El Comercio
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LA INDIGNIDAD DEL PRESIDENTE
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Juan Neira | 11-09-2017 | 17:16| 0

Carles Puigdemont afirma que los tribunales españoles no pueden ordenar su inhabilitación, una potestad que solo concede al Parlamento de Cataluña. El presidente de la Generalitat trata de reafirmarse tras una semana en la que lideró la más absoluta falta de respeto hacia los procedimientos democráticos: aprobando leyes sin dejar presentar enmiendas a la totalidad, obligando a la oposición a improvisar enmiendas parciales, reduciendo el debate a algo más de una hora de intervenciones y negándose a pedir un dictamen a los órganos de consulta pese a solicitarlo los diputados de la oposición. Una sola de esas actuaciones irregulares sería suficiente para invalidad la aprobación de la Ley de Referéndum o de la Ley de Transitoriedad, pero la alianza de fuerzas independentistas (ERC, PDeCAT y CUP) que tiene mayoría en la Cámara ha decidido romper con la legalidad constitucional que rige la política española desde hace cuarenta años y crear una nueva realidad política con el solo recurso del autoritarismo. Puigdemont, Junqueras y Forcadell van a organizar un referéndum de autodeterminación (así lo denominó Marta Rovira, presidenta del grupo parlamentario de Juntos Por el Sí, cuando se refirió a la consulta del primero de octubre) sin importarles lo que esté escrito en las leyes, sin hacer caso de los argumentos de la oposición y sin dar ninguna importancia a las decisiones de los jueces. Carlos Puigdemont solo acepta el veredicto del Parlamento. Fue investido presidente por la voluntad de la Cámara y también puede el Parlamento retirarle del cargo a través una moción de censura, pero tanto él, como los consejeros de gobierno y los diputados, son apartados del poder ejecutivo o legislativo si cometen ilegalidades. Quién decide cuando un acto es legal o delictivo son los tribunales de Justicia. La Fiscalía le va a imputar por tres delitos, prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. Una triple transgresión de la legalidad que lleva acarreada pena de cárcel. Por lógica, cuando lo llame el tribunal correspondiente tendrá dos opciones, acudir voluntariamente o esperar a que lo vaya a buscar la Policía. El resultado será el mismo.

La quiebra de la legalidad, el corte de mangas a los procedimientos por los que se rigen las instituciones catalanas, constituye un oprobio de tal magnitud ante la opinión pública que el president tiene los días contados. La indignidad lo hace incompatible con el cargo.

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LA HUIDA HACIA ADELANTE
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Juan Neira | 11-09-2017 | 17:08| 0

La gente se pregunta qué va a pasar. Como Rajoy no enseña sus cartas, más allá de la presentación de querellas y recursos, se ignora cómo va a impedir la celebración del referéndum. De lo que no hay duda es que el primero de octubre los independentistas sacarán las 6.000 urnas del zulo y las colocarán por colegios, institutos, centros de salud, gimnasios, museos, parroquias, palacios de la música o cualquier sitio donde haya una mesa y el dueño del local dé permiso para colocar una urna.

La plasmación del referéndum se hará de una forma ‘sui géneris’, a semejanza de cómo fue la tramitación parlamentaria de su ley: sin ninguna garantía. El resultado de la votación lo decidirá la Generalitat. Los partidos independentistas han degradado las instituciones y las cosas ya están maduras para actuar como Maduro.

¿Cómo pudo ser Cataluña la única región de Europa donde se produjo semejante engendro?

Inicio

Para ver con detalle cómo fue el proceso habría que remontarse hasta la Transición, pero con independencia de que hagamos esa excursión otro día, quiero centrarme en lo ocurrido en los últimos años para verificar que la apuesta por la independencia es una operación de las elites políticas, no del pueblo liso y llano que pasea por las Ramblas.

En el año 1999, Fomento, la patronal catalana, puso en circulación el discurso del desigual trato fiscal. En aquel tiempo, el crecimiento económico de Madrid era mayor que el de Cataluña y la patronal dio una respuesta política: los catalanes pagan más y el resto de los españoles se aprovechan de ello. Para dar un barniz de respetabilidad a lo que no pasaba de ser mera propaganda, exigieron la publicación de las balanzas fiscales.

En 2003, con Maragall presidiendo el gobierno tripartito de izquierdas, la Generalitat habló de «fatiga fiscal». Se lanzó la agresiva campaña del «España nos roba».

Todo muy burdo: los catalanes pagan los mismos impuestos que los demás; si en un territorio la recaudación fiscal es mayor que en otro, se debe únicamente a que la riqueza media es mayor. Ejemplo: en Somió se paga más que en La Calzada, aunque un señor que gane 40.000 euros tributa igual en cualquiera de los dos barrios. La transferencia de rentas de los más ricos a los más pobres es una pauta en todas las sociedades civilizadas.

La falsa sensación de agravio hizo que demandaran y consiguieran la consecución de un nuevo Estatuto de Autonomía. Zapatero los animó diciendo que las Cortes ratificarían el texto que aprobara el ‘Parlament’. El ‘Estatut’ contenía artículos dudosamente constitucionales y el PP lo puso en manos del Tribunal Constitucional, de donde salió trasquilado.

Los nacionalistas consideraron intolerable que el TC anulara artículos del ‘Estatut’, aunque ellos recurrieron todas las veces que quisieron para tumbar normas del Estado. En el relato de los independentistas se argumenta que la actuación del Constitucional fue el elemento clave para optar por la independencia.

Datos

Es muy importante retener algunos datos. En el referéndum para aprobar el ‘Estatut’ participaron solamente el 49,4% de los catalanes. De los que se acercaron a las urnas, el 20,7% emitieron un voto negativo y el 5,3% lo hicieron en blanco. En resumen, solo el 36% de los catalanes con derecho a voto apoyaron el ‘Estatut’. Traducción, el texto rupturista era una creación de la clase política que solo respaldaron uno de cada tres catalanes. El nuevo Estatuto de Autonomía solo importaba a las elites políticas.

Hace ahora cinco años, Artur Mas se entrevistó con Rajoy para pedirle que Cataluña se adhiriera al modelo fiscal vasco, con el sistema del cupo. Un privilegio trasnochado que lograron los vascos en la Transición y que no tiene ninguna región europea. Dicho crudamente: el privilegio nunca lo habría concedido Adolfo Suárez de no estar ETA en activo. Había que apuntalar el posibilismo del PNV, como una operación de Estado.

La negativa de Rajoy propició la respuesta fulminante de Artur Mas, dando por finiquitada la vía estatutaria y abriendo la senda hacia la independencia. El giro del partido en el Gobierno de Cataluña corrió en paralelo a un doble fenómeno: su creciente protagonismo judicial, causado por los escándalos de corrupción, y las dificultades para gestionar la Generalitat debido al fuerte endeudamiento. En las últimas elecciones catalanas, de septiembre de 2015, los partidos constitucionalistas tuvieron más votos que los independentistas, aunque al ir agrupados CiU y ERC, lograron más escaños. A partir de ese momento, el paso de los acontecimientos lo marcó la CUP, que vetó a Artur Mas e impuso al Gobierno catalán las opciones más radicales bajo la amenaza de dejarlo caer.

El pueblo catalán dio un apoyo muy bajo al ‘Estatut’, participó minoritariamente en la consulta del 9N, y dio más votos a los constitucionalistas que a los independentistas en los últimos comicios. Todo el problema catalán reside en sus elites políticas, que han iniciado una fuga hacia adelante ante la realidad de una Generalitat asfixiada con las deudas, la persecución judicial de sus figuras históricas, y la negativa del Estado a darle un trato fiscal de privilegio.

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EL TORPEDO DE ADA COLAU
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Juan Neira | 09-09-2017 | 16:59| 0

La batalla entre independentistas y constitucionalistas afecta de lleno a los más de novecientos ayuntamientos catalanes. La misiva de Carlos Puigdemont conminando a los alcaldes para que en el plazo de cuarenta y ocho horas le dijeran si cedían locales municipales para la celebración del referéndum de autodeterminación ha dividido al mapa municipal. Con actitud militante, por la rapidez en la respuesta, más de seiscientos alcaldes contestaron afirmativamente, mientras que los grandes ayuntamientos (Tarragona, Lérida, Hospitalet de Llobregat, Tarrasa, Mataró o Santa Coloma de Gramanet) rechazaron colaborar con la iniciativa independentista.

Faltaba por conocer la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona que alberga 1,6 millones de habitantes (el área metropolitana de Barcelona duplica esa población, pero en ella hay treinta y seis municipios). Al final, Ada Colau se niega a ceder locales: “facilitar la participación a toda movilización democrática sin poner en riesgo a la institución ni a los funcionarios”. Una postura razonada, en la que ni siquiera nombra explícitamente al referéndum. La alcaldesa está a favor de una consulta, pero critica el carácter unilateral de la iniciativa de la Generalitat, “no puede resolverse de una manera fácil y rápida, anteponiendo el fin a los medios y, con las prisas, dejando fuera a la mitad de Cataluña”. Ada Colau añade, “somos un país plural y tenemos que preservar esa pluralidad como un tesoro”.

La decisión de la alcaldesa de Barcelona es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras. El Gobierno de la Generalitat pretendía la adhesión, en bloque, de los alcaldes para tapar la realidad de un Parlamento dividido y resquebrajado que toma las decisiones más transcendentes de la historia catalana con urgencias, trampas y nocturnidad. Colau pone el dedo en la llaga, al hablar de “prisas” y de “preservar la pluralidad”. Entre la población catalana es más que probable que hay un amplio sector que está a favor de un referéndum pactado y con garantías, dos características que están ausentes en la intentona de Puigdemont y Junqueras. Desde la Generalitat se busca la independencia de Cataluña saltándose a la torera los procedimientos parlamentarios y organizando el referéndum con el mismo libreto que utiliza  Nicolás Maduro para tomar decisiones en Venezuela. Consultados los alcaldes, emerge la Cataluña plural que niegan los sediciosos.

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EN ABIERTA REBELDÍA
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Juan Neira | 08-09-2017 | 19:14| 0

La deriva de las instituciones catalanas toma un curso acelerado guiada por la mayoría parlamentaria independentista y el Gobierno del mismo signo. Ignoran a la Constitución y a las leyes y no reconocen a los tribunales. Orillan los mecanismos de control y sólo se sienten responsables ante un sujeto tan genérico y vaporoso como es el pueblo de Cataluña. Tras la aprobación de la Ley de Referéndum, toca el turno a la ley que regula la Agencia Catalana de Protección Social, que es el germen de la Seguridad Social catalana y, posteriormente, a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, denominada “ley suprema”, que es la columna vertebral del nuevo orden político y jurídico de la mentada República. No sólo pretenden dejar arrumbadas las leyes estatales, sino también a las que emanaron de las instituciones catalanas, entre ellas el Estatuto de Autonomía. En una demostración superlativa de cinismo la aprobación de las nuevas leyes se realiza a través de un procedimiento profundamente antidemocrático, negando a la oposición la posibilidad de poner enmiendas a la totalidad, dando una o dos horas para presentar enmiendas parciales y sin aceptar someter los proyectos al dictamen preceptivo de los órganos de asesoramiento. Es una situación de completa rebeldía.

El Gobierno de España instrumenta las respuestas previstas en nuestro ordenamiento, como es la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlamento y contra el Gobierno catalán, presentando recursos ante el Tribunal Constitucional y dando un aviso para navegantes (funcionarios) sobre las consecuencias que acarrearía colaborar en el referéndum del primero de octubre. Los contactos de Rajoy con los líderes  de los partidos comprometidos con la Constitución, como el PSOE y Ciudadanos, se suceden.

¿Bastarán estas medidas para reconducir la deriva institucional catalana? Tengo muchas dudas. Los independentistas han cruzado, por primera vez, el Rubicón desde los años treinta del pasado siglo. No se van a detener por las decisiones del Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. El ejemplo lo tenemos con la inmediata respuesta de cientos de ayuntamientos (más de 400) a la petición de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum. No me extraña que se atrevan a saltarse la legalidad porque hasta ahora han podido hacer todo tipo de desfachateces sin sufrir ningún perjuicio. El Estado tiene tres semanas para sacarles del error.

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LA INDIGNIDAD DEL PARLAMENTO
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Juan Neira | 07-09-2017 | 21:43| 0

El larguísimo pleno del Parlamento catalán que estaba convocado como una sesión de control al Gobierno, y se acabó transformando en el debate y aprobación de la Ley del Referéndum, mostró de manera diáfana el déficit democrático que arrastran las fuerzas independentistas. En medio de la sesión, pidió la palabra una diputada de Juntos Por El Sí para modificar el orden del día y exigir el debate sobre una ley que acababan de registrar en la Cámara. Lo nunca visto. Ese proceder no se le puede llamar tramitación exprés, porque es una alteración de los usos parlamentarios de tal calibre que no tiene precedentes.

La oposición puso el grito en el cielo, pero la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, demostró hasta qué punto la indignidad se adueñó de las instituciones de autogobierno de Cataluña: no quiso cumplir con el trámite preceptivo de oír la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el proyecto de ley; tiró p’alante cuando comprobó que el secretario general del Parlamento no firmaba la admisión a trámite del proyecto de ley (una firma inexcusablemente obligada para que tenga validez); no dejó presentar enmiendas a la totalidad del proyecto (la primera vez en la historia que se impide a los diputados hacerlo) y dio dos horas (al principio sólo daba una) para presentar enmiendas parciales cuando se acababa de registrar la ley y nadie de la oposición había tenido la posibilidad de leerla. Como la mañana no era suficientemente ajetreada, la señora Forcadell tuvo tiempo para comunicar mediante las redes sociales que recusaba a todos los magistrados del Tribunal Constitucional porque habían perdido la legitimidad al convertirse en correa de transmisión del Gobierno. En la historia parlamentaria española dudo mucho que haya habido un presidente del poder legislativo que hiciera tantas barbaridades en una sola jornada.

La deslegitimación en que han caído los partidos independentistas es total. No es creíble ni seria su forma de proceder. La calidad democrática de las instituciones catalanas se ha depreciado, aunque su valor ya era muy bajo. En el breve debate sobre el proyecto de ley brilló por encima de todos los intervinientes, Inés Arrimadas, una mujer inteligente, valiente y brillante que defendió la opción constitucionalista sin ningún complejo ante los nacionalistas. Al acabar la sesión anunció en rueda de prensa que registrará una moción de censura contra Puigdemont. Con eso no contaba Forcadell.

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EL DINERO HACE DAÑO
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Juan Neira | 06-09-2017 | 17:06| 0

El Tribunal de Cuentas ha exigido el depósito de una fianza de 5,1 millones de euros a nueve miembros del Gobierno de la Generalitat que participaron en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Si para el día 25 de este mes no entregan la cantidad demanda, procederán a embargar sus bienes. El Tribunal de Cuentas trata de recuperar el despilfarro de dinero provocado con la preparación de una consulta que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Valorado el coste de las actuaciones, entre las que se encuentra la compra de ordenadores por valor de 2,8 millones de euros, los políticos de la antigua Convergencia i Unió tendrán que responder con su propio peculio.

La noticia ha caído como una bomba entre los partidos del actual Ejecutivo catalán, Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana (ERC). Los principales dirigentes han caído en tal estado de excitación que no han hecho otra cosa que desbarrar. Carla Puigdemont y Oriol Junqueras se han puesto ante los micrófonos para decir que el “Gobierno ha vulnerado todos los procedimientos, saltándose el Estado de Derecho”; aseguran que se trata de “una incautación de patrimonio personal” y que ellos sí tienen un “respeto escrupuloso a la separación de poderes”. Si no fuera por su edad y sus aviesas intenciones, parecería que hablan como niños. Creían que podían llevar a cabo una actuación onerosa, declarada ilegal por el TC, sin que tuviera consecuencias. Se asombran de que les incauten el patrimonio personal, pero no le dan importancia al derroche público que ellos realizaron. Hablan de separación de poderes cuando diseñaron una norma, que ellos llaman “ley suprema”, que pone el poder judicial de la hipotética Cataluña independiente en manos del Gobierno de la Generalitat.

El primer político citado por el Tribunal de Cuentas es Artur Mas. Cuando dejó la Presidencia del Gobierno, forzado por la CUP, designó a Carla Puigdemont como sucesor. Le toca ahora Puigdemont sacarlo del lío y no lo va a tener fácil. Hay que poner cinco millones contantes y sonantes encima de la mesa y eso a un grupo de catalanistas de pura cepa les duele más que ceder un riñón. Es la primera vez en tres años que los independentistas van a pagar un coste por realizar actuaciones ilegales. Hasta ahora podían decir y hacer lo que les viniera en gana que no pasaba nada. El castigo público produce efectos pedagógicos de masas. Una buena reflexión para el primero de octubre.

 

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EL EMPATE DE DOS AMIGOS
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Juan Neira | 05-09-2017 | 21:58| 0

Se celebró el debate de las primarias entre Adrián Barbón y José María Pérez. No habrá más duelos dialécticos. Pérez ya quería debatir en julio y está dispuesto a hacerlo todos los días. Barbón no quiere volver a discutir con Pérez. Con esa mínima información habrán ustedes adivinado lo que dicen los pronósticos sobre el resultado de las primarias. Los dos confirmaron lo que ya se sabía de ellos: hablan muy bien. Acostumbrados a los portavoces de la FSA, gane quien gane mejorará la comunicación de la dirección del partido con la sociedad. También ratificaron que son dos profesionales de la política, conocen sus reglas y trucos. Son dignos aspirantes al puesto de secretario general.

El debate tuvo dos defectos. El formato elegido reservaba dos tercios del tiempo para hablar de economía, empleo y política social. Tiempo perdido. Ambos se limitaban a nombrar los problemas o las cuestiones a abordar (robótica, medio rural, precarización, educación, sanidad) porque una discusión sobre propuestas consumiría horas y horas de diálogo. El segundo defecto estuvo en las formas empleadas: nada de ataques ni de interrupciones. Guante blanco. De esa manera nadie ganó ni perdió, que era el objetivo de Barbón.

Como buen “sanchista”, Barbón sacó a relucir continuamente a Rajoy, como si fuera el presidente del Principado. Su principal propuesta para la economía asturiana es más empleo y sueldos más altos. Trató con máximo respeto a la figura de Javier Fernández. Una postura inteligente: enemigo que huye puente de plata. Y cada poco decía, “si soy secretario general de la FSA” haré esto o lo otro. Pérez llevó la iniciativa en la parte plúmbea del debate, para perderla al tratar el modelo de partido. Su objetivo es forjar un partido plural y su preocupación, la plurinacionalidad. Barbón no está muy interesado en la pluralidad interna y la plurinacionalidad no le preocupa porque es un sentimiento. Así da gusto. Pérez no firmará alianzas con ningún partido si  lesionan los principios socialistas o alteran el programa de gobierno. Barbón concentró las fobias en el PP. Aprovechando que el Piles pasa por Gijón, Barbón lanzó un aviso al Gobierno regional: no aceptará aprobar los presupuestos con el PP si implica rebaja fiscal. Por un momento parecía que estábamos ante un debate de verdad. Al final, Barbón sacó a relucir que se hicieron no sé cuántas asambleas más en Laviana que en Gijón y al agotarse el tiempo no se pudo profundizar en el tema.

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BARBÓN “VERSUS” PÉREZ
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Juan Neira | 04-09-2017 | 16:53| 0

Aunque no lo parezca, arranca hoy la campaña de las primarias socialistas en Asturias. Tal como estaba previsto, el mes de agosto neutralizó el intento de politizar el ambiente con una disputa electoral interna que no despierta interés entre la opinión pública. Las vacaciones, con sus tópicos de playa y montaña, diversión y optimismo, no reservaron espacio para un asunto tan plúmbeo como la disputa por la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana. Por desgracia, la noticia del verano fueron los atentados terroristas de Cataluña y la polémica subsiguiente. Por nuestra tierra, la sentencia del “caso Renedo” tiene más enjundia que la controversia sobre si tal candidato representa al aparato o a la militancia. En resumen, el calor y la lluvia dejaron un hueco pequeño para la política y cerraron el paso a los asuntos partidarios.

La campaña empieza con su principal aliciente, el debate entre José María Pérez y Adrián Barbón. Si todavía hay pescado sin vender, llegó el momento de ponerlo en el escaparate. El precedente cercano del debate en Ferraz entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López fue un éxito. Los tres hicieron un buen papel, aunque el resultado de las primarias quizás estaba ya decantado a favor del primero. En el caso asturiano, el mayor problema reside en la falta de expectación. La gente tiene la cabeza en otras cosas. En nuestra región el curso político arranca el fin de semana, con el Día de Asturias, así que hubiera sido mejor idea retrasar una semana el duelo dialéctico entre Pérez y Barbón. Siempre hay opciones peores, como aquella propuesta de Pérez de celebrar el debate en el mes de julio. Hubiera dado lo mismo ganarlo que perderlo, porque a estas alturas no habría memoria del mismo.

Adrián Barbón es el favorito inequívoco por la gran ventaja que sacó en la presentación de avales. En Asturias, el “sanchismo” tiene mucha fuerza, como se demostró en las primarias que llevaron a la Secretaría General a Pedro Sánchez. Además, frente a él sólo está José María Pérez. No hay otro bando. El “javierismo” ha dimitido. El jefe está de retirada y su ejército se ha replegado a los cuarteles de invierno. El único objetivo es gestionar la Administración hasta el fin de la legislatura. Este es el hecho más relevante de las primarias socialistas en Asturias. José María Pérez debería arriesgar al máximo en el debate. No está en su carácter, al ser una persona moderada, pero las circunstancias no le dejan otra opción.

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VISIÓN INQUIETANTE DEL “CASO RENEDO”
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Juan Neira | 03-09-2017 | 15:41| 0

Quiero comentar el “caso Renedo” desde una perspectiva que no es necesariamente política, aunque sí marcadamente incorrecta. Una mezcla de sensaciones y reflexiones que suscitan los personajes implicados, las Administraciones donde trabajaban, las intervenciones de los políticos que quedaron fuera del sumario y los empresarios que pasaron de la púrpura del premio a la oscuridad del calabozo.

Empecemos con un secreto a voces: los medios que tiene la Justicia no permiten hacer justicia. Si la sentencia más esperada de la historia judicial asturiana tiene que llegar por capítulos porque el sistema informático no puede transportar mil folios por los vericuetos de la Audiencia Provincial es que el siglo XXI todavía no llegó al reino de las togas.

GRUPO HUMANO

Vayamos con otras consideraciones más desasosegantes que distinguen al “caso Renedo” de la retahíla de historias de corrupción que pueblan el mapa autonómico español. Llama poderosamente la atención que las abultadas penas de cárcel cayeran sobre un grupo humano tan heterogéneo. ¿Cómo iban a formar juntos una trama si no hay dos tipos semejantes?

La figura principal es José Luis Iglesias Riopedre, un hombre liviano, con sus camisas de manga corta y zapatos sin calcetines. Un funcionario jubilado que cobra la pensión máxima pero tiene que alquilar las habitaciones del único piso de su propiedad, sito en Oviedo, para poder vivir.

Tras investigar sus andanzas, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía declaró que “no recibió ni un euro ilícito, pero como preocupado padre de un hijo que no le iban bien las cosas, se aprovechaba para que las empresas dieran trabajo a su hijo”.

La Audiencia Provincial lo declaró autor de cuatro delitos (prevaricación, fraude, cohecho y falsedad en documento mercantil). Seguro que los jueces tienen razón. Pero más allá del Código Penal está la catadura moral. No tiene nada que ver el consejero de un gobierno que roba para comprar un dúplex de 500 metros cuadrados que saltarse las normas para que trabaje un hijo que tiene serios problemas de salud y otro tipo de problemas. No disculpo a Riopedre, en absoluto, pero creo que no encaja en la tipología del político corrupto que nos muestran los telediarios.

La figura de Riopedre es incómoda. No es Matas, ni “El Bigotes” ni Prenafeta ni Undargarin ni Pujol padre ni Pujol hijo ni, siquiera, Villa.

María Jesús Otero, principal colaboradora suya en la Consejería de Educación es la negación del refrán: la cara es espejo del alma. La primera vez que vi a esta señora pensé que era una misionera seglar o algo por el estilo. Quiero decir que me parecía una persona vocacionalmente pobre. Cuando transcendieron los contenidos de las cintas grabadas por la Policía y conocimos aquellos diálogos sobre coches de lujo, su espléndido chalet en Llanes, etcétera, quedé desconcertado.

Como tenemos una amiga común, sé que es extraordinariamente inteligente, goza de una memoria privilegiada, destila realismo y habla del “caso Renedo” sin dramatismo.

Para la clase política, la figura de Otero es difícil de tratar. El ejemplo estuvo en la comisión parlamentaria de investigación, cuando al ir a declarar tuvo la mala suerte de que se deslizara el sillón con ruedas para caer a la larga en el parqué flotante. Todos se pusieron de pie sin saber qué hacer. Otero se levantó por sus propios medios para guardar silencio ante las preguntas.

De la peripecia de Marta Renedo, incluyendo repentino arrepentimiento, sólo veo un problema de conducta que ya habrá quedado superado.

Los dos empresarios son diferentes: uno deportivo, el otro elegante; uno de Gijón, el otro de Oviedo; uno de izquierdas y el otro de derechas. Sólo coinciden en que sus empresas quebraron a la vez. Y ahora llega el turno para las preguntas.

PREGUNTAS

¿Alguien puede creer que estas cinco personas formaban la más peligrosa trama corrupta de la política asturiana que desarticuló la magistrada Ana López Pandiella? ¿No los hay más listos, más malos, con mayor afán de lucro en toda la Administración asturiana? ¿Por qué la corrupción se circunscribe a la Consejería de Educación? ¿No se facturaban sillas, mesas, ordenadores, armarios, etcétera, para otros departamentos del Gobierno? ¿No vendían las empresas susodichas a otras administraciones? ¿Todos los corruptos estaban en la Consejería de Educación y ninguno en los grandes ayuntamientos, en la Universidad de Oviedo, en la Sanidad, etcétera? ¿Todas las compras de material se hacían a través de impolutas mesas de contratación, excepto las que versaban sobre contenido escolar? ¿Si María Jesús Otero se hubiera dedicado a dar clase, toda la Administración autonómica tendría el alma blanca para ir a comulgar por las mañanas? ¿Con lo sumamente fácil que era saltarse los controles de interventores y altos funcionarios, no hubo ningún otro pillo que se lucrara a costa del presupuesto del Principado? ¿No hay en las famosas cintas grabadas por la Policía Judicial algunos diálogos que orientan el olfato investigador hacia otros territorios? ¿No hay algún político que se permitió hacer críticas desde la oposición, tras conocerse la sentencia, que también formaba parte del “equipo”, en sentido amplio? El que esté libre de culpa que tire la primera piedra.

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CONDENA TARDÍA, DUDOSO CUMPLIMIENTO
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Juan Neira | 02-09-2017 | 16:00| 0

A los siete años y medio de empezar a fabricarse el “caso Renedo” conocemos, por fin, el desenlace. María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y medio de cárcel; a Marta Renedo le han impuesto nueve años y a José Luis Iglesias Riopedre seis años. Sobre los dos principales empresarios implicados en el “affaire”, Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), recae una condena de seis años y seis meses. La multa más elevada fue para María Jesús Otero, 2,5 millones de euros. Los dos empresarios tendrán que pagar 1,9 millones (Víctor Muñiz) y 1,5 millones (Alfonso Sánchez). Marta Renedo, 480.000 euros y José Luis Iglesias Riopedre, 400.000 euros.

No es fácil comentar las penas cuando se desconoce la sentencia. Tras anunciar a bombo y platillo que el 1º de septiembre se conocería, nos han suministrado el fallo. Tenemos el titular pero el relato de la noticia queda para otro día. ¿Cuáles son los hechos probados? ¿Cuál es la argumentación del fallo? De momento, interrogantes sin respuesta.

GRABACIONES

Al quedarnos sin los considerandos del tribunal, nos movemos por apariencias. Por el fallo se intuye que los argumentos de la Fiscalía han sido validados por la Audiencia Provincial. Nada extraño. Para un profano en la materia, el juicio del “caso Renedo” ha estado marcado por las grabaciones.

Mientras Riopedre ejercía de consejero de Educación y María Jesús Otero de directora general, la Policía Judicial obtenía la principal prueba de cargo. Autoridades y empresarios hablaban por sus teléfonos móviles con la soltura propia del que participa en una conversación privada: adjudicaciones, encargos, precios, compensaciones.

Todo de espaldas al Derecho Administrativo y con los dos pies metidos en el Código Penal. A cierta edad se recobra la inocencia, aunque no esté permitido disfrutarla.

En la vista oral, los acusados se acogieron a su derecho de no responder a la Fiscalía y a las acusaciones privadas. A partir de esta premisa, la suerte ya estaba echada. Las respuestas a las preguntas de sus abogados respondían a la lógica de un guion teatral escrito a cuatro manos, en que ambas partes, defensas y acusados, conocían preguntas y respuestas. La influencia de esos interrogatorios sobre el tribunal fue nula.

Recuerdo que en la vista oral del “caso Nóos”, los principales acusados, Iñaki Undargarin y Diego Torres, aceptaron responder a las acusaciones. Con independencia del resultado que les haya dado, es la única estrategia para hacer frente a pruebas de cargo sólidas.

Como no estamos ante una sentencia firme, todo indica que no serán enviados a la cárcel ni tendrán que pagar las multas hasta que diga la última palabra el Tribunal Supremo. La edad de los principales condenados abreviará su encarcelamiento en caso de producirse.

La condena a ocho de los acusados comporta 40 años y tres meses de cárcel, así como multas por valor de 6,7 millones de euros. Pero no se dice nada del dinero que deben devolver al Principado.

PRINCIPADO

Una auténtica anomalía que sólo se explica por el nefasto papel jugado por el Principado en el proceso del “caso Renedo”. Resulta que el principal perjudicado por las maquinaciones fraudulentas de los condenados, que se personó como acusación particular en el sumario, no tuvo a bien valorar los daños causados a su patrimonio ¿Esa es la forma de defender el bien público?

En la vista oral, la Fiscalía llegó a hablar de “caos contable” en la Administración autonómica, al encontrarse con operaciones, como el cobro de 248.000 euros de Maximino Fernández (empresario que colaboró en alguna ocasión), sin que exista documento público. Recordemos el juego que dio en el juicio el famoso expediente de la biblioteca de El Fontán. Otras veces los documentos estaban duplicados.

La apatía del Principado por cuantificar los daños causados llegó hasta el punto de pedir el archivo de las actuaciones al Tribunal de Cuentas, cuando dos expedientes llegaron a su poder. La Fiscalía se opuso.

Veremos ahora cuánto patrimonio se recupera. Cuando las defensas de los principales acusados trataron de negociar con el Principado llegaron a ofrecer cinco millones de euros y el ingreso en la cárcel. La oferta fue desdeñada. Ni en sueños podrá resarcirse el Principado por una cantidad tan elevada.

¿Cuál es la lectura política del fallo? Empecemos por lo obvio: una visión crítica sobre la gestión socialista. No hay duda. Sin embargo, me extrañaron mucho las declaraciones de los principales portavoces partidarios.

Según Cuervas-Mons, Areces debe abandonar el Senado. Si se aplicase esa vara de medir, tal vez el PP perdiera la mayoría absoluta en la Cámara alta. Emilio León (Podemos) deplora el bloqueo socialista a las medidas contra la corrupción. Jesús Gutiérrez (PSOE) alaba la capacidad de reacción de su partido al suspender a Riopedre. Ni Robespierre hubiera llegado tan lejos. Declaraciones rutinarias.

Hay un elemento diferencial entre el “caso Renedo” y el serial de corrupción de los telediarios. Nadie habló de asunto aislado. Nadie. Ni se demonizó a Riopedre. La instrucción fue tan larga y cerró tantas puertas que las rotundas condenas no terminan con la especulación. Tal vez algún día la explicación venga servida desde el periodismo.

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