Esta semana supimos que las ayudas al alquiler se encuentran atascadas. O sea, que el Ayuntamiento está tardando en tramitarlas y, por tanto, sus beneficiarios sufren las consecuencias al no poder pagar la renta. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hay más de diez desahucios pendientes en la ciudad, debido a que «lo que antes se hacía en 20 días, ahora se tarda entre cuatro y seis meses». Algo parecido, recuerden, a lo que está sucediendo con las subvenciones municipales a las fachadas. El sistema colapsó y, en la actualidad, se encuentran suspendidas a la espera de elaborar nuevas bases. Eso sí, hay una diferencia muy notable: en las del alquiler hablamos de personas, no de ladrillos. Pues bien, estas ayudas tienen un recorrido muy largo en nuestra ciudad. Se pusieron en marcha con un Gobierno socialista en el Consistorio, siendo socio IU a quién se le dio el control a través de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa). Desde entonces, y mira que ha llovido, no han parado de crecer. Tanto en beneficiarios, como en casuística o plazo. Se supone que las mismas fueron creadas para paliar una necesidad muy concreta: el precio de la vivienda estaba por las nubes y su acceso era imposible para una parte importante de la población. Sin embargo, estalló la burbuja, los precios se desinflaron y la subvenciones a las rentas no dejaron, como digo, de subir como si le echasen levadura. El año pasado, sin ir más lejos, Emvisa duplicó el número de beneficiarios de una línea de urgencia que había creado en 2016. Esto es, se trataba de una ampliación por dos años para aquellas personas que habían agotado el plazo convencional. Seguro que dicho plan, ya lo verán, volverá a crecer este ejercicio porque alarga de facto el tiempo de amparo. Conclusión: cada vez que se alquila un piso en Gijón se pide (casi exige) la correspondiente subvención y, por eso, uno de cada cuatro gijoneses que vive de alquiler la disfruta. De hecho, los más demandados -buscados como si fuesen oro- son aquellos inmuebles cuya renta máxima no supera los 450 euros mensuales. Es decir, el límite establecido para su concesión. Lo que supuestamente era temporal -para aliviar unas condiciones de mercado complicadas y una crisis económica flagrante- se ha acabado convirtiendo en definitivo. Incluso, tal y como está admitido por Emvisa, producen un efecto llamada. Hay personas que fijan su residencia en Gijón porque quieren optar a ellas. Su importe presupuestario es ya bastante considerable: está alrededor de los cuatro millones de euros anuales. Teniendo en cuenta además que, normalmente, a mitad del ejercicio, hay que modificarlo para poder cubrir el número de solicitudes. En definitiva, que su dinámica es tan aplastante como una bola de nieve. Y la pregunta obvia es, ¿hasta dónde se va a llegar?

@balbuenajm