El Presidente Zapatero descartó ayer una subida de un 11 por ciento en el precio del recibo de la luz. Desoye, pues, las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía que así lo aconseja. Según dicho organismo, el coste del servicio, es superior a lo que pagamos realmente y, por tanto, debemos de ir actualizándolo hasta que se equilibre. Recuerden que, en un principio, la CNE habló hasta de subidas en torno al 20 por ciento pero el Ministro de Industria habló claramente de «incrementos poco razonables». Pues bien, lo más sorprendente no es que el mismo se sitúe al final sobre el 5 por ciento, sino el concepto de una nueva «tarifa social» que insinuó el Presidente. Según sus palabras, para éste y futuros incrementos, pretende crear un recibo rebajado que cubra a las rentas más bajas. Eso sí, ni definió qué se entendían como tales, ni cuál sería el mismo. En resumen, que es su intención plantear una suerte de progresividad en torno al consumo de la electricidad, lo cual, ciertamente, sería discutible en cuanto a la forma de aplicarlo.

Y es que, cuando hablamos de bienes energéticos, siempre debemos tener en cuenta qué concepto de progresividad debemos aplicar. Podemos, por ejemplo, subsidiar a una familia que tenga menos ingresos económicos y, sin embargo, su consumo de energía sea muy superior a la de los demás. Pregunto entonces, ¿sería acaso justo? Es decir, sería razonable no beneficiar a quienes más se esfuerzan por consumir menos independientemente de su renta. Imagínense aplicar el mismo criterio para el caso del petróleo. Que pusiésemos una gasolina más barata para ciertos niveles de renta y éstos se dedicasen a derrocharla, ¿sería acaso razonable?