RETORCIDA REALIDAD

Hay quien critica al juez Elpidio (vaya nombre) por encarcelar a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid. Algunos dicen que una fianza de 2,5 millones de euros, era demasiado poco para un señor tan poderoso económicamente. Efectivamente, sólo tardó 24 horas en reunirla. También sobre lo farragoso e inaudito de su auto: «En medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol». ¿Lo han entendido? Yo tampoco. Sin embargo, entrar en disquisiciones es «peccata minuta». El que un «Amo del Universo» se vea por fin entre rejas me parece absolutamente justo. Digo más, si quieren verlo así, es hasta anómalo el que le hayan imputado por esos presuntos delitos: lo de la compra de un banco en Florida o el préstamo a Díaz Ferrán. Respecto a esto último, probablemente, cumpliendo órdenes políticas. Hay más, mucho más, por lo que debería pagar. Entre otras cosas, la compra ruinosa de la Torre Foster a Repsol por 815 millones de euros, 4.000 millones en participaciones empresariales fallidas o los grandes préstamos no cobrados como a Martinsa-Fadesa. Así y todo, el que al menos un presidente de las antiguas cajas esté acojonado da cierto placer. Seguro que Blesa no ha dormido como, por ejemplo, los poseedores de preferentes -3.000 millones de euros- que en 2009 cayeron en su trampa. A mí lo de estos gestores de pacotilla me parece un escándalo de órdago. Eran, en la mayoría de las ocasiones, personajes sin formación financiera que aupados desde instancias políticas, jugaban con el dinero ajeno como si fuese el del Monopoly. Auténticos déspotas que hacían lo que querían, siempre y cuando fuesen sumisos con el político de turno. Moltó, el ex de Caja Castilla La Mancha, dejó un agujero que superó los 3.000 millones de euros: se ha llevado una multa de 155.000 euros –calderilla- y 5 años de inhabilitación. Modesto Crespo, el de Caja de Ahorros del Mediterráneo, era gerente en un concesionario de coches y su gestión ha costado 7.000 millones de euros. Si esto no es impunidad, que venga Dios y lo vea. Si a estos señores no se les hace pasar ni 24 horas en prisión, es que el sistema apesta.

Y para que nos demos cuenta de cómo estaba montado el negocio, fíjense en la compra del City National Bank of Florida. Caja Madrid no tenía ninguna experiencia internacional. Solamente una pequeña inversión en un banco mejicano –Hipotecaria Su Casita- que quebró. Con este bagaje, y sin encomendarse a nadie, desembolsa 1.100 millones de euros para meterse en el mercado estadounidense, incluyendo un fastuoso palacete que costó 10,5 millones. Llevada la operación al consejo de Caja Madrid la aprobó con el sí de los tontos: eran allegados a políticos y sindicalistas que lo único que conocían del sistema financiero era su cajero automático. Resultado: ahora se está vendiendo el banco por 500 millones de euros. El resto, nos lo tendremos que comer entre todos.

Nota final: que se vaya aplicando Rodrigo Rato lo de «Cuando las barbas de tu vecino…».

Es cierto que tenemos un mercado laboral dual. Es decir, que a los contratos indefinidos se les trata de distinta forma que a los eventuales. Eso, como es lógico, ha traído consigo toda una forma de ver el mundo. Fíjense si no en lo siguiente. Cuando vas a pedir un préstamo -¡Oh, aquellos tiempos!- lo primero que te miran es la nómina. Si eres fijo no tienes problema, en cambio, a los contratos temporales, les puede pasar dos cosas: o que le denieguen directamente la solicitud, o que le exijan un fiador aunque tenga, no sé, 40 años de trabajo a sus espaldas. Quiero decir que, esa manera de ver al trabajador en función del tipo de contrato, forma ya parte intrínseca de nuestra cultura. Antes hablé de un préstamo bancario, pero lo mismo podría suceder con un alquiler, una compra a plazos o cualquier otra operación de crédito. Ni contar, por supuesto, cuando de lo que se habla es de conservar el puesto de trabajo. Desde que comenzó la crisis han sido 40.000 contratos temporales los rescindidos en Asturias, por más o menos 30.000 fijos. Dicho en otras palabras: quien disfruta de un contrato fijo puede considerar que tiene algo, mientras que el temporal no.

La propuesta del comisario europeo de Empleo, László Ándor, de crear un contrato único ha levando polvareda. Según el mandamás europeo, acabar con la dualidad contrato temporal-indefinido relajaría las elevadas tasas de desempleo. Francamente, no lo creo. Desgraciadamente, el paro tiene raíces mucho más profundas –una economía hundida y el consecuente cierre masivo de empresas- como para pensar que se soluciona cambiando contratos. Sin embargo, a mí me resulta curioso las reacciones que ha suscitado. Para el Gobierno, la propuesta del Comisario es anticonstitucional. La pregunta obvia es, ¿y por qué? Entiendo que la fórmula teórica propuesta (contrato con indemnización en función de la antigüedad), viola tanto en su caso la Carta Magna como la reforma laboral. Para los empresarios son necesarios muchos tipos en función de los diferentes sectores. Pregunto, ¿hasta más de 40 que hay en la actualidad? Los sindicatos dicen que sería atentar contra los derechos del trabajador. Bien, no creo que piensen igual los miles y miles de eventuales que, cuando van a pasar a fijos, tienen que sufrir triquiñuelas empresariales para seguir en el mismo estado. Entiendo que, en muchas ocasiones, la labor sindical defiende más a quien tiene empleo y fijo; que a quien está en el paro o con contratos temporales pendientes de un hilo. En fin, yo pienso que esta recomendación debería de valorarse más. Ese cambio de cultura en el mundo laboral hacia el contrato indefinido, es algo que se ha hecho ya en Dinamarca. Allí, tienen un tipo único para todo el mundo: ni fijos, ni temporales. El resultado es la conocida como «flexiseguridad danesa»: un mercado laboral flexible y seguro a la vez.

A mí  me resultó curioso cómo se defendió Francisco González, exdiputado de la Junta y exalcalde de Cudillero, de la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justica de Asturias. Según él, ese presunto delito de exacciones ilegales por el que se le juzga «No deja de ser un tema administrativo». Además, considera que el cobro de cantidades sin soporte legal a los chiringuitos entre los años 2003 y 2008, «Nunca le fue advertido por los servicios jurídicos ni por los económicos». Bien, vamos por partes. Los hechos probados, según el TSJA, en algún caso caben de cajón. Un alcalde, ante la petición de los hosteleros de servicios de seguridad, monta un dispositivo para cobrarles sin que pase por las arcas municipales. O sea, se les recauda en mano y, posteriormente, este sobresueldo es entregado a la policía municipal sin que conste en nómina. Ni tributación, ni cotización, ni retención: dinero B puro y duro desde una institución pública. Por supuesto, las cantidades recibidas no tenían ninguna ordenanza detrás: no se puede hablar de tasa, ojo, como estoy leyendo por ahí. Quiero decir, pues, que un alcalde debe tener conocimiento –mínimo, si acaso- de cómo funciona su aparato administrativo. ¿A alguien se le ocurre que Carmen Moriyón en Gijón o Iglesias Caunedo en Oviedo hiciesen algo así? ¿Se imaginan que cobrasen, no sé, los servicios de limpieza extra en domingo (un mercado popular, por ejemplo) de esa manera? Hombre, yo creo que hay cosas que los técnicos de un ayuntamiento no tienen  obligación de advertir expresamente, porque, insisto, son el abecé de la administración. Cierto, como sostiene González, que no se quedó con nada de lo recaudado como le acusaron; pero también que tiene pendiente un presunto delito de prevaricación contra el Jefe de la Policía Local que denunció el asunto.

Yo lo que veo en este caso es algo que sucede a menudo en política: morir de éxito. El dominio de Kiko sobre Cudillero era tal -21 años en el cargo- que hacía las cosas a su manera. Es decir, actuaba como un poder tan omnímodo que pensaba que era impune ante la ley. Su dimisión –lógica, a todas luces- no es más que la consecuencia de actos irregulares como gestor público. Así, sin duda, es muy difícil ostentar un cargo de diputado o cualquier otro. Alabo su conducta de no aferrarse al escaño o poner en un brete a su partido, pero motivos para irse había más que de sobra.

Resulta sorprendente el ofrecimiento del ex diputado del PP, Enrique Fernández-Miranda. En una entrevista a EL COMERCIO se postuló para liderar un proyecto reunificado del centro-derecha. Es decir, tanto de populares y Foro Asturias de manera conjunta. En fin, a mí me parece que Fernández-Miranda se tiró a una piscina sin agua. Dicho de otro modo: no conoce el día  a día de cómo funcionan las relaciones entre ambos partidos. Seguramente, no digo lo contrario, todo el electorado está deseando precisamente lo que él propone: que puedan ofrecer una alternativa real al socialismo sin guerras cainitas. Sin embargo, la realidad dice que desde Genova se ha diseñado todo lo contrario. O sea, que la estrategia pasa por aniquilar al rival político, puesto que, a todas luces, se entiende que el partido de Cascos fuera del poder se va a ir desgastando. Tanto, que le hizo durar siete meses en el gobierno y luego fue incapaz de presentar una alternativa para que Javier Fernández no gobernase. Quiero decir, pues, que la visión de Fernández-Miranda no deja de ser idílica; ante unos hechos que dicen claramente lo contrario. Mientras el PP quiere recuperar afiliados seduciendo a los de Foro –con campañas que parecen la captación de abonados en un club de fútbol- luego arma la marimorena por el apoyo a Carmen Moriyón en el ayuntamiento de Gijón. Como digo, el ex vicepresidente del Congreso habló más como un militante que sabe perfectamente que la división facilita la hegemonía de la izquierda; que como alguien que conoce los entresijos de lo que se cuece en nuestro paraíso natural.

Además, hay que tener en cuenta que el PP asturiano está en plena reconversión. Si no, tampoco se entiende que en Gijón, tras la destitución fulminante de Fernández Pardo, no se estén dando los pasos necesarios para convocar un congreso. Más bien, veo que la gestora actúa como un instrumento normal para hacer política municipal. Uno escucha a el órgano impuesto y tal parece que estuviera legitimado –mediante el correspondiente congreso, repito- para dirigir al partido en Gijón. Digo más, yo creo que la susodicha gestora se está tomando como un fin y no como un medio. Su objetivo debería de ser recomponer el partido para convocar un congreso del que saliera un liderazgo fuerte. En cambio, es como si, la presidenta de la gestora, Ángeles Fernández-Ahuja, ejerciese su papel como líder sin respaldo alguno de los afiliados. Supongo que, para concurrir en un proyecto fuerte como el que pedía Fernández-Miranda, lo primero es construir un partido poderoso. Y de momento, ni mucho menos lo es.

El gobierno de Javier Fernández se mueve en zona pantanosa. Es dar un paso en falso y, ¡zas!, comienza a sentir que se hunde. El tripartito está instalado en la inestabilidad, como si estuviese con un pie metido en arenas movedizas. Hay que reconocer, no obstante, que de momento ha sabido salir de situaciones difíciles pero con un coste: no hacer la política que quiere. Así, más de una vez la oposición de sus socios -amable por parte de UPyD y menos la de IU- le ha hecho rectificar decisiones. La última: ahorrarse meses de vacaciones de los profesores interinos. El Gobierno pretendía no pagar 10 millones de euros a algunos (no todos) profesores interinos durante el periodo no lectivo. Sin embargo, la presión de sus socios le ha hecho cambiar. Según el Ejecutivo queda pendiente ver de dónde saldrá esa cantidad para compensar: esperemos que no sea a base de impuestos como hasta ahora. Un segundo ejemplo lo tenemos en el proyecto de ley del sector público. Una reforma tímida e insuficiente –se tocan sólo 6 de las 81 sociedades que tiene el Principado- y que ha tenido que ser modificada. Pese a que UPyD ha dicho que no le gusta la aprobará (amablemente, insisto). Pero IU se negó a la venta de participaciones en el hotel La Reconquista teniendo Javier Fernández que dar marcha atrás. O sea, un sí pero no, hago esto para luego cambiarlo, que será sin duda el signo de toda la legislatura. Tenemos gobierno, sí, es verdad, pero con unos condicionantes claros a la hora de desarrollar su política. Y eso, en los tiempos que corren, es muy negativo.

Además, y por si fuera poco, hay todavía un ingrediente más: el de Francisco González, exalcalde de Cudillero y diputado en la Junta. Por su situación, de baja médica, se ha tenido que repetir una votación –la de la reforma del sector público- hasta tres veces. Aunque oficialmente padece una angina de pecho, en el fondo lo que subyace es su proceso judicial. Imputado por tres presuntos delitos –cohecho, exacciones ilegales y el último de prevaricación- su escaño vacío (ver foto) deja mucho que desear. Tanto, que si no fuese quien es –un titán a la hora de ganar elecciones para los socialistas- posiblemente ya habría sido sustituido. Si el PSOE lo mantiene es por dos cosas: respeto hacia la persona y miedo a la reacción de González. Le está dando, digámoslo así, cuerda para que no se vea presionado y busque una salida cuando lo considere oportuno. Ahora bien, no le queda mucho tiempo para abordar el problema. Poco a poco el cerco judicial se va cerrando contra el exalcalde. De aquí a no mucho tiempo tendrán los socialistas que tomar una decisión, y esperemos que no le complique aún más la vida a su gobierno.

Supongo que a estas alturas algún gobernante de nuestro paraíso natural habrá escapado a un desierto o montaña. Durante bastante tiempo se alimentó el discurso –a manera de engaño colectivo, diría yo- de que la crisis no iba a ser virulenta en Asturias. Es más, decían que, como la construcción residencial se había hecho de forma ordenada, el reventón de la burbuja inmobiliaria no traería consecuencias (más de la cuarta del desempleo proviene del sector). Sostenían las lumbreras de la época precrisis, bien es cierto, que la recesión sería suave y sin efectos graves. Recientemente, Javier Fernández ha repetido varias veces que el Principado iba a ser de las primeras comunidades en ver la luz. Sin embargo, cada estadística, cada dato que conocemos, nos hace pensar lo contrario. Son ya 122.700 personas (fracasos, en resumen) las que forman parte del paro según la Encuesta de Población Activa. 8.500 más durante el último trimestre, o lo que es igual: 94 personas al día se quedaron sin empleo entre enero y marzo. La cifra, con ser dramática, lo es aún más si hablamos de hogares con todos sus miembros en paro: 44.500. Hay un dato que lo dice todo: sólo trabajan un tercio de los asturianos que podrían hacerlo. El resto, en paro o jubilados. La pérdida de fuerza laboral es tan grande que se encuentra uno a más gente paseando por El Muro de San Lorenzo en Gijón, que por la calle Corrida yendo a trabajar. En definitiva, tras las negras perspectivas macroeconómicas del Gobierno central, que nadie espere que esto haya tocado fondo. Asturias llegará sin dificultad a igualar –y seguramente superar- ese 27,16% de paro que es la media estatal. Eso de que vamos a otro ritmo es verdad: pero por lo superior que es trimestre a trimestre.

Mientras tanto, lo poco que se hace para paliar esta situación es más de lo mismo. Viejas recetas ante nuevos problemas. ¿Qué se le ha ocurrido a la clase dirigente, empresarial y sindical asturiana? Pues firmar un acuerdo de concertación social. ¿Con qué? Con formación a maza para una cosa: que los parados asturianos sean los más cualificados del mundo. ¿Y por qué no fomentan la creación de empresas para que absorban esa masa laboral? ¿Por qué se empeñan una y otra vez en formarles para que luego tengan que emigrar o permanezcan en el paro? ¿No se dan cuenta de que el gran problema es que quedan cada vez menos empresas que puedan contratar? El año pasado Asturias fue la comunidad que más concursos de acreedores presentó. En Oviedo, se registró el mayor cierre de comercios desde que existen datos. La destrucción de tejido productivo es infinitamente superior a la que tuvo lugar en los años ochenta. Sin embargo, erre que erre, se insiste en políticas trasnochadas. Así nos va.

Resulta sorprendente la medida que el otro día propuso Alfredo Pérez Rubalcaba. El secretario general del PSOE, en un coloquio con activistas  y especialistas de distintos ámbitos, pidió a la Unión Europea que elimine los billetes de 500 euros. Según él, serviría para luchar contra el crimen organizado y la evasión de capitales. Es decir, extirpado de la tierra tan fastuoso billete, el fraude fiscal bajaría puesto que el dinero oculto tendría que aflorar. Bien, yo no veo en la moneda un fin en sí mismo, sino más bien un medio. Quiero decir que, por ejemplo, si se llevase a cabo tan drástico método, los defraudadores buscarían nuevas fórmulas con billetes de 200 o 100 euros y así sucesivamente. Es lo mismo que si, en un supuesto ideal, pensamos que al erradicar las armas terminaríamos con el asesinato y las guerras: un homicida, al fin y al cabo, usaría hasta una piedra para sus propósitos. Además, eso de apilar billetes ya no se lleva. Como se puede ver claramente en el «caso Bárcenas» el dinero fuera del fisco acaba siempre en paraísos fiscales o cuentas en Suiza. Al extesorero del PP no le encontraron ni un solo billete de 500 euros, ya que lo distrajo a través de una cuidada ingeniería financiera. No obstante, hay que darle a Rubalcaba la razón en una cosa: el billete tiene un halo de sospecha que nadie le quita. Es sacarlo del bolsillo –quien tenga uno, claro está- y todo el mundo se te queda mirando. Es más, cuando llegas a ingresarlo en una cuenta bancaria, la entidad de turno, te hace exhibir el carnet de identidad para registrarte de cara a Hacienda; mientras lo pasa varias veces por la máquina para ver si es falso. Tener un billete de 500 euros y que te vean como a un delincuente –aunque te lo acaben de dar recién sacado de tu cuenta-  es todo uno.

Severino García Vigón, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), está viviendo momentos delicados. Nunca pensó que sus problemas con Hacienda fuesen objeto de discordia en la organización. El motivo: la investigación por presunto delito fiscal ante el impago del IVA en una de sus empresas. Tal fue así que, el comité ejecutivo de la Fade, le pidió su dimisión de forma inmediata. Bien es cierto, que estuvo respaldado por la Cámara de Comercio de Oviedo, pero el mal trago que pasó ante el resto de empresarios fue de órdago. Ni por lo más remoto pensaba el jefe de la patronal asturiana que iban a seguir ese camino. Digo más, si comparamos el caso con el sufrido por otro presidente de empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, no tiene nada que ver. En su día, el que fuera de la CEOE, estuvo apoyado al máximo por su organización. Tanto, que era terrible ver las imágenes de pasajeros estafados en los aeropuertos por Viajes Marsans, el alzamiento de bienes que se produjo para evitar a los acreedores, o las cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, la patronal aguantó el descrédito hasta última hora por una razón: no dejar tirado a uno de los suyos. El caso asturiano, repito, no se parece en lo más mínimo. El proceso contra Vigón se encuentra en fase incipiente y las diferencias por IVA de 450.000 euros, lo supuestamente defraudado, se convierten automáticamente en  delito a la hora de su tratamiento. Quiero decir, pues, que por ese lado el comité ejecutivo de Fade podía haber esperado a una etapa más avanzada del proceso. Seguro que en las más de 50.000 empresas que agrupa  –y en momentos de crisis más- muchas de ellas se encuentran en circunstancias similares. A Severino le han condenado ya sus compañeros sin esperar a juicio, y él se resiste puesto que pidió 30 días para reflexionar.

Yo creo que en este tema hay algo más. Supongo que muchos habrán aprovechado la situación para ajustar cuentas. O sea, para terminar con la etapa de García Vigón al frente de la Fade. Personalmente, siempre entendí que su labor fue un poco confusa. Sobre todo en los tiempos del expresidente Areces, la Fade remaba siempre en el mismo barco que sindicatos y gobierno. No había ninguna diferencia entre el discurso empresarial, sindical y político. Todos formaban una especie de núcleo conjunto a la hora de tomar decisiones, siendo el momento cumbre la concertación social. Nada, por decirlo de otra manera, se salía de un guión escrito de antemano puesto que todas las partes estaban a gusto. Una voz diferente, crítica con ciertas políticas que tuvieron lugar, nunca se escuchó desde la patronal; más bien, todo lo contrario.

La situación actual del PSOE se parece a una serie de televisión: perdidos. Es normal que después de un batacazo electoral, un gran partido como el socialista no encuentre su sitio. Ese tránsito desde el gobierno a la oposición nunca ha sido fácil para nadie. Le sucedió al PP, donde, Mariano Rajoy, tuvo que esperar ocho años para encontrar un discurso propio y poder así optar a gobernar. O a ellos mismos que pasaron un impasse importante después de Felipe González hasta que llegó Zapatero. El caso es que su actual secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, no da con la fórmula. Día sí y día también vemos escenas y gestos -épica la de Chaves regañando a sus diputados por aplaudir las protestas de las preferentes en el Congreso- que dan sensación de descomposición. Eso, claro está, unido a encuestas que son absolutamente nefastas: para el parlamento europeo le dan de 21 diputados a 15. Yo creo que el problema básicamente se encuentra en que el electorado no ha visualizado ningún cambio. Un gobierno que acabó quemado como el de Zapatero, no puede representar lo mejor del PSOE. Es más, se dio portazo al expresidente –ni aparece en los actos- y sin embargo se pone al frente a su hombre fuerte de la última etapa. La crisis, cómo no, ha impuesto nuevas reglas en la política. Los ciudadanos no ven ya el bipartidismo la única opción. Si lo hace mal el PP su voto puede recalar perfectamente en otras formaciones que no son la socialista. Así, se explican ascensos como los de UPyD o IU, además de otras más extremas o curiosas. En Italia, un cómico, Beppe Grillo, ha conseguido con su «Movimiento cinco estrellas» el 25% de los votos. Su discurso: ir contra todo. En España, el electorado ya no piensa sólo en el PSOE para gobernar como alternativa al PP, se ha impuesto un voto de castigo mucho más fraccionado.

A los socialistas, sin duda, les urge volver a recuperar el pulso antes de las elecciones de 2015. Y no sólo se trata de que Eduardo Madina o Patxi López se pongan al frente del mismo, sino de constituir una alternativa creíble de gobierno. El runrún constante de nuevos candidatos no es ni mucho menos suficiente, si no viene acompañado de algo más.

Se atisba un cierto conflicto en el gobierno de Javier Fernández. El motivo: cómo tratar el tema de los desahucios. Mientras que sus socios de IU quieren plantearlo a la manera andaluza, o sea, fomentando una expropiación temporal de las viviendas en poder de bancos e inmobiliarias, el ejecutivo asturiano prefiere hacerlo mediante la negociación. Lo cual, dicho sea de paso, parece más lógico. El Principado quiere poner su parque de vivienda pública a disposición de los desahuciados (sobre 500 pisos), además de incorporar los que son propiedad de los bancos mediante un alquiler social. Un fórmula, vuelvo a repetir, menos conflictiva y que soluciona de igual manera el problema: que las personas no se queden en la calle. El sistema andaluz, en cambio, tiene unos tintes políticos innegables. Sólo con ver cómo llamó la Junta de Andalucía a su polémico decreto-ley,«Sobre la función social de la vivienda», se da cuenta uno por dónde vienen los tiros. Sí, porque, tal y como está concebida, se trata de una norma que resalta términos como expropiación, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. Es decir, pura y dura ideología que pretende principalmente perseguir a los bancos que, por cierto, no digo que no se merezcan un castigo, pero en este caso no es lo fundamental. Lo más importante, entiendo, es tratar de dar una solución estable a tan grave problema y vía expropiación se entra en un terreno escabroso. Es más, mucho me temo que a poco que se recurra el decreto acabe siendo anticonstitucional. Su encaje jurídico, a día de hoy, es más que dudoso y lo único que trata es de crear falsas expectativas al intentar hacer un paraíso -«territorio libre de desahucios», según sus autores- en vez de apagar las llamas del infierno.

Para que nos demos una idea de hasta qué punto es absoluta demagogia, veamos cómo trata los pisos vacíos. Pretende imponer multas de 9.000 euros a aquellos bancos e inmobiliarias –cualquier día también serán particulares- que no los saquen al mercado de alquiler. En fin, quizá lo primero sería hacer un acto de contrición, porque, la propia Junta de Andalucía, tiene más de 5.000 viviendas vacías y el año pasado promovió 143 desahucios. Está claro que, por lo menos en el sur, al desahucio se le quiere enfatizar su vertiente política –aprovechando el odio que se tiene al sistema financiero- en vez de buscar soluciones reales.