El fin de semana, políticamente hablando, pareció conformarse dentro del binomio acción-reacción. Me explico. La acción se produjo el sábado cuando un afamado diario madrileño exhibía el siguiente titular, “El Gobierno estudia la posibilidad de facilitar ayudas a quienes no puedan pagar su hipoteca”. Siendo, por otra parte, la consecuente reacción al día siguiente, o sea, el domingo, cuando el ministro Solbes aseguró que de eso nada de nada. Bien, supongamos que el globo sonda mandado desde el Gobierno se hiciese realidad, es decir, que, como aseguraba la información, se aplicase un sistema de auxilio para quienes estuvieran en el amargo trance de no poder pagar. La pregunta que deberíamos hacernos, creo, es si esto sería justo o no. Piensen en una entidad bancaria cualquiera que, por decirlo de una manera suave, no ha informado bien a sus clientes. Esto es, ni les ha explicado lo que es el euribor, ni sus posibles efectos a la hora de calcular la letra del piso. Sólo que tienen que pagar tanto al mes sin ser conscientes que, en un futuro, puede cambiar. ¿Estaría bien que el Estado socorriese a la entidad en su falta de previsión ayudando a cubrir préstamos mal formalizados? Pongamos otro caso. Dos familias cualesquiera: una dilapida los ingresos mensuales no reparando en nada y la otra, en cambio, se priva de cosas con el objeto de poder pagar. ¿Sería justo que se ayudase a la primera y se obviase a la segunda?