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El uso político del déficit
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Andrés Suárez | 15-04-2016 | 18:40

El debate del déficit público no es nuevo. Cuando Cristóbal Montoro tomó las riendas del Ministerio de Hacienda, tras los comicios de 2011 que llevaron al PP al Gobierno, lo hizo prometiendo mano dura para meter en vereda a los descarriados gobiernos autonómicos. Cada uno es libre de juzgar su gestión. Los números están a la vista. 2015 se ha cerrado con la práctica totalidad de las comunidades salvo tres (Galicia, Canarias y País Vasco) triturando los objetivos previstos.

¿Supone este análisis un intento de exculpar a las autonomías? En absoluto. En el gasto de las comunidades siguen aflorando, incluso con una dura crisis de por medio, gastos superfluos fácilmente eliminables en términos económicos pero difíciles de afrontar en clave política. Aunque el término ‘chiringuito’ se ha manoseado en exceso, es evidente que siguen existiendo y que cargos políticos ahora en retirada disfrutan en ellos de un dorado retiro. Es solo un ejemplo.

Pero la cuota de responsabilidad del ministro es muy alta. En el reparto del déficit se quedó para el Gobierno central una cuota más amplia y apretó el cuello a las comunidades. Pero, cuando estas incumplieron, no tomó medidas para atajar esos excesos aunque la ley le autorizaba a ello. En 2015, año electoral, permitió que las regiones -una mayoría entonces gobernadas por el PP- inflasen el gasto para tratar de mantener el poder. Y solo después, ya en funciones, y con Bruselas metiendo presión, Montoro se ha decidido a intervenir. A sabiendas de que el margen que tiene, en retirada tanto el Ejecutivo como él mismo, es reducido.

El déficit se ha gestionado demasiado a la ligera. Y aquí están las consecuencias.