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Falta de costumbre.
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Jose Manuel Balbuena | 11-05-2014 | 15:35| 18

Todos sabemos que cruzar la calle, fuera de los pasos de peatones, está mal. Es más, en muchos casos debe ser sancionado, aunque, efectivamente, las multas por dicha causa sean pocas. Por eso, siempre lo hacemos sabiendo que un policía va a dar por bueno nuestro comportamiento. Sin embargo, la Ley en ese sentido es clara y nada podríamos alegar en caso de sanción: aguantarnos y pagar. Algo así es lo que le ha pasado al diputado de IU, Ángel González. Está condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, al fraccionar un contrato para la señalización con unos monolitos de las fosas comunes en la Guerra Civil. No es, ni por asomo, ningún caso de corrupción. González en ningún momento se quedó o distrajo nada a su favor. Ahora bien, si fomentó que dicho contrato se hiciera rápido por una cuestión: le interesaba políticamente sacar el tema adelante. Para IU, todo lo que tenga que ver con las víctimas de la Guerra Civil tiene prioridad. No quiso llevarlo por el procedimiento que, según una funcionaria, dice que exigió al diputado. ¿Se hace esto en la Administración habitualmente? Pues sí, el fraccionamiento de contratos –y cosas peores- es un método corriente ¿Es algo, pues, que debemos dar como bueno? Pues no, ya que si no está bien una ley que alarga la burocracia debe cambiarse, en ningún caso saltársela desde el sector público. Y ahí está precisamente el error de González: pensar que por ser práctica más o menos normal no iba a pasar nada. Lo mismo, insisto, que si nos multan por cruzar la calle. Luego viene la segunda parte, ¿debe seguir en la Junta un diputado inhabilitado aunque no tenga sentencia firme? Yo creo que difícilmente. Es una situación extraña que mantenga el escaño, aunque quede recurrir al Tribunal Supremo. Digo más, en un grupo tan volcánico como es IU esto produce fracturas internas de gran calibre. Sólo con ver la reacción de distintos sectores a la decisión de González, seguir en el hemiciclo con el apoyo de su grupo se me antoja complicado. Además, volvemos a la teoría del listón, ¿cuándo debe dimitir un diputado? ¿Ante una imputación, ante la apertura de un juicio, cuando sea condenado, después de que la sentencia sea firme? Todo esto, lo cuestionó Jesús Gutiérrez del PSOE puesto que tiene mucho en común con lo que pasó al ex alcalde de  Cudillero. Francisco González, ex diputado socialista, dejó el listón en la apertura de juicio. Cosa que, Ángel González, no ha respetado. Ahora, esperar a que al recurso ante el Supremo se me hace demasiado largo. Demasiada tensión en IU donde no están acostumbrados a convivir con estos temas.

 
Otro caso es el de la ex ministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez. Como saben, está imputada en firme por el caso de los Expediente de Regulación de Empleos falsos en Andalucía. Pese a que en Europa lo normal es dejar un cargo por un tema tan grave, a Álvarez eso se la trae al pairo. Quiere seguir a toda costa en su puesto del BEI. Aquí sí se distrajo dinero público –el escándalo de los ERE se cifra en torno a los 2.000 millones de euros con 166 imputados- pero se niega a dimitir. Van a tener que echarla desde el propio BEI para deshonra de la política española. En Europa, ahora que estamos en tiempo de elecciones, los políticos tienen la costumbre de dimitir. En Alemania una ministra de Merkel dejó el puesto porque copió una tesis de doctoral, otro en Inglaterra por traspasar a su mujer una multa de tráfico personal.  Aquí el sano ejercicio de irse, pese a que son temas mucho más graves, no se practica en absoluto. Los políticos se aferran a su cargo, cual naufrago a la balsa, y nadie los echa de ahí salvo los tribunales en última instancia. Hecho, sin duda, que no prestigia en absoluto a la política.

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Como Eurovisión.
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Jose Manuel Balbuena | 08-05-2014 | 05:32| 26

Las elecciones al Parlamento Europeo son siempre descafeinadas y raras, casi como el festival de Eurovisión pero en versión política. Es más, yo creo que tendrían que celebrarse a la vez por una sencilla razón: aguantaríamos los dos bodrios de un tirón. A estos comicios, cuya campaña empieza en unas horas, siempre hay que buscarle incentivos extra para que la gente vaya a votar. Si no la abstención sería astronómica, difícil de digerir por el sistema. Se suelen plantear como un voto en clave nacional –de castigo o premio- para así  motivar al ciudadano. Que si baja el PP por su política de recortes, que si no se recupera el PSOE, que si el fin del bipartidismo… Respecto a esto último resultan curiosos los análisis que se hacen. Se da por hecho que la gente no volverá a votar masivamente ni a socialistas ni a populares, justo cuando antes de la crisis la situación era la contraria: se aseguraba sin ningún pudor que el bipartidismo estaba consolidado. Partidos que ahora suben como la espuma en las encuestas, antes incluso iban a desparecer. Me refiero, por ejemplo, a IU. El supuesto discurso del «fin del bipartidismo» no deja de ir muy ligado al ciclo económico. Cuando éste es bueno el voto se concentra y cuando no acaba dispersándose. Algo, por supuesto, que no es en absoluto definitivo sino que puede volver a cambiar. Este desarraigo hacia la política europea tiene también otras razones: el Parlamento europeo como institución nos es completamente ajeno. Díganme el nombre de tres eurodiputados, ¿a qué no lo saben? Tanto como si les pregunto quién es el representante de Noruega para Eurovisión. Los principales candidatos para presidir la Comisión Europa, el socialista Martin Schulz y el popular Claude Junchker, son personajes completamente desconocidos para el elector. Su voto, insisto, no deja de buscar motivación en temas más domésticos por mucho que se nos diga la importancia de Europa en nuestras vidas. Lo cual, claro está, no deja de ser cierto pero a nivel de gobiernos. ¿Quién manda más Ángela Merkel o el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso? ¿A quién conocemos más a David Cameron o al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy?

Pero si les digo que también son raras es por una cosa: la cantidad de friki que se presenta. Recordemos que hasta Ruiz Mateos consiguió ser eurodiputado. Ahora, personajes estrafalarios como el juez Elpidio Silva, lo van a intentar. Cuando no «velinas» italianas que aparecen ligeras de ropa en las portadas de los periódicos. No me digan que algunos candidatos no son similares a los frikis que aparecen en Eurovisión. Es tal la burla, como digo, que incluso hasta logran escaño para escarnio de la política tradicional. Opciones que ningún votante elegiría para concejal  o diputado de su país, acaban triunfando en las elecciones al Parlamento Europeo. Eso sí, ese retiro dorado para algunos o cantera de frikis está muy bien pagado: es el cargo que más cobra amén de otros privilegios. Un eurodiputado español tiene una asignación bruta mensual de 7.956,87 euros, a lo que hay que sumar las dietas. La Europa política, sin duda, nos sale cara.

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De hoy para mañana.
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Jose Manuel Balbuena | 02-05-2014 | 05:42| 10

El paro es un problema inmenso en este país. Sí, ya sé que con esto no digo nada nuevo ni original. Todos somos conscientes de sus cifras y las repercusiones que tiene. Sin embargo, muchos todavía siguen pensando que, una vez iniciada la recuperación económica, el desempleo va ir bajando hasta quedar en una cifra similar a antes de la crisis. Y ahí está precisamente el problema: que lo dudo mucho. La última Encuesta de Población Activa (EPA) deja el número de desempleados en 5,9 millones. El Gobierno, intentando insuflar optimismo, prevé que en dos años creará 600.000 puestos de trabajo. O sea, que la cifra bajará aproximadamente hasta los 5,3 millones, lo cual, a todas luces, sigue siendo una barbaridad. Ojo, y todo con ello con una economía –según las previsiones macroeconómicas del Gobierno- creciendo ya en 2017 hacia el 3%. Dicho de otra forma: la reducción del desempleo no deja de ser muy lenta aunque el ritmo de la economía crezca. ¿Por qué? Indaguemos un poco en la masa del desempleo y encontraremos la respuesta. Las estadísticas dicen que de esas 5,9 millones de personas, dos apenas tienen la ESO y uno ni siquiera la han acabado. Esto es, nos encontramos con desempleados sin cualificar herederos directos de la burbuja inmobiliaria: personas que dejaron su formación para irse a trabajar a una obra. Lugar, sin duda, donde ganaban mucho sin tener que pasar por años de estudio. Ahora, con el hundimiento de la construcción, todo esta ingente cantidad de trabajadores forman parte de lo que se llama el paro estructural: llevan ya más de dos años en el desempleo. Sus posibilidades de encontrar trabajo son escasas, puesto que, a todas luces, el único sector que crece con ganas es la exportación. A la postre: empleos con cualificación. ¿Qué les queda? Pues, o bien la emigración como están haciendo muchos, o bien reengancharse a otro sector intensivo en mano de obra como el turismo. En resumen, absorber toda esta masa laboral sin cualificación no es ni mucho menos sencillo. Volver a tener niveles de paro europeos –alrededor del 10% en el peor de los casos- se me antoja ahora mismo imposible. Más bien, tal y como dicen los organismos internacionales, acabaremos conviviendo con un paro estructural muy alto: sobre el 20%. Sólo el reciclado en busca de una mayor cualificación, junto con que la construcción vuelva otra vez a niveles normales; puede buscarles una salida.

Mucho se habló en su día del cambio de modelo económico: de la época del ladrillo a la del I+D. El expresidente Zapatero lo señalaba como si se pudiese hacer apretando un botón: pasar de un andamio a un laboratorio porque así le interesaba al Gobierno. Nada de eso. El paro sigue los ciclos de otro sector intensivo en mano de obra: el turismo. Baja en verano y tiempos de vacaciones para crecer después. El modelo económico, para una gran cantidad de mano de obra, es el mismo de antes de la crisis, eso sí, sin la construcción. Y que nadie se engañe: el problema no tiene solución de hoy para mañana.

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Teoría del «Hay que».
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Jose Manuel Balbuena | 28-04-2014 | 06:17| 10

¿Qué hace el Gobierno de Javier Fernández con los informes del Consejo Asesor? Meterlos en un cajón. Entonces, ¿para qué creó este comité de sabios? Para nada, para aparentar. ¿Sirven para algo los hasta ahora cinco informes que han emitido? Sí, si se tuviese la intención de poner alguna de las medidas en práctica. ¿Es interesante lo que dicen? Realmente en algunas ocasiones no, se trata de auténticos refritos ya conocidos. Incluso, fíjense, bastantes de sus recomendaciones están ya recogidas en los programas electorales de los partidos. ¿Serviría para algo que se aplicasen las más interesantes? En algunos casos, evidentemente, sí. El problema se encuentra en que la política se resiste a ello por un tema ideológico. Quiero decir que como los técnicos no se presentan a las elecciones, pueden proponer lo que consideran necesario. Un político, en cambio, tiene que medir mucho puesto que el voto ciudadano está por el medio. Lo hemos visto, sin ir más lejos, en el informe fiscal encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy a un grupo de expertos. De hecho, las medidas más polémicas –como subir el IVA, por ejemplo- ya han dicho que nos las va a llevar a cabo. Y menos, sin duda, teniendo en cuenta el carrusel electoral que vamos a tener ahora. Javier Fernández creó este instrumento, el Consejo Asesor de Asuntos Económicos del presidente del Principado, con el objetivo de reactivar la economía. De analizar, obviamente, las posibilidades que tiene (o va tener) nuestro paraíso natural en el futuro. Sin embargo, su gobierno es de subsistencia: bastante tiene con sacar adelante las partidas de financiación como sucedió recientemente. No piensa en el futuro porque el presente es lo que le ocupa. De hecho, tiene más que difícil implementar medidas al ser un gobierno en minoría parlamentaria. Así, sin duda,  escucha lo que le proponen pero en absoluto piensa materializarlo. En demasiadas ocasiones, los asturianos pecamos precisamente de esto: de abusar del “Hay que”. Hay que aumentar la investigación, hay que apostar por la industria, hay que… Somos maestros en el diseño y catastróficos a la hora de llevarlo a la práctica. Nuestra proporción entre las ideas que generamos y su ejecución es realmente baja. Mucho menor de lo que en teoría debería ser. Tenemos el potencial y los medios necesarios para el éxito dentro de nosotros mismos. Tan cerca y a veces tan lejos.

Por cierto, me llama la atención una de las medidas propuestas en el último informe: convertir Asturias en la Florida de la tercera edad. Es decir, aprovechar nuestro envejecimiento natural para dar (y atraer) servicios para ese sector de la población. En resumidas cuentas: convertir nuestro paraíso natural en una especie de gran geriátrico. Dicen que así se mejoraría el turismo, además de captar servicios especializados (sanitarios, por ejemplo) de alto nivel.  No sé, las islas Canarias también tienen este objetivo –junto al monocultivo del turismo- y su paro es de un 33,8% . Además, sus niveles de educación son infinitamente peores que el resto de España: tiene un ejército de camareros y pocos licenciados. Su economía de servicios distorsiona tanto a la sociedad que prácticamente la transforma. Realmente, ¿es ése el futuro que queremos para Asturias?

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Cinco días con Elpidio.
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Jose Manuel Balbuena | 27-04-2014 | 06:36| 8

Había una vez un circo: el que está montando el juez, Elpidio José Silva. Tremendo espectáculo. No hay día en que no pase algo en su juicio, ni en el que Silva no la líe. Ahora bien, al final, ha conseguido salirse con la suya: quedó ayer suspendido. Durante el proceso por prevaricación que se lleva a cabo en su contra, ha recusado al abogado defensor, al presidente de la sala y a otra magistrada. Se nota que Silva, sin duda, conoce bien los mecanismos de la Justicia y sabe cómo retorcerlos a conciencia. Su comportamiento es tan extraño como el nombre y, por si fuera poco, utiliza a los preferentistas de Caja Madrid a su antojo. Cuando éstos interrumpieron el juicio con gritos, le dijo a su abogado de forma descarada: «Esto es lo que yo quería». Para los estafados por las preferentes de Caja Madrid el juez no deja de ser un héroe: metió en la cárcel a Miguel Blesa, expresidente de la entidad, y máximo responsable de la emisión del producto financiero. Sin embargo, si estas víctimas lo pensasen un poco se darían cuenta de una cosa: Blesa, el lobo de Caja Madrid, está en libertad mientras que su cazador pendiente de que lo inhabiliten. Todo ello por una instrucción chapucera que lo excarceló al poco de su ingreso en prisión. Si Silva hubiese hecho bien su trabajo, dudo mucho de que ahora pudiese pasear por la calle. El lobo de Caja Madrid, bien es cierto, hizo mucho daño; pero este tipo de justicieros no le hacen ningún favor a la Justicia. Más bien, todo lo contrario. Yo me lo imagino cómo será en su vida particular y me entra pánico.  Si hubiese tenido un accidente de tráfico con cualquiera de nosotros, ¿acaso creen que dudaría en amenazarnos y manifestar su condición de juez? Para más inri, ha fundado un partido político -Movimiento Red- de cara a presentarse a las elecciones europeas. No sé, quizá buscando un aforamiento. Como prueba de su salud mental, les copio una parte de la entrevista que se podía leer en un diario nacional.

- ¿Qué plataformas y asociaciones le apoyan? ¿Podría darme el nombre de alguna?
- Me apoyan cientos y cientos, pero no sé el nombre de ninguna.
- ¿Cuántas personas conforman el partido?
- No sé, lo desconozco.
- ¿Me podría poner en contacto con alguien de su equipo?
- Estamos en un periodo de nacimiento  y no se lo puedo decir.
- ¿Podría explicarnos en que consistió el proceso de primarias para elegir candidato a las elecciones europeas? ¿Por qué era usted el único votado?
- Porque no se presentó nadie más, pero eran abiertas.
- Y para lograr esa votación, ¿qué método o procedimiento ha seguido?
- Fue por participación ciudadana, un acuerdo entre todos. Mire, ya no tengo más que decir, tengo otras llamadas que atender.

En fin, juzguen ustedes. Por cierto, si quieren un autógrafo suyo son 20 euros, la cena les va salir un poco más cara: hay que soltar 300.

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Curso a curso.
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Jose Manuel Balbuena | 21-04-2014 | 06:12| 12

Al poco de terminar mis estudios me llamaron para un curso. Como cualquiera que busca por primera vez trabajo, quizá inocentemente, lo primero que hice fue apuntarme al INEM. La carta decía bien claro dónde y cuándo debía de presentarme, así como la materia que se pensaba impartir: «Inicio a la contabilidad». El día señalado allí estaba, faltaría más, como un clavo. A una señorita que me atendió le dije que era un error: yo tenía mi licenciatura en Económicas sin estrenar y, por tanto, la contabilidad completamente intacta. La chica, en cambio, argumentó lo siguiente: «Es bueno», replicó, «refrescar los conocimientos». Nuevamente le repetí que otra cosa puede que no, pero que en contabilidad necesitaba un nivel avanzado para que me sirviese de algo. Erre que erre la responsable no me dejaba ir sin firmar una especie de conformidad con dicho curso. Ante mi insistencia, al final, me pude escapar. Salí  con la impresión de que lo importante, no era ni mucho menos el curso o si los conocimientos me iban a ser útiles, sino la propia asistencia para cobrar la subvención. En Andalucía, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha investigado los cursos de formación dados entre 2007 y 2013. El dinero público presuntamente defraudado en dicho periodo –a través de clases que ni siquiera se impartían- alcanza los 2.000 millones de euros. Para que nos demos una idea: como 40 veces el “caso Bárcenas”. En la “operación Edu”, que así se llama el operativo, hay cosas realmente curiosas. Por ejemplo. A una academia de buceo le dieron, ojo, 300.000 euros en subvenciones para impartir formación. Peluquerías con, alucinen, 100.000 euros. Muchas de esas empresas desaparecieron misteriosamente nada más recibir los fondos, eso sí, adjudicados totalmente a dedo. Gracias al procedimiento de «concurrencia no competitiva» era el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) quien se dedicaba a distribuirlos. Y, curiosamente, encima el SAE adeuda cantidades importantes -17 millones de euros- a las academias de formación que sí se dedicaron a impartir los cursos. En muchos casos, obligándolas a cerrar al no poder sobrevivir al impago. En fin…

Pero respecto a este tipo de formación hay algo más que decir, ¿vale realmente para algo? ¿Aunque se imparta sirve para el currículum de alguien? ¿Por qué se llevan a cabo en academias especializadas y no en centros cualificados (Universidad, Institutos, Formación Profesional, etcétera)? ¿Por qué su gestión la tienen que llevar sindicatos y patronal dando lugar a escándalos? Recordemos, sin ir más lejos, que la patronal madrileña supuestamente cobró cursos por más de 15 millones con falsos alumnos. Más o menos, la mitad de ese dinero está siendo investigado en el caso formación por parte de UGT en Andalucía. Además, su ineficacia se demuestra sólo con ver los índices de paro. ¿Por qué Andalucía después de gastarse ingentes cantidades de dinero sigue teniendo un 36,6% de paro? ¿Por qué el juvenil –donde más se invierte- supera el 60%? ¿Por qué no se involucra a las empresas a la hora de impartir formación? ¿No resulta curioso el mecanismo por el cual un desempleado se forma y luego sigue en el paro? Un desempleado siempre debe estar haciendo dos cosas: o bien buscando trabajo, o bien formándose.  El problema surge cuando no se le ayuda en ambos sentidos.

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El respeto.
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Jose Manuel Balbuena | 14-04-2014 | 05:01| 38

Recomiendo un libro: «Por qué fracasan los países», de Daron Acemoglu y James A. Robinson. Dos economistas norteamericanos que se dedicaron a investigar distintos países en función de su éxito (o no) económico. Algo así como saber por qué Chile y Venezuela –pese a estar en el mismo continente- obtienen resultados tan diferentes. Las conclusiones no pueden ser más claras: la diferencia se encuentra en las «instituciones extractivas» que impiden el  crecimiento y el respeto a la propiedad privada. Centrémonos en esto último. Todos tenemos en la cabeza una imagen de Venezuela: la del ex comandante, Hugo Chávez, paseando por la calle señalando edificios con el dedo. «Exprópiese», decía, mientras una turbamulta le seguía enfervorecida. El que la propiedad de los individuos no sea respetada trae consecuencias graves: en Venezuela, por ejemplo, los mercados privados están hundidos además de intervenidos. Es el Gobierno quien fija los precios. Lo mismo un coche, televisor, alimentos, arrendamientos o la venta de un piso. Nadie produce, invierte o compra porque sabe de sobra que su propiedad no será respetada. Digo todo esto porque, cuando vi el episodio que le acaba de suceder al gobierno de Susana Díaz en Andalucía, me vino a la memoria. El que una consejera de Fomento y Vivienda (IU) se haya saltado una lista de espera de 12.000 personas para obtener una vivienda social –con el objeto de favorecer a los suyos, claro está- no deja de ser otra forma de expropiación. Sutil y quizá menos escandalosa que la de Chávez, pero, al fin y al cabo, con los mismos efectos. Seguramente muchos de los que se encontraban a la cola tenía más necesidades que a quienes benefició, sin embargo, fueron impunemente despojados de sus derechos por la decisión de la consejera. Digo más, Andalucía es una comunidad que tiene una particular visión de la propiedad privada. La Ley de Función Social de la Vivienda –promovida por el gobierno de coalición (PSOE e IU)- ha llevado a cabo más de 39 confiscaciones en los aproximadamente ocho meses que lleva en vigor. Todo ello, ojo, pese a estar recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Su mecanismo es sencillo: expropiar el uso de la vivienda en poder de un banco durante tres años. Es una forma, dicen, de evitar los desahucios de sus antiguos propietarios que pueden seguir en ella durante dicho plazo. Desde luego, si los deshauciados esperan recibir una vivienda pública para el realojo, como quedó demostrado, lo llevan claro. No hablemos ya de las ocupaciones de fincas y supermercados llevadas a cabo por Sánchez Gordillo: el diputado en la Junta y Alcalde de Marinaleda muy cercano al Maoísmo más ortodoxo. En definitiva, quizá este poco respeto por la propiedad privada –y batiburrillo de normas de cara a debilitarla- justifique por qué Andalucía es la peor comunidad en paro, crecimiento y perspectivas económicas.

En nuestro paraíso natural sucedió también un hecho curioso, esta vez, a instancias judiciales. Un juez rechazó el desalojo cautelar del edificio de la antigua Consejería de Sanidad en la calle General Elorza de Oviedo, convertida hoy en el centro social autogestionado «La Madreña». Su argumento fue que la gestión es «adecuada» y se utiliza con «con fines sociales en beneficio de la comunidad». Lo cual, dicho sea de paso, está muy bien, perfecto incluso diría yo; pero tendría el mismo efecto si se les cediese un local por parte del Ayuntamiento y no se ocupase ningún inmueble privado con el beneplácito de la Justicia.

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Lo verde no será.
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Jose Manuel Balbuena | 10-04-2014 | 09:51| 12

Miro con incredulidad el proyecto «Hunosa verde». Sí, esa especie de placebo –o falsa esperanza- que se quiere montar para justificar el desmantelamiento de la compañía hullera. Según el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el objetivo del Gobierno es hacerla rentable para así salvar los empleos. Lo dijo el otro día en el Senado. Quizá Montoro no sepa una cosa: Hunosa nunca ganó dinero en toda su historia. Ni siquera cuando extraía 7 millones de toneladas en los años noventa. ¡Imagínense en el 2018 que va a producir sólo medio millón! Además, habla de inyectar capital privado en la empresa. Difícil, la verdad. La Hunosa que conocemos emana una cultura pública en el peor sentido de la palabra: siempre vivió (y vive) de las subvenciones. Si se las quitan, como obliga Bruselas, se ve obligada al cierre o reconvertirse. Esto último, por cierto, es lo que pretende «Hunosa verde» intentado introducir un nuevo mercado. Ahora bien, ¿es suficiente para mantener los 1.700 empleos que actualmente genera Hunosa? ¿Tiene capacidad el «sector verde», llamémoslo así, para mantener tanto volumen de trabajo? ¿Montar museos, la geotermia y demás dan para tanto? Convendrán conmigo que la duda es más que razonable. Hunosa ya intentó diversificarse en los años ochenta, pero acabó en un sonoro fracaso. Tuvo incluso, fíjense, hasta piscifactorías que fueron desmanteladas. El sentido de Hunosa está en ser una compañía carbonera y, ahora, después de más de 30 años de reconversión y 24.0000 millones de euros aportados en los distintos planes mineros, va a verse abocada al cierre sin muchas más alternativas.

Todo hubiese cambiado, bien es cierto, si la reconversión minera se hubiese hecho de otra forma. Como digo, problema de dinero nunca hubo, algo que queda claro  en ese chorro de subvenciones y proyectos sin desarrollar que fueron los fondos mineros; hablamos, sin duda, de otra cosa. Si se hubiese seguido el modelo alemán, generando industria alternativa, Asturias estaría ahora en otra situación bien distinta. Cerraría Hunosa, sí, es cierto, pero habría multitud de fábricas donde poder recolocar a sus trabajadores. En Alemania, las fábricas de automóviles, trasladaron su producción a los antiguos «Länder» mineros. Es decir, los trabajadores de la mina, merced a un proceso de reciclado, acabaron montando coches. ¿Qué se hizo aquí? Pues todo lo contrario. Desde mandarlos a casa con 42 años, hasta una autovía (la AS-I) que sirve para que los habitantes del Caudal lleguen más pronto a la playas de Gijón. En resumen, no se quiso afianzar un modelo industrial y, sí, en cambio, unas cómodas jubilaciones.  Una vida mucho más fácil, en vez de seguir con la cultura del trabajo. Y ahora, sin duda, ya es demasiado tarde para cambiarlo todo.

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El pasado vuelve.
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Jose Manuel Balbuena | 06-04-2014 | 06:58| 6

Hay quien dice que una vez muerto, si dejas algo pendiente en esta vida, tu espíritu permanece aquí. No se realiza el denominado viaje hacia el más allá. Este ectoplasma, fantasma o como lo queramos llamar; suele atormentar a su seres más cercanos buscando el descanso eterno. Son fenómenos sin explicación que, en la mayoría de los casos, hielan la sangre de quienes frecuentaron al difunto. Más o menos, lo que está ocurriendo con la obra del Musel. Cuando se finalizó la famosa ampliación quedaron dos temas pendientes: uno, las reclamaciones judiciales que interpusieron las constructoras y dos, el asunto de las subvenciones europeas. El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, hizo referencia a lo primero hace poco. Decía que si al final los tribunales le dan la razón la UTE Dique Torres en sus peticiones, la factura del superpuerto alcanzaría los 1.000 millones de euros. Tremendo. Yo pregunto, ¿y cómo se paga eso? Lo segundo, lo de las ayudas comunitarias es todavía peor. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) acaba de anunciar que solicitará la devolución de las subvenciones europeas concedidas. En total, 198 millones de euros más otros 49 pendientes de cobrar, o sea, 247. Pues bien, este informe de la OLAF tiene que valorarlo la Dirección de Política Regional, máxima responsable del manejo de estos fondos a nivel europeo. Será ella quien tenga la última palabra de cara a pedirle al Estado su reembolso, aunque, como es lógico, tendrá un periodo de alegaciones y negociación. En cualquier caso, parece que nuestro puerto no se va a ir de rositas en este asunto. En el mejor de los escenarios, no va a tener  derecho a cobrar el 20% restante, es decir, los 49 millones de euros. Y en el peor, sin duda, el descrédito más absoluto. Rosa Aza, la presidenta del Puerto, se ha dedicado estos días a recalcar que es un tema de Estado. Es decir, que si hay que devolver los 247 millones de euros se tendrá que hacer desde Madrid. Lo cual, nominalmente, es verdad. España dejaría de percibir esa cantidad cuando se le concediese una nueva ayuda. Sin embargo, esto no deja de ser endilgar el problema a los demás. Tal parece, por las palabras de la Presidenta, que si se exigen la devolución de la totalidad de las ayudas no pasase nada. Vamos, que El Musel saldría indemne de este desaguisado.  Nada más lejos de la realidad. Si ahora estamos hablando de un puerto intervenido ya que tiene recortada la autonomía de gestión por su abultada deuda, en el caso de devolver las ayudas el margen sería nulo. Puertos del Estado controlaría total y absolutamente El Musel. Además, se vería  obligado a subir las tarifas con el perjuicio para los clientes que esto representa. Muchos de ellos, probablemente, se plantearían trasladar sus tráficos a otra parte.

Como digo, hay espíritus que atormentan a los vivos. Se ha vuelto a hablar de canteras, áridos, camiones y temporales que se llevaban el material empleado. Algo que para muchos ya estaba muerto y bien enterrado, ha aparecido en forma espectral. Las psicofonías, que resuenan por todo el Puerto y llegan a Bruselas, hablan de falta de control de obra, adjudicaciones ilegales y hasta delitos penales. El fantasma de la ampliación del Musel asusta (y mucho).

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El por qué.
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Jose Manuel Balbuena | 02-04-2014 | 06:36| 12

El PIB asturiano decreció el año pasado un 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística. Fue la mayor caída, junto con Catilla-León, del país. Desde que comenzó la crisis, hacia el año 2008, el PIB del Principado ha bajado un 9,5%. Nuestra riqueza era de unos 23. 670 millones de euros y ha pasado a ser de 21.412. A la postre, la mayor de España. Veamos el por qué.

Uno. La inestabilidad política. No podemos decir los asturianos que nuestra política ha ayudado en estos tiempos de crisis. Más bien, todo lo contrario. Dentro de poco más de un año tendremos elecciones y culminaremos la legislatura con el siguiente currículum: dos gobiernos, dos comicios y un solo presupuesto aprobado. Esto es, inestabilidad total en cuanto a las políticas a implementar. El arco de alianzas parlamentarias ha ido, desde el gobierno fugaz de Álvarez-Cascos que no consiguió ningún apoyo, hasta Javier Fernández que ha tenido todos menos el de Foro. Esto es, desde IU y UPyD hasta el PP como ha sucedido en la modificación de crédito. Este vaivén continuo, bien es cierto, lo único que ha hecho es empeorar aún más las cosas. El gobierno de Javier Fernández ha estado más preocupado de su supervivencia, que por instaurar políticas a medio o largo plazo de recuperación económica. Así, sin duda, es muy difícil atraer inversión o que las empresas se sientan cómodas. El marco institucional, en una economía en crisis, es muy importante y de ahí los malos resultados.

Dos. La política fiscal. Que el Principado sea, junto con Cataluña y Andalucía, la comunidad que tiene los impuestos más altos no es nada bueno. Produce, por un lado, deslocalizaciones fiscales de individuos y empresas y, por otro, que la recaudación vaya bajando cada vez más. Es lo de la famosa curva de Laffer. Ambos efectos totalmente presentes y constatables en las estadísticas que presenta Hacienda. Se ha optado por una política fiscal agresiva para mantener los servicios públicos y he aquí las consecuencias. Nunca tantas empresas, como personas físicas, han trasladado su domicilio fiscal a Madrid. En vez de realizar un ajuste necesario en los gastos se optó por intentar subir la recaudación. Algo, claro está, completamente lesivo para una economía que busca la recuperación.

Y tres. La falta de inversión. Hay tres pilares que mueven una economía: el consumo, la exportación y la inversión. El primero, obviamente, está muy tocado en el Principado. Es lógico que la comunidad que más hipermercados abría dejase de consumir: las rentas ahora se dedican a hacer una función social. Quien más quien menos, tiene alguien en paro en su familia y toca ayudarle. Ese dinero disponible, pues, se dedica a otros menesteres que no es precisamente la compra de bienes o servicios. La exportación, sin duda, va bien pero todavía es demasiado pequeña como para ser un motor potente. En cuanto a la inversión, después de casi 7 años de crisis la privada es muy débil y, la pública, se mueve en los siguientes parámetros. En la última modificación de crédito aprobada ayer se ha dado luz verde a 342,85 millones de euros, pero de ellos solamente 63,7 dedicados a la inversión. El único presupuesto que tendremos durante esta legislatura tuvo la inversión más baja de toda la historia. Y encima, por si fuera poco, ni siquiera llegó a ejecutarse en su totalidad. Quiero decir que si el motor privado está gripado el público aún más. Desde el Principado no se ha apostado por reactivar la economía y así nos va. A nadie extrañe que nuestro PIB haya retrocedido tanto: es absolutamente normal si vemos los parámetros en los que nos movemos.  

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