Un día supimos que el precio a pagar por Villa Magdalena era un auténtico despropósito. Un día nos despertamos con la noticia de que la construcción calatraveña en Buenavista, además de sus óxidos y otras inconveniencias, es toda una hipoteca para la ciudad. Un día tenemos conocimiento de las innumerables trabas que tiene que sortear este equipo de gobierno para que determinados servicios públicos sean asumidos por funcionarios del Consistorio y no por empresas privadas. Un día sí y otro también se nos anuncia la disconformidad de determinados políticos y también de miembros de asociaciones vecinales por los cambios que el Ayuntamiento decidió en el callejero de Oviedo, cambios que se llevan a término aplicando la legalidad vigente.

A ello hay que sumar que al actual equipo de gobierno apenas se le concede tregua en su día a día al frente del Consistorio. Hay quienes no están dispuestos a reconocer un solo acierto del tantas veces llamado «tripartito» de Oviedo. Hay quienes se niegan a asumir errores cometidos en el pasado, errores que, si un milagro no lo remedia, nos rascarán –y no poco- los bolsillos.

Dos años lleva ejerciendo sus funciones el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, con sus desencuentros, con sus descoordinaciones, con sus fallos. Y, en el recién concluido, nadie se ha abochornado por todo lo que rodea al ‘caso Pokémon’, ni tampoco por el escandaloso gasto a las arcas municipales que nos va a ocasionar Villa Magdalena.

Si durante el primer año de gobierno se machacó hasta la extenuación con la falta de competencia y con el desgobierno, en este segundo año, no sólo se le niega hasta la buena intención de quienes están al frente del Ayuntamiento, sino que además, entre la oposición y sus corifeos mediáticos, no se tiene el coraje de responder por los errores cometidos. Claro, son pluscuamperfectos.

Por otro lado, no es fácil entender, en lo que respecta a los cambios en el callejero de la ciudad, que no se quiera caer en la cuenta de que, en primer término, las leyes están para cumplirlas, y que, en segundo lugar, no es de recibo que, cuarenta años después de la muerte del dictador, hayan seguido estando en nuestro nomenclátor personas inequívocamente involucradas en aquel régimen totalitario. Vuelvo a preguntarme una vez más si alguien es capaz de dar un solo argumento convincente que apoye que en una sociedad democrática sigan teniendo presencia en las calles personajes que contribuyeron a pisotear los derechos y las libertades.

Bien es verdad que estos cambios tendrían que haberse hecho mucho antes. Por ejemplo, en los ocho años de mandato de Antonio Masip. Bien es verdad que en muchos casos puede ser discutible establecer quiénes atesoran más méritos para estar en nuestro callejero. Esto sería dialéctica, debate democrático. Pero no es eso lo que se hace, se lanza artillería pesada.

En todo caso, si algo quedó muy claro en 2016 es que la herencia del gabinismo es cualquier cosa menos barata. Está cargada de hipotecas. Y ya se sabe quiénes tendrán que pagarla.