes». Un día toca asesinar a un ex edil socialista, al otro colocar un coche-bomba en un cuartel de la Guardia Civil, un tercero procede atentar contra la construcción de la ‘Y’ vasca, y ayer tocaba adosar una bomba en el edificio del principal periódico del País Vasco. Tras el fallido intento de negociar con el Gobierno, la banda terrorista busca romper la normalidad, con la vana esperanza de resultar un obstáculo insalvable para la democracia, antesala de una quimérica rendición del Estado de Derecho.
Basta echar la vista atrás para comprender que ETA nunca ha logrado alcanzar un objetivo, por pequeño y parcial que fuese. Si exceptuamos la paralización de la central nuclear de Lemoniz, a la que ETA contribuyó con sus atentados mortales (Ryan Estrada y Ángel Pascual) sumándose a una corriente social, ecologista, que había en la sociedad vasca contraria al proyecto, no se me ocurre encontrar otro objetivo que hayan detenido los atentados de la banda. La Guardia Civil sigue en el País Vasco, cuarenta años después del primer atentado mortal; los socialistas han aumentado su representación en las instituciones democráticas tras el último atentado sufrido; la infraestructura ferroviaria de la ‘Y’ vasca se va a ejecutar como estaba previsto; y ‘El Correo’ seguirá diariamente contando la actualidad del País Vasco, de España y del mundo, tal como conocemos sus lectores.
Cualquier atentado contra un medio de comunicación se interpreta siempre como un intento de coartar la libertad de expresión. Tras esta explicación general hay siempre un móvil concreto: tapar la boca al mensajero que cuenta lo que no le gusta al terrorista. ‘El Correo’ y el ‘Diario Vasco’ cumplen con una responsabilidad que excede el cometido cotidiano de un periódico: ser referencia inequívoca de los valores constitucionales en medio de un territorio donde muchas instituciones políticas acostumbran a desempeñar papeles ambiguos. No exagero ni un ápice si afirmo que en el País Vasco la mejor defensa de la democracia tiene letra de periódico. Por eso no nos van a fallar.

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