El Comercio
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DISPONIBILIDAD Y OPORTUNIDAD
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Juan Neira | 15-10-2007 | 00:12| 0

Isidro Fernández Rozada se muestra disponible para encabezar la candidatura del PP al Congreso de los Diputados. El diputado popular lleva tres décadas al pie del cañón, así que no puede extrañar esta actitud suya de servicio para defender el pabellón del PP. Isidro es el militante más destacado de la derecha regional en toda la etapa democrática. Nunca tuvo la brillantez de Álvarez-Cascos ni la contundencia electoral de Gabino de Lorenzo, pero es el que más hizo por el partido, que primero se llamaba Alianza Popular y ahora Partido Popular. Cuando Isidro empezó a militar la causa de la derecha asturiana tenía pocos defensores, porque en una región con tanta industria, tanto sindicato y una destacada historia de oposición al franquismo, no era el mensaje de la Alianza Popular de Manuel Fraga el que resultaba más fácil de difundir.
El valor de la militancia de Rozada estriba en que siempre estuvo pegado al suelo del partido, extendiendo la organización, visitando los pueblos, dando ánimos después de las consabidas derrotas electorales. Para comprender lo ingrato de su tarea, baste recordar que le tocó luchar por su partido en una época en que la derecha gobernaba en España con otras siglas (UCD), y cuando AP logró, por fin, sacar cabeza y llegar a los 105 diputados, en el Gobierno estaba Felipe González respaldado por 202 escaños. Por si había alguna duda, cuando se inició la etapa autonómica los socialistas estrenaron la Junta General del Principado con 26 diputados. ¿Qué podía hacer Rozada en ese contexto?
Tres cosas. Una ya está contada: insuflar moral a los militantes y luchar por extender la organización. El liderazgo de la oposición asturiana lo realizó con dos instrumentos, un discurso populista, propio de la “derecha azul”, y una táctica de ficticia dureza con los socialistas, para disimular la entente de fondo con los gobiernos regionales. Rozada tenía un discurso solidario, de apoyo a los mineros y a los siderúrgicos, que siempre fue dominante en la derecha asturiana, muy dada al intervencionismo y sin apenas un barniz de ideología liberal. De una u otra manera, todos los dirigentes del PP asturianos se movieron siempre en esas premisas ideológicas, con la excepción destacada de Rodrigo Rato. A Rozada le tocó dar la cara en el tiempo de las derrotas y mantuvo el tipo como pudo, aunque nunca encarnó una alternativa de gobierno.
Isidro Fernández Rozada tiene méritos y experiencia para encabezar la lista al Congreso de los Diputados, pero no es el dirigente más adecuado para realizar esa tarea en la primavera del año 2008. Una cosa es apostar por una renovación radical, como hacía Alicia Castro en su discurso de despedida (descartaba a los dirigentes con dos derrotas electorales), y otra encarar el futuro con los rostros del pasado. La gente acude a los conciertos del “Dúo Dinámico”, pero no espera que haga aportaciones a la música Pop. Bien es cierto que la organización asturiana del PP no está sobrada de militantes destacados, pero poner de actualidad a los dirigentes de los años ochenta del siglo pasado es la mejor manera de enrocarse en el inmovilismo. La elección del cabeza de candidatura corresponde a la dirección nacional del PP, dentro de un sistema de consultas y propuestas con la dirección regional. Desde la crisis de Sergio Marqués, la cúpula nacional del PP no parece que haya entendido lo que le sucede a la organización asturiana de su partido. Ya va siendo hora de que afinen en los análisis y alienten la formación de una candidatura en la que ser “camisa vieja” no sea un valor absoluto, y el cribado de nombres no se haga siguiendo los intereses de las organizaciones locales.

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LA IDEA DE ESPAÑA
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Juan Neira | 14-10-2007 | 18:42| 0

El debate de los símbolos encubre dos formas de entender el Estado: un país descentralizado o una coordinadora de territorios
El llamamiento de Mariano Rajoy para honrar la bandera en el día de la Fiesta Nacional hubiera sido absurdo en cualquier país democrático, porque en ellos hay un consenso amplísimo entre ciudadanos e instituciones sobre banderas e himnos nacionales. A poco que se pongan un poco solemnes media docena de ingleses o alemanes, empiezan a cantar sus himnos patrios. La bandera es de todos, nadie se siente excluido de ella. Dentro de España, ocurre algo parecido en las comunidades autónomas gobernadas desde la transición por nacionalistas. La ikurriña representa a los vascos y la senyera a los catalanes, hasta el punto de servir de toalla en la playa o de repetir su combinación cromática en toda suerte de soportes: la fachada de una casa, las estructuras atirantadas de un puente o las paredes de un teatro.
Distinto destino tiene en España la bandera bicolor, la enseña nacional, que queda reservada para el mástil de edificios oficiales o competiciones deportivos. Desde la aprobación de la Constitución, tuvieron que pasar cuatro años para que fuese enarbolada por la gente, suceso ocurrido por primera vez en Sevilla durante la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, en 1982. A partir de entonces la bandera nacional ha ido ganando espacios, pero muy tímidamente, porque hay un gran prejuicio hacia ella, sobre todo por parte de la izquierda.
Rajoy colocó su mensaje en vísperas de la Fiesta Nacional, en un momento en que los nacionalistas radicales catalanes descubren el gusto iconoclasta, quemando fotos del Jefe del Estado, y el Gobierno vasco anuncia su hoja de ruta hacia la autodeterminación. La discusión sobre la bandera o sobre el Rey indica que, en el fondo, lo que está sometido a debate es la idea de España.
La España democrática, tal como quedó plasmada en la Constitución de 1978, fue admitida por la izquierda y la derecha. De ahí que la reivindicación de la República quedara convertida en recurso de nostálgicos. Sólo los nacionalistas vascos y catalanes –sobre todo los primeros- presentaron objeciones al modelo de Estado. Las primeras elecciones autonómicas otorgaron un gran poder institucional a los nacionalismos, circunstancia que atemperó el desencuentro sobre la forma de Estado. El PNV y CiU dieron prioridad al desarrollo del autogobierno, para lo que necesitaban entenderse con el Gobierno central. Es importante señalar que el mantenimiento del statu quo entre los gobiernos centrales y los nacionalismos periféricos fue meramente táctico: los primeros ganaban tiempo, esperando que se pasara el sarampión nacionalista en Cataluña y el País Vasco, y los segundos atesoraban recursos y ahormaban a sus poblaciones en torno al ideal nacionalista. A esa época corresponden las tres primeras legislaturas de Felipe González.
A partir de 1993 y hasta el año 2000, se entra en una nueva fase, caracterizada por el peso de los nacionalismos en las decisiones que toma el Gobierno central sobre todo el territorio estatal: tanto sea el negocio del gas como las cesiones en el tramo sobre el Impuesto sobre la Renta. La llegada de las mayorías simples a Madrid convierte a los nacionalistas en ministros invisibles del Gobierno central. Durante esa época, Pujol es elegido el hombre más poderoso de España. La recuperación de la mayoría absoluta por Aznar, en el segundo mandato, sirve para detener este proceso, que se salda con la inexistencia de acuerdos con los gobiernos autonómicos.
LA ALIANZA CON NACIONALISTAS
Con la llegada de Zapatero se produce un cambio cualitativo: la entente con los nacionalistas pasa de lo meramente táctico o coyuntural, al nivel estratégico, de ahí la oferta para reformar la Constitución y revisar profundamente los estatutos de autonomía. La idea de fondo es que cabe otra forma de entender España. En aquel momento el ideólogo era Maragall o el hermano de Maragall (Ernest), con el “federalismo asimétrico” (confederación disfrazada), pero a Zapatero le vino como anillo al dedo ese discurso para su proyecto de crear un bloque mayoritario –PSOE e IU y nacionalistas, que dejen al PP fuera del escenario político por una buena temporada, como ocurrió durante la transición con AP.
En ese proceso le tocó pagar los vidrios rotos a Madrid. Las primeras largas declaraciones de la nueva titular de Fomento, Magdalena Álvarez, abundaban en la idea de comunicar por autovía a todas las capitales de provincia de España, para crear ejes transversales de comunicación, que obviasen a Madrid. Así de claro. Tres años más tarde, los madrileños le devolverían la moneda a Zapatero, con varias manifestaciones multitudinarias que detuvieron las concesiones del proceso de paz. Y el pasado viernes, le dedicaron una gran pitada al presidente. Cuando se habla de que Madrid es de derechas, se olvida que la comunidad fue gobernada por Joaquín Leguina y que Tierno Galván y Juan Barranco fueron alcaldes de la capital. Un caso similar al supuesto derechismo de Oviedo, que resulta incompatible con los ochos años de alcaldía de Antonio Masip.
Mariano Rajoy apela a la bandera para situar el debate electoral en el terreno de los dos modelos de España. Reducidas las diferencias sobre lo que hay que hacer con ETA, queda por dilucidar el papel de los nacionalismos y el poder de la Administración central. El Estado de las Autonomías, tal como se entendió durante veinte años, exige que el Gobierno central retenga un nivel mínimo de competencias por debajo del cual el Estado se disuelve o no resulta operativo. Un ejemplo de esto son las limitaciones legislativas impuestas por el “Estatut” al Estado. ¿Qué puede hacer Zapatero más allá del Ebro, además de financiar costosas infraestructuras?. Ligado a este asunto está el papel de los nacionalismos. Una cosa es que los grupos parlamentarios de CiU, PNV o ERC hagan valer sus peticiones para garantizar la viabilidad de un gobierno, y otra que impongan un modelo de Estado.
El generoso gasto social de Zapatero y la gran creación de empleo no van a zanjar esta discusión, porque lo que está en juego es si España responde al modelo de Estado descentralizado o si es una coordinadora de territorios, con algún nexo de conveniencia. Por eso se agitan las banderas.

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LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
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Juan Neira | 11-10-2007 | 23:39| 0

Con motivo del inminente debate parlamentario sobre la Ley de la Memoria Histórica, la Iglesia Católica anima a los partidos políticos a huir del revanchismo y apostar por la paz y la concordia. La Iglesia recuerda que los símbolos van asociados a sentimientos, así que la obligación oficial de suprimirlos puede dar paso a una época de discordia.
El planteamiento de la Iglesia coincide con la política asumida por todos los partidos y organizaciones sindicales tras la muerte de Franco. Esa política tuvo un nombre: reconciliación nacional, y no nació de las sabios consejos del cardenal Tarancón ni del entorno del Gobierno de entonces, sino del grupo político que lideraba la estrategia de la oposición: el Partido Comunista de España. El pacto por la libertad, animado por Santiago Carrillo, descansaba en una premisa: la reconciliación nacional, el olvido de las trincheras de los años treinta y de la opresión de la Dictadura, para construir entre todos el futuro sin mirar hacia el pasado. La guerra civil y la paz edificada sobre la victoria de las armas dejaron múltiples heridas, así que lo mejor era poner la revisión del pasado en manos de los historiadores y de las iniciativas de la sociedad civil, sin implicarse las instituciones políticas. La reconciliación nacional fue una iniciativa de izquierdas, a la que luego se adhirió la derecha. La reconciliación nacional tiene un precedente en los últimos discursos de Azaña, cuando quiso dejarla como legado para las siguientes generaciones de españoles.
Con la Ley de Memoria Histórica se reabre un capítulo que parecía definitivamente cerrado. No hay una causa de interés general que justifique esta ley. Es un intento de volver a los temas de la transición, treinta años más tarde, cuando las urgencias políticas ya son otras. La batalla sobre el pasado fue ganada por las generaciones de la transición y la mejor prueba de ello es la Constitución. En España hay una gran división política, que amenaza con trasladarse a la sociedad, como lo evidencian las grandes movilizaciones desarrolladas en la calle durante esta legislatura. En este clima, la aprobación de la Ley de Memoria Histórica no ayuda a sosegar los ánimos, aunque parezca muy progresista

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LA BANDERA
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Juan Neira | 11-10-2007 | 00:16| 0

Mariano Rajoy ha grabado un mensaje de corte institucional, en el que invita a los españoles a celebrar la fiesta nacional del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) con algún gesto hacia la bandera, símbolo por excelencia de todos los españoles. Una iniciativa sin precedentes, máxime al tratarse de un político que no gobierna, sino que es líder de la oposición.
A la bandera española le ocurre lo que no sucede con ninguna otra bandera de un país democrático: una parte de la población no se atreve a mostrar simpatía por ella, al creer que se trata de una actitud derechista, propia de los nostálgicos del anterior régimen. En España se agitan, sin pudor, las banderas de las comunidades autónomas, pero la enseña nacional no se cuelga con facilidad en los balcones, para no provocar equívocos. Es una situación singular, que no tiene parangón en otro lugar. No hay una mayor identificación de los ciudadanos con las comunidades autónomas que con la nación –exceptuando, quizás, un par de territorios-, pero la bandera nacional se evita, salvo si se trata de airearla en competiciones deportivas. La razón de esta situación especial no es otra que el poso del franquismo. Durante la Dictadura se persiguió a los comunistas o se depuró a una parte de la intelectualidad, pero nada quedó más dañado que la educación clásica y la bandera nacional. La alergia a la disciplina en los centros de enseñanza responde al miedo a repetir el autoritarismo de la Dictadura, y la reserva hacia la bandera nacional nace de la identificación cromática con el franquismo. Aunque se cambió el escudo, quedó el estigma. Es algo absurdo, porque el franquismo no inventó ninguna bandera, aunque sustituyera la tricolor de la II República.
La iniciativa de Rajoy puede servir para romper con los prejuicios hacia la bandera, aunque su finalidad es otra: reivindicar la nación ante el desmadre de las “realidades nacionales” de los estatutos y la consulta popular del lendakari. Creo que el reconstituyente nacional sería más efectivo con otra medicina: un pacto de los dos grandes partidos para discutir todo, pero con dos límites: respeto a la letra de la Constitución y no negociar la estructura estatal con los grupos nacionalistas que no creen en el Estado.

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CUENTAS SIN HIPOTECAS
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Juan Neira | 10-10-2007 | 00:07| 0

Jaime Rabanal ha descartado utilizar el Presupuesto del Principado para ayudar a las personas que tengan dificultades con el pago de sus deudas hipotecarias debido a la subida de los tipos de interés. IU había solicitado al Gobierno regional que dedicara recursos a paliar ese problema, pero el consejero de Economía se ha negado. Hace unas semanas, los portavoces de CiU condicionaron el apoyo a los Presupuestos Generales del Estados a que fuera satisfecha esa misma demanda por parte del Gobierno de Zapatero.
Hay mucha gente que nota en su cartera la subida de los tipos de interés. En España más de un tercio de los ciudadanos tienen suscritos créditos por un total de 3,2 billones de euros, el triple del Presupuesto del Estado. El pago de los intereses se ha duplicado en los dos últimos años. En el global de lo que se debe tiene una gran importancia las deudas hipotecarias, que son las más sensibles socialmente, porque la gente puede quedarse sin vivienda en caso de no tener recursos. Reconocido el problema, lo que no cabe es orientar el Presupuesto del Principado a dar ayudas a los particulares con el dinero de todos. La Administración ya concede ayudas fiscales al aplicar desgravaciones en la compra de la vivienda. La subida de los tipos de interés no es una decisión del Gobierno, sino del Banco Central Europeo, que obliga a reajustar las cuentas a administraciones, empresas y particulares. Utilizar la recaudación fiscal para ayudar a pagar los créditos hipotecarios o para mantener artificialmente bajo el precio de la electricidad es una política populista, insostenible en el medio plazo.
Rabanal ha rechazado la iniciativa de IU cuando quedan unos días para discutir con este grupo político el borrador de los Presupuestos del Principado. IU demanda un tratamiento más progresivo en el Impuesto sobre la Renta o el incremento de las políticas sociales. En este contexto, la negativa del consejero de Economía a dar ayudas para el pago de las hipotecas le brinda un argumento a la oposición para oponerse a los Presupuestos del Principado. Aún así, hace bien Rabanal en negarse a esa demanda, porque sería una mala decisión presupuestaria y tampoco zanjaría las diferencias políticas entre el Gobierno e IU.

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DEBATES QUE DIVIDEN
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Juan Neira | 08-10-2007 | 23:56| 0

Tras un largo proceso de negociación, el Gobierno de Zapatero ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios (exceptuando al PP y a ERC) sobre la Ley de Memoria Histórica, que será tratada en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de diez días. Sobre esta iniciativa parlamentaria se ha discutido mucho, unos defendiendo la necesidad de dar reconocimiento público a las víctimas de la represión durante la Guerra civil y la Dictadura, y otros acusando el proyecto de maniqueo, al no valorar que los excesos violentos se dieron en los dos bandos enfrentados durante la contienda fratricida. Puede que unos y otros tengan razón, pero la valoración política no se puede plantear en estos términos.
La Ley de Memoria Histórica sería inobjetable en la primera legislatura democrática, como forma de revisión crítica sobre el periodo político precedente, cuando se hablaba constantemente en la calle de la Segunda República, la Dictadura y la recuperación del sistema de libertades. Treinta años más tarde, no había ninguna razón para ponerse a discutir sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, porque las prioridades políticas y legislativas son otras. Gaspar Llamazares valora la redacción definitiva de la ley porque deroga el aparato jurídico de la Dictadura y declara ilegítimos los procesos. A estas alturas, no es ningún avance la deslegitimación de los procesos judiciales del franquismo porque la sociedad española no tiene ninguna duda sobre la iniquidad de la Dictadura.
La Ley de Memoria Histórica se apoya implícitamente en la premisa de reparar una injusticia que no pudo realizarse durante los primeros años de la democracia. Es algo similar a lo que pasa con los nuevos estatutos de autonomía que pretenden superar los condicionantes políticos que supuestamente pesaban sobre los actuales textos, como si el Estado de las Autonomías se hubiese levantado con pesadas hipotecas. Sin embargo, la sociedad española está ahora más dividida que al empezar la actual legislatura y el modelo territorial –si es que hay alguno- suscita un menor consenso que el asentado con los primeros estatutos. Zapatero debería meditar sobre estas realidades antes de lanzarse a abrir debates.

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DE PALOMA A HALCÓN
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Juan Neira | 08-10-2007 | 00:03| 0

La prisión incondicional para la dirección de Batasuna, decidida por el juez Garzón, completa el giro emprendido en la lucha antiterrorista desde el fin de la tregua hasta hoy. Batasuna es una organización ilegal, que forma parte del conglomerado de ETA, cuyos antiguos dirigentes ya fueron enviados a la cárcel, hace años, cuando quedó probado el nexo entre esta plataforma política y la banda armada. Sin embargo, en los últimos tiempos, y particularmente después de la detención de Mikel Antza, antiguo máximo dirigente de ETA apresado por la Policía francesa el 3 de octubre de 2004, Batasuna empezó a recibir un trato contemporizador por parte del Gobierno, aunque no obtuvo permiso para presentarse a las elecciones. Durante los catorce meses que duró el “proceso de paz”, los principales dirigentes de Batasuna, con Otegi a la cabeza, salían todos los días en los telediarios, de modo que para el espectador Batasuna se convirtió en el tercer partido del espectro político español, con más minutos de imágenes que IU, CiU, ERC o el PNV. En el invierno pasado, la “lucha” de Iñaki de Juana y las ruedas de prensa de Otegi llegaron a ocupar el centro del debate político. La benevolencia del Gobierno con Batasuna formaba parte de un plan, en el cual, esta plataforma política iba a jugar un papel similar al desempeñado por Sinn Féin en el proceso de paz irlandés.
Desde el fin de la tregua, la situación empezó a cambiar, como se pudo ver con la vuelta a la cárcel de Iñaki de Juana y el ingreso de Otegi en la prisión de Martutene. Ahora, con la entrada en prisión de la cúpula de Batasuna y la investigación judicial sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, hemos llegado casi al punto de partida. Por primera vez en mucho tiempo los principios contenidos en la Ley de Partidos y en el Pacto Antiterrorista vuelven a tener vigencia.
El recuperado celo gubernamental y judicial en la persecución del entorno político de los terroristas, con la entrada en la cárcel de los “batasunos”, no se puede entender cabalmente sin ligarlo al anuncio de Ibarretxe de someter a consulta popular el futuro político del País Vasco. El aviso es claro: las actuaciones ilegales tienen consecuencias penales. El Gobierno cambia de paloma a halcón.

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EL ARMA DEL ESTATUTO
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Juan Neira | 07-10-2007 | 19:56| 0

La reforma autonómica asturiana tiene que incidir en la fortaleza de la cohesión estatal

La constitución de la ponencia parlamentaria indica que esta vez va en serio la reforma del Estatuto de Autonomía. Los tres grupos (PSOE, PP e IU) quieren revisar la norma máxima de nuestra comunidad, así que para llevar la iniciativa a buen puerto hace falta que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos o, lo que sería más deseable, que se alcanzara el consenso.
El contenido de los estatutos es una materia árida, de gran contenido declarativo, que no conecta directamente con las preocupaciones de los ciudadanos. Hasta la fecha, las reformas introducidas en el Estatuto de Autonomía de Asturias han pasado desapercibidas para la ciudadanía. Es más, en territorios dominados por la ideología nacionalista, que convierte los estatutos en una estación de paso para lograr la soberanía plena, el apoyo de los ciudadanos a las reformas estatutarias es muy tibio. El 18 de junio de 2006, sólo el 36,55% de los catalanes se acercaron a las urnas para votar a favor del nuevo texto. En otras regiones con menor sentido identitario, como Andalucía, la reforma del Estatuto sólo fue apoyada por el 30,93% de la población.
Como tantas veces se ha dicho, a la gente le preocupa el terrorismo, el empleo, la hipoteca, el precio de los alimentos, la carestía de la vivienda, las listas de espera quirúrgicas, los estudios de sus hijos, y les trae al pairo la definición del territorio, el traspaso de competencias y el blindaje de las aguas de los ríos. En cuanto los miembros de la ponencia se pongan a discutir sobre los artículos del texto, vamos a oír muchas veces que trabajan de espaldas a la calle y que mejor dedicaban sus energías a otros fines más provechosos.
Esta valoración, realizada a trazo grueso, supone un profundo error, aunque la comparta la mayoría de la población. En la actualidad, bajo la piel de los estatutos de autonomía está en marcha una operación de mucho mayor calado, a la que los asturianos no podemos permanecer indiferentes. Sería una irresponsabilidad quedar cruzados de brazos cuando otros atentan contra nuestros intereses.
La revisión generalizada de los estatutos de autonomía fue impulsada por Zapatero, desde el principio de su mandato, para dar salida a la tensión acumulada contra el Gobierno central por las comunidades autónomas que no estaban gobernadas por el PP. La relación que había entre el centro y la periferia puede medirse con una anécdota: el presidente Chaves sólo tuvo dos encuentros en La Moncloa, meramente protocolarios, en los ocho años de mandato de Aznar. Excuso detallar cuál era el sentir de vascos y catalanes al iniciar Zapatero su andadura presidencial.
Iniciado el proceso de cambios, la reforma estatutaria catalana se constituyó en la gran referencia, por el peso de esa comunidad autónoma (siete millones de habitantes, 18,8% del PIB nacional), por el papel jugado por las minorías nacionalistas catalanas en el Congreso de los Diputados y por el lobby del socialismo catalán dentro del socialismo español, visible en la estructura independiente del PSC. La personalidad atrabiliaria de Maragall puso el resto.
A partir de estos cimientos, la clase política catalana hizo una revisión del Estatuto de Autonomía sobre dos claves, una de carácter interno, consistente en convertir el “Estatut” en una suerte de constitución nacionalista, para ahormar a los ciudadanos indiferentes a la “emoción catalana”, y otra de carácter externo: remodelar el Estado español. El “Estatut” no es una norma sólo para catalanes, porque nos impone obligaciones a todos los españoles. Desgraciadamente, por esa senda transitaron otras reformas estatutarias.
Sólo por este efecto externo, que desborda los límites de cualquier comunidad concreta, es importante lo que hagamos los asturianos con nuestro Estatuto de Autonomía para defendernos.
Lo primero que tienen que hacer los “padres” de la reforma estatutaria asturiana es entender lo que significa el Estatuto de Autonomía en el actual contexto político español. Más claro, defender la identidad asturiana, llenarse la boca con ropajes de realidad nacional, no tiene ningún sentido, porque lo que no está en duda es el derecho de los territorios a tener órganos de gobierno con un amplísimo poder decisorio.
En la anterior legislatura autonómica, desde el Gobierno regional se quiso impulsar la reforma del Estatuto con el discurso de “alcanzar el mayor grado de autogobierno”, como si el bienestar de los asturianos dependiera de materializar unas competencias marginales sobre ferrocarriles de vía estrecha o de lograr, por fin, adjudicarse administrativamente el agua de los ríos. No hay nada más deprimente que colonizar una mente socialista o liberal, con pensamiento nacionalista.
Hay una incompatibilidad insuperable entre el intento de lograr el autogobierno a costa del Estado y reclamar creciente solidaridad del Estado. Una cosa es apoyar el Estado de las Autonomías y otra creer en falsos mitos de autonomía: todo el gasto público residiendo en Oviedo, pero con parte de los ingresos proviniendo de Madrid. Si pusieran en nuestras manos todas las competencias sobre los gastos y las fuentes de ingresos, en diez años seríamos mucho más pobres. Así de claro.
Sabedores de que las reformas estatutarias tienen licencia para invadir campos ajenos a lo que hasta ahora era de su competencia, el nuevo Estatuto de Autonomía de Asturias debe ser tan audaz como el “Estatut”, pero en dirección contraria, para establecer garantías de cohesión estatal que nos ponga a recaudo de cualquier veleidad nacionalista surgida en otras comunidades. A los que les motiva el autogobierno asturiano tienen que empezar a preocuparse por la fortaleza del Estado.
Soy consciente que la letra de nuestro Estatuto puede entrar en contradicción con otros textos autonómicos, pero el célebre sudoku, citado por Solbes, no se podrá resolver hasta dentro de unos años, con el triunfo de las corrientes de pensamiento progresista liberal, o de las fuerzas nacionalistas que medraron entre las grietas abiertas en el Estado por la lucha irresponsable de los dos grandes partidos nacionales.

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LA GRAN CUESTIÓN
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Juan Neira | 06-10-2007 | 18:57| 0

Entre apelaciones al consenso se han reunido los parlamentarios que van a negociar la reforma del Estatuto de Autonomía. En la ponencia están los líderes de los tres partidos políticos (Javier Fernández, Ovidio Sánchez y Jesús Iglesias), así que nadie se ausentará de la sala para recibir órdenes por teléfono. En la ponencia están todos los que son. Bajo un mismo deseo de acuerdo se adivinan enfoques distintos. El PP exige que el texto sea sometido al veredicto de los ciudadanos, mientras los socialistas ofrecen flexibilidad en sus planteamientos, e IU teme ser marginada por la posible entente entre los dos grandes partidos. Valoraciones diversas que evitan entrar en el fondo del asunto: los objetivos que debe tener la reforma estatutaria asturiana y los contenidos del texto que se pretende elaborar.
No hay prisa por avanzar el trabajo en ponencia, porque las sesiones de trabajo se suspenderán con la llegada del invierno, como ocurre con las competiciones de fútbol en Rusia. La proximidad de las elecciones generales impide acercar las posturas entre los partidos, así que los asuntos más polémicos quedarán “aparcados” hasta después de los comicios. A lo largo del otoño, tres cuestiones llenarán la agenda institucional del Principado: la negociación del presupuesto de 2008, la concertación social y la reforma del Estatuto de Autonomía. Los dos primeros son los urgentes y el tercero es el importante. Que haya prórroga presupuestaria es un asunto coyuntural, que puede quedar superado con la aprobación de unas nuevas cuentas regionales un año más tarde. La concertación social es una liturgia muy asturiana, propia de una región industrial con gran peso sindical, pero todo lo que se haga por la vía de la concertación puede resolverlo el Gobierno regional por su cuenta sin la firma de los agentes sociales. El Estatuto de Autonomía es otra cosa.
A la gente no le preocupa el Estatuto, como tampoco despertaban interés los respectivos textos autonómicos en Cataluña o Andalucía, pero en la actual política española constituye la pieza fundamental de posicionamiento de cada comunidad autónoma ante el Estado. No se trata tanto de aspirar a las mayores cotas de autogobierno, como de defender un modelo de Estado.

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EL JUEGO DE FUERZAS
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Juan Neira | 05-10-2007 | 00:19| 0

El debate sobre el estado de la región ha dejado apuntados los elementos del drama de esta legislatura autonómica: la mayoría parlamentaria de una oposición unida, visible en algunas de las resoluciones aprobadas, y el posible acercamiento entre los dos grupos de izquierda para pactar asuntos importantes, como el Presupuesto del Principado. ¿Cuál de las dos tendencias marcará el curso político?
Ovidio Sánchez había advertido, al intervenir en el debate parlamentario, que el PP estaba dispuesto a unir sus fuerzas a IU para derrotar las políticas del Gobierno, y así lo ha hecho al votar contra la construcción del embalse de Caleao y a favor de un hospital para lesionados medulares en Langreo. La Junta General del Principado, como institución autonómica, rechaza construir una nueva presa en el alto Nalón y quiere que el centro socio-sanitario de Langreo tenga dimensión clínica. La oposición puede dejar en minoría al Gobierno en la Cámara, y así lo ha hecho. Simultáneamente, IU ha contestado afirmativamente a la demanda del presidente Areces de negociar el contenido de los Presupuestos del Principado para el año 2008. De esta forma se abre una posibilidad, por remota que sea, para alcanzar un acuerdo entre los dos partidos sobre las cuentas regionales.
El juego de fuerzas político no está definitivamente decantado. En principio, el Gobierno tiene un papel muy difícil, porque le toca llevar a cabo iniciativas y necesita autorización de la Cámara donde tienen mayoría de escaños la oposición. En el corto plazo, no cabe duda que el Gobierno regional va a sufrir repetidos reveses parlamentarios, pero a medio plazo la situación se volverá muy complicada para IU. El mejor ejemplo de ello es que acepta entablar conversaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos del Principado, y aparece votando con el PP en las resoluciones del embalse de Caleao y del hospital de parapléjicos de Langreo. Ese doble juego puede mantenerse hasta las elecciones generales del próximo año, pero luego tendrá que decantarse hacia algún lado. Si IU fuera un grupo de naturaleza centrista, un típico partido bisagra, podría oscilar hacia los dos lados del espectro ideológico, pero la izquierda de la izquierda no se puede permitir ambigüedades. El debate sobre el estado de la región sirvió para dejar apuntadas las tendencias de la legislatura y para confirmar que el único grupo que se encuentra realmente cómodo en este escenario es el PP.

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