El Comercio
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DEFENDER LA DEMOCRACIA
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Juan Neira | 21-09-2017 | 21:16| 1

Por mandato del juez, la Guardia Civil llevó a cabo una amplia operación para desarticular la organización del referéndum de autodeterminación y detener a los cabecillas de la rebelión contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Como estamos en presencia de un golpe perpetrado por los nacionalistas que gobiernan las instituciones catalanas, la Guardia Civil tuvo que irrumpir en el corazón de la Generalitat para hacerse con el material probatorio del plan de los sediciosos y detener a los principales responsables. Cuarenta y una sedes registradas, catorce detenidos –Pablo Iglesias, como politólogo avezado, los calificó de «presos políticos» (sic)– y diez millones de papeletas incautadas: más de dos por cada potencial votante. El aparato del Estado funciona en Cataluña mejor que la conjura de los independentistas.

Puigdemont y Junqueras habían presumido de contar con planes ‘B’,‘C’y‘ D’ para responder al Gobierno, por si fuera necesario, pero quedaron pasmados al ver que la democracia española sabía defenderse. Sí, las leyes, los jueces, los fiscales y la Guardia Civil están para defender un sistema de libertades, como el nuestro, del que apenas gozan algo más de treinta países en el mundo. Un sistema que garantiza a los catalanes un autogobierno más pleno que el de cualquier otra región europea. Un modelo de Estado y de país que dio la mayor etapa de crecimiento y prosperidad a España desde el Siglo de Oro. No van las elites del independentismo catalán a truncar el futuro al que tenemos derecho más de cuarenta millones de españoles, empezando por los catalanes que el independentismo quiere confinar en una pequeña República de pensamiento único, donde se coloca en una diana a los que discrepan.

Vienen días difíciles. Nada nuevo para el que conozca la Historia. Los independentistas constataron ayer que les han aguado la fiesta del referéndum a la que habían destinado tantos recursos. Van a trasladar el conflicto a la calle. Es su única baza: una borrachera de emociones que oculte las trampas, ilegalidades y deslealtades que les acompañan.

El Estado tiene que defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y el Gobierno de Rajoy debe hacer todo lo que esté en su mano para que aflore el pluralismo de Cataluña. Esa mezcla de ideologías y partidos que tanto le molesta al independentismo que aprobó su ley fundamental con media Cámara vacía. Sépanlo: en España, el fracaso de la democracia no es una opción.

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LA FSA Y PODEMOS
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Juan Neira | 20-09-2017 | 22:02| 1

El aviso de Adrián Barbón a los grupos de izquierda, llamando al entendimiento, porque en caso contrario le estarán abriendo el camino a la derecha no ha surtido efecto. En nuestra región los intentos de acuerdo entre PSOE, Podemos e IU no prosperaron. Se han hecho demasiadas invocaciones a la unidad sin sacar ningún fruto, dejando una capa de escepticismo como poso. Si en la primera parte de la legislatura no fue posible el pacto, más difícil es que se alcance cuando faltan veinte meses para las elecciones autonómicas. La tan mentada unidad es una opción mucho más remota que al principio. La investidura de Javier Fernández llegó acompañada del pacto con IU. Durante los dos primeros cursos parlamentarios, las diferencias de PSOE e IU eran de matiz. En la pasada primavera, IU rompió el acuerdo con el PSOE y el Ejecutivo de Javier Fernández ha quedado aislado, mientras Mercedes Fernández le hace señales de humo. La política asturiana tiene mucho de comedia: venga a hablar de pactos de izquierda y los únicos acuerdos presupuestarios se hacen entre el PSOE y la derecha.

Los mandatos de Álvarez Areces dejaron como huella la  sintonía entre PSOE e IU. Una entente que tenía raíz municipal. Entre 1987 y 1999, Areces fue acalde de Gijón. Tres mandatos con mayoría simple en los que tuvo una amplia capacidad de disposición gracias a los pactos presupuestarios con IU. Durante esos años, Felipe González y Julio Anguita tenía una pésima relación. En el Principado, Areces repitió la entente en cuanto perdió la mayoría absoluta. Esa fue la herencia que recibió Javier Fernández.

A partir de 2015 hay un nuevo grupo en el campo de la izquierda que tiene casi el doble de escaños que IU en la Cámara. Javier Fernández trató de buscar el acuerdo con Podemos desplegando la estrategia que utilizan los socialistas con IU. Fracasó. En Asturias, PSOE e IU no hablan el mismo lenguaje. Hay una gran incomprensión mutua y les separa una cordillera de recelos. La personalidad de los interlocutores es importante para llegar a acuerdos. Adrián Barbón tiene todo el derecho a intentarlo. Su capital político está intacto para lograrlo, pero conviene no engañarse. Podemos llegó a la política para disputarle la hegemonía de la izquierda al PSOE, así que lo más prudente es olvidarse de las viejas recetas e ir al encuentro sin prejuicios y dispuesto a escuchar demandas novedosas: le piden que solicite prisión inmediata para los condenados por el “caso Renedo” ¿Qué dice la FSA?

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HACIA UNA NUEVA FSA
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Juan Neira | 19-09-2017 | 21:12| 1

La organización de los congresos socialistas, con las elecciones primarias quince días antes de la reunión de los delegados y el debate de las ponencias, despista a la gente. No se trata de dos pulsos internos seguidos, porque los delegados de los congresos, tanto en el congreso federal como en la FSA, acuden siguiendo la proporción de los porcentajes sacados en las primarias. A finales de mes, algo más del 60% de los delgados serán “sanchistas” y los afines a José María Pérez (no me atrevo a llamarlos “javieristas” dada la escasa movilización de los seguidores del exsecretario general) no llegarán al 40%. Adrián Barbón ganó la Secretaría General y, por eso, ya ganó el congreso. Tendrá las manos libres para nombrar a su equipo. Los congresos, ahora, no son nada tensos, quedando como única referencia de interés el porcentaje de apoyos que tenga la Comisión Ejecutiva en el caso de que el secretario general intente negociar su composición con otros sectores distintos al suyo. En este caso, las concesiones, de haberlas, serán mínimas.

El cambio en la FSA va a ser radical, por dos razones. Al Congreso se llega en una situación totalmente opuesta a los anteriores cónclaves de la FSA. Entonces, el partido estaba unido y el liderazgo de Javier Fernández era aceptado por todos. En la actualidad el partido está dividido en dos bandos, si bien uno de ellos cuenta con una mayoría holgada. La segunda razón tiene que ver con el cambio generacional. La llegada de Adrián Barbón supondrá un rejuvenecimiento de la dirección del partido. Esas dos coordenadas definen una FSA muy diferente a lo que hubo hasta ahora. Habrá una gran mayoría de caras nuevas y otros pasarán a la condición de reservistas para lo que les queda de vida en el partido: de militar a cotizar.

Las decisiones que se tomen en Asturias serán un calco de las que lleve a cabo Pedro Sánchez. La sintonía entre la dirección federal y la asturiana será absoluta. Hablo a corto y medio plazo. Más allá será distinto, porque la política muda de piel cada pocos años. El hecho de que Adriana Lastra sea la vicesecretaria general del partido asegura la sincronización entre las dos organizaciones y la fluidez de la información y las relaciones entre ambas. Todas las incógnitas están relacionadas con la bicefalia. En el día posterior a la batalla todo son buenas palabras, pero no será sencillo ya que lo que haga u omita Javier Fernández beneficiará o dañará las expectativas electorales de la FSA de Barbón.

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LA FSA, BASTIÓN DEL “SANCHISMO”
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Juan Neira | 18-09-2017 | 17:54| 0

Se cumplieron los pronósticos, Adrián Barbón es el nuevo secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) tras derrotar a José María Pérez, “Josechu”, por una diferencia de votos muy parecida a la que había sacado en el acto de presentación de avales. El triunfo se produjo en ayuntamientos grandes, medianos y pequeños, del oriente, centro y occidente. La excepción entre los municipios más poblados fue Avilés, donde las dos últimas alcaldesas apoyaban a José María Pérez.

El único resultado rotundo a favor del concejal gijonés se dio en Tineo, al sacar más del quíntuple de sufragios que Barbón. De Tineo es el actual portavoz parlamentario, que previamente fue alcalde del lugar. El dato más doloroso para José María Pérez provino de su agrupación gijonesa (preside su comisión gestora) donde fue claramente batido por el alcalde de Laviana.

La victoria de Adrián Barbón estaba cantada desde el momento en que se dio a conocer el número de avales que habían logrado los dos candidatos. Lo ocurrido en las primarias federales en Asturias, donde Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz por una diferencia sensiblemente mayor que la obtenida en el conjunto España, abonaba la idea del triunfo del candidato “sanchista”. Con esos antecedentes, nadie esperaba que José María Pérez fuera a dar la campanada saliendo vencedor de las urnas.

José María Pérez no conoce el rol de ganador, salvo en las primarias de 2014 en la agrupación gijonesa. Si se quiere ser ecuánime hay que relativizar aquel triunfo por el abusivo número de avales que se exigieron. De ese modo el aparato logró que el candidato opositor, José Antonio Garmón, no superara el test de las credenciales negando al conjunto de afiliados de la agrupación la posibilidad de votarle. Seis meses más tarde, en las últimas elecciones municipales de 2015, “Josechu” fue derrotado por Carmen Moriyón.

DOS CAUSAS

Pese a lo acabo de exponer, no creo que el perfil de José María Pérez haya sido un elemento fundamental en la derrota cosechada. Hubo dos causas poderosas, conectadas entre sí, que desnivelaron la balanza a favor de Adrián Barbón. En primer lugar, el ambiente en la familia socialista. El partido sigue aún bajo los efectos del rotundo triunfo de Pedro Sánchez en las primarias federales de mayo. A escala nacional, el sector crítico ha desaparecido. El bando de los derrotados se ha replegado a sus cuarteles autonómicos para dar la batalla desde las regiones. Los barones autonómicos, zaheridos por los “sanchistas”, han ganado las primaras en sus respectivos territorios.

Asturias es la excepción. El secretario general y, hasta ahora, líder indiscutible del socialismo regional, Javier Fernández, no se ha presentado a las primarias para ser reelegido. El presidente de la gestora no ha defendido su gestión como líder de su federación, y el vacío lo ha cubierto José María Pérez, cuando nadie esperaba que jugara ese papel.

Es evidente que Javier Fernández tenía todo el derecho del mundo a pasar el testigo tras diecisiete años al frente de la FSA y cinco años presidiendo el Principado. Cuando acabe su mandato institucional dejará la política activa, tal como anunció antes de los últimos comicios autonómicos.

Ahora bien, cuando el candidato natural se retira no es fácil levantar una alternativa. Prueba de ello es que José María Pérez hizo un formidable esfuerzo apoyado en un pequeño grupo de fieles, mientras el grueso de eso que ha dado en llamar como el “javierismo” se retiró del campo de batalla.

No dejaba de ser un sarcasmo la acusación de los “sanchistas” a Pérez, como “candidato del aparato”. Nunca un aparato fue tan invisible.

Amplísima victoria de Adrián Barbón, con el 60% de los votos, diez puntos por encima (50%) de la alcanzada en España por Pedro Sánchez.  A la hora de relacionar los porcentajes de esas dos tardes de gloria para el “sanchismo” es preciso resaltar  que Pedro Sánchez tuvo enfrente a todas las figuras del partido, mientras que Barbón se topó con un rival que se había quedado sin ejército.

COHABITACIÓN

Adrián Barbón representa el cambio generacional en el PSOE. Entre Fernández y Barbón hay treinta años de diferencia. Si tomamos como referencia la escala de Ortega, la FSA se ha rejuvenecido, de golpe, en dos generaciones. Un hecho muy importante de cara a la ciudadanía.

Hasta las elecciones autonómicas faltan veinte meses, y en ese periodo el PSOE vuelve al modelo de la bicefalia. Tiempo habrá para hablar más sosegadamente de ello, pero la convivencia no será fácil. No dudo de la lealtad de Barbón a Fernández, pero las circunstancias están por encima de los deseos de ambos.

Ahí tenemos el triste ejemplo de Cantabria. Nada más ganar el candidato “sanchista” (Zuloaga) las elecciones primarias, el partido exigió la dimisión del consejero de Educación, Ramón Ruiz, que fue coordinador de la campaña de las primarias de Susana Díaz.

No creo que en Ferraz hayan olvidado tan pronto que Javier Fernández presidió la comisión gestora que decidió la abstención ante la investidura de Rajoy.

Se hablará mucho de supuestos giros a la izquierda y de alianzas de izquierda, pero la realidad tiene que ver con el poder. Y compartirlo siempre es incómodo.

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EL DEBER DE RAJOY
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Juan Neira | 17-09-2017 | 21:40| 0

La brecha entre las instituciones democráticas y las fuerzas independentistas crece cada día. La descalificación mutua es absoluta. La ruptura es total. La Generalitat ha diseñado un nuevo marco legal y avanzan con fuerza hacia el referéndum para sacar la República catalana de las urnas, cual conejo de la chistera: para algo son juez y parte en la consulta. En España, en los últimos setenta y cinco años no habíamos vivido nada parecido.

Hasta hace diez días, el Gobierno se limitaba a afirmar que el referéndum no se iba a celebrar. El presidente del Gobierno ejercía de oráculo. Los últimos pasos dados por la Generalitat, alzándose en rebeldía contra las normas vigentes y las autoridades que las encarnan, han obligado al presidente a hacer algo más que vaticinios.

¿Cuál es la estrategia de Mariano Rajoy? ¿Qué arma secreta guarda para hacer descarrilar el ‘procés’? ¿Cómo va a impedir la celebración del referéndum de autodeterminación?

Estas preguntas nos las hemos hecho todos desde que los independentistas anunciaron el referéndum y las leyes de desconexión. El presidente no daba pistas, se refugiaba tras su rostro impasible.

Funcionarios

A estas alturas del conflicto resulta ocioso preguntarse por la estrategia de Rajoy: está a la vista de todos. El arma secreta del presidente del Gobierno para mantener la integridad de España son los funcionarios. Si los funcionarios obedecen a Mariano Rajoy, no hay referéndum. Si jueces y fiscales trabajan a destajo las querellas, si los policías detienen a los sediciosos, desarticulan sus almacenes de propaganda e impiden sus actos electorales, si los directores de institutos y colegios mantienen cerrados los centros el 1-0, como ocurre todos los domingos, la consulta será una convocatoria fallida. El ‘procés’ habrá descarrilado. Se habrá cumplido la profecía favorita de Rajoy: no pasará nada.

La cosa cambia si los funcionarios discrepan, flojean, claudican o desertan. En ese caso tendremos dos problemas en vez de uno: se celebrará el referéndum de autodeterminación y se habrá venido abajo el andamiaje del Estado. La imagen de los Mossos d’Esquadra tutelando las largas filas que formaba la gente para acceder a la plaza de toros de Tarragona es un aviso.

El Estado se manifiesta a través de las normas y los actos que realizan los funcionarios. De eso no hay duda. También es cierto que el Estado tiene, o debe tener, el monopolio de la violencia. Ahora bien, el Estado es algo más que funcionarios y violencia. Tiene una amplia panoplia de respuestas, tan variadas como las situaciones que se presentan.

Cuando ETA asesinaba todas las semanas, la contestación del Estado se canalizaba a través de la Policía. Los partidos firmaban pactos, realizaban declaraciones, se mostraban solidarios con las víctimas, pero la clave para que ETA dejara de matar fue el impecable trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado. Gracias a las policías española y francesa el grupo terrorista vasco despareció del mapa. La mayoría de sus pistoleros está en la cárcel, el resto se rindió.

El reto independentista catalán es de muy distinta naturaleza. En los últimos días, los miembros del ‘govern’, los diputados, alcaldes y concejales independentistas violan las leyes, desoyen al Gobierno de España y desafían a jueces y fiscales. Nunca sucedió algo así y el Estado no puede quedar cruzado de brazos. Los delitos se deben perseguir siempre, sin excepción, pero detrás del 1-0 hay algo más que delincuencia.

Discurso

El desafío independentista exige, por encima de cualquier otra consideración, una respuesta política que no se limite a decir que la Constitución no contempla las consultas de autodeterminación. Cuando el bando de los rebeldes llena las calles de Barcelona de familias envueltas en la ‘estelada’, yo echo en falta un discurso político vigoroso por parte del Gobierno. Rajoy se limita a constatar la ilegalidad, no quiere discutir de política, se conforma con dejar los colegios a oscuras.

¿Cuánto tiempo van respaldar Merkel, Macron, Junckers y compañía la política de un gobierno que se limita a reprimir intentos de expresión o manifestación que no encajan en el modelo territorial del Estado?

No estoy insinuando la necesidad de abrir una negociación para saldar el conflicto dando un trato fiscal privilegiado a Cataluña. Hoy por hoy, no hay mucho que negociar con Puigdemont y Junqueras. El discurso político es necesario para convencer a los observadores, externos e internos, de las razones que asisten a los demócratas. Y para que los ciudadanos de Cataluña sepan el sufrimiento cierto que les espera por la senda de la independencia. Las querellas son necesarias, sin duda, pero no son suficientes.

Resulta descorazonador que la crítica al independentismo se reduzca a las intervenciones de los portavoces de la oposición en el ‘Parlament’. En la calle, la única Cataluña que resulta visible es la que se quiere separar de España. Es obligación de Rajoy hacer que aflore el pluralismo contra el totalitarismo. Si actuara como un líder de la nación, la calle no sería propiedad de los fanáticos ni los demócratas vivirían en la clandestinidad.

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LA GENERALITAT, MANIATADA
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Juan Neira | 16-09-2017 | 19:34| 0

La decisión de Oriol Junqueras de suspender la información al Ministerio de Hacienda sobre los pagos de la Generalitat ha tenido una respuesta del Gobierno en forma de ultimátum: si en 48 horas no retoma la senda de la colaboración, la transparencia y la comunicación de datos, el Ejecutivo intervendrá automáticamente la Hacienda catalana. El plan del Gobierno pasa por dejar de transferir recursos a la Generalitat, debiendo conformarse los independentistas con los tributos propios que representan el 10% de los ingresos totales de la comunidad autónoma. Si con el 100% de los ingresos tenían abultados déficit y eran la región más endeudada de España, resulta difícil de imaginar cómo se van a desenvolver al quedar intervenidos. El Estado asumirá los gastos en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, así como las nóminas de todos los funcionarios catalanes. El plan maniata al Gobierno independentista y es la medida más fuerte que puede tomar Rajoy sin recurrir al famoso artículo 155 de la Constitución. En la práctica supone dejar a la Generalitat sin los mínimos mecanismos de autogobierno, quedando con una capacidad de gestión muy por debajo de cualquier otra comunidad autónoma. La recentralización de las competencias es un hecho, ya que de poco vale tener nominalmente la titularidad sobre los servicios públicos si no pueden gastar o ingresar ni un euro.

Pronto veremos si el plan de Rajoy y Montoro es efectivo o tiene truco. Este verano, el ministro de Hacienda anunció un control exhaustivo de las cuentas de la Generalitat. Con aire de suficiencia, Montoro llegó a declarar que el referéndum no se celebraría porque no podrían destinar ni un euro a organizarlo. La garantía del fracaso de la consulta era el ministro de Hacienda. Ayer hemos conocido que la Guardia Civil requisó 100.000 carteles de propaganda. Queda claro que la Guardia Civil es más eficaz que el ministro.

Una de las cosas más formidables de este vergonzoso proceso son las reflexiones de los dirigentes independentistas al comprobar la respuesta del Estado de Derecho. Tras el ultimátum del Gobierno de España, Junqueras manifestó apesadumbrado que “ponen en riesgo la economía y las empresas y los fundamentos dela vida social”. No es consciente de la barbaridad cometida al saltarse la legalidad desde el gobierno. El verdadero daño a los intereses de Cataluña lo causan los dirigentes nacionalistas. Las gamberradas de la CUP no se las puede permitir la Generalitat.

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ESPERPENTO COLECTIVO
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Juan Neira | 15-09-2017 | 19:47| 0

Lluvia de querellas en Cataluña. Los vocales de la Junta Electoral catalana ya están empapelados. Pronto reconocerán sus nombres entre la tortuosa prosa judicial. La Fiscalía parece que opta por hacer una criba dentro de la larga lista de alcaldes rebeldes y, de momento, se conforma con querellarse contra los dos munícipes que presiden la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch. Ambos mandaron una carta a todos los alcaldes pidiendo que aprobaran un decreto dando apoyo al referéndum, y ahora van a tener que buscarse un abogado para defenderse de los tres cargos que penden sobre la cabeza de todas las autoridades públicas rebeldes: desobediencia, prevaricación y malversación; las informaciones sobre este asunto suelen acabar con la misma coletilla, “el último de los cargos conlleva pena de cárcel”. Primer mitin de la campaña del referéndum en la antigua plaza de toros de Tarragona. En el escenario, “Sí, Hola República”. Siete mil quinientas personas sentadas en las sillas y la arena. El responsable del local ya fue apercibido de que se trataba de un acto ilegal: no tardará en llegarle el papel de la Fiscalía que anuncia la querella. Los 55.000 ciudadanos que van a ser llamados a prestar sus servicios en las mesas electorales también pueden incurrir en delito. Los carteros han recibido la orden de aparcar las comunicaciones relacionadas con el referéndum. El Gobierno estudia la posibilidad de dejar sin energía eléctrica los locales elegidos para convertirse en colegios electorales; debido a ello, el voluntariado independentista regalará bolígrafos de capuchón azul –los de toda la vida- para cuando se acaben la carga de los ordenadores. Oriol Junqueras no le pasará justificantes de gasto a Cristóbal Montoro, así que el ministro no sabrá si destinan recursos para la consulta. Me queda la duda de saber si Montoro seguirá suministrándole dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat. De él viven los independentistas y los autonomistas: Cataluña entera. Las asociaciones de jueces avisan a los ciudadanos que los políticos de la Generalitat ya han perdido la condición de autoridades.

Hace tan solo unas semanas, cualquiera de los contenidos enunciados hubiera logrado por si solo el privilegio de encaramarse al primer titular del periódico. Ahora, los datos particulares quedan ocultos entre el esperpento colectivo.

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GUERRA DE MOVIMIENTOS
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Juan Neira | 14-09-2017 | 16:10| 0

Siguiendo la terminología “gramsciana”, la crisis catalana ha pasado ya de guerra de posiciones a lucha de movimientos. Acción y reacción. El juez ha accedido a una petición cautelar, incluida en la querella de la Fiscalía contra Carlos Puigdemont, en la que solicitaba el cierre de las páginas web que hacen propaganda del referéndum de autodeterminación. La web del Gobierno catalán destinada a informar sobre la cita del primero de octubre fue clausurada por la Guardia Civil. La propia Generalitat se encargó de publicar dos réplicas, desde Luxemburgo e Inglaterra. En el mundo digital es imposible poner puertas al campo. Lo que importa es la actitud: la Guardia Civil registra la imprenta de las papeletas y la Guardia Civil clausura la web del referéndum. El Estado da los primeros pasos efectivos, más allá de discursos y palabras. Parte con delantera la Generalitat que no se privó de degradar el Parlamento para convertirlo en un órgano títere del independentismo. Llegaron al absurdo de aprobar una ley, la llamada ley de desconexión, que configura la estructura de la hipotética República catalana, cuando faltaban tres semanas para celebrarse el referéndum que decide, teóricamente, entre seguir en España o constituirse en una isla rodeada por la Unión Europea, excepto por un costado llamado Mediterráneo.

La Fiscalía va a citar a los 712 alcaldes que aceptaron la petición de la Generalitat de ceder locales municipales para celebrar la consulta popular. Ha advertido que empezará por los regidores de los municipios más poblados, con la amenaza de ser detenidos en el caso de que no acudan a su requerimiento. La CUP, coalición radical que conduce la patria sojuzgada hacia la independencia, afirma que sus treinta alcaldes no obedecerán al fiscal. Se ve que tienen prisa por publicar la foto de un edil esposado entre dos agentes de la autoridad. Necesitan un mártir. El pulso entre los constitucionalistas y los rebeldes irá “in crescendo” en los quince días que faltan para el referéndum. Hay un orden legal, con leyes, funcionarios y pautas establecidas, mientras que en frente hay un magma dominado por la ideología y guiado por las emociones. El Estado tiene la inercia de los cuerpos pesados, mientras la República es frágil, como un capricho. Digo todo esto porque en las últimas semanas, hasta los creadores que tienen el prurito de la originalidad sucumben a la imagen del choque de trenes. Cada cual puede sacar sus conclusiones.

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EL TELÉFONO DE RIOPEDRE Y OTERO
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Juan Neira | 13-09-2017 | 21:48| 0

En la serie por capítulos de la sentencia del ‘caso Renedo’ tocó conocer, ayer, un extracto de los hechos probados; en la próxima entrega nos contarán la argumentación jurídica. La principal conclusión es que las tesis de la Fiscalía fueron validadas por el tribunal. No hizo falta recurrir a razonamientos complejos, ya que el ministerio fiscal se limitó a aplicar el Código Penal al cuantioso material grabado a los principales imputados. Se da por cierto y comprobado que José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero actuaban juntos, si bien la concreción de las operaciones corría a cargo de la directora general. Trabajaban con las dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que les adjudicaban los contratos a cambio de sustanciosos regalos o beneficios. De esta manera, María Jesús Otero se fue haciendo con un apreciable patrimonio inmobiliario. A la cartera de Iglesias Riopedre no retornó ni un euro, pero la empresa de su hijo era subcontratada por otra empresa controlada por el dueño de Igrafo.

Marta Renedo iba por su cuenta. Estoy seguro de que está sinceramente arrepentida de sus años de consumismo compulsivo, con un comportamiento más propio de una ‘chica Almodóvar’ que de una funcionaria responsable como había sido hasta entonces.

Iglesias Riopedre está dispuesto a llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender su inocencia. El exconsejero ya convenció a mucha gente, empezando por la peña de amigos que le pagó la fianza para salir de la cárcel y siguiendo por la plana mayor del Principado. Cuando fue detenido nadie del Gobierno regional le consideró culpable. Nadie. Desde la cúpula de la Administración autonómica se declaraba con rotundidad que era inocente y en la propia Consejería de Educación todos cerraron filas con el ex consejero. Ni las fuerzas sindicales se atrevieron a hacer leña del árbol caído. Las dos empresas de marras vendieron material a todas las consejerías del Principado, sin excepción. Ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares pidieron ver esos expedientes. En las cintas aparecen conversaciones de los empresarios con concejales de grandes ayuntamientos. Ya se sabe que eran intranscendentes. También consta que una de las empresas pagó una factura de publicidad electoral de un alcalde o alcaldesa. Carece de interés. Lo que está claro es que José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero serían muy felices si no hubiesen hablado tanto por teléfono.

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LAS TRAMPAS DE LA DIADA
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Juan Neira | 12-09-2017 | 20:44| 0

La Diada es la parusía del independentismo catalán. En esta ocasión, la celebración buscaba ser un respaldo al referéndum del primero de octubre, en el doble sentido de legitimar su convocatoria y crear un ambiente de limpieza de formas y altura de espíritu para que el pueblo liso y llano convirtiera su participación en un deber moral. Jorge Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (entidad que convocaba la manifestación), valoró en más de un millón de personas la gente que acudió a la movilización. El Ayuntamiento de Barcelona lo dejó en un millón. La Delegación del Gobierno dijo que fueron 350.000. La cifra de asistentes tiene su importancia, porque los nacionalistas hicieron el artificio de transformar la calle en una inmensa urna, con el intento de legitimar por la vía de la manifestación los chanchullos realizados en el Parlamento para aprobar la Ley del Referéndum. Había mucha gente, no hay duda. También la había hace un año y dos y tres y cuatro y cinco, sin que la Diada fuera la víspera de ninguna consulta. La primera Diada de la democracia, en 1977, la cifra oficial de manifestantes fue de millón y medio -se hablaba de la mayor concentración desde el entierro de Maciá (1933)-. La movilización de ayer fue notable, pero ni superó las expectativas ni supuso ningún récord.

De la cantidad al espíritu. Grandes pancartas: “Referéndum es democracia”. Depende, oiga. Franco convocó un referéndum el 14 de diciembre de 1966 para validar la Ley Orgánica del Estado. Esa consulta no era democrática y la de Puigdemont y Junqueras, tampoco. En ambos casos por defectos de forma (un tratamiento parlamentario tramposo) y de fondo (en el articulado de las dos leyes no se contempla la separación de poderes, con maridaje entre Ejecutivo y Legislativo, mientras el Poder Judicial es un apéndice). Y, a la vez, hay democracias sólidas que nunca organizan referéndum.

Otra pancarta: “No hay garantía democrática ni legalidad sin urnas”.  Las urnas son una condición necesaria para hablar de democracia, pero no es una condición suficiente. Insisto: en la democracia orgánica de Franco (familia, municipio, sindicato) había urnas, pero no había democracia. Es preciso que haya libertad, respeto a la legalidad vigente, separación de poderes, cumplimiento de los procedimientos parlamentarios, garantías judiciales, organización neutral en las convocatorias a las urnas, etc. Todo lo que le falta a la cita del primero de octubre.

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