RETORCIDA REALIDAD

A mí  me resultó curioso cómo se defendió Francisco González, exdiputado de la Junta y exalcalde de Cudillero, de la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justica de Asturias. Según él, ese presunto delito de exacciones ilegales por el que se le juzga «No deja de ser un tema administrativo». Además, considera que el cobro de cantidades sin soporte legal a los chiringuitos entre los años 2003 y 2008, «Nunca le fue advertido por los servicios jurídicos ni por los económicos». Bien, vamos por partes. Los hechos probados, según el TSJA, en algún caso caben de cajón. Un alcalde, ante la petición de los hosteleros de servicios de seguridad, monta un dispositivo para cobrarles sin que pase por las arcas municipales. O sea, se les recauda en mano y, posteriormente, este sobresueldo es entregado a la policía municipal sin que conste en nómina. Ni tributación, ni cotización, ni retención: dinero B puro y duro desde una institución pública. Por supuesto, las cantidades recibidas no tenían ninguna ordenanza detrás: no se puede hablar de tasa, ojo, como estoy leyendo por ahí. Quiero decir, pues, que un alcalde debe tener conocimiento –mínimo, si acaso- de cómo funciona su aparato administrativo. ¿A alguien se le ocurre que Carmen Moriyón en Gijón o Iglesias Caunedo en Oviedo hiciesen algo así? ¿Se imaginan que cobrasen, no sé, los servicios de limpieza extra en domingo (un mercado popular, por ejemplo) de esa manera? Hombre, yo creo que hay cosas que los técnicos de un ayuntamiento no tienen  obligación de advertir expresamente, porque, insisto, son el abecé de la administración. Cierto, como sostiene González, que no se quedó con nada de lo recaudado como le acusaron; pero también que tiene pendiente un presunto delito de prevaricación contra el Jefe de la Policía Local que denunció el asunto.

Yo lo que veo en este caso es algo que sucede a menudo en política: morir de éxito. El dominio de Kiko sobre Cudillero era tal -21 años en el cargo- que hacía las cosas a su manera. Es decir, actuaba como un poder tan omnímodo que pensaba que era impune ante la ley. Su dimisión –lógica, a todas luces- no es más que la consecuencia de actos irregulares como gestor público. Así, sin duda, es muy difícil ostentar un cargo de diputado o cualquier otro. Alabo su conducta de no aferrarse al escaño o poner en un brete a su partido, pero motivos para irse había más que de sobra.

Resulta sorprendente el ofrecimiento del ex diputado del PP, Enrique Fernández-Miranda. En una entrevista a EL COMERCIO se postuló para liderar un proyecto reunificado del centro-derecha. Es decir, tanto de populares y Foro Asturias de manera conjunta. En fin, a mí me parece que Fernández-Miranda se tiró a una piscina sin agua. Dicho de otro modo: no conoce el día  a día de cómo funcionan las relaciones entre ambos partidos. Seguramente, no digo lo contrario, todo el electorado está deseando precisamente lo que él propone: que puedan ofrecer una alternativa real al socialismo sin guerras cainitas. Sin embargo, la realidad dice que desde Genova se ha diseñado todo lo contrario. O sea, que la estrategia pasa por aniquilar al rival político, puesto que, a todas luces, se entiende que el partido de Cascos fuera del poder se va a ir desgastando. Tanto, que le hizo durar siete meses en el gobierno y luego fue incapaz de presentar una alternativa para que Javier Fernández no gobernase. Quiero decir, pues, que la visión de Fernández-Miranda no deja de ser idílica; ante unos hechos que dicen claramente lo contrario. Mientras el PP quiere recuperar afiliados seduciendo a los de Foro –con campañas que parecen la captación de abonados en un club de fútbol- luego arma la marimorena por el apoyo a Carmen Moriyón en el ayuntamiento de Gijón. Como digo, el ex vicepresidente del Congreso habló más como un militante que sabe perfectamente que la división facilita la hegemonía de la izquierda; que como alguien que conoce los entresijos de lo que se cuece en nuestro paraíso natural.

Además, hay que tener en cuenta que el PP asturiano está en plena reconversión. Si no, tampoco se entiende que en Gijón, tras la destitución fulminante de Fernández Pardo, no se estén dando los pasos necesarios para convocar un congreso. Más bien, veo que la gestora actúa como un instrumento normal para hacer política municipal. Uno escucha a el órgano impuesto y tal parece que estuviera legitimado –mediante el correspondiente congreso, repito- para dirigir al partido en Gijón. Digo más, yo creo que la susodicha gestora se está tomando como un fin y no como un medio. Su objetivo debería de ser recomponer el partido para convocar un congreso del que saliera un liderazgo fuerte. En cambio, es como si, la presidenta de la gestora, Ángeles Fernández-Ahuja, ejerciese su papel como líder sin respaldo alguno de los afiliados. Supongo que, para concurrir en un proyecto fuerte como el que pedía Fernández-Miranda, lo primero es construir un partido poderoso. Y de momento, ni mucho menos lo es.

El gobierno de Javier Fernández se mueve en zona pantanosa. Es dar un paso en falso y, ¡zas!, comienza a sentir que se hunde. El tripartito está instalado en la inestabilidad, como si estuviese con un pie metido en arenas movedizas. Hay que reconocer, no obstante, que de momento ha sabido salir de situaciones difíciles pero con un coste: no hacer la política que quiere. Así, más de una vez la oposición de sus socios -amable por parte de UPyD y menos la de IU- le ha hecho rectificar decisiones. La última: ahorrarse meses de vacaciones de los profesores interinos. El Gobierno pretendía no pagar 10 millones de euros a algunos (no todos) profesores interinos durante el periodo no lectivo. Sin embargo, la presión de sus socios le ha hecho cambiar. Según el Ejecutivo queda pendiente ver de dónde saldrá esa cantidad para compensar: esperemos que no sea a base de impuestos como hasta ahora. Un segundo ejemplo lo tenemos en el proyecto de ley del sector público. Una reforma tímida e insuficiente –se tocan sólo 6 de las 81 sociedades que tiene el Principado- y que ha tenido que ser modificada. Pese a que UPyD ha dicho que no le gusta la aprobará (amablemente, insisto). Pero IU se negó a la venta de participaciones en el hotel La Reconquista teniendo Javier Fernández que dar marcha atrás. O sea, un sí pero no, hago esto para luego cambiarlo, que será sin duda el signo de toda la legislatura. Tenemos gobierno, sí, es verdad, pero con unos condicionantes claros a la hora de desarrollar su política. Y eso, en los tiempos que corren, es muy negativo.

Además, y por si fuera poco, hay todavía un ingrediente más: el de Francisco González, exalcalde de Cudillero y diputado en la Junta. Por su situación, de baja médica, se ha tenido que repetir una votación –la de la reforma del sector público- hasta tres veces. Aunque oficialmente padece una angina de pecho, en el fondo lo que subyace es su proceso judicial. Imputado por tres presuntos delitos –cohecho, exacciones ilegales y el último de prevaricación- su escaño vacío (ver foto) deja mucho que desear. Tanto, que si no fuese quien es –un titán a la hora de ganar elecciones para los socialistas- posiblemente ya habría sido sustituido. Si el PSOE lo mantiene es por dos cosas: respeto hacia la persona y miedo a la reacción de González. Le está dando, digámoslo así, cuerda para que no se vea presionado y busque una salida cuando lo considere oportuno. Ahora bien, no le queda mucho tiempo para abordar el problema. Poco a poco el cerco judicial se va cerrando contra el exalcalde. De aquí a no mucho tiempo tendrán los socialistas que tomar una decisión, y esperemos que no le complique aún más la vida a su gobierno.

Supongo que a estas alturas algún gobernante de nuestro paraíso natural habrá escapado a un desierto o montaña. Durante bastante tiempo se alimentó el discurso –a manera de engaño colectivo, diría yo- de que la crisis no iba a ser virulenta en Asturias. Es más, decían que, como la construcción residencial se había hecho de forma ordenada, el reventón de la burbuja inmobiliaria no traería consecuencias (más de la cuarta del desempleo proviene del sector). Sostenían las lumbreras de la época precrisis, bien es cierto, que la recesión sería suave y sin efectos graves. Recientemente, Javier Fernández ha repetido varias veces que el Principado iba a ser de las primeras comunidades en ver la luz. Sin embargo, cada estadística, cada dato que conocemos, nos hace pensar lo contrario. Son ya 122.700 personas (fracasos, en resumen) las que forman parte del paro según la Encuesta de Población Activa. 8.500 más durante el último trimestre, o lo que es igual: 94 personas al día se quedaron sin empleo entre enero y marzo. La cifra, con ser dramática, lo es aún más si hablamos de hogares con todos sus miembros en paro: 44.500. Hay un dato que lo dice todo: sólo trabajan un tercio de los asturianos que podrían hacerlo. El resto, en paro o jubilados. La pérdida de fuerza laboral es tan grande que se encuentra uno a más gente paseando por El Muro de San Lorenzo en Gijón, que por la calle Corrida yendo a trabajar. En definitiva, tras las negras perspectivas macroeconómicas del Gobierno central, que nadie espere que esto haya tocado fondo. Asturias llegará sin dificultad a igualar –y seguramente superar- ese 27,16% de paro que es la media estatal. Eso de que vamos a otro ritmo es verdad: pero por lo superior que es trimestre a trimestre.

Mientras tanto, lo poco que se hace para paliar esta situación es más de lo mismo. Viejas recetas ante nuevos problemas. ¿Qué se le ha ocurrido a la clase dirigente, empresarial y sindical asturiana? Pues firmar un acuerdo de concertación social. ¿Con qué? Con formación a maza para una cosa: que los parados asturianos sean los más cualificados del mundo. ¿Y por qué no fomentan la creación de empresas para que absorban esa masa laboral? ¿Por qué se empeñan una y otra vez en formarles para que luego tengan que emigrar o permanezcan en el paro? ¿No se dan cuenta de que el gran problema es que quedan cada vez menos empresas que puedan contratar? El año pasado Asturias fue la comunidad que más concursos de acreedores presentó. En Oviedo, se registró el mayor cierre de comercios desde que existen datos. La destrucción de tejido productivo es infinitamente superior a la que tuvo lugar en los años ochenta. Sin embargo, erre que erre, se insiste en políticas trasnochadas. Así nos va.

Resulta sorprendente la medida que el otro día propuso Alfredo Pérez Rubalcaba. El secretario general del PSOE, en un coloquio con activistas  y especialistas de distintos ámbitos, pidió a la Unión Europea que elimine los billetes de 500 euros. Según él, serviría para luchar contra el crimen organizado y la evasión de capitales. Es decir, extirpado de la tierra tan fastuoso billete, el fraude fiscal bajaría puesto que el dinero oculto tendría que aflorar. Bien, yo no veo en la moneda un fin en sí mismo, sino más bien un medio. Quiero decir que, por ejemplo, si se llevase a cabo tan drástico método, los defraudadores buscarían nuevas fórmulas con billetes de 200 o 100 euros y así sucesivamente. Es lo mismo que si, en un supuesto ideal, pensamos que al erradicar las armas terminaríamos con el asesinato y las guerras: un homicida, al fin y al cabo, usaría hasta una piedra para sus propósitos. Además, eso de apilar billetes ya no se lleva. Como se puede ver claramente en el «caso Bárcenas» el dinero fuera del fisco acaba siempre en paraísos fiscales o cuentas en Suiza. Al extesorero del PP no le encontraron ni un solo billete de 500 euros, ya que lo distrajo a través de una cuidada ingeniería financiera. No obstante, hay que darle a Rubalcaba la razón en una cosa: el billete tiene un halo de sospecha que nadie le quita. Es sacarlo del bolsillo –quien tenga uno, claro está- y todo el mundo se te queda mirando. Es más, cuando llegas a ingresarlo en una cuenta bancaria, la entidad de turno, te hace exhibir el carnet de identidad para registrarte de cara a Hacienda; mientras lo pasa varias veces por la máquina para ver si es falso. Tener un billete de 500 euros y que te vean como a un delincuente –aunque te lo acaben de dar recién sacado de tu cuenta-  es todo uno.

Severino García Vigón, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), está viviendo momentos delicados. Nunca pensó que sus problemas con Hacienda fuesen objeto de discordia en la organización. El motivo: la investigación por presunto delito fiscal ante el impago del IVA en una de sus empresas. Tal fue así que, el comité ejecutivo de la Fade, le pidió su dimisión de forma inmediata. Bien es cierto, que estuvo respaldado por la Cámara de Comercio de Oviedo, pero el mal trago que pasó ante el resto de empresarios fue de órdago. Ni por lo más remoto pensaba el jefe de la patronal asturiana que iban a seguir ese camino. Digo más, si comparamos el caso con el sufrido por otro presidente de empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, no tiene nada que ver. En su día, el que fuera de la CEOE, estuvo apoyado al máximo por su organización. Tanto, que era terrible ver las imágenes de pasajeros estafados en los aeropuertos por Viajes Marsans, el alzamiento de bienes que se produjo para evitar a los acreedores, o las cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, la patronal aguantó el descrédito hasta última hora por una razón: no dejar tirado a uno de los suyos. El caso asturiano, repito, no se parece en lo más mínimo. El proceso contra Vigón se encuentra en fase incipiente y las diferencias por IVA de 450.000 euros, lo supuestamente defraudado, se convierten automáticamente en  delito a la hora de su tratamiento. Quiero decir, pues, que por ese lado el comité ejecutivo de Fade podía haber esperado a una etapa más avanzada del proceso. Seguro que en las más de 50.000 empresas que agrupa  –y en momentos de crisis más- muchas de ellas se encuentran en circunstancias similares. A Severino le han condenado ya sus compañeros sin esperar a juicio, y él se resiste puesto que pidió 30 días para reflexionar.

Yo creo que en este tema hay algo más. Supongo que muchos habrán aprovechado la situación para ajustar cuentas. O sea, para terminar con la etapa de García Vigón al frente de la Fade. Personalmente, siempre entendí que su labor fue un poco confusa. Sobre todo en los tiempos del expresidente Areces, la Fade remaba siempre en el mismo barco que sindicatos y gobierno. No había ninguna diferencia entre el discurso empresarial, sindical y político. Todos formaban una especie de núcleo conjunto a la hora de tomar decisiones, siendo el momento cumbre la concertación social. Nada, por decirlo de otra manera, se salía de un guión escrito de antemano puesto que todas las partes estaban a gusto. Una voz diferente, crítica con ciertas políticas que tuvieron lugar, nunca se escuchó desde la patronal; más bien, todo lo contrario.

La situación actual del PSOE se parece a una serie de televisión: perdidos. Es normal que después de un batacazo electoral, un gran partido como el socialista no encuentre su sitio. Ese tránsito desde el gobierno a la oposición nunca ha sido fácil para nadie. Le sucedió al PP, donde, Mariano Rajoy, tuvo que esperar ocho años para encontrar un discurso propio y poder así optar a gobernar. O a ellos mismos que pasaron un impasse importante después de Felipe González hasta que llegó Zapatero. El caso es que su actual secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, no da con la fórmula. Día sí y día también vemos escenas y gestos -épica la de Chaves regañando a sus diputados por aplaudir las protestas de las preferentes en el Congreso- que dan sensación de descomposición. Eso, claro está, unido a encuestas que son absolutamente nefastas: para el parlamento europeo le dan de 21 diputados a 15. Yo creo que el problema básicamente se encuentra en que el electorado no ha visualizado ningún cambio. Un gobierno que acabó quemado como el de Zapatero, no puede representar lo mejor del PSOE. Es más, se dio portazo al expresidente –ni aparece en los actos- y sin embargo se pone al frente a su hombre fuerte de la última etapa. La crisis, cómo no, ha impuesto nuevas reglas en la política. Los ciudadanos no ven ya el bipartidismo la única opción. Si lo hace mal el PP su voto puede recalar perfectamente en otras formaciones que no son la socialista. Así, se explican ascensos como los de UPyD o IU, además de otras más extremas o curiosas. En Italia, un cómico, Beppe Grillo, ha conseguido con su «Movimiento cinco estrellas» el 25% de los votos. Su discurso: ir contra todo. En España, el electorado ya no piensa sólo en el PSOE para gobernar como alternativa al PP, se ha impuesto un voto de castigo mucho más fraccionado.

A los socialistas, sin duda, les urge volver a recuperar el pulso antes de las elecciones de 2015. Y no sólo se trata de que Eduardo Madina o Patxi López se pongan al frente del mismo, sino de constituir una alternativa creíble de gobierno. El runrún constante de nuevos candidatos no es ni mucho menos suficiente, si no viene acompañado de algo más.

Se atisba un cierto conflicto en el gobierno de Javier Fernández. El motivo: cómo tratar el tema de los desahucios. Mientras que sus socios de IU quieren plantearlo a la manera andaluza, o sea, fomentando una expropiación temporal de las viviendas en poder de bancos e inmobiliarias, el ejecutivo asturiano prefiere hacerlo mediante la negociación. Lo cual, dicho sea de paso, parece más lógico. El Principado quiere poner su parque de vivienda pública a disposición de los desahuciados (sobre 500 pisos), además de incorporar los que son propiedad de los bancos mediante un alquiler social. Un fórmula, vuelvo a repetir, menos conflictiva y que soluciona de igual manera el problema: que las personas no se queden en la calle. El sistema andaluz, en cambio, tiene unos tintes políticos innegables. Sólo con ver cómo llamó la Junta de Andalucía a su polémico decreto-ley,«Sobre la función social de la vivienda», se da cuenta uno por dónde vienen los tiros. Sí, porque, tal y como está concebida, se trata de una norma que resalta términos como expropiación, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. Es decir, pura y dura ideología que pretende principalmente perseguir a los bancos que, por cierto, no digo que no se merezcan un castigo, pero en este caso no es lo fundamental. Lo más importante, entiendo, es tratar de dar una solución estable a tan grave problema y vía expropiación se entra en un terreno escabroso. Es más, mucho me temo que a poco que se recurra el decreto acabe siendo anticonstitucional. Su encaje jurídico, a día de hoy, es más que dudoso y lo único que trata es de crear falsas expectativas al intentar hacer un paraíso -«territorio libre de desahucios», según sus autores- en vez de apagar las llamas del infierno.

Para que nos demos una idea de hasta qué punto es absoluta demagogia, veamos cómo trata los pisos vacíos. Pretende imponer multas de 9.000 euros a aquellos bancos e inmobiliarias –cualquier día también serán particulares- que no los saquen al mercado de alquiler. En fin, quizá lo primero sería hacer un acto de contrición, porque, la propia Junta de Andalucía, tiene más de 5.000 viviendas vacías y el año pasado promovió 143 desahucios. Está claro que, por lo menos en el sur, al desahucio se le quiere enfatizar su vertiente política –aprovechando el odio que se tiene al sistema financiero- en vez de buscar soluciones reales.

La gestión de José Ángel Fernández Villa al frente del sindicato minero SOMA-FITAG-UGT fue definida perfectamente por él mismo en su despedida: luces y sombras. Si yo fuera un trabajador de la mina, o similar, tendría en el salón de mi casa dos cosas: un retrato de la virgen de Covadonga y a su lado otro de Fernández Villa. Desde luego, el líder sindical consiguió arrancar unas condiciones inmejorables para el sector a todos los gobiernos que encontró a su paso. Buena prueba, fueron los más de 24.000 millones de euros que se han llevado los distintos planes mineros, así como una pléyade de prejubilaciones de lujo si las comparamos con las que se están ofreciendo en la actualidad. Su labor, en este sentido, no tiene ni un solo reproche. Si la misión de un sindicato es defender a los trabajadores que representa, Villa lo hizo perfectamente y difícilmente en el futuro alguien le podrá igualar. Más que nada, porque la minería asturiana nunca volverá a ser igual. Ni habrá ese chorro de dinero, ni los trabajadores que queden podrán prejubilarse –con 42 años como en algún plan- de forma tan ventajosa. Sin embargo, cabe reprocharle que ese dinero no se haya invertido bien. La función del mismo tendría que haber sido la reindustrialización de las cuencas y, a la vista está, ni por lo más remoto se ha conseguido. A Fernández Villa le podemos echar en cara que haya fomentado un modelo que hoy podemos considerar fracasado: el de la subvención y el dinero público como motor. Así, los intentos por intentar trazar un tejido industrial –a base de insuflar parné, insisto- acabaron peor que mal. Tómese el ejemplo de Alas Aluminum: una empresa que se llevó 22 millones de euros de los fondos mineros en apenas 6 años para terminar cerrando. Alguien que tenía tanto poder -desde nombrar presidentes de Cajastur hasta del Principado- se limitó única y exclusivamente a practicar una visión parcial de Asturias: la que favorecía a los intereses de su sindicato. En otras palabras, durante aquellos años podía haberse dibujado una Asturias muy diferente a la que ahora conocemos y, a la vista está, nada de eso se hizo. Más bien, todo lo contrario: ahondar en la cultura de vivir a base de los fondos estatales. Si criticamos a nuestros políticos por haber llegado a los 114.000 parados en nuestro paraíso natural, debemos también corresponsabilizar a Villa puesto que tuvo poder ejecutivo para cambiar las cosas. No hablamos, sin duda, de un líder sindical al uso: fue mucho más.

Todos recordamos la fábula. Un grupo de ratones, al verse en peligro por un gato, decide que lo mejor es ponerle un cascabel para estar avisados. Sin embargo, el problema surge cuando nadie se atreve. Más o menos, lo que le pasa a la economía asturiana y sus males. El grupo de expertos del consejo asesor de la Presidencia del Principado emitió su primer informe. Correcto, diría yo, pero sin mayor brillo. Mezclando medidas obvias –hay que terminar el AVE o la autovía del Cantábrico- con otras que tienen difícil encaje político (¿alguien se cree que Javier Fernández va a dejar de lado la concertación social? ¿Alguien cree en la capacidad de influencia asturiana dentro de la financiación estatal frente a Cataluña?). También recuerdan el protagonismo que debe tener la pequeña y media empresa, allí donde a la mayoría de la sociedad sólo tiene ojos para lo público. Donde, digo más, la privado es visto como el infierno mientras que en lo público reside el cielo. En fin… Lo más curioso, no obstante, viene por las reacciones al informe. FADE dijo que «Coincide plenamente con sus prioridades». UGT , «Nos alegra que personas de tanto prestigio coincida con nuestro análisis». Y Comisiones, «No dicen nada que no hayamos tratado y que no conozcamos». Qué curioso, ¿no? Todos sabían perfectamente cuál era la solución y, pese a ello, han dejando que el paro crezca hasta las 114.000 personas. Todos admiten cuál es el camino pero nadie lo toma, ¿acaso no se parece esto a lo del gato y el cascabel?

Sostengo que en Asturias tenemos expertos económicos de sobra, pero no políticos valientes (y capaces) que lleven a cabo sus medidas. Cuando era un estudiante de economía, en plena reconversión industrial, el Principado encargó otro informe: el ERA (Estrategias de Reindustrialización de Asturias). Un voluminoso tocho donde se daban un montón de medidas a realizar. Pues bien, ¿las puso algún gobierno asturiano en práctica pese a que eran del todo razonables? ¿No han seguido más bien el dictado de sus ideologías pasándose siempre por el forro a los expertos? El problema, como ante un enfermo terminal, no es diagnosticar la enfermedad, sino ver quién se atreve a operarlo a vida o muerte.